Beatriz Nava Ramírez (Apoderada General)

Expediente 311/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
311/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
03/06/2021

Partes del expediente

  • Beatriz Nava Ramírez (Apoderada General)

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de veinte de mayo de la presente anualidad, por el que se desechó la demanda promovida por ***** en su carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas de ******, no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos los efectos legales conducentes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Sin que haya lugar a ordenar la devolución de documentos originales, al no haberse exhibido en autos.

  2. Principal

    Recepción. Vista la demanda de amparo presentada por ******, en su carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas de *****; personalidad que acredita en términos del instrumento notarial número *** de fecha quince de noviembre de dos mil diecinueve, pasado ante la fe del notario público número **** de la Ciudad de México, misma que digitalizó y manifestó bajo protesta de decir verdad que es una reproducción íntegra e inalterada que tiene en su poder; por lo cual se le reconoce en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, en contra de actos del Juzgado de Oralidad Mercantil Regional Celaya, Guanajuato y otra autoridad; fórmese cuaderno de amparo, bajo el registro número 311/2021-II. Desechamiento. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto transcrito, se desprende que el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. En ese sentido, el suscrito advierte que se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 fracciones XII y XXIII, esta última en relación con el 107, fracción VI de la Ley de amparo. Al respecto, la quejosa señala expresamente como actos reclamados: De la autoridad responsable ordenadora, Juez de Oralidad Mercantil Regional Celaya, Guanajuato: a. La diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento derivada del juicio ejecutivo mercantil *****, del índice del Juzgado de Oralidad Mercantil Regional Celaya, Guanajuato, relativo al Juicio ejecutivo mercantil oral, sobre pago de pesos y pago de intereses, promovido por el licenciado ***** en contra de *****; b. El oficio número ******, girado por el juez responsable en el juicio ejecutivo mercantil oral de origen; en el que indebidamente se ordena a ******, la retención de la cantidad de $2,000,000.00 (DOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), en la cuenta número ****, cuyo titular es *******, en aparente cumplimiento al auto de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, dictado en dicho procedimiento; actos todos ellos violatorios de la garantía de audiencia del demandado en el juicio de origen al no haber sido requerido de pago, embargado y emplazado a dicho juicio a través del representante legal de su Sucesión, y ordenados y pretendidos ejecutar en agravio y perjuicio directo de la quejosa en su calidad de propietaria de los fondos de la cuenta bancaria antes señalada, aperturada ante el Banco quejoso (atendiendo a la naturaleza irregular del Depósito Bancario de dinero), que además tienen el alcance de menoscabar sus funciones propias de depositario, guardián, custodio y administrador de dichos fondos depositados. Lo que -aduce- confiere interés jurídico y legitima a su representada para combatir tales actos de autoridad en la presente vía constitucional, en los términos que ha establecido la jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal. c. El auto de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, dictado en el juicio ejecutivo mercantil de origen; en el que el juez responsable indebidamente ordena girar oficio a *****, para que retenga la cantidad de $2,000,000.00 (DOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), en la cuenta número *****, cuyo titular es Salvador Gómez Flores; d. Asimismo señalan como actos reclamados, todos los actos y consecuencias que deriven de la ilegal tramitación del juicio de origen, así como de la inminente ejecución del embargo que se tilda de inconstitucional; e. Cabe destacar que, mediante escrito de fecha 11 de mayo de 2021, ******, dio contestación al oficio de la autoridad responsable -el cual transcribe-, y señala que, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, la autoridad responsable ordenadora no ha permitido el acceso al expediente de origen a los autorizados por la quejosa, y por el contrario le ordenó decir que tal acceso no era procedente al no ser parte del juicio, sino un simple tercero extraño requerido con un fin útil al proceso, amén que sus peticiones supuestamente habían sido denegadas, sin darle fundamento ni motivo por escrito para ello, y que por ende debía estarse a los apremios y ejecuciones que derivaran de ello, lo cual es absolutamente inconstitucional en agravio de la quejosa, al violentar sus garantías contenidas en los artículos 14 y 16 de nuestra carta magna, al derivar tales actos y omisiones que desde luego también se reclaman como actos destacados del juez responsable, de un embargo ilegal y de su indebido perfeccionamiento. De la autoridad responsable ejecutora: Actuario adscrito al Juzgado de Oralidad Mercantil Regional Celaya, Guanajuato: a. La diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento derivada del juicio ejecutivo mercantil ******, del índice del Juzgado de Oralidad Mercantil Regional Celaya, Guanajuato, relativo al juicio ejecutivo mercantil oral, sobre pago de pesos y pago de intereses, promovido por el licenciado **** en contra de ****. b. La notificación del oficio número ******, girado por el juez responsable en el juicio ejecutivo mercantil oral de origen; en el que indebidamente se ordena a ******* la retención de la cantidad de $2,000,000.00 (DOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), en la cuenta número ****** cuyo titular es *******, en aparente cumplimiento al auto de 29 de abril de 2021, dictado en dicho procedimiento. c. La notificación del auto de 29 de abril de 2021, dictado en el juicio ejecutivo mercantil de origen; en el que el juez responsable indebidamente ordena girar