Baltazar Sánchez Fuentes
Expediente 1095/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 12 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1095/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 24/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Baltazar Sánchez Fuentes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
MESA 3 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el cuatro de marzo de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Baltazar Sánchez Fuentes; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Ahora, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Finalmente, devuélvase al Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, el disco versátil digital (DVD) del audio y video que contiene la audiencia de veinte de noviembre de dos mil veinte, efectuada en la causa penal 12/2020, de su índice, el cual remitió como apoyo a su informe justificado. Notifíquese.
- Incidental
MESA 3 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó y concedió la suspensión provisional y la definitiva solicitadas, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurrido dicho plazo de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Notifíquese.
- Principal
MESA 3 En Villahermosa, Tabasco, a las diez horas con veinticinco minutos del cuatro de marzo de dos mil veintiuno, en audiencia pública Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa asistido de Emilio Morales Hernández, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 1095/2020-3, promovido por Baltazar Sánchez Fuentes por conducto de su defensor particular Baldomero Mendoza López. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el juez de distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las constancias que la Juez de Control de la Región Nueve del Municipio de Centro, Tabasco adjuntó a su informe justificado consistentes en copia certificada del escrito de acusación presentado por el Fiscal del Ministerio público en la causa penal 12/2020, de su índice (fojas 26 a 60), y una copia del Disco Versátil Digital DVD certificado que contiene la audiencia intermedia celebrada el veinte de noviembre de dos mil veinte relativa a la referida causa penal, el cual obra por cuerda separada. Al respecto el juez de distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tiene por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta con los oficios FGE/FECC-I-048/2021 y FGE/FECC-I-0014/2021 signados por Nilda Fabiola López Bolaina y Luis Alberto González Matias, Fiscales del Minsiterio Público adscritos a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción dependientes de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, terceros interesados en el presente juicio de amparo, recibidos en este juzgado el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, registrados con los folios 669 y 670, mediante los cuáles formulan alegatos, y que las demás partes no hicieron uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene a los Fiscales del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción dependientes de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, terceros interesados en el presente juicio de amparo, formulando alegatos para los efectos legales conducentes y por perdido el derecho a las demás partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1095/2020-3, promovido por Baltazar Sánchez Fuentes por conducto de su defensor particular Baldomero Mendoza López, contra actos de la Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, con sede en esta ciudad, por estimarlo violatorio de los artículos 1º, 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el catorce de diciembre de dos mil veinte (fojas 3 a 12), vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de la Oficina de Correspondencia Común y turnado a éste órgano jurisdiccional en esa misma fecha, Baltazar Sánchez Fuentes por conducto de su defensor particular Baldomero Mendoza López, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: AUTORIDADES RESPONSABLES Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, con sede en esta ciudad ACTO RECLAMADO "La resolución emitida dentro de la audiencia intermedia celebrada el veinte de noviembre de dos mil veinte en la causa penal 12/2020, del índice de la Juez responsable, consistente en la permisión de la modificación del hecho contenido en el auto de vinculación a proceso al plasmado en el escrito de acusación realizado por el Fiscal del Ministerio Público, verbalizado en el auto de apertura a juicio." SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. En proveído de quince de diciembre de dos mil veinte (fojas 13 a 18), se registró la demanda bajo el expediente 1095/2020-3, se admitió la demanda de que se trata, se pidió informe con justificación a la autoridad responsable; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le compete y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. SUSPENSIÓN DE LABORES Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS ESPECIALES. El veinte de diciembre de dos mil veinte, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". Lo anterior, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, por lo que determinaron adoptar medidas especiales a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno. En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se dieron a conocer las medidas adoptadas y se precisó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. CUARTO. REANUDACIÓN DEL JUICIO Y EMPLAZAMIENTO DE LOS TERCEROS INTERESADOS. En acuerdo de catorce de enero de dos mil veintiuno, se ordenó la reanudación del trámite del presente juicio y se señaló fecha para audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b) y 26, fracción II, inciso b) y 116, segundo párrafo, de la Ley de Amparo se le reconoció el carácter de terceros interesados a los licenciados Nilda Fabiola López Bolaina y Luis Alberto González Matias, Fiscales del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción dependientes de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, por lo que se ordenó su emplazamiento mediante oficios 1004/2021 y 1005/2021, los cuáles fueron recibidos el diecinueve de enero siguiente. De igual forma, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo se le reconoció el carácter de tercero interesado a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), legalmente representada por el licenciado Guillermo Arturo del Rivero León, por lo que se ordenó su emplazamiento mediante oficio 1007/2021, el cuál fue recibido el veintiséis de enero siguiente. Posteriormente, previo diferimiento, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución en la circunscripción donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: La resolución emitida dentro de la audiencia intermedia celebrada el veinte de noviembre de dos mil veinte en la causa penal 12/2020, del índice de la Juez responsable, consistente en la permisión de la modificación del hecho contenido en el auto de vinculación a proceso al plasmado en el escrito de acusación realizado por el Fiscal del Ministerio Público, verbalizado en el auto de apertura a juicio. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS. La Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, al rendir su informe justificado niega la existencia del acto reclamado sin embargo dicha negativa se desvirtúa con las constancias que anexó a su referido informe consistentes en copia certificada del escrito de acusación presentado por el Fiscal del Ministerio público en la causa penal 12/2020 de su índice (fojas 26 a 60), y una copia del Disco Versátil Digital DVD certificado que contiene la audiencia intermedia celebrada el veinte de noviembre de dos mil veinte relativa a la referida causa penal, el cual obra por cuerda separada. Documentales a las cuáles se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, porque se trata de actuaciones emitidas por autoridades en el ejercicio de su encargo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". De igual forma, sirve de apoyo la tesis VII.P.43 P, del entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la página cuatrocientos ochenta y seis, tomo IV, octubre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ATENDERSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS QUE SE PROPORCIONAN EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS EN RELACIÓN CON LAS CONSTANCIAS QUE COMO JUSTIFICACIÓN DE SU INFORME RINDA LA AUTORIDAD RESPONSABLE". Así también, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 43/2013, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 703, del Libro XXIII, Agosto de 2013 Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del 'expediente electrónico', como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Por ser una cuestión de orden público y, por ende, de análisis preferente se procede a determinar si existen causas que impliquen la improcedencia del juicio de amparo intentado, ya sea que las hagan o no valer las partes, o bien, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, de oficio las advierta quien esto resuelve e impidan abordar el análisis de fondo de la cuestión debatida en esta instancia constitucional. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia con número de registro 210784, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 87, octava época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 80, agosto de 1994, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Para el suscrito Juzgador Federal, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)" Conviene precisar que la interpretación sistemática de la legislación constitucional y secundaria rectora de la procedencia del juicio de amparo contra actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, permite considerar que los actos tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar materialmente alguno de los llamados derechos fundamentales del gobernado, reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como son la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la seguridad jurídica y la propiedad. Por el contrario, los actos de ejecución reparables no tocan tales valores, pues producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en cómo influyan para que el fallo sea adverso a los intereses de la parte quejosa. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Ahora bien, el amparo indirecto procede contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos, de acuerdo con la distinción siguiente: DERECHOS SUSTANTIVOS. Son los llamados derechos fundamentales o derechos humanos del agraviado, los cuales se encuentran reconocidos por la Constitución General de la República y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, a virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio. DERECHOS ADJETIVOS. Son los que tienen las partes dentro del procedimiento de que se trate (contestar la demanda, oponer excepciones, ofrecer pruebas, etcétera), con vista a la obtención de resolución favorable; por lo cual, si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. De lo anterior se desprende que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de actos dictados en juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose como aquellos que necesariamente deben afectar materialmente derechos sustantivos. En relación a lo anterior, es menester precisar que actualmente el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido criterios orientadores a la luz de la Ley de Amparo, para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto contra los actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación. Ciertamente, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10ª.), visible en el Semanario Judicial de la Federación, publicado el seis de junio de dos mil catorce, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013); la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que: Los actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impida en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales. A su vez, el Pleno ha sostenido que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. Por lo tanto, únicamente cuando un acto que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, será susceptible de ser analizado en la instancia constitucional. Afirmar lo contrario, implicaría la posibilidad de que, en cada etapa procesal en cuya determinación sea adversa a los intereses adjetivos de alguna de las partes, sería impugnable por vía del juicio constitucional extraordinario; esto es lo que constituye la razón de ser de la improcedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de violaciones procesales. Bajo ese contexto, se arriba a la conclusión de que el destacado acto reclamado, no es de los considerados por la ley de aquellos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos del quejoso, establecidos en la Constitución Federal (la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, entre otros) por lo que no es un acto que conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, deba ser sujeto de inmediato análisis constitucional. Ahora bien, de conformidad con el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento penal comprende tres etapas: Investigación, que abarca las fases de