Beatriz Elizabeth Trejo Azpeitia

Expediente 990/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
990/2017
Año
2017
Actuaciones
7
Última actuación
23/03/2018

Partes del expediente

  • Beatriz Elizabeth Trejo Azpeitia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de marzo de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de quince días que establece el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera incidente de inconformidad en contra la resolución de cumplimiento de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, sin que lo hiciera; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Debido a que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración, según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces resulta que, una vez que transcurran tres años, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de febrero de dos mil dieciocho. VISTOS para dictar la resolución de cumplimiento en el expediente de amparo indirecto 990/2017-IV, promovido por *******; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, el cinco de diciembre de dos mil diecisiete, turnado el mismo día a este juzgado, ******* demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos de la Junta Especial número tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, que hizo consistir en: El retardo en la impartición de justicia dentro del juicio laboral *******, al no fijar dentro del término que al efecto prevé el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. SEGUNDO. Concesión de amparo. En proveído de seis de diciembre de dos mil diecisiete, se admitió a juicio el amparo 990/2017-IV; se solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable; asimismo, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; e integrado que fue el juicio, en lo que interesa a este cumplimiento se celebró la audiencia constitucional (foja 37) y se dictó sentencia, en la cual se determinó conceder el amparo, para que la Junta responsable efectuara lo siguiente: 1. Deje insubsistente el acuerdo de ocho de marzo de dos mil diecisiete, dictado dentro del juicio laboral *******, de su índice, únicamente por lo que hace al señalamiento de la fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. 2. Señale nueva fecha para la celebración de la audiencia bifásica, la cual deberá hacer del conocimiento a las partes con diez días de anticipación a su celebración, y en estricto acatamiento al término al que se refiere el artículo 873, primer párrafo, de la Ley Federal del Trabajo. 3. Al fijar la nueva fecha, tome en consideración que la audiencia deberá celebrarse dentro de los diez días siguientes al en que dicte el acuerdo con el que se requiera el cumplimiento a esta sentencia. TERCERO. Firmeza de la sentencia de amparo. En proveído de siete de febrero de dos mil dieciocho (foja 49), se declaró que la sentencia de amparo había causado ejecutoria, para todos los efectos legales y, como consecuencia de ello, se requirió el cumplimiento respectivo. CUARTO. Determinación emitida por la Autoridad para dar cumplimiento a la ejecutoria. Para dar cumplimiento a los efectos para los que se concedió la protección constitucional solicitada, mediante oficio recibido el trece de febrero del año en curso (foja 53), en la oficialía de correspondencia de este juzgado, la responsable remitió copia con firmas autógrafas del auto que pronunció el ocho de febrero del presente año (foja 54), en el que dejó sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia de conciliación demanda y excepciones, y en su lugar, fijó las doce horas con cuarenta minutos del veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, para la verificación de dicha audiencia. Documentales a las que se les confiere valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2°. QUINTO. Vista a las partes. Atento a lo narrado en párrafos que preceden, por proveído de trece de los actuales (foja 55), con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se dio vista a la parte quejosa personalmente, con el oficio y anexo remitidos por la responsable, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, apercibida de que en caso de no hacer manifestación alguna, se procedería a resolver acerca de dicho cumplimiento. SEXTO. Examen sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria federal. Este Juzgado procede a revisar oficiosamente el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro del presente asunto, tomando en cuenta los elementos que existen en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, de los que se advierte que: la Junta responsable, emitió un acuerdo en el expediente laboral *******, en el que dejó sin efectos la fecha y hora fijadas en el auto de radicación, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, reclamada y señaló una nueva en la que se apegó al artículo 873, primer párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, como se estableció en la sentencia protectora. En consecuencia, se declara cumplida la sentencia dictada en este juicio, pues con su actuación, la responsable restituyó al impetrante, en el goce de los derechos que estimó transgredidos, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en términos de la fracción I, del artículo 77 de la Ley de Amparo vigente. Además, conviene precisar que en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se advierte que con dicho proceder la Autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 192, 193, 194, 195, 196, 197 y 198 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se declara que la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo indirecto 990/2017-IV, ha quedado cumplida. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa de este proveído, haciéndole saber que en caso de no estar conforme con la presente resolución, podrá actuar según lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley en cita; y por oficio a la Autoridad responsable. