Baltazar Sánchez Fuentes
Expediente 748/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 8 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 748/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 29/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Baltazar Sánchez Fuentes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
MESA 7.-VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos: la cuenta secretarial, se acuerda: AVISO DESIGNACIÓN NUEVO TITULAR Tomando en consideración el expediente administrativo 4/2022, del índice de este Juzgado, en el que se tuvo por recibido el oficio SEADS/720/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informó que la licenciada Beatriz Rojas Méndez, fue designada como Jueza de este órgano a partir del dieciséis de noviembre del año en curso, en sustitución del Juez Carlos Calderón Espíndola; información que se fijó en lugar visible de este Juzgado.
- Principal
MESA 7 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; por cuanto de la certificación que antecede se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se le NEGÓ el amparo y la protección de la Justicia Federal a Baltazar Sánchez Fuentes; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Décimo Octavo fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Ahora, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Notifíquese.
- Incidental
MESA 7 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Décimo Octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó y concedió la suspensión provisional y la suspensión definitiva, por ende, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse trascurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Notifíquese.
- Principal
MESA 7 VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 748/2020-7, promovido por Baltazar Sánchez Fuentes, por conducto de su defensor particular Cecilio Silvan Olan, contra actos del Juez de Control de la Región Judicial Nueve de Centro, Tabasco, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el siete de mayo de dos mil veinte, por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco con residencia en esta ciudad, Baltazar Sánchez Fuentes, por conducto de su defensor particular Cecilio Silvan Olan solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS 1 a) El auto de vinculación a proceso y todos sus efectos, dictado en la causa penal 12/2020, por el delito de PARTICULARES EN RELACIÓN CON EL SERVICIO PÚBLICO DE FECHA 23 DE MARZO DEL 2020, en cumplimiento a lo resuelto en el toca de apelación interpuesta por el agente del Ministerio Público en contra del auto de vinculación de fecha 23 de enero del presente año, en la causa 12/2020, que se le sigue a mi cliente por el delito de PARTICULARES EN RELACIÓN CON EL SERVICIO PÚBLICO; emitido por el Juez de Control de la Región nueve con sede en el municipio de Centro, Tabasco, en contra del quejoso. 2 "b) LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA "JUSTIFICADA" DECRETADA EL 17 Y SOSTENIDA EL 23 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, misma que en la actualidad mantiene privado de su libertad a mi cliente Baltazar Sánchez Gómez. 3 c) Violación al artículo 19 Constitucional federal de la República al no resolver la situación jurídica del quejoso dentro del plazo constitucional ni tomarle su declaración inicial desde las primeras 48 horas desde que fue puesto a su disposición, manteniendo al quejoso privado de su libertad sujeto a un término constitucional desde el 10 y hasta el 24 de marzo del presente año en la que se resolvió su situación jurídica. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, con sede en esta ciudad. 2 Director del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. EL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TABASCO, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD SE DECLARA INCOMPETENTE Y REMITE LOS AUTOS A ESTE JUZGADO. Por auto de siete de mayo de dos mil veinte (fojas 34 a 40), el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco registró el expediente bajo el número 548/2020-IV; admitió la demanda en sus términos y, el tres de agosto del presente año, se declaró incompetente y remitió los autos a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco (fojas 113 a 120). TERCERO. ESTE JUZGADO TERCERO DE DISTRITO ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA Y ADMITE DEMANDA. El treinta y uno de agosto de dos mil veinte, este Juzgado Tercero de Distrito, recibió el oficio 1377- IV, signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco, al que acompañó el original del juicio de amparo 548/2020-IV de su índice; y, el uno de septiembre de dos mil veinte, este juzgado aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del asunto, admitió la demanda de amparo, sin necesidad de requerir a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 134 a 138). CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 741, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917- septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD".2 1 Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado; 2 Esta tesis y las subsecuentes que se citen en el presente fallo, que se hayan formulado antes de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se aplican con base en el artículo Sexto transitorio del Decreto de creación de ésta, mismo que prevé?????????? Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa señaló sustancialmente como actos reclamados: ? El auto de vinculación a proceso de veinticuatro de marzo de dos mil veinte, dictado en la causa penal 12/2020, que se instruye al aquí quejoso. ? La medida cautelar de prisión preventiva justificada de diecinueve de marzo y sostenida el veinticuatro de marzo de dos mil veinte. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, (foja 46 a 50), y Director del Centro de Reinserción Social de Tabasco (fojas 52 y 53), ambos con residencia en esta ciudad, al rendir su que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga al nuevo ordenamiento jurídico. RAUL GAMBOA BARRADAS respectivo informe justificado, aceptaron la existencia de los actos reclamados. Para corroborar su dicho la primera de las responsables acompañó a su informe justificado un disco extraíble versátil digital DVD, que contiene las audiencias de diecinueve y veinticuatro de marzo del presente año, celebradas en la causa penal 12/2020. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, porque se trata de actuaciones emitidas por autoridades en el ejercicio de su encargo, sin que además haya sido objetada su autenticidad. Es ilustrativo al caso, por las razones que lo informan, el criterio sustentando por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en la tesis número XX. 303 K, visible en la página 227, Tomo XV, enero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y tenor siguiente: "DOCUMENTO PÚBLICO, QUE DEBE ENTENDERSE POR. Se entiende por documento público, el testimonio expedido por funcionario público, en ejercicio de sus funciones, el cual tiene valor probatorio y hace prueba plena, ya que hace fe respecto del acto contenido en él". Con relación a la justipreciación de las videograbaciones indicadas, es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte d????????????? Justicia de la Nación del rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL."3 CUARTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. 1. Denuncia de trece de febrero de dos mil diecinueve, presentada por el licenciado Guillermo Arturo del Rivero León, en su carácter de representante del Erario Público del Estado de Tabasco y/o Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), por disposición indebida de recursos públicos. 