Bárbara Mora López

Expediente 839/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
839/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
27/09/2018

Partes del expediente

  • Bárbara Mora López

Actuaciones

  1. Principal

    Devuélvase documentos exhibidos con escrito inicial de demanda; previo cotejo, identificación y razón que por su recibo se deje en autos.

  2. Principal

    HA CAUSADO ESTADO; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de destrucción.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDO A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: Xalapa, Veracruz; treinta de agosto de dos mil dieciocho. Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, se advierte que dentro de los autos del juicio de amparo 821/2018, de su índice, se ordenó la separación del juicio por diversos quejosos. Por tanto, este asunto se seguirá únicamente por los actos que la quejosa Bárbara Mora López, reclama de las autoridades Responsables 1. Congreso del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y otras, consistentes en: 1. La determinación de cese de los efectos de su nombramiento como empleada al servicio del Ayuntamiento Constitucional de Huatusco, Veracruz, contenida en el oficio 164/2018, singado por la Presidente Municipal del Ayuntamiento de Huatusco, Veracruz. 2. La inconstitucionalidad de los artículos 38, 39, 40, 41 y 42 de la Ley Número 364 de la Ley Estatal del Servicio Civil para el Estado de Veracruz. En consecuencia, fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), anótese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y regístrese el juicio de amparo con el número 839/2018. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juzgado de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y, de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano. Ello, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y constancias que se acompañen; y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto. De tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia I.1o.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página ochocientos noventa, mayo de mil novecientos noventa y ocho, tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 196196, de rubro siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. Ahora bien, en el caso, se estima que se actualiza manifiesta e indudablemente, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5º, fracción II, como se explica enseguida. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el artículo 5º, fracción II, de la ley de la materia dispone: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los preceptos transcritos, se obtiene que la procedencia del juicio de amparo se encuentra constreñida a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. El concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, refiere a aquellos órganos del Estado a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales o jurisdiccionales, es decir, en forma unilateral, imperativa y coercitiva, susceptibles de modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. Las facultades decisorias que les están atribuidas en la ley comprenden una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. De ahí que surge dentro de las denominadas relaciones de supra o subordinación entabladas entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva, existiendo como límite a su actuación el marco constitucional y legal. Lo anterior queda de manifiesto en la tesis P.XXVII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 118, Tomo V, Febrero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 199459, de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." Ahora bien, el acto reclamado, consistente en la determinación de cese de los efectos del nombramiento de la promovente como empleada al servicio del Ayuntamiento Constitucional de Huatusco, Veracruz, contenida en el oficio 164/2018, singado por la Presidente Municipal del Ayuntamiento de Huatusco, no proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, pues propiamente emerge de una relación patrón-trabajador. En efecto, los artículos 1º, 2°, 4º y 183, fracción III, de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, disponen: "Artículo 1°. La presente Ley es de observancia general para los Poderes del Estado, los Municipios, así como los Organismos Descentralizados del Estado o Municipales y las Empresas de Participación Estatal o Municipales, que tengan a su cargo función de servicios públicos, a quienes en lo sucesivo se les denominará Entidades Públicas y los trabajadores a su servicio. Los trabajadores que prestan sus servicios para la Secretaría de Educación y Cultura se regirán por un Estatuto Especial. Artículo 2°-Para los efectos de esta Ley, cada uno de los Tres Poderes del Estado, la Secretaría de Educación y Cultura, los Municipios, así como los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal o Municipal, constituirá una Entidad Pública diferente. "Artículo 4°. La relación jurídica de trabajo reconocida por esta Ley, se entiende establecida para todos sus efectos, entre los trabajadores y las respectivas Entidades Públicas, representadas por los Titulares. Artículo 5°. Trabajador es toda persona que preste un servicio físico, intelectual o de ambos géneros, en virtud de nombramiento que le sea expedido.". "Artículo 183. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje será competente para: III.- Conocer de los conflictos individuales que se susciten entre las Entidades Públicas y sus trabajadores". Cabe señalar que la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, es de observancia general para los titulares y trabajadores de las entidades públicas del Estado de Veracruz, entre otros; de ahí, que cualquier cuestión que surja con motivo del nombramiento o acto que se suscite atendiendo a la relación laboral que guardan los servidores públicos con la dependencia del Estado para la cual trabajan, debe ser ventilado ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. En ese orden de ideas, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la Presidente Municipal de Huatusco, Veracruz, en ejercicio de sus atribuciones, determinó el cese de los efectos del nombramiento de la aquí promovente, como empleada al servicio del Ayuntamiento Constitucional de Huatusco, Veracruz, contenida en el oficio 164/2018, en virtud de supuestos actos que contravinieron su función como empleado de dicho Ayuntamiento. De lo que se pone de manifiesto, que tal determinación se emitió dentro de una relación de coordinación, emanada de un vínculo laboral, lo que revela que no se trata de actos emitidos por las responsables en funciones de autoridad, sino como patrón asimilado. Se considera lo anterior, ya que el artículo 123 constitucional, en su Apartado B, establece las bases conforme a las cuales el Congreso de la Unión debe expedir leyes sobre el trabajo que regirá entre los Poderes de la Unión y el Gobierno del Distrito Federal, por una parte, y sus trabajadores por la otra; en las que se consigna un régimen protector de los empleados en términos semejantes, no iguales, a los establecidos en el Apartado A, para los obreros en general. Asimismo, la fracción XII establece que los