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; siete de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 86, 104 y 105 de la Ley de Amparo vigente al dos de abril de dos mil trece, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde a lo dispuesto por el artículo 2 de esta legislación, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo. Ahora bien, en el presente asunto se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para los siguientes efectos: En esas condiciones, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal impetrados, para que la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje: 1. Deje insubsistente el acuerdo de ocho de marzo de dos mil diecisiete, dictado dentro del juicio laboral *******, de su índice, únicamente por lo que hace al señalamiento de la fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. 2. Señale nueva fecha para la celebración de la audiencia bifásica, la cual deberá hacer del conocimiento a las partes con diez días de anticipación a su celebración, y en estricto acatamiento al término al que se refiere el artículo 873, primer párrafo, de la Ley Federal del Trabajo. 3. Al fijar la nueva fecha, tome en consideración que la audiencia deberá celebrarse dentro de los diez días siguientes al en que dicte el acuerdo con el que se requiera el cumplimiento a esta sentencia. Por lo que, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Junta Especial número tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que quede legalmente notificada de este proveído, cumpla con la sentencia de amparo. Apercibida que de no hacerlo o no acreditarlo con las constancias conducentes, dentro del término que se les señala: a) Con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, equivalentes a ocho mil sesenta pesos moneda nacional ($8,060.00); y b) Se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, en esta ciudad, para seguir el trámite de la inejecución de sentencia que puede culminar en la separación de su cargo y su consignación. Finalmente, no pasa inadvertido para el que suscribe, que del contenido del artículo 192, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se desprende que al requerir el cumplimiento de la sentencia, se debe requerir al superior jerárquico de la autoridad responsable, a fin de que obligue a ésta a cumplir el fallo protector, apercibiéndole con los mismos medios de apremio que a la inferior; sin embargo, en la especie el cumplimiento está encomendado a la Junta Especial número tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, autoridad que para efectos del juicio de amparo no tienen superior, pues su actividad jurisdiccional es plenamente autónoma, es decir, su actuación no está sujeta a alguna otra potestad. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de enero de dos mil dieciocho. Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad el cinco de diciembre de dos mil diecisiete, turnado a este Juzgado el día hábil posterior, **********, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, a quien le reclamó lo siguiente: 4.- ACTO RECLAMADO.- La omisión de la H. Junta Especial Número Tres de la Local Conciliación y Arbitraje en dar cabal cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, específicamente a lo que dispone en su Artículo 873, puesto que con fecha 21 de noviembre de 2017, presente demanda laboral en contra de la tercero perjudicada ya mencionada, ello en atención al despido injustificado del que fui objeto, sin embargo, lejos de apegarse a lo dispuesto por el artículo mencionado líneas atrás señaló como fecha para celebración de la primera audiencia, es decir, la Audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, el día 05 de marzo de 2018, violentando con ello el precepto antes invocado. Segundo. Derechos constitucionales que la parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa señala como derechos fundamentales vulnerados, los previstos en los artículos 8, 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Mediante proveído de seis de diciembre de dos mil diecisiete, se admitió la demanda de amparo de referencia, se registró bajo el expediente 990/2017-IV, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, se dio vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, , 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que este asunto se refiere a una omisión cuyos efectos tienen lugar dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que integran el juicio, se desprende que la quejosa reclama de la autoridad responsable: El retardo en la impartición de justicia dentro del juicio laboral 3/17/4623, al no fijar dentro del término que al efecto prevé el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Tercero. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable, Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, al emitir su informe con justificación, manifestó que el acto reclamado es cierto (foja 21). Es sustento de lo anterior, la jurisprudencia 305 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, quinta época, tomo VI, parte SCJN, página 206, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Cuarto. Procedencia. Las partes legitimadas en este juicio de amparo no alegan causas de improcedencia, ni el que suscribe advierte que se actualice alguna, por lo que se procede al análisis de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, sin que dicha circunstancia le deje en estado de indefensión, pues no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. Consideración que se sustenta en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, Registro 164618, del rubro y texto: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Quinto. Examen constitucional del acto reclamado. Son fundados los conceptos de violación esgrimidos. Medularmente, la parte quejosa arguye la transgresión al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la Responsable no respetó el término establecido en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, ya que no fijó la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el periodo que se determina dicho numeral, esto es, quince días. Ahora bien, este juzgador considera que le asiste la razón a la parte quejosa, por las razones que serán detalladas más adelante. Primero, se estima oportuno citar el artículo 17 Constitucional, en que se establece lo siguiente: 17. (.). Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Del texto trascrito, se desprende que la garantía de administración de justicia que consagra el artículo 17 Constitucional, contiene varios principios de derecho subjetivo, a cuya observancia están obligadas las autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales, a saber: Justicia Pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario, y además, garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Es decir, dicha garantía de administración de justicia, está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, de modo que, es claro que todas aquellas autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los principios que la integran, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales, como sucede en el caso. Sirve de sustento a lo anterior, el criterio establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. L/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, Tomo XV, mayo de dos mil dos, página 299, del rubro y texto siguiente: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. Bajo ese contexto, efectivamente, la Junta responsable transgredió en perjuicio de la parte quejosa el derecho previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no acatar lo dispuesto por los numerales 685, 686, y 873, todos de la Ley Federal del Trabajo, mismos que, en su orden y en la parte que interesa, disponen: 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. (.). 686. El proceso del derecho del trabajo y los procedimientos para procesales, se sustanciarán y decidirán en los términos señalados en la presente Ley. (.). 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley. Del análisis de los dispositivos antes transcritos, queda de manifiesto que los Tribunales del Trabajo están regidos estrictamente por la ley de la materia, la cual los constriñe a actuar y pronunciarse dentro de los términos y plazos que establece, y su desacato indudablemente conlleva a una violación constitucional al derecho fundamental de pronta impartición de justicia prevista por el referido artículo 17 de nuestra Ley Suprema. Ahora bien, en el caso, conforme al dispositivo 873 de la Ley Federal del Trabajo, la audiencia de conciliación, demanda y excepciones debe efectuarse dentro del periodo de quince días a aquel en que se haya recibido la demanda. Al respecto, de las constancias de autos se desprende lo siguiente: La demanda que dio origen al asunto laboral de que se trata, fue presentada el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete (foja 22); La Junta responsable, emitió el acuerdo de radicación respectivo en la misma fecha, designando como data para la verificación de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, el cinco de marzo de dos mil dieciocho (foja 29). Por tanto, es notorio el exceso en que incurrió la Junta responsable, al señalar la audiencia de que se trata en la fecha ya indicada, es decir, casi cuatro meses después de haber sido radicada la demanda, y no en el término de quince días, como lo señala el numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia IV.3o.T. J/57, Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, septiembre de dos mil cinco, visible a página 1283, del texto siguiente: JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional. En las relatadas circunstancias, no cabe duda que la autoridad responsable, ha incurrido en la omisión que le atribuye la parte quejosa, vulnerando con tal proceder lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en los citados numerales 685, 686 y 873 de la Ley Federal del Trabajo, ya que no ha actuado con el debido imperio que tiene en su encargo y es manifiesta la omisión de fijar la fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del término que indica la Ley Federal del Trabajo, la cual es imputable a la autoridad responsable. Apoya lo anterior, a contrario sensu, la tesis I.6o.T.89 L, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, mayo de dos mil uno, visible a foja 1089, cuyo rubro y texto establecen: AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES, OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS, EN MATERIA LABORAL. CUANDO LA AUTORIDAD YA LA CELEBRÓ, ES IMPROCEDENTE ESTIMAR COMO VIOLACIÓN PROCESAL EL TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Y LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA. En términos de lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo, la sentencia que concede el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; luego, si se alega que la Junta celebró la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, dieciséis meses después de la presentación de la demanda laboral, después de diversos diferimientos, aunque se otorgara el amparo solicitado, sería imposible restituir a la quejosa en el goce de la garantía constitucional que estima violada, dado que la celebración de dicha audiencia, en lugar de efectuarse dieciséis meses después de presentada la demanda, como lo alega la quejosa, se celebraría después de tres años de haberse presentado la demanda laboral; de ahí la imposibilidad de volver las cosas al estado en que se encontraban antes de la supuesta violación procesal reclamada. En esas condiciones, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal impetrados, para que la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje: 1. Deje insubsistente el acuerdo de ocho de marzo de dos mil diecisiete, dictado dentro del juicio laboral 3/17/4623, de su índice, únicamente por lo que hace al señalamiento de la fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. 2. Señale nueva fecha para la celebración de la audiencia bifásica, la cual deberá hacer del conocimiento a las partes con diez días de anticipación a su celebración, y en estricto acatamiento al término al que se refiere el artículo 873, primer párrafo, de la Ley Federal del Trabajo. 3. Al fijar la nueva fecha, tome en consideración que la audiencia deberá celebrarse dentro de los diez días siguientes al en que dicte el acuerdo con el que se requiera el cumplimiento a esta sentencia. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, para los efectos precisados en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada **********, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de noviembre de dos mil diecisiete, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Organiza del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada, **********. Doy fe.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

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