Beatriz González Aguirre
Expediente 707/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 707/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 22/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Beatriz González Aguirre
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, en el cual se negó la protección de la Justicia Federal, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de destrucción. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. Visto para resolver el juicio de amparo 707/2018-III, promovido por *******. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, ******* solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto y autoridad siguientes: [.] III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: C. AGENTE DEL MINISTEIO PÚBLICO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELITOS DE VIOLENCIA FAMILIAR, DELITOS SEXUALES CONTRA LA FAMILIA Y TRATA DE PERSONAS. DE LA FISCALÍA DE DISTRITO ZONA NORTE EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA, CON DOMICILIO AMPLIAMENTE CONOCIDO EN ESA CIUDAD. ACTO RECLAMADO a). LA ILEGAL RETENCIÓN Y SUSTRACCIÓN DE PERSONAS MENORES DE EDAD, DECRETADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE LA FISCALÍA DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELITOS DE VIOLENCIA FAMILIAR, DELITOS SEXUALES CONTRA LA FAMILIA Y TRATA DE PERSONAS, EN CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA, TRATADA DE CUMPLIRSE O EJECUTARSE TENDIENTE A PROCURAR DESPOJARME DE MIS MENORES HIJOS, EN EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO DE LA AUTORIDAD SEÑALADA. [.] SEGUNDO. Derechos Constitucionales que se estimaron violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Incompetencia. Por cuestión de turno correspondió conocer de la demanda de amparo al Juez Décimo de Distrito en el Estado de Veracruz, quien en proveído de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, registró la demanda como juicio de amparo ******* y previno a la promovente para que bajo protesta de decir verdad, ampliara de manera precisa y clara los antecedentes del acto reclamado, así como la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado y exhibiera copias de su escrito aclaratorio Por escrito presentado ante la oficialía de partes del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Veracruz, el treinta de octubre de dos mil dieciocho, la quejosa pretendió dar cumplimiento al requerimiento, por lo que en auto de treinta y uno de ese mismo mes y año, el Juez Décimo de Distrito en el Estado de Veracruz, tuvo por no cumplida la prevención realizada y le requirió una vez más para que manifestara la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, así como que exhibiera copias de su escrito aclaratorio. Mediante escrito presentado el doce de noviembre de dos mil dieciocho, ante ese Juzgado, la quejosa desahogó la prevención realizada. Finalmente, en proveído de trece de noviembre de dos mil dieciocho, el Juez Décimo de Distrito en el Estado de Veracruz, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la determinación de número y límite territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; declinó la competencia al juzgado de distrito en el Estado de Chihuahua, en turno, con sede en esta ciudad. CUARTO. Tramitación de la demanda de amparo. Por cuestión de turno correspondió conocer de la demanda de amparo a este juzgado, quien por acuerdo de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, aceptó la competencia, se admitió a trámite la demanda de amparo bajo el consecutivo 707/2018-III; se solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente, se nombró un representante especial a las personas menores de edad, aquí terceros interesados, quien quedó legalmente emplazado en el presente asunto y se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional. Así, después de previos diferimientos, la audiencia constitucional se llevó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, de la Constitución Federal, 35, primer párrafo, 37, tercer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama un acto que tiene ejecución dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este juzgador. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Para dar cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se realiza la fijación del acto reclamado. Así, del análisis de la demanda, de los escritos de aclaración de la demanda, así como de las constancias que integran este juicio, se deduce que la peticionaria del amparo reclama: La resolución de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, dictada por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Delitos de Violencia Familiar, Delitos Sexuales, Contra la Familia y Trata de Personas de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, con sede en esta ciudad, en la carpeta de investigación *******, de su índice, en la que determinó que sus menores hijos quedarán en el estado que actualmente guardan, es decir, bajo el cuidado de su tía *******, hasta que no se determine lo contrario por un Juez Familiar o el Desarrollo Integral de la Familia, porque los menores en su relato de hechos manifiestan violencia familiar por parte de la quejosa. Para la fijación de los actos, se atiende al contenido de la jurisprudencia VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, de abril de 2004, página 255, del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación el Agente del Ministerio Público adscrito a Coordinación