Beatriz Landeros Guerrero
Expediente 898/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 898/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Beatriz Landeros Guerrero
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya transcurrió el término para interponer recurso de queja contra el auto dictado el veintinueve de septiembre del año en curso, en el que este Juzgado desechó la demanda de amparo promovida por ***********, en su carácter de Síndico del Ayuntamiento del Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, sin que lo haya hecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, se declara firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Por último, visto el escrito suscrito por *********, en su carácter de Síndico del Ayuntamiento del Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, expídase a su costa copia certificada de las constancias que indica, previa razón que por su recibo obre en autos, la cual quedará a su disposición en la secretaría, y se autoriza para recibirla a las personas que señala.
- Principal
Vista la demanda de amparo presentada por Beatriz Landeros Guerrero, en su carácter de Síndico del Ayuntamiento del Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, personalidad que acreditó en términos de la copia certificada del acta de sesión solmene de instalación de ayuntamiento 2015-2018; contra actos del Juez Civil Único de partido y de Oralidad Familiar, con residencia en Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato y otra autoridad, por considerarlo violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales. Fórmese expediente y regístrese con el número 898/2016. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este Juzgador considera que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". Del escrito inicial, se desprende lo siguiente: Antonio Zárate Lira, promovió diligencias de información testimonial ad perpetuam, radicados con el número de expediente 247/2013 en el Juzgado responsable. Llevado el trámite del expediente, se dictó resolución en la que se justificó la posesión que tiene el respecto del terreno rústico y la finca ubicada en Rancho de Valencia de esa ciudad. Posteriormente, se protocolizó la escritura pública respectiva y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de dicho municipio. Ahora bien, el Ayuntamiento quejoso se ostenta tercero extraño al procedimiento de jurisdicción voluntaria, bajo el argumento de que la declaración de posesión, incluye una porción de vía pública, por lo que debieron ser llamados a defender esa prerrogativa. Los artículos 103, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1° y 7°, de la Ley de Amparo, determinan en principio, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, por lo que, en tal caso, son los gobernados quienes pueden acudir a través del juicio de amparo en defensa de los derechos fundamentales que estimen fueron violados por una ley, actos u omisiones de autoridad, sean personas físicas o morales, en términos de lo dispuesto en los referidos numerales 103, constitucional y 1°, de la ley de la materia. Al respecto, los artículos 1º y 7º, ambos de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; [.]" "Artículo 7. La Federación, los estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta ley se exige a las partes." De los preceptos transcritos se sigue que los gobernados, entendiéndose a estos tanto personas físicas como jurídicas que vean transgredidos sus derechos fundamentales por actos de las autoridades, podrán ocurrir al juicio de amparo en términos del artículo primeramente citado, y por lo que hace al segundo de los numerales transcritos, se advierte que prevé una limitante en el sentido de que las personas morales oficiales pueden ocurrir en demanda de amparo, cuando la ley, omisión o el acto que se reclamen afecten los intereses patrimoniales de dicha persona moral oficial respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Como se ve, respecto de las autoridades federales, estatales y municipales, como en el caso, en que acude al amparo una autoridad municipal, la procedencia del amparo se encuentra sujeta a la condición de que el acto reclamado afecte sus intereses patrimoniales, derivado de un litigio en el que su relación jurídica con el particular se encuentre en un plano de igualdad, tal como lo dispone el primer párrafo del artículo 7º de la Ley de Amparo en vigor antes transcrito. La razón de esta excepción radica en que el Estado, por conducto de las personas morales oficiales, puede obrar con un doble carácter: como entidad pública y como persona moral de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de las facultades de que se haya investido como poder público; en tanto que en la segunda situación, obra en las mismas condiciones que los particulares; es decir, contrae obligaciones y adquiere derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. Sin embargo, aun cuando las personas morales oficiales están en aptitud de acudir al amparo en defensa de sus derechos patrimoniales, es evidente que como premisa deben