2. En audiencia inicial de diecinueve de enero de dos mil veinte, el Fiscal del Ministerio Público formuló imputación en contra de Baltazar Sánchez Fuentes, por el hecho que la ley señala como el delito cometido por particulares en relación con servidores Público, en 3 Décima Época. Registro: 2004362. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1. Materia(s): Común. Página: 703. agravio del Erario Público del Estado de Tabasco y/o Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), representado por el licenciado Guillermo Arturo del Rivero León, en la carpeta administrativa 12/2020. 3. El veintitrés de enero de dos mil veinte, se llevó a cabo la continuación de la audiencia inicial, y en la cual la Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, con residencia en esta ciudad, vinculó a proceso al aquí quejoso Baltazar Sánchez Fuentes. 4. Escrito fechado y presentado el veintiocho de enero de dos mil veinte, signado por la licenciada Nilda Fabiola López Bolaina, Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por medio del cual interpone recurso de apelación en contra del auto de vinculación a proceso de veintitrés de enero de dos mil veinte (fojas 3 a 11 del toca penal 16/2020-U-C.) 5. Resolución de diez de marzo de dos mil veinte, dictada por la Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes y Oralidad para Adultos, en la que se resuelve el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Nilda Fabiola López Bolaina, Fiscal del Ministerio Público, en contra del auto de vinculación a proceso dictado en audiencia de veintitrés de enero de dos mil veinte, en la causa penal 12/2020, por la Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, con residencia en esta ciudad: "[.]?????????? PRIMERO: Resultó fundado con trascendencia al resultado del fallo el agravio de la Fiscalía, habiendo necesidad de suplir la deficiencia a favor del imputado al advertirse violación a sus derechos fundamentales. SEGUNDO. En consecuencia, lo procedente es declarar NULO el auto de vinculación a proceso dictado el veintitrés de enero de dos mil veinte así como las diligencias directamente derivadas del mismo, pronunciado por la licenciada Ana Gabriela Hernández Villegas Juez de Control de la Región Judicial Nueve, con sede en Centro, Tabasco, en la causa penal 12/2020, que se le sigue a Baltazar Sánchez Fuentes, por la probable comisión del delito de cometido por particulares en relaciona a servidores públicos, previsto y sancionado por el artículo 249, en relación al 187, fracción IV del Código Penal del Estado de Tabasco, que se dice cometido en agravio del Erario Público del Estado de Tabasco o de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesquero (SEDAFOP), representados por el licenciado Guillermo Arturo del Rivero León. Y, atento a lo establecido por los artículos 97, 99 y 101 fracción II de la Ley Procesal en cita, se ordena la REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO desde la audiencia inicial, quedando subsistente la medida cautelar de prisión preventiva decretada al imputado, para los efectos de que la licenciada Ana Gabriela Hernández Villegas Jueza de Control de la Región Judicial Nueve con sede en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, lleve a cabo la secuela procesal en su integridad, respetando el orden establecido de los actos que la conforman (formulación de imputación y vinculación a proceso) y resuelva la situación jurídica del imputado con libertad de criterio. Ahora, en caso de existir imposibilidad por la juzgadora de mérito, para dar cumplimiento a lo anterior, la lleve a cabo una jueza o juez distinto con la condición que la misma o el mismo deberá iniciarla y concluirla íntegramente en sus fases, para respetar así el principio de inmediación. [.]" 5. Audiencia inicial de diecinueve de marzo de dos mil veinte, el Fiscal del Ministerio Público, formuló imputación en contra de Baltazar Sánchez Fuentes, por el hecho que la ley señala como el delito cometido por particulares en relación con servidores Público, en agravio del Erario Público del Estado de Tabasco y/o Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), representado por el licenciado Guillermo Arturo del Rivero León, en la carpeta administrativa 12/2020. 6. Audiencia de veinticuatro de marzo de dos mil veinte, en la que la Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, con residencia en esta ciudad, vinculó a proceso al aquí quejoso Baltazar Sánchez Fuentes, en la causa penal 12/2020, por su probable participación en la comisión del delito de cometido por particulares en relaciona a servidores públicos, previsto y sancionado por el artículo 249, en relación al 187, fracción IV del Código Penal del Estado de Tabasco, que se dice cometido en agravio del Erario Público del Estado de Tabasco y/o de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesquero (SEDAFOP), representados por el licenciado Guillermo Arturo del Rivero León. Siendo este último el que constituye el acto reclamado. QUINTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes; y de conformidad??????????? con lo dispuesto por el artículo 624 de la ley de la materia tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. SEXTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN DE ESTE JUZGADOR FEDERAL RESPECTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en su escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en interés del principio de economía procesal, aunado que la omisión de su trascripción no impide al suscrito cumplir con los principios de exhaustividad y congruencia analizándose para tal efecto, los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, tomo XXXI, mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Para una mejor comprensión, resulta necesario para este juzgador hacer una síntesis de los conceptos de violación hechos valer por el defensor particular del quejoso, los cuales se plasman a continuación: 4 Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. 1). Refiere que se violenta en su perjuicio el artículo 17 Constitucional y 25 de la Convención de Derechos Humanos. Que la juez de control responsable se concretó a dictar en su contra el auto de vinculación a proceso, en el que, de acuerdo a los datos proporcionados por el fiscal del Ministerio Público, determinó la existencia de un hecho que la ley señala como delito, así como su participación en el mismo. Por lo que, no debió al fiscal dada la deficiencia del fiscal, pues éste se limitó a realizar un enlistado de las pruebas sin referir si quiera que pretendía probar con ellas y con cuáles de ellos se acreditaba el hecho calificado por la ley como delito ni mucho menos dijo con qué datos sustentó la participación, lo cual además fue evidenciado por la defensa particular al momento de oponerse a la vinculación peticionada. 