Regional, en ausencia del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Delitos de Violencia Familiar, Delitos Sexuales, Contra la Familia y Trata de Personas de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, con sede en esta ciudad, aceptó la existencia del acto reclamado; por lo tanto, la existencia del mismo se tiene por cierta. Lo anterior, se encuentra corroborado con la copia certificada de las constancias que obran en la carpeta de investigación *******, de su índice, que adjuntó a su informe justificado, a las que se les reconoce pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fue expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Inexistencia de causas de improcedencia. Al no existir motivo de improcedencia que hagan valer las partes, o que este Juzgado Federal advierta de oficio deba examinarse, procede a continuación el estudio de los motivos de inconformidad que aduce la parte quejosa. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó como conceptos de violación los que aparecen insertos en su demanda de amparo, los que se tienen por reproducidos, toda vez que la Ley de la materia no establece como obligación para el juzgador que se transcriban para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Apoya esta consideración, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, de Mayo de 2010, materia común, página 830, del siguiente tenor: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SEXTO. Determinación que adopta este órgano jurisdiccional. Los conceptos de violación expresados por la quejosa son infundados, incluso al ser suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, por tratarse de la víctima en un proceso penal quien formuló la demanda de amparo. De las constancias remitidas por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Delitos de Violencia Familiar, Delitos Sexuales, Contra la Familia y Trata de Personas de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, con sede en esta ciudad, junto con su informe justificado, consistentes en copias certificadas de la averiguación previa ******* de su índice, se advierten los siguientes hechos relevantes para la comprensión y resolución del presente asunto: 1. En julio de dos mil ocho, la aquí quejosa *******, madre de los menores de edad de nombres con iniciales ******* y *******, de dieciséis y catorce años de edad, respectivamente, dio su consentimiento para que dichos menores se vinieran a vivir a esta ciudad con su tía paterna *******, con la finalidad de estudiar y con la promesa de que ella también se vendría en dos meses, ya que vive en Coatzacoalcos, Veracruz. 2. Los menores junto con *******, llegaron a esta ciudad en agosto de dos mil dieciocho y desde entonces ellos asisten a la escuela. 3. El diez de septiembre de dos mil dieciocho, la quejosa hizo una llamada a *******, quien le dijo que le iba a mandar al menor de nombre con iniciales *******, porque se portaba mal, por lo que la hoy quejosa refiere que le dijo que ella vendría a esta ciudad, pero por sus dos hijos. 4. El cuatro de octubre de dos mil dieciocho, llegó la hoy quejosa ******* a Ciudad Juárez, se dirigió al domicilio de *******, que cuando llegó le dijo que iba por sus hijos, pero que ******* le respondió que iría al Desarrollo Integral de la Familia (DIF), por lo que a su vez la quejosa le dijo que iría a la Fiscalía a presentar una denuncia para que le regrese a sus hijos. 5. El cuatro de octubre de dos mi dieciocho, a las quince horas con quince minutos la aquí quejosa *******, compareció ante el agente del Ministerio Público, quien recibió su denuncia de hechos contra *******, por la posible comisión del delito de retención y sustracción de personas menores de edad cometido en perjuicio de sus menores hijos de nombres con iniciales ******* y *******, previamente la representación social le hizo de su conocimiento los derechos que le asisten en su carácter de ofendida, diligencia de la que se advierte la firma de la hoy quejosa. 6. Actuando en los autos de la carpeta de investigación *******, de su índice, el agente del Ministerio Público el cuatro de octubre de dos mil dieciocho, giró oficio de investigación al Coordinador de la Agencia Estatal de Investigación de la Unidad Especializada en Delitos de Violencia Familiar, Delitos Sexuales contra la Familia y Trata de Personas, a fin de que realice las investigaciones pertinentes para lograr el esclarecimiento de los hechos. 7. A las dieciséis horas con un minuto del cuatro de octubre de dos mil dieciocho, compareció ante la autoridad responsable la persona menor de edad de nombre con iniciales *******, y en compañía de su madre, la hoy quejosa, *******, manifestó lo siguiente (foja 69): [.] MI NOMBRE ES ******* TENGO 16 AÑOS DE EDAD, TENGO VIVIENDO 2 MESES AQUÍ EN CIUDAD JUÁREZ YA QUE VINE A ESTUDIAR, CURSO EL TERCER SEMESTRE DE PREPARATORIA, VIVO CON MI TÍA DE NOMBRE *******, ELLA ME TRATA BIEN, ELLA PAGA MIS ESTUDIOS Y ESTOY AGUSTO VIVIENDO CON ELLA, MI MAMÁ SE LLAMA ******* ELLA ME MALTRATA YA QUE CUANDO VIVÍA CON ELLA EN TATAHUICAPAN ME PEGABA PORQUE SACABA MALAS CALIFICACIONES YO LE EXPLICABA LOS MOTIVOS POR LOS CUALES SACABA ESAS CALIFICACIONES ME AVENTABA DE COSAS, ME PEGABA CON CABLES, ME LLEGÓ A DECIR QUE NO SERVÍA, QUE ERA UN BURRO, YO NO LE DIJE A NADIE DE ESTO POR MIEDO A QUE ME PEGARA DE QUE YO ANDABA DIECIENDO ESTAS COSAS, A MI HERMANO ******* DE ******* TAMBIÉN LE PEGABA POR LAS MISMAS RAZONES QUE A MI Y TAMBIÉN ERA POR SU COMPORTAMIENTO YA QUE ES TRAVIESO, TAMBIÉN NOS LLEGÓ A GRITAR QUE SOMOS UNOS IDIOTAS, PENDEJOS, ESTANDO MI HERMANO Y YO AQUÍ EN JUÁREZ MI MAMÁ NOS MANDA DINERO PARA LO QUE NECESITEMOS, NO ME PAGA MIS ESTUDIOS, COMO DIJE AL PRINCIPIO YO ESTOY AGUSTO CON MI TÍA, YO YA NO QUIERO QUE MI MAMÁ ME MALTRATE POR ESO NO QUIERO REGRESAR CON ELLA, ADEMÁS DE QUE MI MAMÁ ESTUVO DE ACUERDO EN QUE VIVIERAMOS CON MI TÍA, MI PAPÁ SE LLAMA ******* YO NO HE SABIDO NADA DE ÉL DESDE QUE YO TENÍA 6 AÑOS, SIENDO TODO LO QUE DESEO MANIFESTAR. [.] 