acreditar esa afectación o agravio, a través de un acto concreto de autoridad que trascienda a su esfera patrimonial y además, deben demostrar que el acto del cual deriva la afectación se llevó a cabo en una relación de coordinación con el particular. El legislador ha dotado al Estado y a sus personas morales oficiales de los mismos derechos tutelares que al individuo, pero siempre y cuando aquellos obren como personas morales de derecho privado. En ese contexto, debe señalarse que para que el amparo resulte procedente, es necesario que la autoridad quejosa haya actuado exclusivamente en defensa de ese tipo de intereses patrimoniales y no sólo de la legalidad directa o indirecta de un acto que afecte una vía pública; esto es, de acuerdo al artículo 7° de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales pueden promover el juicio de amparo cuando el acto reclamado afecte sus intereses patrimoniales; pero, para que sea procedente, es necesario que la lesión patrimonial derive de un acto de autoridad que, en determinado caso, tenga establecida una relación de supra a subordinación con la persona moral oficial, en el sentido de que la segunda se encuentra desprovista de imperio, esto es, su actividad se equipara a la de un particular, al someterse a las normas cuya aplicación corresponde a la autoridad que emite el acto que se reputa violatorio de derechos fundamentales. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis: I.15o.A.42 K, Novena Época, Tomo XXXIII, Junio de 2011, página 1554, sustentada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "PERSONAS MORALES OFICIALES. PUEDEN PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO, DESPROVISTAS DE IMPERIO, EL ACTO RECLAMADO AFECTE SUS INTERESES PATRIMONIALES. De conformidad con lo establecido en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales pueden promover el juicio de garantías cuando el acto o ley que reclamen afecte sus intereses patrimoniales; sin embargo, para que resulte procedente el ejercicio de la acción constitucional, es necesario que la lesión patrimonial derive de un acto emitido por una autoridad que, en determinado caso, tenga establecida materialmente una relación de supra a subordinación con la persona moral oficial, relación en la que esta última se encuentra desprovista de imperio, es decir, en la que su actividad se equipara a la de un particular, dado el sometimiento a las normas cuya aplicación corresponde a la autoridad que emite el acto que se reputa violatorio de derechos fundamentales. Supuestos diversos existen en que se actualiza la ausencia de imperio en la actividad de la persona moral oficial, en la que, por tanto, se equipara a un particular y en los que dada la afectación de su patrimonio puede promover el mencionado juicio: unos derivados de actos autoritarios donde se dirimen situaciones de naturaleza económica en las que actuando como ente de derecho privado, establece una relación de coordinación con los particulares, verbigracia, la resolución de los contratos civiles, mercantiles, administrativos o laborales. Otros en los que se encuentra subordinada al cumplimiento de las normas que le imponen obligaciones pecuniarias cuya aplicación, ejecución y sanción corresponde a un órgano de gobierno, por ejemplo, el pago de tributos, sanciones administrativas, etcétera". En el caso, la autoridad quejosa acude bajo el argumento de que debió ser llamada al procedimiento de jurisdicción voluntaria, dado que le afecta la declaración de posesión en favor de un tercero, respecto de una vialidad pública. Al respecto, el Reglamento de Desarrollo Urbano para el Municipio de Juventino Rosas, Guanajuato, define a la vía pública como todo espacio de uso común destinado al libre tránsito y de los artículos correlativos se desprende que es el Estado quien otorgará permisos o autorizaciones para su afectación o uso exclusivo; de tal manera que corresponde a éste en su calidad de ente con Imperio y ejercicio de facultades de supra a subordinación, la protección y el uso adecuado de las vías públicas. Los artículos conducentes, dicen: "ARTICULO 16.- SE ENTENDERÁ POR: I. VÍA PUBLICA.- TODO ESPACIO DE USO COMÚN DESTINADO AL LIBRE TRÁNSITO; Y II. BIEN DE USO COMÚN TODO AQUEL DESTINADO A UN SERVICIO PÚBLICO. TANTO LA VÍA PÚBLICA COMO BIENES DE USO COMÚN SE ENCONTRARÁN A DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL Y SUJETOS A LAS LEYES Y REGLAMENTOS DE LA MATERIA. ES CARACTERISTICA PROPIA DE LA VIA PUBLICA EL SERVIR PARA LA VENTILACION, ILUMINACION Y ASOLEAMIENTO DE LOS EDIFICIOS QUE LAS LIMITEN O PARA DAR ACCESO A LOS PREDIOS COLINDANTES O PARA ALOJAR CUALQUIER INSTALACION DE UNA OBRA O SERVICIO PUBLICO. ESTE ESPACIO ESTA LIMITADO POR LA SUPERFICIE GENERADA POR LA VERTICAL QUE SIGUE EL ALINEAMIENTO OFICIAL Y AL LINDERO DE DICHA VIA PUBLICA. ARTICULO 17.- LAS VIAS PUBLICAS PROCEDENTES DE FRACCIONAMIENTOS, LOS INMUEBLES QUE EN EL PLANO OFICIAL DE UN FRACCIONAMIENTO APROBADO POR LA DIRECCION APAREZCAN DESTINADOS A VIAS PUBLICAS, EL USO COMUN O A UN SERVICIO PUBLICO, SE CONSIDERARÁN POR ESE SOLO HECHO, COMO BIENES DEL DOMINIO PUBLICO DEL PROPIO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS. ARTICULO 18.