2) Que la juzgadora no debió dictar auto de vinculación a proceso por no reunirse los requisitos del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor (que no se cumple con uno de los requisitos), que no existen indicios razonables que así permitan suponerlo. Que la Juez de Control omitió abordar el análisis respecto a la extinción del adeudo por préstamo otorgado a la UGRT5 por la SEDAFOP6, mediante acuerdo ACU/UAJyAI/243/2013 de diez de agosto de 5 Unión Ganadera Regional del Estado de Tabasco 6 Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero del Estado de Tabasco?????? dos mil trece, el cual fue objeto del último adeudum de diez de julio de dos mil dieciocho, en el que se condonó la deuda y por tanto se extinguió la obligación de pago, siendo la misma secretaría que otorgó el apoyo la que suscribió la condonación. Que el préstamo otorgado a la Unión Ganadera Regional de Tabasco, y que después fuera condonado, no fue otorgado al quejoso Baltazar Sánchez Fuentes, sino a una persona jurídica colectiva con personalidad y responsabilidad jurídica a la de sus miembros, pues el hecho de ser miembro de una sociedad, no lo hace responsable penalmente del adeudo contraído. Que la Juez vulnera en perjuicio de su cliente el derecho humano previsto en el artículo 17 Constitucional, porque se sustituye en juzgadora civil, dando una instancia penal al cobro de un crédito civil, tal y como se debatió en audiencia de vinculación en su fase de continuación en donde la defensa argumentó que si bien la Unión Ganadera Regional de Tabasco recibió del Gobierno del Estado de Tabasco por conducto de la SEDAFOP7 un préstamo por la cantidad de treinta millones de pesos, y que ésta en primer término se obligó a devolverlos en un plazo de cien días contados desde la firma del documento en el que además acorde a la cláusula décima quinta, 7 Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero. ambas partes se sometieron a las disposiciones del código civil vigente en el estado de Tabasco. Que el propio denunciante promovió medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil ante el juzgado cuarto civil en el expediente 134/2019, lo cual dejó de manifiesto cuando en el pliego de posiciones al formular la pregunta diez en el que pidió a su cliente que confesara como verdad que el préstamo otorgado al Consejo Directivo de la Unión Ganadera Regional de Tabasco, por el Gobierno del Estado de Tabasco. Además de los medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil promovido por la ofendida Secretaría de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesquero, en contra del aquí quejoso Baltazar Sánchez Fuentes, también se tramita el juicio ejecutivo mercantil 605/2019, del índice del Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial de Centro, Tabasco, en el que por auto de uno de octubre de dos mil diecinueve, se ordenó requerirlo de pago, embargar bienes de su propiedad y emplazarlo a juicio, diligencias que se realizaron el veintidós de octubre de dos mil diecinueve, en donde al no haber realizado el pago se le embargaron cinco propiedades con lo que se garantizó el adeudo; por lo que, insiste que el préstamo otorgado inicialmente no es un asunto de orden penal sino de orden civil, por lo que no tiene razón la juzgadora responsable al momento de emitir un auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso.???????????? 3) Que no se acreditó que el quejoso haya dispuesto del préstamo de $30,000,000 (treinta millones de pesos 00/100 moneda nacional), ya que ello corresponde al Tesorero de la Unión Ganadera Regional de Tabasco, y que solo se obligó civilmente con un pagaré, en caso de que dicha Unión Ganadera no cumpliera con su obligación de pago. Que la firma del convenio fue anterior a la recepción y disposición de los recursos, y por ende no existe un nexo causal entre la conducta y el resultado. Que lo considera autor de una conducta de acción dolosa pero al analizar su participación le atribuye una violación a un deber de cuidado, por lo que no estaría ante una conducta de acción dolosa, sino de una conducta de omisión culposa. 4) Que una vez que la Unión Ganadera Regional de Tabasco, tenía el dinero el recurso ya no era público sino privado. 5) Que el acto reclamado carece de fundamentación y motivación. Que no se acreditó la calidad de sujeto activo, al no señalar cual ley lo obliga a custodiar el recurso público. Que elemento "obligado legalmente" es un tipo en blanco. 6) Que la juez de Control no debió considerar circunstancias ajenas a la imputación, tales como el pago de pensiones alimenticias, pago de tiempo aire, pues esas cuestiones no fueron materia de la imputación. 7) Que la juez dejó de resolver cuestiones que la defensa hizo valer con la finalidad de evidenciar que no existen los requisitos de la ley para que se dictara un auto de vinculación. 8) Que la juez vulneró en perjuicio del quejoso, los derechos humanos que prevén los artículos 14 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al momento de imponer la medida cautelar de prisión preventiva, primero en la audiencia inicial en la que se realizó la imputación y posteriormente en la continuación de la audiencia inicial en su fase de vinculación a proceso. Al haber anulado el Tribunal de alzada el auto de vinculación, también debió haber anulado la medida cautelar, por lo que debió haber obtenido su libertad. 9) Que el auto de término debió dictarlo la juez responsable a más tardar a las cinco de la tarde del dieciséis de marzo del presente año. 10) Que la autoridad ejecutora encargada de vigilar el cumplimiento de la medida cautelar vulnera su derecho humano a decretar su libertad en los??????????? términos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Conceptos de violación que devienen por una parte inoperantes y por otra infundados por lo siguiente: En primer lugar, debe decirse que el auto de vinculación a proceso se encuentra regulado en el artículo 19 de la Constitución Federal, que revela no sólo la modificación en la denominación del auto de formal prisión, ahora llamado auto de vinculación a proceso, sino un cambio estructural en el estándar probatorio para su dictado. Por lo que de la interpretación del primer párrafo del artículo 19, en relación con los diversos 16, tercer párrafo y 20, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de las reformas de dieciocho de junio de dos mil ocho, es dable considerar que el Constituyente reformador, entre otras cuestiones, determinó la no formalización, en principio, de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal. Lo anterior salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. RAUL GAMBOA BARRADAS luego, bajo las reglas del sistema procesal penal acusatorio, al resolver la vinculación o no del imputado a proceso, el estudio de los datos en que se sustente la imputación y la razonabilidad de los argumentos expuestos por el Ministerio Público y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o de su defensa, son los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de garantía a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio (publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación [artículo 20 constitucional]). Así, partiendo de la base de que en la etapa de investigación, dentro del sistema penal acusatorio, sólo se requiere que el Ministerio Público aporte datos; es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Es así que en la etapa de investigación tales datos no constituyen prueba fehaciente, pues conforme a lo dispuesto por la fracción III, del inciso A, del artículo 20 constitucional (reformado), para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como?????????????? prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. Situación diversa a la que acontece en el sistema mixto o predominantemente inquisitorio, puesto que en la investigación realizada por el Ministerio Público en la etapa de averiguación previa, se exigen elementos de convicción que sean suficientes para que, desde esa etapa procesal, se acredite el cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal del inculpado, razón por la cual tales medios de prueba, de reunir todos los requisitos legales, desde ese momento tendrán valor demostrativo de los hechos que se pretenden acreditar; esto es, en este sistema se actualiza el principio de permanencia de la prueba, pues el valor probatorio que se adquiere en esta etapa, perdura por todo el proceso. En ese orden de ideas, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, dentro del sistema penal acusatorio, el Juez de Control debe analizar y resolver, únicamente sobre la base de los datos de investigación que en la audiencia de vinculación a proceso haga referencia el Ministerio Público, o bien, con los que se desahoguen en esa audiencia. Para explicar tal calificación, deben establecerse las exigencias constitucionales y legales para el dictado de un auto de vinculación a proceso. RAUL GAMBOA BARRADAS Conviene destacar que el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se le impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Luego, el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprenden datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá????????? otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." Aunado a lo anterior, debe agregarse que como todo acto de autoridad, además de ajustarse a las premisas legales anteriores, debe cumplir con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." De tales preceptos se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso deben cumplirse tanto requisitos de forma como de fondo. A. REQUISITOS FORMALES: 1. Debe ser emitido por escrito y por autoridad judicial competente. 