8. A las dieciséis horas con veinte minutos del cuatro de octubre de dos mil dieciocho, compareció ante la autoridad responsable la persona menor de edad de nombre con iniciales *******, y acompañado de su madre, la aquí quejosa ******* manifestó lo siguiente (foja 67): [.] MI NOMBRE ES ******* TENGO ******* DE EDAD, TENGO VIVIENDO DOS MESES AQUÍ EN CIUDAD JUÁREZ CON MI TÍA ******* PORQUE VINE A ESTUDIAR YA QUE MI MAMÁ LE DIJO A MI TÍA QUE NOS TRAJERA AQUÍ A ESTUDIAR, ANTES VIVÍA CON MI MAMÁ *******, CON MI ABUELA ******* Y CON MI HERMANO ******* EN TATAHUICAPAN, VERACRUZ, MI MAMÁ ME TRATABA MAL NOS PEGABA A MI HERMANO Y A MI CASI SIEMPRE PORQUE NO SACABAMOS BUENAS CALIFICACIONES, SE ENOJABA SOLA Y NOS PEGABA CON LO QUE ENCONTRABA, NOS DECÍA INÚTIL, TAMBIÉN NOS DECÍA IDIOTAS, YO LE DIJE DE ESTO A MI ABUELA ******* Y NOS DEFENDÍA CADA VEZ QUE MI MAMÁ NOS PEGABA, ESTANDO AQUÍ CON MI TÍA ******* NOS TRATA BIEN, ELLA SE HACE CARGO DE TODO LO QUE NECESITAMOS, YO NO ME QUIERO REGRESAR CON MI MAMÁ PORQUE NOS VA A SEGUIR MALTRATANDO. SIENDO TODO LO QUE TENGO QUE MANIFESTAR. [.] 9. A las diecinueve horas con veintidós minutos, del cuatro de octubre de dos mil dieciocho, la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Delitos de Violencia Familiar, Delitos Sexuales, Contra la Familia y Trata de Personas de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, hizo constar que ese día se constituyó la aquí quejosa, ******* a interponer denuncia por el delito de retención y sustracción de personas menores de edad en perjuicio de sus menores hijos de nombres con iniciales *******, y *******, en donde aparece como probable responsable *******, generándose número de carpeta de investigación *******, y después de transcribir las manifestaciones que en esa misma fecha realizaron dichas personas menores de edad, ante esa autoridad y en presencia de su madre, determinó lo siguiente (folios 78 y 79): [.] Se canalizó a los menores a la Unidad de Psicología de la Unidad de Violencia Familiar, Delitos Sexuales y Trata de Personas, para que se le (sic) practicaran los exámenes pertinentes, con el fin de poder determinar la afectación psicológica de dichos menores, es por esto y tomando en cuenta el interés superior del menor y toda vez que esta (sic) pudiera estar en riesgo tanto su integridad física y emocional, por ser probable (sic) víctimas de los delitos antes mencionados y en términos de los artículos cuarto, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 31 de la Convención Sobre los Derechos del Niño y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección para los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que la situación de los menores ya mencionados anteriormente, quedará en el estado que actualmente guarda, es decir, bajo el cuidado de su tía la C. ******* hasta (sic) no se determine lo contrario por un Juez Familiar o DIF; toda vez que los menores de su relato de hechos manifiestan Violencia Familiar por parte de su madre biológica la señora *******, por último la C. ******* da a conocer su número de teléfono para ser localizada *******. Si (sic) más por el momento se asienta en vías (sic) de constancia para todos los efectos a que haya lugar. LIC. ******* AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA U. ESP. EN DELITOS DE VIOLENCIA FAMILIAR, DELITOS SEXUALES VS LA FAMILIA Y TRATA DE PERSONAS [.] La determinación anterior, constituye el acto que aquí se reclama. En los conceptos de violación, la peticionaria del amparo aduce que: 1. Nunca tuvo una defensa digna, se aprovecharon de su ignorancia y de su pobreza, ya que no llevaba dinero para pagar a un abogado y estuvo en un estado grave de indefensión ante tal denuncia, cuando la justicia debe ser imparcial y expedita, por lo que la autoridad responsable debe ser sancionada por su superior jerárquico. 2. Se violan en su perjuicio las garantías de audiencia y legalidad que consagran a su favor los artículos 14 y 16 constitucionales, porque la autoridad responsable amenaza con despojarla de sus menores hijos, sin que previamente exista juicio alguno en el cual se le haya oído y vencido y se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento conforme a las leyes expedidas con anterioridad al acto reclamado. 3. Se viola lo dispuesto en el artículo 241 del Código Penal vigente en el Estado de Veracruz. Como ya se anunció los conceptos de violación son infundados. En efecto, es infundado lo que alega la peticionaria del amparo en el punto 1 respecto a que no tuvo una defensa digna, se aprovecharon de su ignorancia y de su pobreza, ya que no llevaba dinero para pagar a un abogado y estuvo en un estado grave de indefensión ante tal denuncia, cuando la justicia debe ser imparcial y expedita, por lo que la autoridad responsable debe ser sancionada por su superior jerárquico. Para evidenciar tal aserto, se considera oportuno referir que el derecho fundamental para que la víctima u ofendido cuente con un experto que lo oriente legalmente (asesor jurídico), se prevé en el artículo 20, apartado C, de la Constitución Federal, que dispone: [.] 