Beatriz Pavón Ramírez y Otros.
Expediente 1089/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1089/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Beatriz Pavón Ramírez y Otros.
- Beatriz Pavón Ramírez
Actuaciones
- Principal
HA CAUSADO ESTADO; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de destrucción.
- Principal
Xalapa, Veracruz; veintidós de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese el escrito de cuenta, signado por la parte quejosa *********, mediante el cual, en desahoga la prevención formulada en auto de treinta y uno de octubre del actual, en consecuencia, téngasele dando cumplimiento al requerimiento de mérito. Ahora bien, analizada la demanda de amparo origen de este juicio, así como el escrito aclaratorio, se considera procedente efectuar el siguiente pronunciamiento: DESECHAMIENTO El artículo 113, de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. En principio, de la demanda se advierte que las amparistas reclaman lo siguiente: ".La omisión del pago de la póliza del seguro institucional por defunción de nuestra hija y madre respectivamente JUANA LEÓN PAVÓN, siendo beneficiarias las suscritas ya que debió haber sido pagado desde el año 2014 cuando ella se pensionó por invalidez permanente." Ahora bien, este órgano de control constitucional considera que en el caso se actualiza en forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los dispositivos 1, fracción I y 5, fracción II, ambos de la ley de la materia, que en lo conducente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)" "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados. (.)" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad o autoridades responsables teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general (.)" De los artículos citados, se desprende que el juicio de garantías, procede contra actos de autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, esto es, autoridades para efectos del juicio de amparo son las que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que; por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, lo que permite concluir que el concepto de autoridad excluye a los actos de particulares a excepción de aquellos actos que tengan efectos equivalentes a los de autoridad con los que se afecten los derechos del quejoso y esas funciones están determinadas en la ley, precisándose así determinar para tal efecto si la relación jurídica se ubica dentro de las denominadas de supra o subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución. Sirve de apoyo, la tesis P. XXVII/97, Novena Época, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Febrero de mil novecientos noventa y siete, página ciento dieciocho, que refiere lo siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." De lo anterior, se obtiene que la procedencia del juicio de garantías se encuentra supeditada, como ya se dijo, a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, y que por tal se entiende como aquella que con fundamento en una norma legal, dicta, ordena, ejecute, o trata de ejecutar, el acto reclamado con el objeto de imponer unilateralmente obligaciones a los gobernados, modificar las existentes o limitar sus derechos. Lo anterior tiene sustento en la tesis XXXVI/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Marzo de 1999, página trescientos siete, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES." Ahora bien, en el caso el acto reclamado lo constituye la omisión por parte de la Secretaría de Educación de Veracruz, de efectuar el pago de la póliza del seguro institucional del que son beneficiarias las aquí quejosas, con motivo de la defunción de Juana León Pavón, quien en vida se encontraba pensionada por invalidez permanente. En ese sentido, debe señalarse que la responsable no actúa con potestad de imperio en el acto que reclaman las quejosas, puesto que la falta de pago de la póliza de seguro de vida de la finada Juana León Pavón a las beneficiarias y aquí quejosas, tiene un carácter eminentemente de naturaleza mercantil. En virtud de que, del análisis de las constancias que anexaron a su demanda de amparo, se advierte un formato de consentimiento de seguro de vida de la persona moral Grupo Nacional Provincial, S.A.B., del cual se obtiene que existe una póliza de seguro y que esta es cargo de la empresa mencionada, pues se trata de un seguro de vida institucional, por lo que los actos que pretende reclamar en la vía de amparo, devienen de una relación mercantil entre el beneficiario de una póliza de seguro y la institución aseguradora; ya que se trata de un seguro de vida contratado por una institución gubernamental a favor de los empleados que prestan sus servicios para ésta; de ahí que el acto reclamado no puede ser considerado como una omisión de autoridad. En efecto, los organismos del Estado, ya sean locales o federales, por ser personas de derecho público, asumen las funciones de autoridad, y son también morales oficiales de derecho privado, al ser depositarias, administradoras o representantes de los intereses económicos, que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter entran en relaciones con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación, y al quedar sus actos comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, también se someten a las prevenciones del derecho laboral como otro particular. Ahora bien, no obstante que los particulares pueden tener el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo, tal como lo prevé el numeral 5, fracción II, segundo párrafo, de la ley de la materia, ello no implica que la vía constitucional intente sustituir la jurisdicción ordinaria o el agotamiento de los elementos procesales respectivos, pues lo que el legislador expone, es que el reconocimiento de los actos de autoridad dependerá del planteamiento realizado por la parte quejosa, y la posibilidad de evaluar el acto como lesivo de su esfera de derechos fundamentales. Entonces, si las agraviadas pretenden plantear la omisión por parte de la Secretaría de Educación de Veracruz, de efectuarles el pago de la póliza del seguro institucional del que son beneficiarias las aquí quejosas, con motivo de la defunción de su madre e hija Juana León Pavón, el juicio de amparo no es el medio para reclamar tal prerrogativa, pues en tal caso, tiene a su alcance la vía procesal ordinaria ante las autoridades competentes para hacerlo valer, en contra de quien deba responder por la póliza de seguro que, en su caso, las legitima para exigir el cumplimiento de una obligación. Lo anterior guarda congruencia con el hecho de que, admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. No se soslaya la existencia de la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Julio de 2012, Tomo 2, de la Décima Época, materia Común, visible en la página 929, que dispone: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO." En consecuencia, resulta notoria e indudable la causa de improcedencia que se menciona; por ende, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los dispositivos 1, fracción I y 5, fracción II, ambos de la ley de la materia, resulta procedente DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA.