2. Debe dictarse dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el indiciado sea puesto a disposición de la autoridad judicial; plazo que se puede duplicar a petición del imputado o su defensor. 3. Que se haya formulado imputación. 4. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador. 5. Únicamente debe dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. 6. Debe expresar el hecho delictuoso que se imputa; las circunstancias de lugar, tiempo y ejecución del mismo. B. REQUISITOS DE FONDO: 1. Que, de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho.????????? 2. Que ese hecho la ley lo señale como delito; 3. Así como, la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Las anteriores consideraciones tienen apoyo, en la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 87/2016, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, agosto de 2017, Tomo I, Materia Penal, página 360, registro 2014800, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí - como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Establecido lo anterior, procede examinar si el auto de vinculación a proceso de veinticuatro de marzo de dos mil veinte, dictado por la Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, con residencia en?????????? esta ciudad, en la causa penal 12/2020, en contra de Baltazar Sánchez Fuentes, por su probable participación en la comisión del delito cometido por particulares en relación con servidores públicos, previsto y sancionado en los artículos 249 en relación al 187 fracción IV del Código Penal del Estado de Tabasco, cometido en agravio del Erario Público del Estado de Tabasco y/o Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP) representado por el licenciado Guillermo Arturo del Rivero León. En primer orden, es de indicar que el acto reclamado se emitió cumpliendo con las formalidades esenciales requeridas para ello; lo que es así porque, en cuanto a los: A. Requisitos formales. 1. Debe ser emitido por escrito y por autoridad judicial competente. Lo que se encuentra previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contiene los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídicas, por virtud de los cuales ninguna persona puede ser molestada en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sin que medie mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. preventiva el derecho fundamental de la libertad personal del imputado al constreñirlo a continuar un proceso, el auto de vinculación reclamado dictado por el Juez responsable, constituye un acto de molestia que además de cumplir los requisitos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe satisfacer las exigencias de constar por escrito, proceder de una autoridad judicial competente, y encontrarse debidamente fundado y motivado. Lo que se sustenta, además, en lo previsto en el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que, si bien se prevé que los autos y las sentencias del órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente, no menos cierto es que también dispone que deberán constar por escrito, después de su emisión oral, entre otras determinaciones, la de vinculación a proceso. De ese modo, se destaca que dentro de las constancias remitidas por la autoridad judicial responsable, se advierte la copia certificada de la resolución reclamada, en la cual la autoridad responsable dictó en contra del aquí quejoso auto de vinculación a proceso por su probable participación en la comisión del hecho denominado por la ley como delito cometido por particulares en relación con servidores públicos, previsto y sancionado en los artículos 249 en relación al 187 fracción IV del Código Penal del Estado de Tabasco. 2. Debe dictarse dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el indiciado sea puesto a disposición de la autoridad judicial; plazo????????????? que se puede duplicar únicamente a petición del indiciado o su defensor. Tal requisito se desprende del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder de setenta y dos horas, salvo que el indiciado solicite que el plazo se prorrogue, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso. Luego, este requisito se encuentra satisfecho, toda vez que el impetrante fue presentado ante el juez responsable, el diecinueve de marzo de dos mil veinte, para resolver su situación jurídica y la audiencia de vinculación a proceso se llevó a cabo el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, tomando en consideración que previa consulta con su abogado, el imputado solicitó que se resolviera su situación jurídica dentro de las 144 horas. 3. Que se haya formulado imputación. Conforme lo dispuesto en el artículo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la formulación de la imputación es la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del Juez de Control, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito. Por tanto, de la reproducción del audio video respectivo, se desprende que al quejoso se le formuló imputación en la audiencia de diecinueve de marzo de dos mil veinte, en la que, en uso de la palabra el Fiscal del Ministerio Público Nilda Fabiola López Bolaina formuló imputación en contra del hoy quejoso Baltazar Sánchez Fuentes, por su probable intervención en los hechos determinados por la ley como delito de cometido por particulares en relación con servidores públicos, previsto y sancionado en los artículos 249 en relación al 187 fracción IV del Código Penal del Estado de Tabasco, cometido en agravio del Erario Público del Estado de Tabasco y/o Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP) representado por el licenciado Guillermo Arturo del Rivero León. 4. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar. En relación con ello, el arábigo 312 del citado Código Nacional dispone que, formulada la imputación, el Juez de Control le preguntará al imputado si la entiende y si es su deseo contestar al cargo, y en caso de que manifieste su deseo de declarar, su declaración se rendirá conforme a lo dispuesto en el propio Código. Lo que fue observado según se aprecia de la reproducción del audio video relativo a la audiencia de diecinueve de marzo de dos mil veinte, específicamente a las 13:00:10 horas de esa fecha, quien después de consultar con su abogado decidió guardar silencio (no declarar).??????????? 5. Únicamente debe dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. El requisito de mérito se encuentra satisfecho por virtud de que la Juez responsable, al dictar el auto de vinculación a proceso reclamado, lo hizo sólo tomando en consideración los hechos expuestos por la fiscal del Ministerio Público al momento de formular imputación, sin variarlos. 