investigación inicial y la complementaria; Intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio; y, Juicio, que inicia con el auto de apertura y concluye con la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. Por su parte, el numeral 133 del citado código prevé que el juez de control tiene competencia desde el inicio de la etapa de investigación, hasta el dictado del auto de apertura a juicio; y que el tribunal de enjuiciamiento es el que preside la audiencia de juicio y dicta la sentencia. De igual forma, el artículo 334 del Código Nacional en consulta, señala que la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de pruebas, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral; esta etapa se compone de dos fases: una escrita, que inicia con el escrito de acusación y comprende los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia; y la segunda fase, oral, la cual inicia con la celebración de la audiencia intermedia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio. Conforme al numeral 335 del citado código, en esta etapa, el Ministerio Público presentará su acusación, la que el juez de Control ordenará sea notificada a las partes, con el objeto de que se lleve a cabo el descubrimiento probatorio, consistente en la entrega material a la defensa de los registros de la investigación, para estar en condiciones de señalar fecha para la audiencia intermedia prevista en el numeral 341, cuyo desarrollo está normado por el subsecuente precepto 344, el cual señala que al inicio de la audiencia, el Ministerio Público realizará exposición resumida de su acusación, seguida de las exposiciones de la víctima y el acusado; acto continuo, las partes podrán deducir cualquier incidencia relevante y, desahogado lo anterior, el juez autorizará el acuerdo probatorio. En todo caso, el juez de control examinará las pruebas ofrecidas, y determinará la exclusión de aquellas ilícitas, ilegales o impertinentes y antes de finalizar la audiencia, dictará auto de apertura a juicio que, en términos del artículo 347 del código en consulta, deberá indicar: "Artículo 347. Auto de apertura a juicio. Antes de finalizar la audiencia, el Juez de control dictará el auto de apertura de juicio que deberá indicar: El Tribunal de enjuiciamiento competente para celebrar la audiencia de juicio, así como la fecha y hora fijadas para la audiencia; La individualización de los acusados; Las acusaciones que deberán ser objeto del juicio y las correcciones formales que se hubieren realizado en ellas, así como los hechos materia de la acusación; Los acuerdos probatorios a los que hubieren llegado las partes; Los medios de prueba admitidos que deberán ser desahogados en la audiencia de juicio, así como la prueba anticipada; Los medios de pruebas que, en su caso, deban de desahogarse en la audiencia de individualización de las sanciones y de reparación del daño; Las medidas de resguardo de identidad y datos personales que procedan en términos de este Código; Las personas que deban ser citadas a la audiencia de debate, y Las medidas cautelares que hayan sido impuestas al acusado. El Juez de control hará llegar el mismo al Tribunal de enjuiciamiento competente dentro de los cinco días siguientes de haberse dictado y pondrá a su disposición los registros, así como al acusado". También es importante destacar que el artículo 345, en su último párrafo, señala que el juez de control, en el auto de apertura a juicio, indicará los hechos que tendrán por acreditados, a los cuales deberá estarse durante la audiencia del juicio oral. Cabe señalar, que las etapas en cita no son el punto de partida para determinar si un acto es o no de imposible reparación, esto es, no se analiza el acto reclamado atendiendo a la etapa en que fue emitido o si ello implica reponer actuaciones ante diverso órgano jurisdiccional para poder concluir si se van a afectar derechos sustantivos o no; por el contrario, se analiza el acto reclamado y sus consecuencias jurídicas hacía los derechos fundamentales que cuenta el quejoso en cada caso concreto; es decir, la conclusión de que la decisión adoptada en la etapa oral de la etapa intermedia únicamente incide sobre derechos adjetivos, se confirma al considerar que su perjuicio se desvanecería por completo si el acusado obtuviera una sentencia favorable a sus intereses como lo sería una sentencia absolutoria . Por tanto, si el quejoso viera satisfecho su interés material al quedar libre de condena, se tornaría irrelevante la posible variación de los hechos contenidos en el escrito de acusación, y como consecuencia, no habría alguna violación al derecho sustantivo de defensa adecuada o debido proceso. En la especie el acto que se reclama se llevó a cabo en la audiencia intermedia de veinte de noviembre de dos mil veinte, de la cual, en lo que aquí interesa, se advierte lo siguiente: Después de verbalizada la acusación por parte del Fiscal del Ministerio Público, el defensor particular del quejoso hizo valer la incidencia respecto a la variación de los hechos contenidos en la acusación del referido fiscal por considerar que no eran los mismos que los que fueron materia y base de la formulación de la imputación y del auto de vinculación a proceso, atento a que conforme a lo establecido en los artículos 317 y 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el hecho no puede variar a como esté en el auto de vinculación a proceso, por lo que solicitó se mantuviera el hecho por el que se vinculó a proceso evitando la modificación de éste en la acusación. Después de escuchar el debate, la juez determinó que para cuestiones aclaratorias de los hechos se tomaría en cuenta la acusación por escrito presentada por la Fiscalía y que éste retomó en la referida audiencia. De lo reseñado se advierte que el acto reclamado, no es de imposible reparación, pues no le provocan ningún perjuicio al quejoso de manera inmediata, virtud a que es de carácter formal o intraprocesal y no sustantivo que transgreda sus derechos fundamentales. Lo anterior es así, porque al consistir el acto reclamado en la posible permisión de la modificación del hecho de la acusación contenido en el auto de vinculación a proceso realizada por la juez de control en la audiencia intermedia, incide en derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio oral, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva, máxime que el perjuicio se desvanecería por completo si el acusado obtuviera una sentencia absolutoria favorable a sus intereses. Ello porque resulta evidente para este órgano jurisdiccional, que corregir un dato en los hechos materia de la acusación para el efecto del dictado del auto de