- Principal
Dada imposibilidad de notificar personalmente a promovente, efectúese por lista fijada en los estrados, así como las subsecuentes: "Xalapa, Veracruz, treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por ***********, contra actos de la ***********; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 1089/2018, que le corresponde. OBLIGACIÓN LEGAL DE PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE ACLARE LA DEMANDA. Ahora bien, este Órgano Federal analizó la demanda atendiendo a las disposiciones de la Ley de Amparo; y específicamente conforme a lo previsto por el artículo 114, fracciones II y IV, que en lo referente establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: II. Se hubiere emitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; (.) IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y (.) Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. (.)" El normativo anterior impone la obligación, previa a acordar sobre la admisión de la demanda, de estudiar el escrito inicial para verificar que se hayan colmado los requisitos que marca la ley en cita, entre el que se encuentra el previsto en su artículo 108, fracción IV, de la ley de la materia, que establece para el efecto lo siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; (.)" Como se advierte del numeral mencionado, es obligación del gobernado señalar cual es el acto u omisión que en específico reclama; lo anterior, con la finalidad de reunir los requisitos que establece el citado numeral de la ley de la materia. IMPRECISIONES QUE SE APRECIAN EN EL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA. De la lectura del escrito inicial de demanda, específicamente del apartado "IV. La omisión que se reclama", se advierte que las quejosas, solicitaron el amparo contra el acto reclamado consistente en: ".La omisión por parte de la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz (SEV), al no pagarnos el Seguro Institucional por defunción que por derecho nos corresponde, por el fallecimiento el día 07 de Enero del 2018, de nuestra hija y madre respectivamente, Juana León Pavón quien era profesora de dicha Secretaría de Educación de Veracruz (SEV)." Ahora bien, en el capítulo correspondiente a los antecedentes del acto reclamado, se desprende que las peticionarias de amparo, manifestaron que: ".Hasta la presente fecha, por razones que desconocemos no ha sido efectuado nuestro pago del Seguro Institucional correspondiente, con lo cual se nos ha negado el derecho de obtener justicia pronta y expedita...". De la transcripción que precede, se advierte una incongruencia al momento de fijar el acto reclamado, puesto que por una parte, las quejosas se duelen de la omisión de la autoridad responsable Secretaría de Educación del Estado de Veracruz, respecto al pago del seguro institucional que les corresponde, sin embargo, en el capítulo correspondiente a los antecedentes del acto en cuestión, refieren que hasta la fecha desconocen los motivos por los que el mismo no se les ha efectuado, por lo que, se entiende que las peticionarias de amparo previa interposición de amparo, formularon petición alguna ante la Secretaría responsable, sin que hasta el momento hayan obtenido respuesta. De ahí que, tales señalamientos resultan incongruentes e insuficientes para que este órgano jurisdiccional este en aptitud de analizar lo relativo a la procedencia de la demanda de amparo, o en su caso de requerir el informe justificado que corresponda. PREVENCIÓN Ahora bien, tomando en consideración que es obligación del gobernado señalar cual es el acto u omisión que en específico reclama; lo anterior, con la finalidad de reunir los requisitos que establecen los citados numerales de la ley de la materia y a efecto de que este órgano jurisdiccional este en posibilidad de determinar la procedencia o improcedencia del presente asunto, es menester, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 114, fracciones II y IV, así como,108, fracción IV , ambos de la Ley de Amparo, requerir a las aquí quejosas, para que dentro del término de cinco días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten ante este órgano jurisdiccional, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: 1. Precise cual es el acto u omisión que en concreto reclama de la autoridad responsable, es decir: ? La omisión de la ***********, de informar lo relativo a su trámite de pago del seguro institucional por defunción que refieren; o, ? El incumplimiento de pago de la póliza de seguro institucional por defunción del que aducen ser beneficiarias. Lo anterior, a fin de que este órgano jurisdiccional determine lo relativo a la procedencia o improcedencia de la demanda de amparo. Por tanto, a fin de cumplir a cabalidad la prevención de que se trata, requiérase a la parte quejosa para que junto con el escrito aclaratorio y anexos que al efecto exhiba, acompañe dos copias del mismo, que son necesarias para integrar el presente asunto, en el entendido de que una es para correr traslado a la autoridad señalada como responsable y, una más para dar vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional. Finalmente, para un mejor manejo del expediente, consérvense por separado en la Secretaría de este juzgado, las copias de la demanda de amparo, que anexó el promovente a su escrito inicial. APERCIBIMIENTO Todo lo anterior, con el apercibimiento que de no cumplir con los requerimientos en el lapso y condiciones precisadas atendiendo a lo dispuesto por el numeral 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada su demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte moral quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene como autorizado en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo, a ***********, debido a que cuenta con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, téngase como autorizado con las restricciones precisadas en el artículo 24, segundo párrafo, de la ley en consulta, a ***********, en razón de que no cuenta con cédula registrada en el Sistema de referencia. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS Finalmente, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios Judiciales de la adscripción puedan efectuar las actuaciones y diligencias que deriven de este juicio de amparo, incluso, fuera del horario que para tal efecto dispone la Ley de Amparo. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a la digitalización del expediente. LEY DE TRANSPARENCIA En otro aspecto, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 1, 9, 12, 67, fracción II y 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los artículos 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dígase a las partes, que los acuerdos y resoluciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información. SOLICITUD DE COPIAS En términos de lo previsto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se autoriza la entrega de copias de las actuaciones que se realicen en este juicio de amparo, a las partes que se encuentren facultadas para ello y lo soliciten ante el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, quien hará entrega de las mismas, previa identificación y razón que por su recibo se otorgue en autos para debida constancia. Con la salvedad, de que no procederá la entrega de copias en los casos expresamente prohibidos por la ley aplicable."
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