6. Debe expresar el hecho delictuoso que se imputa; las circunstancias de lugar, tiempo y ejecución del mismo. En la resolución reclamada, a través de la cual se decretó auto de vinculación a proceso en contra del ahora quejoso, se especificó que el diez de agosto de dos mil trece, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, se celebró un acuerdo entre el licenciado Pedro Jiménez León en su calidad de secretario de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP) y por otro lado la Unión Ganadera Regional de Tabasco, representada por el señor Baltazar Sánchez Fuentes en su calidad de secretario y otras dos personas en su calidad de tesorero y presidente de la misma; en donde estos últimos solicitaron $30,000,000.00 (treinta millones de pesos 00/100 moneda nacional) para incentivar la cadena productiva, procesamiento y comercialización de la carne bovino en grupo al sector ganadero del estado. Cantidad que no fue utilizada para los fines establecidos de acuerdo con la obligación que se tenía, y que tampoco logró devolver hasta el primero de agosto de dos mil dieciocho. Lo que llevó a la Juez responsable a emitir la resolución de veinticuatro de marzo de dos mil veinte, en la que vinculó a proceso a Baltazar Sánchez Fuentes, por el delito de cometido por particulares en relación con servidores públicos, previsto y sancionado en los artículos 249 en relación al 187 fracción IV del Código Penal del Estado de Tabasco. Por tanto, se colige que se cumple con el requisito que nos ocupa. B. Requisitos de fondo. En este fallo únicamente se procederá a analizar si en el dictado del auto de vinculación a proceso, se encuentran colmados los requisitos de fondo, consistentes en: 1. Que, de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho. RAUL GAMBOA BARRADAS?????????????? 2. Que ese hecho la ley lo señale como delito; 3. Así como, la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En esa tesitura, resulta necesario examinar si los datos de prueba valorados por la juez responsable, fueron idóneos, pertinentes y suficientes para establecer la existencia de la posible participación en el hecho que la ley señala como delictuoso, imputado al impetrante del juicio; datos de prueba que el Ministerio Público citó al momento de formular imputación contra el quejoso. 1. En ese orden de ideas, del análisis del auto de vinculación tildado de inconstitucional se advierte que acertadamente, la Juez de control estableció que los datos de prueba reseñados por la fiscal, son suficientes para tener por demostrado el delito cometido por particulares en relación con servidores públicos, previsto y sancionado en los artículos 249 en relación al 187 fracción IV del Código Penal del Estado de Tabasco, tomando en consideración al valorar los datos verbalizados por la fiscalía, en forma libre y bajo la máxima de la experiencia de conformidad con lo establecido en los artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, concluyó que existen datos suficientes para tener por acreditado el hecho con carácter de delito que exige el artículo 316 del Código Nacional multicitado, así como el 19 constitucional, y que se hace consistir en que en el hecho que la ley señala como delito cometido por particulares en relación con servidores públicos, previsto y sancionado en los artículos 249 en relación al 187 fracción IV del Código Penal del Estado de Tabasco. Puesto que, el hecho se hizo consistir en que el diez de agosto de dos mil trece, el aquí quejoso Baltazar Sánchez Fuentes en su calidad de secretario de la Unión Ganadera Regional de Tabasco, y otras dos personas en calidad de presidente y tesorero, celebraron un acuerdo con el licenciado Pedro Jiménez León en su calidad de secretario de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP); en donde estos últimos solicitaron $30,000,000.00 (treinta millones de pesos 00/100 moneda nacional). Que en dicho acuerdo se estableció que la cantidad solicitada sería para el apoyo a la agroindustria de la carne, esto es, a incentivar la cadena productiva, procesamiento y comercialización de la carne bovino en grupo al sector ganadero del estado de Tabasco, en donde el aquí quejoso junto con otras dos personas se comprometieron a devolver la cantidad solicitada en un plazo de cien días, contados a partir del día siguiente a que se realizara el deposito en la cuenta de la Unión Ganadera Regional del Estado de Tabasco. Que los integrantes de la Unión Ganadera Regional, suscribieron como personas físicas (uno de ellos Baltazar Sánchez Fuentes), comprometiéndose a responder por la cantidad descrita en caso de????????????? incumplimiento de la Unión Ganadera, y así mismo la Unión Ganadera Regional se obligó a pagar en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesquero, sin necesidad de requerimiento la cantidad de $30,000,000.00 (treinta millones de pesos 00/100 moneda nacional); sin embargo, no justificó las transferencias realizadas en torno al proyecto que tenía encomendado, esto es, contribuir al impulso y fortalecimiento de los mecanismos de cadena productiva, procesamiento y comercialización de carne de bovino en apoyo al sector ganadero del estado de Tabasco. Sin embargo, dicha cantidad fue requerida desde el veinte de noviembre de dos mil trece hasta el dos de febrero de dos mil dieciséis, y el cual tenía como fecha de vencimiento para ser entregada el uno de agosto de dos mil dieciocho, por lo que se advierte que Baltazar Sánchez Fuentes aplicó recursos públicos estatales de manera distinta a los que tenía destinados. Ya que, el aquí quejoso utilizó el dinero para realizar pagos a la Comercializadora Unión, Unión de Crédito Ganadero, Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco, a la Tesorería de la Federación, al Instituto Mexicano del Seguro Social, a la Comisión Federal de Electricidad, así como a diversas personas físicas. Lo anterior en razón de que obran, los siguientes datos de prueba verbalizados por la fiscalía: ?Que los integrantes de la Unión Ganadera Regional de Tabasco suscribieron el acuerdo como personas físicas, comprometiéndose a responder por la cantidad descrita $30,000,000.00 (treinta millones de pesos 00/100 moneda nacional), en la cláusula primera en caso de incumplimiento de la Unión Ganadera, así mismo en la cláusula sexta la Unión Ganadera se obligó a pagar en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), sin necesidad de requerimiento la cantidad de $30,000,000.00 (treinta millones de pesos 00/100 moneda nacional), al término de cien días contados a partir del día siguiente en que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP) hubiera realizado aquel deposito a la cuenta de la Unión Ganadera Regional de Tabasco, representada por el señor Baltazar Sánchez Fuentes. ? La Unión Ganadera Regional de Tabasco, se obligó a invertir la totalidad del recurso otorgado para el fortalecimiento de los mecanismos??????????? de la cadena productiva, procesamiento y comercialización de carne bovino, así como la comercialización de los recursos. ?Que el doce de agosto de dos mil trece, fue depositada la cantidad de $30,000,000.00 (treinta millones de pesos 00/100 moneda nacional), a la cuenta 01 01 79 82 94 de la Institución Bancomer, perteneciente a la Unión Ganadera Regional de Tabasco. ?Que ese mismo doce de agosto de dos mil trece, se realizaron por parte de la Unión Ganadera Regional de Tabasco, diversas transferencias de $5,000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 moneda nacional), 14,000,000.00 (catorce millones de pesos 00/100 moneda nacional), y 7,000,000.00 (siete millones de pesos 00/100 moneda nacional), lo que sumaba un total de $26,000,000.00 (veintiséis millones de pesos 00/100 moneda nacional) a la cuenta 01 59 66 42 70 de la Institución Bancomer, y que pertenece a Comercializadora Unión sociedad anónima de capital variable. ? De igual forma se hicieron diversas disposiciones de $2,979,463.17 (dos millones novecientos setenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y tres pesos 17/100 moneda nacional), a favor de Cooperativa de Consumo Ganadero SCL; asimismo la cantidad de $509,653.49 (quinientos nueve mil seiscientos cincuenta y tres pesos 49/100 moneda nacional) a la cuenta 045 204 342 de la moral Bancomer sociedad anónima de capital variable, por