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) C. De los derechos de la víctima o del ofendido: I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa; III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia; IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño; V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa. El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación; VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, y VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño".; ". Dicho artículo tiene como objetivo generar un equilibrio entre los derechos del imputado y los de la víctima, por lo cual se estableció que los derechos procesales que tiene la parte ofendida, son: 1) recibir asesoría jurídica; 2) ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y cuando lo solicite; 3) ser informado del desarrollo del procedimiento penal; 4) coadyuvar con el ministerio público; 5) derecho a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente tanto en la averiguación previa como en el proceso y a que se desahoguen las diligencias correspondientes; y, 6) derecho a la reparación del daño y a las medidas y providencias que prevea la ley para su seguridad y auxilio; lo anterior permite que se respete el derecho humano al debido proceso penal y de acceso a la justicia. Por su parte, el ordinal 12 de la Ley General de Víctimas, establece: 12. Las víctimas gozarán de los siguientes derechos: I. A ser informadas de manera clara, precisa y accesible de sus derechos por el Ministerio Público o la primera autoridad con la que tenga contacto o que conozca del hecho delictivo, tan pronto éste ocurra. El Ministerio Público deberá comunicar a la víctima los derechos que reconocen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales y esta Ley a su favor, dejando constancia en la carpeta de investigación de este hecho, con total independencia de que exista o no un probable responsable de los hechos; II. A que se les repare el daño en forma expedita, proporcional y justa en los términos a que se refiere el artículo 64 de esta Ley y de la legislación aplicable. En los casos en que la autoridad judicial dicte una sentencia condenatoria no podrá absolver al responsable de dicha reparación. Si la víctima o su Asesor Jurídico no solicitaran la reparación del daño, el Ministerio Público está obligado a hacerlo; III. A coadyuvar con el Ministerio Público; a que se les reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuenten, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio como partes plenas ejerciendo durante el mismo sus derechos los cuales en ningún caso podrán ser menores a los del imputado. Asimismo, tendrán derecho a que se les otorguen todas las facilidades para la presentación de denuncias o querellas; IV. A ser asesoradas y representadas dentro de la investigación y el proceso por un Asesor Jurídico. En los casos en que no quieran o no puedan contratar un abogado, les será proporcionado por el Estado, de acuerdo al procedimiento que determine esta Ley y su Reglamento; esto incluirá su derecho a elegir libremente a su representante legal; V. A impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento, con independencia de que se haya reparado o no el daño; VI. A comparecer en la fase de la investigación o al juicio y a que sean adoptadas medidas para minimizar las molestias causadas, proteger su intimidad, identidad y otros datos personales; VII. A que se garantice su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor contra todo acto de amenaza, intimidación o represalia; VIII. A rendir o ampliar sus declaraciones sin ser identificados dentro de la audiencia, teniendo la obligación el juez de resguardar sus datos personales y, si lo solicitan, hacerlo por medios electrónicos; IX. A obtener copia simple gratuita y de inmediato de las diligencias en las que intervengan; X. A solicitar medidas precautorias o cautelares para la seguridad y protección de las víctimas, ofendidos y testigos de cargo, para la investigación y persecución de los probables responsables del delito y para el aseguramiento de bienes para la reparación del daño; XI. A que se les informe sobre la realización de las audiencias donde se vaya a resolver sobre sus derechos y a estar presentes en las mismas; XII. A que se les notifique toda resolución que pueda afectar sus derechos y a impugnar dicha resolución, y XIII. En los casos que impliquen graves violaciones a los derechos humanos, a solicitar la intervención de expertos independientes, a fin de que colaboren con las autoridades competentes en la investigación de los hechos y la realización de peritajes. Las organizaciones de la sociedad civil o grupos de víctimas podrán solicitar que grupos de esos expertos revisen, informen y emitan recomendaciones para lograr el acceso a la justicia y a la verdad para las víctimas". Mientras que el numeral 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ordena que: 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: I. A ser informado de los derechos que en su favor le reconoce la Constitución; II. A que el Ministerio Público y sus auxiliares así como el Órgano jurisdiccional les faciliten el acceso a la justicia y les presten los servicios que constitucionalmente tienen encomendados con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, profesionalismo, eficiencia y eficacia y