conflictos individuales o colectivos serán sometidos a un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje integrado según lo prevenido en la ley reglamentaria. Así, se considera que el Constituyente equiparó tanto a la Federación como a las Entidades Federativas y a los Municipios como un patrón en las relaciones que guardan con sus empleados, produciéndose como consecuencia que los actos que surjan dentro de ese vínculo, no se puedan estimar de autoridad para efectos del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que expone, la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 1956, libro 29, abril de dos mil dieciséis, tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN." Del mismo modo, tiene aplicación, la jurisprudencia III.4o.T. J/3 (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicada en la página 1639, libro 28, marzo de dos mil dieciséis, tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN." En esa tesitura, debe señalarse que los actos que reclama la promovente no constituyen, de acuerdo a su naturaleza, actos de persona de derecho público o de autoridad, sino que se tratan de actos entre particulares, pues las autoridades señaladas como responsables no obran con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad, sino como patrón. De ahí que, se insiste, el acto consistente en la determinación de cese de los efectos del nombramiento de la promovente como empleada al servicio del Ayuntamiento Constitucional de Huatusco, Veracruz, contenida en el oficio 164/2018, singado por la Presidente Municipal del Ayuntamiento de Huatusco, Veracruz, no reviste el carácter de acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, al tratarse de un conflicto derivado de la relación laboral. Por lo que, en todo caso, los conflictos suscitados entre aquéllos, al estar relacionados con un vínculo laboral, deben ser dilucidados por una autoridad laboral, pues de conformidad con lo dispuesto en el referido artículo 183, fracción III, de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje es competente para conocer los conflictos individuales que se susciten entre las entidades públicas y sus trabajadores. Razón por la cual, el juicio de amparo deviene improcedente, respecto del acto destacado. En otro orden de ideas, en relación al acto reclamado consistente en la inconstitucionalidad de los artículos 38, 39, 40, 41 y 42 de la Ley Número 364 de la Ley Estatal del Servicio Civil para el Estado de Veracruz, debe señalarse que ésta se combate con motivo de su primer acto de aplicación. Por ende, si en párrafos anteriores se demostró que conforme al artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, el juicio de amparo indirecto sólo procede contra actos de autoridad o disposiciones generales que violenten derechos humanos; y, el acto de aplicación de la norma tildada de inconstitucional no colma los requisitos para ser considerada como autoridad para los efectos del amparo indirecto; ello torna improcedente el juicio de amparo respecto de la inconstitucionalidad reclamada. Se afirma lo anterior, puesto que cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, por lo que no puede considerarse en abstracto, la ley o el reglamento. Ya que estimar lo contrario, conduciría a tener como acto de aplicación de un precepto, su simple cita en algún escrito formulado por cualquier particular, sin las atribuciones legales que de una autoridad prevé la propia Ley de Amparo, lo que trastocaría las reglas para el estudio del juicio de amparo indirecto contra leyes, cuando se promueve con motivo de un acto de aplicación. Sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones que la sustentan, la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página doscientos treinta y cinco, Tomo XII, Agosto de dos mil, con número de registro 191311, de rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN." Así como la tesis VII.2o.T.2 CS, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 2861, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, junio de 2017, registro 2014534, de rubro siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES. ES IMPROCEDENTE SI EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY QUE SE RECLAMA NO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (COMISIÓN DICTAMINADORA DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR NÚMERO 07), AL NO PODER DESVINCULARSE EL ANÁLISIS DE LA LEY, AL DEL ACTO." De ahí que el juicio de amparo, respecto de la inconstitucionalidad de los artículos que señala la promovente, devenga igualmente improcedente. En consecuencia, al resultar notoria e indudable la causa de improcedencia que se menciona, respecto de la totalidad de los actos reclamados en este juicio; de acuerdo con lo que dispone el artículo 113 de la ley de la materia, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Lo anterior, con el objeto de, entre otras cosas, que la parte promovente tenga conocimiento, desde el inicio, del resultado de la demanda de amparo y, a su vez, evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. Sin que obste a lo anterior, la existencia de la Jurisprudencia 54/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO"; misma que establece que por regla general en el auto de inicial de trámite de una demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, dado que sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas anexadas, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de autoridad para efectos del juicio constitucional. Sin embargo, el citado criterio no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a la regla general, como en el caso acontece. Resulta aplicable por su contenido jurídico la jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (10a), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página mil doscientos veinticuatro, libro once, octubre dos mil catorce, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2007580: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte promovente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tienen como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Fabiola Vázquez Rincón y Eucario Rincón Hernández, toda vez que cuentan con registro dentro del Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a la digitalización del expediente. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS Finalmente, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios Judiciales de la adscripción puedan efectuar las actuaciones y diligencias que deriven de este juicio de amparo, incluso, fuera del horario que para tal efecto dispone la Ley de Amparo. Notifíquese como corresponda. Así, lo proveyó y firma Silvia Clementina Ochoa Castillo, Secretaria del Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, encargada del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por oficio CCJ/ST/2900/2018 de diecinueve de junio de dos mil dieciocho, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ya que el titular de este órgano jurisdiccional se encuentra disfrutando de su primer periodo vacacional, del dieciséis al treinta de agosto de dos mil dieciocho, asistida de Guadalupe Domínguez Lagunes, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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