concepto de pago de capital e intereses de crédito con dicha institución. ? La transferencia de $130,000.00 (ciento treinta mil pesos 00/100 moneda nacional) a la cuenta 048 179 2504 a nombre de Agustín de la Cruz Priego; $90,000 (noventa mil pesos 00/100 moneda nacional) a la cuenta 01 04 98 04 17 de la Institución Bancomer, a nombre de la empresa Alimentos Balanceados Unión sociedad anónima de capital variable; $54,057.00 (cincuenta y cuatro mil cincuenta y siete pesos 00/100 moneda nacional) a la cuenta?????????????? con clave CEIE 2 67 25 05 de la Institución Bancomer, a nombre de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, para efectos de pagar el Registro Público de la Propiedad del crédito hipotecario por $10,000,000 (diez millones de pesos 00/100 moneda nacional); $55,000 (cincuenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) como traspaso a la cuenta bancaria 09001 9340 5990 de la Institución Bancomer a nombre de Frigorífico y Empacadora de Tabasco, sociedad anónima de capital variable. ? Así también, los depósitos de $50,000 (cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional) a favor de la cuenta 01 93 40 59 90; un pago por $50,000 (cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional) a la cuenta bancaria 01 48 86 15 44 de la Institución Bancomer, a nombre de Agustín Ramos y Ramón Suárez Torres. ? El pago de $630.00 (seiscientos treinta pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de pago de cobranza de recuperación; dos cantidades emitidas por cheques, esto es: $7,500 (siete mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), $19,002.01 ( diecinueve mil dos pesos 01/100 moneda nacional), a favor de un beneficiario a la cuenta 070 523 88; un cheque por la cantidad de $14,530.53 (catorce mil quinientos treinta pesos 53/100 moneda nacional) a favor de Alonso Fragoso Moreno, por concepto de abono a la cuenta de liquidación; una transferencia Spei con número 044 7900 8806 2498 841 de la Institución Bancaria Scotiabank con descripción de honorarios junio o julio de dos mil trece, por $32,000 (treinta y dos mil pesos 00/100 moneda nacional) a nombre de José Alonso Doberning Gago. ? Estados de cuenta aportados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como pericial contable sustentada por la perito contadora pública Ruiz Macossay, en donde se advierte que fueron realizados diversos pagos por la cantidad de $4,335,372.84 (cuatro millones trescientos treinta y cinco mil trescientos setenta y dos pesos 84/100 moneda nacional), por??????????? diversos conceptos como pagos a la Unión de Crédito Ganadero por diferentes montos de los cuales a la sumatoria si se advertía dicha cantidad; pagos a la Secretaría de Planeación y Finanzas, a la Tesorería de la Federación; al Instituto Mexicano del Seguro Social; a la Comisión Federal de Electricidad, José Alonso Doberning Gago, Leandro Hernández Martínez; una nómina semanal a nombre de Cindy Carolina Ruiz Priego; así como a Claudia Patricia Salvador Alor. 2. Que ese hecho la ley lo señale como delito. Lo anterior, se encuentra acreditado el delito cometido por particulares en relación con servidores Público, en agravio del Erario Público del Estado de Tabasco y/o Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), representado por el licenciado Guillermo Arturo del Rivero León, en la carpeta administrativa 12/2020; en términos del artículo 249 con relación al artículo 187 fracción IV, del Código Penal vigente en el Estado de Tabasco, mismos que se transcriben a continuación: "Artículo 249. Se estará a los términos del artículo 187 cuando el particular obligado legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos públicos estatales, los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos o les dé una aplicación distinta a la que se les destinó." "Artículo 187. Al poseedor derivado de una cosa mueble ajena, que con perjuicio de alguien disponga de ella para sí o para otro, se le aplicarán: "(.) IV. Prisión de cuatro años seis meses a once años y multa de cuatrocientos cincuenta a seiscientos cincuenta días multa, si el monto de la disposición excede de setecientos cincuenta veces el salario mínimo." Esto es así, porque el propio artículo 249 señala que se estará a los términos del artículo 187, cuando el particular obligado legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos públicos estatales, los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos o les dé una aplicación distinta a la que se les destinó, como lo es en el presente caso, en donde Baltazar Sánchez Fuentes firmó un acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP) con la finalidad de contribuir al impulso y fortalecimiento de los mecanismos de cadena productiva procesamiento y comercialización de carne bovino en apoyo al sector ganadero del estado y de la región, por lo que le fueron proporcionados $30,000,000.00 (treinta millones de pesos 00/100 moneda nacional) a la Unión Ganadera Regional del Estado de Tabasco, de donde Baltazar Sánchez Fuentes tenía en ese entonces el carácter de secretario de la Unión Ganadera y que de igual forma se obligaba a pagar esa cantidad de $30,000,000.00 (treinta millones de pesos 00/100??????????? moneda nacional) al término de cien días contados a partir del día siguiente en que la Secretaría hubiera realizado el depósito a la cuenta oficial de la Unión Ganadera Regional de Tabasco; este acuerdo también fue suscrito por el señor Baltazar Sánchez Fuentes, también a título particular. Sin embargo, de los documentos aportados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como por la pericial emitida por la Contadora Pública Ruiz Macossay, se desprende que los recursos que obraban en la cuenta bancaria 01 01 79 82 94 de la Institución Financiera Bancomer sociedad anónima de capital variable, a nombre de la Unión Ganadera Regional del Estado de Tabasco, para impulsar el desarrollo del medio rural en el estado de Tabasco, para sostener el proyecto de apoyo para la industria de la carne, otorgados por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, fueron destinados para fines distintos a los ya establecidos. Pues desde el doce de agosto de dos mil trece que se realizó la transferencia hasta el veintiséis de ese mismo mes y año, salieron de las arcas de la cuenta de la Unión Ganadera Regional del Estado de Tabasco, diversas cantidades para hacer diversos gastos y pagos a créditos personales, hipotecarios, pagos de cuotas, pagos de préstamo de crédito, honorarios de nómina de pensiones alimenticias de préstamos de finiquitos laborales.En ese tenor, la juez advirtió el hecho con apariencia de delito que se tiene por justificado, hasta esa etapa procedimental, porque existen datos suficientes para tener por acreditado dicho hecho en términos que la fiscalía ha precisado, es decir, la calificación jurídica que establece el artículo 249 del Código Penal en vigor en el estado, que es delitos cometidos por particulares en relación con servidores públicos. Con todo esto, como ya se dijo tiene existencia el hecho que la ley señala como delito en términos que la fiscalía ha precisado y que exige el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 3. Así como, la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Ahora bien, en cuanto al tema de la probabilidad de que Baltazar Sánchez Fuentes haya participado en estos hechos, correctamente consideró la Juez responsable que hay datos suficientes hasta ese momento para tener por acreditado así el delito que se le imputa de delitos cometidos por particulares en relación con servidores públicos, puesto que el doce de agosto de dos mil trece, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), depositó la cantidad de $30,000,000.00 (treinta millones de pesos 00/100 moneda nacional), a la cuenta de la Unión Ganadera Regional del Estado de Tabasco, representada