Beatriz Serrato Ortega

Expediente 237/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
237/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
15/04/2016

Partes del expediente

  • Beatriz Serrato Ortega

Actuaciones

  1. Principal

    A sus autos el oficio de cuenta, suscrito por la Magistrada Propietaria de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal Superior del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual acusa recibo del oficio 6105/2016, relativo al auto de cuatro de abril actual, en el que causa estado el proveído de once de marzo pasado, por el cual se desechó la demanda presentada por ********, así como el toca 31/2016, de su índice; agréguese únicamente para que obre como constancia.

  2. Principal

    Visto el oficio de cuenta suscrito por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, al que anexa copia certificada del oficio 529 del Magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, por el que rinde informe justificado y anexa el toca 31/2016 en dos tomos; original del escrito de demanda de amparo formulada por **********, cinco copias simples y cuatro copias del escrito por el que interpone "amparo indirecto" sic; oficios 349 y 357 del Juez Único Civil del Partido Judicial de Moroleón, por el que rinde informe justificado y remite constancias de emplazamiento del tercero interesado *********; toda vez que por acuerdo de presidencia emitido el cuatro de marzo del año en curso, se determinó que el acto reclamado no constituye sentencia definitiva ni es una resolución que hubiese puesto fin al juicio de origen, sino que se trata de una determinación dictada después de concluido el juicio. Acúsese el recibo de estilo. Con apoyo en el artículo 45 de la Ley de Amparo, este juzgado toma conocimiento del juicio de amparo. Fórmese expediente de amparo, en el entendido que la demanda se encuentra registrada en el libro de Gobierno respectivo bajo número 237/2016. Ahora bien, del análisis integral del escrito inicial de demanda promovida por **********, se advierte que la quejosa reclama una resolución dictada en la etapa de ejecución de sentencia. Es así, porque se duele de la resolución de catorce de enero de dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, dentro del toca 31/2016 a través de la cual confirmó la audiencia de remate celebrada el treinta de octubre de dos mil quince, dentro del juicio ejecutivo mercantil número M-11/2013, del índice del Juzgado Único Civil de Partido en Moroleón, Guanajuato. Refiere que en su carácter de parte demandada promovió recurso de apelación contra la audiencia de remate en primera almoneda de treinta de octubre de dos mil quince, dentro del juicio ejecutivo mercantil número M-11/2013, en la cual se adjudicaron los bienes inmuebles embargados a favor de la parte actora; requiriendo a la parte demandada, aquí quejosa, para que en el plazo de tres días siguientes a que cause ejecutoria esa resolución otorgue las escrituras correspondientes, con el apercibimiento que de no hacerlo, ese juzgado lo haría en su rebeldía; determinación que fue confirmada por el tribunal de alzada. Antecedentes que derivan de las manifestaciones que realizó la quejosa en su demanda, con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia, mismas que constituyen una confesión que hace prueba plena en su perjuicio de conformidad con lo previsto en los numerales 95, 96, 199 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Lo que además se corrobora con las constancias remitidas por las autoridades responsables al rendir su informe justificado con eficacia probatoria plena en términos de los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de amparo. Al respecto, debe precisarse que de conformidad con lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, el juicio biinstancial es improcedente cuando se reclaman actos pronunciados en la etapa de ejecución de sentencia y no se reclaman conjuntamente con la última determinación judicial que ha de dictarse en dicha etapa. En efecto, el citado numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. Cuando, en el caso a estudio, se advierte, de modo manifiesto e indudable, que se reclaman actos emitidos en el procedimiento de remate que aún no concluye, puesto que la resolución reclamada (resolución de catorce de enero de dos mil dieciséis que confirmó la diligencia de remate en primera almoneda celebrada el treinta de octubre pasado), no se impugna conjuntamente con la resolución que ponga fin a dicha etapa, y la queja es parte formal y material en el mismo, al ser parte demandada y ejecutada. La finalidad de dicha disposición es evitar el abuso del juicio de amparo y que no se impida que se materialice la resolución dictada. De ahí que el juicio de amparo sólo proceda hasta que se dicte la resolución definitiva, puesto que si se estimara procedente el juicio de amparo contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva, lo cual no está permitido aun cuando se reclame la inconstitucionalidad de las leyes que rigen el procedimiento. En esas condiciones, si la última resolución emitida en el procedimiento de remate "es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados"; resulta inconcuso que procede el amparo indirecto hasta cuando ello se actualice, esto es, una vez que se hayan emitido ambas órdenes, sin que constituya un obstáculo el hecho de que se determinen en acuerdos separados, puesto que de cualquier modo, será hasta entonces que el afectado podrá acudir al juicio biinstancial, haciendo valer las violaciones procesales cometidas en dicha etapa de ejecución. Cobra relevancia que sobre esta cuestión, y en ese sentido, existe jurisprudencia obligatoria para este órgano jurisdiccional sustentada en la jurisprudencia III.5o.C. J/5 (10a.) con número de registro 2006616, del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, página 1454, que dice: "REMATE. CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN IV, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, EN VIGOR A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE ORDENA LA ESCRITURACIÓN Y LA ENTREGA DEL BIEN, AUN CUANDO SE ACUERDEN EN FORMA SEPARADA. De lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, se desprende que el legislador, en forma específica, determinó que la última resolución emitida en el procedimiento de remate "es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados"; de ahí que procede el amparo indirecto hasta cuando ello se actualice, esto es, una vez que se hayan emitido ambas órdenes, sin que constituya un obstáculo el hecho de que se determinen en acuerdos separados, pues de cualquier manera, será hasta entonces que el afectado podrá acudir al juicio biinstancial, haciendo valer las violaciones procesales cometidas en dicha etapa de ejecución." Y como criterio orientador, la jurisprudencia PC.I.C. J/2 K (10a.), con número de registro 2007355, sustentada por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo II, página 1738, del siguiente rubro: "REMATE. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN Y ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Consecuentemente, el juicio deviene notoria e indudablemente improcedente, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción IV, ambos de la Ley Reglamentaria, y conforme lo dispuesto en el numeral 113 de la citada Ley, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA. Como el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Con el toca número 31/2016, remitido por el magistrado de la de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, fórmese dos tomos de pruebas. Considerando que la promovente señala como domicilio para recibir notificaciones los estrados del Tribunal Colegiado que corresponda conocer de la demanda, hágase esta notificación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista, de conformidad con lo previsto por los artículos 27 fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, así como del 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Resulta aplicable el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 1067, Tomo VIII, Diciembre de 1998, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro siguiente: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL."

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