con la debida diligencia; III. A contar con información sobre los derechos que en su beneficio existan, como ser atendidos por personal del mismo sexo, o del sexo que la víctima elija, cuando así lo requieran y recibir desde la comisión del delito atención médica y psicológica de urgencia, así como asistencia jurídica a través de un Asesor jurídico; IV. A comunicarse, inmediatamente después de haberse cometido el delito con un familiar, e incluso con su Asesor jurídico; V. A ser informado, cuando así lo solicite, del desarrollo del procedimiento penal por su Asesor jurídico, el Ministerio Público y/o, en su caso, por el Juez o Tribunal; VI. A ser tratado con respeto y dignidad; VII. A contar con un Asesor jurídico gratuito en cualquier etapa del procedimiento, en los términos de la legislación aplicable; VIII. A recibir trato sin discriminación a fin de evitar que se atente contra la dignidad humana y se anulen o menoscaben sus derechos y libertades, por lo que la protección de sus derechos se hará sin distinción alguna; IX. A acceder a la justicia de manera pronta, gratuita e imparcial respecto de sus denuncias o querellas; X. A participar en los mecanismos alternativos de solución de controversias; XI. A recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor desde la denuncia hasta la conclusión del procedimiento penal, cuando la víctima u ofendido pertenezca a un grupo étnico o pueblo indígena o no conozca o no comprenda el idioma español; XII. En caso de tener alguna discapacidad, a que se realicen los ajustes al procedimiento penal que sean necesarios para salvaguardar sus derechos; XIII. A que se le proporcione asistencia migratoria cuando tenga otra nacionalidad; XIV. A que se le reciban todos los datos o elementos de prueba pertinentes con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que establece este Código; XV. A intervenir en todo el procedimiento por sí o a través de su Asesor jurídico, conforme lo dispuesto en este Código; XVI. A que se le provea protección cuando exista riesgo para su vida o integridad personal; XVII. A solicitar la realización de actos de investigación que en su caso correspondan, salvo que el Ministerio Público considere que no es necesario, debiendo fundar y motivar su negativa; XVIII. A recibir atención médica y psicológica o a ser canalizado a instituciones que le proporcionen estos servicios, así como a recibir protección especial de su integridad física y psíquica cuando así lo solicite, o cuando se trate de delitos que así lo requieran; XIX. A solicitar medidas de protección, providencias precautorias y medidas cautelares; XX. A solicitar el traslado de la autoridad al lugar en donde se encuentre, para ser interrogada o participar en el acto para el cual fue citada, cuando por su edad, enfermedad grave o por alguna otra imposibilidad física o psicológica se dificulte su comparecencia, a cuyo fin deberá requerir la dispensa, por sí o por un tercero, con anticipación; XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; XXII. A tener acceso a los registros de la investigación durante el procedimiento, así como a obtener copia gratuita de éstos, salvo que la información esté sujeta a reserva así determinada por el Órgano jurisdiccional; XXIII. A ser restituido en sus derechos, cuando éstos estén acreditados; XXIV. A que se le garantice la reparación del daño durante el procedimiento en cualquiera de las formas previstas en este Código; XXV. A que se le repare el daño causado por la comisión del delito, pudiendo solicitarlo directamente al Órgano jurisdiccional, sin perjuicio de que el Ministerio Público lo solicite; XXVI. Al resguardo de su identidad y demás datos personales cuando sean menores de edad, se trate de delitos de violación contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, violencia familiar, secuestro, trata de personas o cuando a juicio del Órgano jurisdiccional sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa; XXVII. A ser notificado del desistimiento de la acción penal y de todas las resoluciones que finalicen el procedimiento, de conformidad con las reglas que establece este Código; XXVIII. A solicitar la reapertura del proceso cuando se haya decretado su suspensión, y XXIX. Los demás que establezcan este Código y otras leyes aplicables. En el caso de que las víctimas sean personas menores de dieciocho años, el Órgano jurisdiccional o el Ministerio Público tendrán en cuenta los principios del interés superior de los niños o adolescentes, la prevalencia de sus derechos, su protección integral y los derechos consagrados en la Constitución, en los Tratados, así como los previstos en el presente Código. Para los delitos que impliquen violencia contra las mujeres, se deberán observar todos los derechos que en su favor establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y demás disposiciones aplicables. [.] De lo anterior se desprende que, la víctima u ofendido de la posible comisión de un hecho que la ley señala como delito, tiene entre otros, el derecho de recibir asesoría jurídica, a coadyuvar con el Ministerio Público, por sí o por abogado, así como a que su asesor jurídico lo represente en cualquier parte del procedimiento en el que sea parte. En el caso, la quejosa se presentó ante el agente del Ministerio Público en su carácter de ofendida a interponer denuncia de hechos posiblemente constitutivos del delito de retención y sustracción de personas menores de edad cometido en perjuicio de sus menores hijos, en