por Baltazar Sánchez Fuentes, en su carácter de secretario, con la finalidad de incentivar la cadena productiva, procesamiento y comercialización de la carne bovino.????????????? Que dicha cantidad debía de pagarse dentro de los cien días contados a partir de que fuera depositada la cantidad de $30,000,000 (treinta millones de pesos 00/100 moneda nacional), no obstante la cantidad referida se utilizó para fines distintos y tampoco se devolvió, pues el adeudo fue suscrito desde el veinte de noviembre de dos mil trece hasta el dos de febrero de dos mil dieciséis, y que de acuerdo a lo verbalizado por la Fiscal del Ministerio Público, que de acuerdo a las prórrogas solicitadas tenía el quejoso hasta el uno de agosto de dos mil dieciocho para cubrir dicho pago, el cual no realizó. Por lo que hace a su forma de participación es dolosa, pues el aquí quejoso tenía la obligación de aplicar los recursos públicos estatales en la forma que había sido determinada en el acuerdo de diez de agosto de dos mil trece, celebrado con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, puesto que como bien lo refirió la Juez de Control, éste era conocedor de las disposiciones que se realizaron en la cuenta bancaria de la Unión Ganadera Regional del Estado de Tabasco, y aun así, tampoco informó ante la autoridad competente o a otro suscriptor de que fueran destinados estos recursos a rubros distintos, así entonces, Baltazar Sánchez Fuentes es la persona que dolosamente participó en este hecho ilícito (uso de recursos públicos para fines distintos a los establecidos), dado que se justifica su nombramiento como la persona que forma parte de la Unión Ganadera Regional del Estado de Tabasco, que a su vez, en conjunto con otras dos personas, Baltazar Sánchez Fuentes como secretario de la Unión Ganadera, y las otras dos personas en su calidad de Presidente y Tesorero, suscribieron el acuerdo por el cual les fuera entregada la cantidad de $30,000,000.00 (treinta millones de pesos 00/100 moneda nacional), con la finalidad de dar cumplimiento a la cláusula primera del acuerdo que era contribuir al impulso y fortalecimiento de los mecanismos de la cadena productiva, procesamiento, comercialización de carne de bovino en apoyo al sector ganadero del estado. Además de que, la cuantía de $30,000,000.00 (treinta millones de pesos 00/100 moneda nacional) se encuentra justificada la fracción IV, del artículo 187 del Código Penal del Estado de Tabasco, en razón de que ésta supera las setecientas cincuenta veces el valor diario de la unidad de la medida y actualización, puesto que fue la cantidad generada a favor del acuerdo suscrito entre la Unión Ganadera Regional del Estado de Tabasco y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), pues con el incumplimiento del mismo se trastocó el patrimonio del Estado. Por lo que hace a su forma de participación dolosa, pues el quejoso tenía conocimiento del ilícito cometido, pues no se advierte que tenga alguna afectación motriz o psicológica, que no conociera que con su conducta estaba transgrediendo una norma penal, que el libre desarrollo de la personalidad que se encuentra debidamente tutelado en la norma penal, por lo que se afirma que esa conducta es dolosa al querer y aceptar esa realización. Además, los mencionados datos de prueba????????????? también hacen presumir fuertemente, al menos hasta el estado procesal en que se encuentra la causa penal 12/2020, que el impetrante del amparo participó en la comisión del hecho delictivo investigado. Apoya a lo anterior, por su sentido y alcance, la jurisprudencia VI.1o. J/49, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 76, Tomo VII, mayo de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. PARA DICTARLO NO SE REQUIERE PRUEBA PLENA DE RESPONSABILIDAD. Al disponer el artículo 19 constitucional, que todo auto de formal prisión debe contener el delito que se imputa al acusado, los elementos que lo constituyen, lugar, tiempo y circunstancias de ejecución y los datos que arroje la averiguación previa, los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado, se refiere que para motivar tal auto privativo de la libertad, no se exige que se tengan pruebas completamente claras que establezcan de modo indudable la culpabilidad del inculpado, sino únicamente, como ya se dijo, que los datos arrojados por la indagatoria, sean los suficientes para justificar el cuerpo del ilícito y hacer en esa etapa procesal, probable la responsabilidad del acusado". Asimismo, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/10 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la página 3323, Libro 23, Tomo IV, octubre de 2015, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE GARANTÍA, EL TRIBUNAL DE APELACIÓN, LOS JUECES DE DISTRITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL MOMENTO DE DICTARLO O ANALIZARLO, ÚNICAMENTE DEBEN ATENDER A LOS DATOS DE INVESTIGACIÓN QUE REFIERA EL RAUL GAMBOA BARRADAS MINISTERIO PÚBLICO EN LA AUDIENCIA RELATIVA Y A LAS PRUEBAS QUE SE DESAHOGUEN EN ELLA, SIEMPRE QUE NO SE ESTÉ EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). Conforme al nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial, para el dictado del auto de vinculación a proceso sólo debe atenderse a los datos que establezcan que se cometió un hecho señalado por la ley como delito y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, lo cual debe atenderse por el Juez de Garantía y, en su caso, analizarse por el tribunal de apelación, los Jueces de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito, esto es, aquella determinación debe dictarse y/o analizarse únicamente con base en los datos de investigación que refiera el Ministerio Público en la audiencia de vinculación a proceso y las pruebas que se desahoguen en ella, siempre que no se esté en alguno de los supuestos de excepción en donde esos datos se formalizan, como lo son, la etapa preliminar, el reconocimiento de personas, la declaración ministerial del imputado y el anticipo de prueba, previstos en los artículos 262, 298 y 267 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, respectivamente." De igual manera, cobra aplicación la tesis XVII.1o.P.A.52 P (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, el doce de enero del año en curso, pendiente de integración, registro 2015954, que establece: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. TEST DE RACIONALIDAD QUE PROCEDE APLICAR PARA EL ESTUDIO DE LOS DATOS DE PRUEBA, A PARTIR DE LOS CUALES PUEDE ESTABLECERSE QUE SE HA COMETIDO UN HECHO IMPUTADO COMO DELITO [MODIFICACIÓN DE LA TESIS XVII.1o.P.A.31 P (10a.)]. Este Tribunal Colegiado de Circuito en la tesis aislada XVII.1o.P.A.31 P (10a.), estableció el test de racionalidad que procede aplicar por el tribunal de amparo, en relación con los antecedentes de investigación como canon de control de la legalidad del auto de vinculación a proceso. Ahora bien, una nueva reflexión sobre el tema, lleva a este órgano jurisdiccional a modificar dicho criterio, para ahora definir el test que procede aplicar para el estudio de los datos de prueba a partir de los cuales puede establecerse que se ha cometido un hecho imputado como delito, el cual tiene como objetivo diferenciar el nivel de exigencia probatoria que es aplicable en las resoluciones susceptibles de ser dictadas en la audiencia inicial, frente a la sentencia definitiva dictada en el juicio oral. En la premisa fáctica se?????????? requiere para la aceptación o rechazo de una teoría: a) Una hipótesis (teoría del caso): Es una proposición que tiene como sustento un hecho captado por medio de los sentidos. b) Los enunciados que integran la hipótesis; razonamientos con cierta probabilidad o verosimilitud. c) La verificabilidad de los enunciados, mediante la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y, la valoración