apertura a juicio, el cual aún no se había dictado en razón de que la audiencia intermedia fue suspendida, es una cuestión meramente formal que en modo alguno afecta algún derecho fundamental tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como son la vida, integridad personal, la libertad o la propiedad. Apoya lo anterior el criterio contenido en la Jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/15 (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 47, octubre de dos mil diecisiete, Tomo IV, página 2265, registro electrónico 2015330, cuyo rubro y texto dicen: "AUDIENCIA INTERMEDIA. LAS PRUEBAS Y LOS ACONTECIMIENTOS MATERIA DE DICHA DILIGENCIA SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO, SIEMPRE QUE TENGAN UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN POR VIOLAR DERECHOS SUSTANTIVOS FUNDAMENTALES Y NO LOS MERAMENTE ADJETIVOS O PROCESALES, AUN CUANDO AFECTEN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA) (MODIFICACIÓN DE LA TESIS XVII.1o.P.A.74 P). Este órgano colegiado determinó modificar el criterio sustentado en la tesis XVII.1o.P.A.74 P, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, mayo de 2011, página 1035, de rubro: "AUDIENCIA INTERMEDIA. LAS PRUEBAS Y LOS ACONTECIMIENTOS MATERIA DE DICHA DILIGENCIA SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO, SIEMPRE Y CUANDO TENGAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).", para ahora establecer que de conformidad con los artículos 299, 311 y 314 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 9 de agosto de 2006, la audiencia intermedia dirigida por el Juez de garantía tiene por objeto el ofrecimiento, la exclusión y la admisión de datos, así como la depuración de los hechos controvertidos; que aquéllos y éstos constituirán las pruebas y los acontecimientos, respectivamente, materia y conocimiento del Tribunal de Juicio Oral, por lo que son impugnables en amparo indirecto, siempre que tengan una ejecución de imposible reparación por violar derechos sustantivos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte y no los meramente adjetivos o procesales, aun cuando afecten a las partes en grado predominante o superior. Lo anterior, toda vez que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizando el nuevo texto del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada en el mencionado medio de difusión oficial del viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, de título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", consideró que contra la resolución que desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso, es improcedente el juicio de amparo indirecto. Asimismo, en lo relativo a la titularidad de un derecho subjetivo y afectación a los derechos previstos por la Constitución y por los tratados internacionales de los que México es Parte, expresó que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte"; que con esta aclaración, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Estimó que esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva; de ahí que este Tribunal Colegiado de Circuito modifique su criterio sustentado en la referida tesis y concluya que las pruebas y los acontecimientos materia de la audiencia intermedia del nuevo sistema de justicia penal en la entidad resultan impugnables en amparo indirecto, únicamente si tienen una ejecución de imposible reparación, por violar derechos sustantivos fundamentales y no los meramente adjetivos o procesales, aun en caso de que afecten a las partes en grado predominante o superior". Es aplicable, al caso la jurisprudencia P./J. 24/92, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de agosto 1992, Octava Época, página 11, que dispone lo siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." De ahí que, el acto reclamado en el presente juicio constitucional no se trata de actos cuyos efectos sean de imposible reparación; al advertirse que la parte quejosa no es afectada en un derecho tutelado por la Constitución o tratados internacionales, en la medida que se refiere a actos intraprocesales; esto es, se trata de cuestiones adjetivas o procesales que no afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Instrumentos Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Así pues, al no darse los supuestos de procedencia para el juicio de amparo indirecto pues, como ya se dijo, el acto reclamado no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa, no es dable considerar que ese acto es de imposible reparación. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación al 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, el último interpretado a contrario sensu; por lo cual, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio conforme al numeral 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal, al encontrarse acreditada la causal de improcedencia invocada. Decretado el sobreseimiento en el juicio de amparo, resulta innecesario abordar el estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa. Lo anterior, tal y como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada bajo el número 509, consultable en la página 335, del tomo VI, parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Séptima Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por otra parte, no ha lugar a plasmar consideración alguna respecto de los alegatos formulados por los fiscales terceros interesados, porque si bien este juzgador debe examinarlos, no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias, debe reflejarse forzosamente en una consideración, máxime cuando ello no incide en el sentido del fallo adoptado. Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, tomo 1, Noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA". QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de quince de diciembre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio promovido por Baltazar Sánchez Fuentes, en términos del considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese.
- Principal
MESA 3 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de catorce de enero de dos mil veintiuno, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), por conducto de su representante legal Guillermo Arturo del Rivero León a través del oficio 1007 de la misma fecha; el cual se considera en vías de notificación. Por tanto, para no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se ordena diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fija como nueva hora y fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL CUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.
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