contra de *******. Asimismo, previo a relatar los hechos en que basó su denuncia, la autoridad responsable le hizo saber los derechos que le asisten en su carácter de víctima u ofendida del delito de conformidad con lo dispuesto en el artículos 109 y 110 del Código Nacional de Procedimientos Penales ya transcritos, entre ellos, a designar un asesor jurídico, sin que se advierta la solicitud por parte de la quejosa a que se le designara uno de oficio, si como dice no podía nombrar uno particular por falta de recursos. Ahora, si bien tiene derecho a designar a un asesor jurídico, quien está facultado para orientarla, asesorarla o intervenir legalmente en el procedimiento penal acusatorio en su representación en igualdad de condiciones que el defensor, lo cierto es que la denuncia se basa en hechos que únicamente le conciernen a la víctima u ofendida, de modo que en ese momento no se justifica la necesidad del asesor jurídico para orientarla o asesorarla, máxime que la medida que dictó es provisional, por lo que no existía obligación de escucharla de modo previo al dictado de su determinación. Asimismo, por lo que respecta a las diligencias previamente transcritas de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, el agente del Ministerio Público ante la presencia de la aquí quejosa, pues así se asentó, escuchó las declaraciones de las personas menores de edad, hijos de la hoy inconforme, de lo que se advierte que en modo alguno se le dejó en estado de indefensión, pues estuvo presente en el momento en que los menores relataron los actos de violencia familiar que la quejosa ejercía en contra de ellos, así como su deseo de permanecer con su tía *******, hechos estos últimos que acertadamente la autoridad responsable tomó en consideración para salvaguardar el interés superior de los menores y determinar que su situación debía seguir en el estado en que en ese momento se encontraba, esto es, bajo el cuidado de su tía hasta que no se determinara lo contrario por un Juez Familiar o el Desarrollo Integral de la Familia. Luego, contrariamente a lo que aduce la quejosa, de las diligencias realizadas no se advierte que se le haya dejado en estado de indefensión, máxime que solo se trató de una medida provisional que no modificó el estado de las cosas, sino que refirió que debían mantenerse en el estado en que se encuentran y solo hasta que una autoridad competente, como lo es un juez familiar o el Desarrollo Integral de la Familia determinen lo contrario. Ahora, en cuanto a que la autoridad responsable debe ser sancionada por su superior jerárquico, debe decirse a la quejosa que de la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De ahí que la quejosa tiene expedito su derecho para impugnar ante el Juez de Control cualquier omisión o negligencia que cometa el agente del Ministerio Público en su perjuicio. En el concepto de violación sintetizado con el número 2, la peticionaria del amparo afirma que se violaron en su perjuicio las garantías de audiencia y legalidad que consagran a su favor los artículos 14 y 16 constitucionales, porque la autoridad responsable amenaza con despojarla de sus menores hijos, sin que previamente exista juicio alguno en el cual se le haya oído y vencido y se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al acto reclamado. El concepto de violación es infundado. Se afirma lo anterior, porque es verdad que el reconocimiento de la víctima u ofendido del delito como parte en el proceso penal, establece la posibilidad de que tenga una participación activa en éste no sólo por su expectativa o pretensión de que se repare el daño que le fue ocasionado, sino porque conforme al nuevo marco jurídico, derivado del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puede participar directamente en la causa penal, aportar pruebas, interponer recursos y exigir que se establezca una verdad legal sobre la comprobación del delito y la responsabilidad penal del inculpado. Además, tiene la posibilidad de someter al análisis constitucional cualquier determinación judicial que pueda ser lesiva de sus derechos humanos establecidos en la Carta Magna, como los de debido proceso y exacta aplicación de la ley en materia penal (artículo 14); fundamentación y motivación (artículo 16); acceso a la justicia (artículo 17); recibir asesoría jurídica, ser informado de sus derechos constitucionales y del desarrollo del procedimiento penal; coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente -en averiguación previa y en el proceso-, a que se desahoguen las diligencias correspondientes (artículo 20, apartado C), entre otros. Sin embargo, en el caso, la autoridad responsable previamente a dictar la determinación que aquí se impugna, escuchó a la quejosa, así como a los menores de edad (artículo 14) y en una ponderación de derechos entre la quejosa (ofendida) y las personas menores de edad (víctimas) optó por proteger el interés superior de los menores al considerar que estaba en riesgo su integridad física y emocional por ser probables víctimas de violencia familiar por parte de la quejosa y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 4º, párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 31 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, 3, 4, 6 y 7 de la Ley Para la Protección de los Derechos de Niña, Niños y Adolescentes determinó de manera provisional que la situación de las personas menores de edad quedara en el estado que en ese momento se encontraba, esto es, bajo el