- SE REQUIERE AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA DIRECCIÓN Y DE LA COORDINACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS PARA: I. REALIZAR OBRAS, MODIFICACIONES O REPARACIONES EN LA VIA PUBLICA; II. OCUPAR LA VÍA PUBLICA, CON INSTALACIONES DE SERVICIO PUBLICO O CON CONSTRUCCIÓNES PROVISIONALES; III. ROMPER EL PAVIMENTO O HACER CORTES, DE LAS ACERAS Y GUARNICIONES DE LA VIA PUBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PUBLICAS O PRIVADAS; Y IV. CONSTRUIR INSTALACIONES SUBTERRANEAS O REPONER ACERAS O GUARNICIONES. ARTICULO 19.- LA DIRECCION, AL OTORGAR AUTORIZACION PARA LAS OBRAS ANTERIORES SEÑALADAS EN CADA CASO SEÑALARÁ LAS CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE CONCEDA. LOS SOLICITANTES ESTARÁN OBLIGADOS A EFECTUAR LAS REPARACIONES CORRESPONDIENTES PARA RESTAURAR O MEJORAR EL ESTADO ORIGINAL, O AL PAGO DEL IMPORTE CUANDO EL MUNICIPIO LAS REALICE. ARTICULO 20.- NO SE AUTORIZARÁ A LOS PARTICULARES EL USO DE LAS VÍAS PÚBLICAS EN LOS SIGUIENTES CASOS: (.) ARTICULO 21.- LOS PERMISOS O CONCESIONES QUE LA DIRECCION OTORGUE PARA EL USO DE LA VIA PUBLICA U OTROS BIENES DE USO COMUN O DESTINADOS A UN SERVICIO PUBLICO, NO CREAN NINGUN DERECHO REAL O ACCESORIO." Lo anterior permite deducir que esa vialidad no forma parte del patrimonio municipal, puesto que, de ser así, implicaría el derecho del Estado a usar, disfrutar y disponer del bien, en el entendido de que existiría la correlativa obligación de terceros (todos) de no interferir en esa prerrogativa y, por el contrario, al tratarse de un bien común es su característica el uso de toda la población, bajo el cuidado y supervisión del Estado como ente protector. De tal manera que no puede instar a la Justicia Federal, dado que esa superficie de terreno no forma parte de su patrimonio que deba defender en un plano de coordinación, es decir, como si fuera un particular quien resiente un perjuicio de naturaleza patrimonial o económica o, en otras, palabras, a título de dueño (con facultades de uso, goce y disfrute). Por el contrario, la invasión a esa clase de espacios, constituye una vulneración social que obliga a ejercer el uso de sus atribuciones Estatales regladas y autoritarias en su calidad de imperio para hacer respetar el orden público, como puede ser a guisa de ejemplo, la fuerza pública. Así se desprende de los artículos siguientes del propio reglamento: "ARTICULO 25.- LA DIRECCIÓN TOMARÁ LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA MANTENER, OBTENER O RECUPERAR LA POSESIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS Y DEMAS BIENES DE USO COMÚN, DESTINADOS A UN SERVICIO PÚBLICO, ASI COMO PARA REMOVER O RETIRAR CUALQUIER OBSTÁCULO EN LAS VÍAS PÚBLICAS, EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALAN LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES. ARTICULO 26.- EL QUE OCUPE SIN AUTORIZACIÓN LA VÍA PÚBLICA CON CONSTRUCCIÓNES O INSTALACIONES SUPERFICIALES, ÁREAS O SUBTERRANEAS, ESTARÁ OBLIGADO A RETIRARLAS O A DEMOLERLAS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA SANCIÓN A QUE SE HAGA ACREEDOR EN TÉRMINOS DEL PRESENTE REGLAMENTO." Por tanto, como en el caso, la autoridad quejosa no acude al amparo en defensa de sus derechos patrimoniales derivado de un acto emitido en una relación de igualdad con el particular, sino que su actuación deriva de un acto de alteración al orden público provocado por el hoy tercero interesado al invadir una vialidad, no se desprende afectación al patrimonio del Municipio, bajo un régimen de coordinación. En razón de lo anterior, el juicio de amparo indirecto es improcedente en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 7°, de la Ley de Amparo; por tanto, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA que dio origen a este juicio, con apoyo en el numeral 113 de la Ley de Amparo, presentada por la Síndico del Ayuntamiento del Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato. Como el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, se hace del conocimiento del quejoso que podrá oponerse a la publicación de sus datos personales; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que acepta la publicación respectiva con dichos datos. Respecto al domicilio para recibir notificaciones, como el promovente señaló los estrados de este juzgado; de conformidad con el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, ésta y las posteriores notificaciones, aún las de carácter personal, hágansele por medio de lista. Se tienen como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica, toda vez que no fueron proporcionados mayores datos que justifiquen que cuenten con facultad legal para ejercer la profesión de abogado, tales como su número de cédula profesional o de registro ante el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, sin perjuicio que en caso de acreditar dichos extremos, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude dicho numeral.
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