Baltazar Miranda López

Expediente 1256/2017 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 17 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1256/2017
Año
2017
Actuaciones
17
Última actuación
26/04/2018

Partes del expediente

  • Baltazar Miranda López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Incidental

    Archívese como asunto totalmente concluido; original susceptible de depuración; duplicado susceptible destrucción.

  2. Principal

    HA CAUSADO ESTADO; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de depuración.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDO A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: Xalapa, Veracruz; cinco de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha fenecido el término de tres días concedido al quejoso Baltazar Miranda López, en proveído de veinte de marzo de dos mil dieciocho (foja ciento setenta y cinco), para que recogiera los edictos ordenados con el objeto de emplazar a juicio a la tercero interesada María Maximina Ubaldo Hernández, en representación de los menores de identidad resguardada bajo las iniciales 47AN, 48AN y 49AN; por tanto, se determina lo siguiente: Los artículos 5, fracción III; 26, incisos b) y k); 27, fracción III, incisos a) y b) y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 26. Las notificaciones en los juicios de amparo se harán: [.] b) La primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable; [.] k) Las resoluciones que a juicio del órgano jurisdiccional lo ameriten; y [.] Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: [.] III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: a) Las notificaciones personales al quejoso se efectuarán por lista. b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] III. El tercero interesado, pudiendo intervenir con ese carácter..." De la interpretación sistemática de dichos preceptos, se advierte que la Ley de Amparo establece la forma en que deben ser emplazados a juicio los terceros interesados; a saber, mediante notificación personal, siempre que se conozca o logre investigar su domicilio o por edictos que se publicarán a costa de la parte quejosa, si se ignora aquél. En el último supuesto, el emplazamiento de los terceros interesados está condicionado a que la parte quejosa realice el pago de los edictos respectivos y el incumplimiento a tal obligación, provoca que no pueda llamarse al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica; en consecuencia, tampoco procede ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda la tercero interesada María Maximina Ubaldo Hernández, en representación de los menores de identidad resguardada bajo las iniciales 47AN, 48AN y 49AN, en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento constituye un auténtico presupuesto procesal. En ese tenor, tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo juicio, en virtud de que las determinaciones que se adopten en el controvertido constitucional pueden llegar a afectar la esfera jurídica de la tercera interesada. De ahí que, debe estimarse que su emplazamiento constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento es atribuible al quejoso Baltazar Miranda López, por no haber comparecido al Juzgado personalmente o por medio de su autorizado, a recoger los edictos, o bien, acreditar que carece de recursos económicos para sufragar el pago de su publicación, lo que impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado. Por ende, se torna improcedente, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Por tanto, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por no recoger los edictos y, por ende, no publicarse éstos a costa del quejoso, contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de justicia por retardarse la solución del conflicto. Sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, ya que con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad. No debe olvidarse que en el presente asunto, la orden de emplazar por edictos a la tercero interesada María Maximina Ubaldo Hernández, en representación de los menores de identidad resguardada bajo las iniciales 47AN, 48AN y 49AN, fue en atención a que pese a la ardua investigación realizada, no se conoció su domicilio y el quejoso no desahogó el diverso requerimiento que se le hizo por acuerdo de ocho de febrero de dos mil dieciocho (foja ciento veinticuatro), a fin de que proporcionara a este Tribunal una dirección cierta y actual donde localizar a la tercera interesada de mérito. De lo que se colige que el quejoso al no haber comparecido a este juzgado a recoger los edictos ordenados y, no manifestar que carezca de recursos económicos para sufragar el costo de aquéllos, ni aportar elementos que permitan conocer por lo menos de manera indiciaria esa situación, se traduce en una falta de interés, tanto en la integración de la relación jurídica procesal, como para la continuación del procedimiento de amparo; por tanto, debe sobreseerse fuera de audiencia el presente asunto. Esto debe ser así, habida cuenta que con independencia de que este órgano jurisdiccional agotó la investigación correspondiente en relación con el domicilio de la tercera interesada, era obligación del quejoso, en principio recoger los edictos y efectuar su publicación, tal como lo ordena el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. En esta tesitura, al no haberlo hecho, es dable sobreseer fuera de audiencia, por falta de interés del quejoso en la prosecución del asunto que se resuelve. Además, porque así lo dispone expresamente la jurisprudencia, cuya aplicación resulta obligatoria para este Juzgado de Distrito, en términos de lo dispuesto por el numeral 217 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 16/2000-PL, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Julio de 2002, página 211, que señala: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso. Así como el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, en la jurisprudencia número 108/2010 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXII, agosto de 2010, página 416, de texto y rubro: EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo. A esa conclusión se llega, ya que si bien el Juzgador Federal debe ponderar las particularidades del caso, una vez realizada la investigación a que alude el artículo 27, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza (publicación edictos) y lo acredita en autos, el Consejo de la Judicatura Federal, debe realizar la publicación de los edictos respectivos. Empero, de las constancias que integran el juicio de amparo que se resuelve, no se advierte que el quejoso Baltazar Miranda López, por lo menos hubiera manifestado ante este juzgado que carece de recursos económicos para cubrir la publicación de los edictos, mucho menos que haya acreditado ante este órgano jurisdiccional dicha imposibilidad. De ahí que, este órgano federal no está obligado a realizar la ponderación a que refiere la jurisprudencia 108/2010 antes transcrita. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, Tomo XXXII, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Julio de 2010, página 1868, que dice: SOBRESEIMIENTO POR OMISIÓN DE RECOGER EDICTOS CON EL FIN DE EMPLAZAR A LA PARTE TERCERA PERJUDICADA. ANTE LA AUSENCIA DE NORMA QUE ESTABLEZCA TAL HIPÓTESIS, ES CORRECTA LA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA RELATIVA. Si bien es exacto que inexiste precepto que establezca como causal de sobreseimiento el no recoger los edictos para que se emplace a la tercera perjudicada, no obstante, existe una jurisprudencia obligatoria ineludible, cuyo rubro es: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO."; luego, atento al criterio jurisprudencial en cita, establecido por contradicción de tesis, ello autoriza al Juez de Distrito al respecto, por contener la interpretación jurídica y armónica de esa situación fáctica y procesal, según lo estimó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto al alcance de los preceptos 14, párrafo segundo y 17 constitucionales; 73, fracción XVIII, en relación con el 30, fracción II y 5o., fracción III, de la Ley de Amparo, precisamente en razón a la falta de norma que motivó la integración de tal laguna de ley para actualizar la referida causa de sobreseimiento del juicio de garantías, dada la evidente omisión y desinterés del quejoso de recoger los edictos para emplazar al tercero o terceros perjudicados. En ese sentido, es pertinente puntualizar que el juzgador debe ponderar los derechos subjetivos públicos que están en juego, ya que por un lado se tiene el derecho del quejoso de acceso a la justicia y, por el otro, el que tiene la tercero interesada a intervenir en todas las etapas del proceso a fin de que subsista el acto reclamado y defender sus derechos. Por ello, se considera que existe imposibilidad para continuar con el procedimiento en el presente juicio de amparo, esto es, celebrar la audiencia constitucional y dictar sentencia, dado que si se actuara de esta manera, se podría irrogar perjuicio a la tercera interesada. Ahora, si bien existe la jurisprudencia de rubro: EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Resulta pertinente destacar que dicho criterio jurisprudencial emanó de una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados y en materia de amparo directo, en la que se tomó en consideración, que en muchos de esos casos los quejosos se encontraban internos en el reclusorio y que por esas condiciones no podían comparecer o tener el dinero para pagar su publicación. Por lo que se determinó que los quejosos debían hacer llegar su manifestación ante el órgano jurisdiccional y, éste deberá ordenar su publicación a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, para que de esta forma, no se impidiera a la parte quejosa el acceso a la justicia. Máxime que tratándose de amparo directo estarían impedidos para volver a promoverlo. Hipótesis que en el caso no se actualiza, pues aquí se trata de amparo indirecto; además, el quejoso no hizo manifestación alguna ni tampoco comprobó que tuviera alguna imposibilidad física o económica para sufragar el pago de la publicación de los edictos y, por la naturaleza de este juicio biinstancial la tercera interesada de mérito, puede ofrecer las pruebas que considere necesarias para salvaguardar sus intereses. Aunado a lo anterior, cabe hacer notar que en acuerdo de veinte de marzo de dos mil dieciocho (foja ciento setenta y cinco), se informó al quejoso que se procedería a llamar a la tercero interesada María Maximina Ubaldo Hernández, en representación de los menores de identidad resguardada bajo las iniciales 47AN, 48AN y 49AN, por edictos a su cargo. Asimismo, se le hizo saber que de no contar con los recursos económicos para sufragar los gastos de publicación de los edictos, debería acreditarlo con las constancias correspondientes, para estar en condiciones de acordar lo conducente. Además, de apercibirle que de no recogerlos y publicarlos en los términos indicados se sobreseería el juicio, notificándose dicho acuerdo al quejoso por lista de acuerdos el veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, que se fija en los estrados de este juzgado, previo aviso que se dejó en la puerta del domicilio que señaló para tal efecto, como se advierte de la constancia de notificación realizada por el Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, visible a fojas ciento setenta y nueve y ciento ochenta, del juicio de amparo en que se actúa. En mérito de lo anterior, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, 26, incisos b) y k), 27, fracción III, incisos a) y b) y 5, fracción III, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia constitucional. Sobre el particular, se cita la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XVII, marzo de dos mil tres, foja 386, de rubro: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por los motivos expuestos, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS DEL VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Notifíquese personalmente. Así, lo proveyó y firma José Ezequiel Santos Álvarez, Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, ante María Felícitas Ponce Durán, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    No ha lugar a celebrar audiencia constitucional prevista para el día de hoy, en su lugar se fijan las DIEZ HORAS DEL VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo.

Quedan 13 actuaciones en este expediente

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