oficio a ****, para que la retenga la cantidad de $2,000,000.00 (DOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), en la cuenta número *******, cuyo titular es ******. d. Asimismo se señalan como actos reclamados, todos los actos y consecuencias que deriven de la ilegal tramitación del juicio de origen, así como de la inminente ejecución del embargo que se tilda de inconstitucional Actos todos ellos ordenados y pretendidos ejecutar en agravio y perjuicio directo de la quejosa en su calidad de propietaria de los fondos de la cuenta bancaria número *****, aperturada ante el Banco quejoso (atendiendo a la naturaleza irregular del Depósito Bancario de dinero),que además tienen el alcance de menoscabar sus funciones propias de depositario, guardián, custodio y administrador de dichos fondos depositados; lo que confiere interés jurídico y legitima a mi representada para combatir tales actos de autoridad en la presente vía constitucional, en los términos que ha establecido la jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal. Del análisis integral del texto copiado, se desprende que los actos reclamados a la autoridad responsable ordenadora, precisados en los incisos a), d) y e), así como los asentados en los incisos a) y d) reclamados a la ejecutora, no se encuentran dirigidos a la persona moral quejosa, pues ella no es quien adeuda la cantidad que se exige, como tampoco es parte procesal en el juicio ejecutivo mercantil de origen; esto es, la premisa fundamental radica en que los actos del que se duele la promovente en esta instancia no van dirigidos a ella. De tal modo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues para la procedencia del juicio de amparo no solo es necesario demostrar la existencia del acto reclamado, sino que además debe acreditarse que dicho acto afecte algún derecho tutelado por la ley, a favor del peticionario del amparo, esto es, que el acto de autoridad afecte su interés jurídico. En efecto, resulta indispensable que dicho interés se demuestre fehacientemente de conformidad con el artículo 107 fracción I de la Carta Magna, por ser un requisito sin el cual no es procedente la acción constitucional. Así lo prevé la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VI, Julio de 1997, página 401 de rubro: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE". Lo que además se corrobora con las propias manifestaciones de la persona moral quejosa, en torno a que los actos reclamados, son ilegales, al ser producto de una suplantación de identidad del demandado *****, quien falleció el veinticinco de noviembre de dos mil veinte, y derivado de ello tiene aperturada la sucesión con el expediente ***** del índice del Juzgado Décimo Cuarto de lo Civil de León, Guanajuato, es decir, desde el año dos mil veinte; y por lo tanto si el juicio ejecutivo mercantil del que derivan los actos reclamados se inició en el año dos mil veintiuno (como se advierte del número de expediente del índice del juez responsable), es decir, posterior al fallecimiento de ******, es inconcuso que existe evidencia suficiente que hace presumir de forma grave y fundada que en el juicio ejecutivo mercantil de origen no se respetó la garantía de audiencia de la sucesión del demandado y titular de la cuenta embargada, en violación a los artículos 14 y 16 constitucionales, al no haber sido requerido de pago, embargado y emplazado a dicho juicio a través del representante legal de su sucesión. De lo que se sigue, que la institución bancaria quejosa, en realidad pretende defender los derechos que únicamente le competen al demando en el juicio de origen -y en el caso, según lo que manifiesta-, a la sucesión a bienes del aludido demandado. Lo que hace patente la falta de interés jurídico de la accionante de la tutela federal, para instar la presente vía constitucional. Ello, aun cuando señala que la situación antes destacada -fallecimiento del demandado-, provoca un agravio personal y directo al banco quejoso, ******** al violar de forma directa e inmediata sus derechos fundamentales de propiedad sobre los fondos embargados en tal cuenta bancaria (atendiendo a la naturaleza irregular del depósito bancario de dinero), además de impedirle ilegalmente el ejercicio de sus funciones propias de depositario, administrador y custodio de dichos recursos, en contravención de los artículos 5°, 14 y 16 constitucionales, lo que le confiere interés jurídico y legitimación para combatir tales actos a través del presente juicio de amparo. Contrario a lo manifestado por la apoderada legal de la quejosa, la naturaleza irregular del depósito bancario de dinero, que aduce pactó con *****, no es una cuestión sujeta a debate y que sirva como parámetro para determinar el interés jurídico que alega, ya que aun cuando se considerara que la institución bancaria se constituye en propietaria sobre los fondos de la cuenta que el nombrado aperturó, lo cierto es que, también adquiere la obligación de restituir la suma depositada, en la misma especie, lo que revela que no pierde su calidad de depositaria, por lo que los actos reclamados, no producen en la esfera jurídica de la aquí quejosa, una lesión o perjuicio y que por tanto, estuviese legitimada para acudir a solicitar la protección de la justicia federal. De lo que se sigue que no puede sustituirse en los derechos del demandado que se están ventilando en el juicio ejecutivo mercantil de origen. No es óbice que, por regla general, el interés jurídico es una cuestión que debe ser dilucidada en sentencia, dado que éste puede probarse durante la tramitación del juicio; sin embargo, existen supuestos en los que es clara la inexistencia de la titularidad del derecho afectado, como en el caso, que se trata de un acto de autoridad dirigido a una persona que no es la peticionaria, por lo que resulta manifiesta e indudable la actualización de la causal. Sirve como orientación, por mayoría de razón, la jurisprudencia 2ª./J. 57/2017, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 43, tomo II, página 1078, junio de dos mil diecisiete, de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable." Es cierto que su queja versa en torno al eventual acto de molestia o privativo sobre los