cuidado de su tía *******, hasta que se determinara lo contrario por un juez familiar o el Desarrollo Integral de la Familia (artículo 16). En ese sentido, contrario a lo que aduce la peticionaria del amparo, no existe tal violación a sus derechos consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales, pues fue oída por la autoridad responsable, al presentar su denuncia y estuvo presente cuando sus menores hijos declararon ante la autoridad responsable, quien también fundamentó y motivó su determinación, dejando claro que tal decisión es provisional hasta que la autoridad competente disponga otra cosa, por lo que en cualquier momento puede ocurrir ante alguna de las citadas autoridades para que resuelvan lo que en derecho corresponda respecto de los menores. A mayor abundamiento, fue acertada la determinación de la autoridad responsable en esa etapa de la investigación, porque de los artículos 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 19, numeral 2, 40, numerales 3, inciso b) y 4, de la Convención sobre los Derechos del Niño, 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8, inciso c), 22, 29, 32, 34, incisos a) a e), 38, 39 y 46 de las Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos; y capítulos IX y X del Manual sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos para uso de profesionales y encargados de la formulación de políticas, se advierte que cuando una autoridad se percate de cualquier riesgo o peligro en la integridad y desarrollo del niño, niña o adolescente, deberá tomar oficiosamente las acciones que estén a su alcance para salvaguardar la seguridad y restitución de los derechos de la infancia, aun cuando aquellas situaciones de riesgo o peligro no formen parte directa de la litis que es de su conocimiento. Sobre todo porque las personas menores de edad, manifestaron ante el agente del Ministerio Público, violencia familiar por parte de su madre, la aquí quejosa, así como su deseo de permanecer con su tía *******, con quien se encontraban viviendo desde el mes de agosto de dos mil dieciocho, aproximadamente. Por último, no asiste razón a la quejosa cuando aduce que se violó lo dispuesto en el artículo 241 del Código Penal vigente en el Estado de Veracruz (concepto de violación sintetizado con el número 3). Se afirma lo anterior, porque dicho precepto establece "(.) 241. A quien le una parentesco con persona menor de dieciocho años de edad o incapaz, o al que por instrucciones de aquél, sin causa justificada o sin orden de autoridad competente, la sustraiga de la custodia o guarda de quien la tenga de hecho o por derecho, o bien la retenga sin la voluntad de ésta, se le impondrán de dos a seis años de prisión y multa de hasta cien días de salario. (.)"; y es precisamente ese hecho que la ley establece como delito el que es materia de la investigación que inició con la denuncia que presentó la hoy quejosa. Luego, en esta etapa procesal no puede existir violación a dicho precepto en perjuicio de la quejosa, pues se insiste es materia de la investigación que realiza la autoridad responsable, por lo que si considera que existe alguna omisión relacionada con la investigación del delito, está en posibilidad de impugnarla ante el juez de control. En esa tesitura, ante lo infundado de los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa, aun suplidos en su deficiencia, lo que procede es negar el amparo y protección constitucional solicitada. Ahora, si bien se considera legal la determinación de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, que aquí se impugna, dictada de manera provisional por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Delitos de Violencia Familiar, Delitos Sexuales, Contra la Familia y Trata de Personas de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, con sede en esta ciudad, en la carpeta de investigación *******, de su índice. Este juzgador, atendiendo al interés superior de las personas menores de edad de nombres con iniciales ******* y *******, de dieciséis y catorce años de edad, respectivamente, aquí terceros interesados y a lo dispuesto por los artículos 1o. constitucional, 19, numeral 2, 40, numerales 3, inciso b) y 4, de la Convención sobre los Derechos del Niño, 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8, inciso c), 22, 29, 32, 34, incisos a) a e), 38, 39 y 46 de las Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos; y capítulos IX y X del Manual sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos para uso de profesionales y encargados de la formulación de políticas, los cuales como ya se dijo en párrafos precedentes, disponen que cuando una autoridad se percate de cualquier riesgo o peligro en la integridad y desarrollo del niño, niña o adolescente, deberá tomar oficiosamente las acciones que estén a su alcance para salvaguardar la seguridad y restitución de los derechos de la infancia, aun cuando aquellas situaciones de riesgo o peligro no formen parte directa de la litis que es de su conocimiento. Así como los numerales 2, 6, 7, 8, 26, 27, 28, 120, 121, 122 y 123, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de los que se desprende que el legislador, a fin de salvaguardar los derechos de niñas, niños y adolescentes, instituyó una serie de garantías para su tutela, así como para la reparación integral del daño en caso de vulneración, las cuales se materializan a través de mecanismos de colaboración y coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, que constituyen un sistema compuesto por instituciones, organismos y autoridades de nivel nacional, estatal y municipal, tanto públicas como de la sociedad civil, que se encaminan a la finalidad antes mencionada, siendo una de las instituciones encargadas de la defensa de los derechos de la niñez, las Procuradurías de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, dependientes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, ya sea en el ámbito federal o estatal. Se ordena notificar la presente sentencia a la Subprocuradora de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito Judicial Bravos, por medio de oficio, al que se adjunte copia certificada de la totalidad de las constancias que obran en este asunto, para que en uso de las facultades que le confiere el numeral 133 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua, realice las diligencias que considere convenientes para acercarse al lugar en donde se encuentren las personas menores de edad de nombres con iniciales ******* y *******, y diagnostique la situación de sus derechos, a fin de cerciorarse del respeto a los mismos y su bienestar. Lo anterior, sin soslayar que la información contenida en las copias que se le remiten contiene datos personales, por lo que deberá manejar la información atendiendo a lo dispuesto en los artículos 80, 81 y 82 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Luego, al ser una determinación independiente del sentido de la presente sentencia, no es necesario esperar a que cause ejecutoria esta resolución, por lo que debe notificarse a dicha subprocuraduría de inmediato. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 63, 74 y 75 de la Ley de Amparo en vigor, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *******, contra el acto de la autoridad precisados en el considerando segundo de esta sentencia, en términos del último considerando. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y por oficio a la Subprocuradora de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito Judicial Bravos. Lo resolvió y firma *******, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de febrero de dos mil diecinueve. Agréguense a los autos para que obren como legalmente correspondan el oficio 2130/2019, signado por el Juez Décimo de Distrito en el Estado de Veracruz, residente en Coatzacoalcos, y anexo que lo acompaña, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 3/2019, derivado del presente juicio de amparo. Acúsese el recibo correspondiente. En consecuencia, se tiene por notificada a la parte quejosa de los autos de veintiuno, veintiocho de noviembre y veintiuno de diciembre, todos de dos mil dieciocho, así como del auto de tres de enero del año en curso. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 219, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º de la propia ley. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, se advierte que el término de tres días concedido a la parte quejosa, en proveído de tres de enero de dos mil diecinueve, en el que se le requirió para que dentro del término de tres días señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, transcurrió sin que hiciera manifestación alguna al respecto, por lo que se hace efectivo el apercibimiento decretado en ese auto y se ordena realizar a dicha parte las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de la lista que para tales efectos se fija en los estrados de este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto por la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo en vigor. Cúmplase. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; uno de febrero de dos mil diecinueve. Agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponda el oficio 114/2019 signado por la Agente del Ministerio Público adscrita a Coordinación Regional, en ausencia de la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Delitos de Violencia Familiar, Delitos Sexuales, Contra la Familia y Trata de Personas de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, y anexo que lo acompaña, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que se le hizo en auto de veintitrés de enero de este año. En atención a su contenido, se le tiene informando que de acuerdo a la ficha informativa que anexa, signada por el licenciado *******, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Delitos de Violencia Familiar, Delitos Sexuales, Contra la Familia y Trata de Personas, en la carpeta de investigación *******, hasta la fecha el cuidado de los menores continúa a cargo de su tía *******, sin que se haya recibido mandamiento judicial o bien del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia que modifique la situación legal de los menores. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Sin que se le tenga por ofrecida la copia certificada de las constancias que refiere remite en apoyo al oficio de cuenta, ya que no la exhibe. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
Quedan 5 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes
- Beatriz Adriana Castro Veloz666/2023
- Beatriz Alcalá Carrillo885/2023
- Beatriz Andrade Chávez y Otros.639/2022
- Beatriz Consuelo Baeza Rey385/2022
- Beatriz Elizabeth Trejo Azpeitia990/2017
- Beatriz Florentino Cerda567/2021
- Beatriz González Galarza624/2016
- Beatriz Griselda Mata Yañez y Otros.136/2023
- Beatríz Guerra Escobar802/2022
- Beatriz Ivonne Gallegos Anton251/2015
- Beatriz Margarita Hernández Flores7/2022
- Beatriz Olivia Radovich Valdez797/2016