fondos depositados en la cuenta bancaria número *****, que se encuentra registrada a nombre de *****; empero esa circunstancia, no la legitima para impugnar las actuaciones emitidas en el juicio de origen, al no ser parte en el mismo. Por los mismos motivos resulta improcedente el juicio de amparo por lo que hace a los actos precisados en los incisos b) y c), reclamados tanto a la ordenadora, como ejecutora, ya que su ilegalidad se hace depender de que la institución bancaria es la propietaria de los fondos depositados en la cuenta bancaria número *****, registrada a nombre de ******, y no se respetó la garantía de audiencia para deducir tales derechos, como tampoco de la sucesión del demandado y titular de la cuenta embargada, en violación a los artículos 14 y 16 constitucionales, al no haber sido requerido de pago, embargado y emplazado a dicho juicio a través del representante legal de su sucesión. En ese sentido se reitera lo expuesto en el presente acuerdo, en torno a que la quejosa carece de interés jurídico para instar la acción constitucional al no ser parte en el juicio de origen; y si bien alega que con tales actos se le impide ilegalmente el ejercicio de sus funciones propias de depositario, administrador y custodio de dichos recursos, en contravención de los artículos 5°, 14 y 16 constitucionales; ello de ninguna forma la legitima para promover el juicio de amparo que nos ocupa, en virtud de que los actos reclamados, solo ordenan que retenga la cantidad de dos millones de pesos, de la aludida cuenta bancaria, en virtud de haber sido señalada para embargo, lo que conduce a concluir que de modo alguno se ven afectados sus derechos con motivo del ejercicio del cargo de depositario que aduce tener. En cuanto a las medidas de apremio, que se le pudieran imponer, torna a dicho acto reclamado como futuro e incierto, en contra de los cuales es improcedente el juicio de amparo, ello, en razón de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el juicio de amparo procede contra actos no existentes aún, pero de cuya realización se tenga plena certeza, por así demostrarlo actos previos, o por ser una consecuencia forzosa e ineludible de hechos probados. Lo antes expuesto se justifica porque la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce de su derecho fundamental violado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la especie, por las razones expuestas. Estimar lo contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos o de realización cierta e inminente. Tiene aplicación a lo anterior, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1384, tomo XXXVI del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que es del rubro y tenor literal siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE. El juicio de amparo es improcedente contra actos futuros que sólo deben considerarse como probables." Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia contempladas en las fracciones XII y XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción VI, de la ley de la materia, con fundamento en el arábigo 113 del mismo ordenamiento, se desecha de plano la demanda. Domicilio para recibir notificaciones. Toda vez que la promovente señala como domicilio para recibir notificaciones en el presente asunto, los estrados de este juzgado, con fundamento en el artículo 27 fracción III, inciso a), háganse las notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado. Sin que haya lugar a realizar las notificaciones en el correo electrónico que proporciona, toda vez que la Ley de Amparo no contempla ese supuesto, ya que en términos del artículos 3°, párrafo quinto y 31 fracción III, de la ley de la materia, la firma electrónica es el medio de ingreso al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, y no proporciona datos de la FIREL, para este supuesto, la que constituye una opción para recibir notificaciones; aunado a que expresamente manifiesta que no es su deseo recibir notificaciones electrónicas en los sitios de los usuarios que proporciona. Por lo que el aludido correo electrónico, solo se tomara en cuenta, como un medio para entablar comunicación y establecer una línea de contacto relacionada con el presente asunto. Consulta de expediente electrónico. Como lo solicita, se autoriza para consultar el expediente por medio del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, a los usuarios ***** y ****. La analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado, deberá habilitar los usuarios de que se trata, para efecto de que la parte indicada pueda ingresar y consultar el expediente electrónico respectivo. En el entendido, que si su alta o datos proporcionados no se encuentran en la base de datos del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, tal autorización no surtirá efecto alguno. Autorizados. Por otra parte, se le tiene como autorizados en términos amplios del artículos 12 de la Ley de Amparo, a ****, *****, ****, ***** e *****, toda vez que de la certificación de cuanta se advierte que tiene inscrita su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y ****, *****, ****** y **** en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Asimismo, se tiene por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones, documentos y valores e imponerse de autos a las diversas personas que señala, por así solicitarlo de manera expresa. Uso de medios electrónicos. Asimismo, respecto a la solicitud de que se permita a sus autorizados imponerse del presente expediente, a través del uso de aparatos o medios tecnológicos, se acuerda de conformidad, previa identificación y razón que se deje en autos de ello; en virtud de la circular 12/2009 emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sirve igualmente de sustento, el criterio con número de registro 2007298, Décima Época, sostenido por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 9, agosto de 2014, Tomo III, que es del tenor siguiente: "ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL). La circular 12/2009, de 18 de marzo de 2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. De una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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