debe ser racional, es decir, aquella que en su práctica emplea elementos o reglas racionales, lógica, máximas de experiencia, método científico y pensar reflexivo, para valorar e interpretar los resultados de la aportación de datos de prueba en conjunción con lo alegado para determinar que puede dar o considerar como probado, que en última instancia no es más que evaluar el grado de probabilidad, con fundamento en los medios disponibles, si puede considerarse como verdadera una hipótesis sobre los hechos. d) La aceptación o rechazo de la hipótesis, mediante la argumentación de la hipótesis aceptada y la refutación, por contrastabilidad, de la rechazada. La aceptabilidad de una hipótesis es un juicio sobre su confirmación y no refutación. Una vez confirmada debe someterse aún a la refutación examinando los posibles hechos que -de existir- invalidarán o reducirán el grado de probabilidad de la hipótesis, es decir, el Juez contrasta unas afirmaciones -hipótesis- poniendo a prueba su valor explicativo. Una hipótesis se considera confirmada por un dato o medio de prueba si existe un nexo causal o lógico entre ambas, de modo que se configure una razón para su aceptación. La confirmación corresponde a una inferencia en virtud de la cual, a partir de unos datos de prueba y de una regla que conecta a esos datos de prueba con la hipótesis, se concluye aceptando la veracidad de esta última." Por otra parte, atendiendo a motivos de disenso hechos valer por el quejoso Baltazar Sánchez Fuentes, en los que refiere: 1). Que se violenta en su perjuicio el artículo 17 Constitucional y 25 de la Convención de Derechos Humanos. Que la juez de control responsable se concretó a dictar en su contra el auto de vinculación a proceso, en el que, de acuerdo a los datos proporcionados por el fiscal del Ministerio Público, determinó la existencia de un hecho que la ley señala como delito, así como su participación en el mismo. Por lo que, no debió al fiscal dada la deficiencia del fiscal, pues éste se limitó a realizar un enlistado de las pruebas sin referir si quiera que pretendía probar con ellas y con cuáles de ellos se acreditaba el hecho calificado por la ley como delito ni mucho menos dijo con qué datos sustentó la participación, lo cual además fue evidenciado por la defensa particular al momento de oponerse a la vinculación peticionada. 2) Que la juzgadora no debió dictar auto de vinculación a proceso por no reunirse los requisitos del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor (que no se cumple con uno de los requisitos), que no existen indicios razonables que así permitan suponerlo. Que la Juez de Control omitió abordar el análisis respecto a la extinción del adeudo por préstamo otorgado a la UGRT por la SEDAFOP, mediante acuerdo ACU/UAJyAI/243/2013 de diez de agosto de dos mil trece, el cual fue objeto del último adeudum de diez de julio de dos mil dieciocho, en el que se condonó la deuda y por tanto se extinguió la obligación de pago, siendo la misma secretaría que otorgó el apoyo la que suscribió la condonación. Que el préstamo otorgado a la Unión Ganadera Regional de Tabasco, y que después fuera condonado, no fue otorgado al quejoso Baltazar RAUL GAMBOA BARRADAS????????????? Sánchez Fuentes, sino a una persona jurídica colectiva con personalidad y responsabilidad jurídica a la de sus miembros, pues el hecho de ser miembro de una sociedad, no lo hace responsable penalmente del adeudo contraído. Que la Juez vulnera en perjuicio de su cliente el derecho humano previsto en el artículo 17 Constitucional, porque se sustituye en juzgadora civil, dando una instancia penal al cobro de un crédito civil, tal y como se debatió en audiencia de vinculación en su fase de continuación en donde la defensa argumentó que si bien la Unión Ganadera Regional de Tabasco recibió del Gobierno del Estado de Tabasco por conducto de la SEDAFOP un préstamo por la cantidad de treinta millones de pesos, y que ésta en primer término se obligó a devolverlos en un plazo de cien días contados desde la firma del documento en el que además acorde a la cláusula décima quinta, ambas partes se sometieron a las disposiciones del código civil vigente en el estado de Tabasco. Que el propio denunciante promovió medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil ante el juzgado cuarto civil en el expediente 134/2019, lo cual dejó de manifiesto cuando en el pliego de posiciones al formular la pregunta diez en el que pidió a su cliente que confesara como verdad que el préstamo otorgado al Consejo Directivo de la Unión Ganadera Regional de Tabasco, por el Gobierno del Estado de Tabasco. Además de los medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil promovido por la ofendida Secretaría de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesquero, en contra del aquí quejoso Baltazar Sánchez Fuentes, también se tramita el juicio ejecutivo mercantil 605/2019, del índice del Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial de Centro, Tabasco, en el que por auto de uno de octubre de dos mil diecinueve, se ordenó requerirlo de pago, embargar bienes de su propiedad y emplazarlo a juicio, diligencias que se realizaron el veintidós de octubre de dos mil diecinueve, en donde al no haber realizado el pago se le embargaron cinco propiedades con lo que se garantizó el adeudo; por lo que, insiste que el préstamo otorgado inicialmente no es un asunto de orden penal sino de orden civil, por lo que no tiene razón la juzgadora responsable al momento de emitir un auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso. 3) Que no se acreditó que el quejoso haya dispuesto del préstamo de $30,000,000 (treinta millones de pesos 00/100 moneda nacional), ya que ello corresponde al Tesorero de la Unión Ganadera Regional de Tabasco, y que solo se obligó civilmente con un pagaré, en caso de que dicha Unión Ganadera no cumpliera con su obligación de pago. Que la firma del convenio fue anterior a la recepción y disposición de los recursos, y por ende no existe un nexo causal entre la conducta y el resultado.?????????????? Que lo considera autor de una conducta de acción dolosa pero al analizar su participación le atribuye una violación a un deber de cuidado, por lo que no estaría ante una conducta de acción dolosa, sino de una conducta de omisión culposa. 4) Que una vez que la Unión Ganadera Regional de Tabasco, tenía el dinero el recurso ya no era público sino privado. 5) Que el acto reclamado carece de fundamentación y motivación. Que no se acreditó la calidad de sujeto activo, al no señalar cual ley lo obliga a custodiar el recurso público. Que elemento "obligado legalmente" es un tipo en blanco. 6) Que la juez de Control no debió considerar circunstancias ajenas a la imputación, tales como el pago de pensiones alimenticias, pago de tiempo aire, pues esas cuestiones no fueron materia de la imputación. 7) Que la juez dejó de resolver cuestiones que la defensa hizo valer con la finalidad de evidenciar que no existen los requisitos de la ley para que se dictara un auto de vinculación. 8) Que la juez vulneró en perjuicio del quejoso, los derechos humanos que prevén los artículos 14 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al momento de imponer la medida cautelar de prisión preventiva, primero en la audiencia inicial en la que se realizó la imputación y posteriormente en la continuación de la audiencia inicial en su fase de vinculación a proceso. Al haber anulado el Tribunal de alzada el auto de vinculación, también debió haber anulado la medida cautelar, por lo que debió haber obtenido su libertad. 9) Que el auto de término debió dictarlo la juez responsable a más tardar a las cinco de la tarde del dieciséis de marzo del presente año. 10) Que la autoridad ejecutora encargada de vigilar el cumplimiento de la medida cautelar vulnera su derecho humano a decretar su libertad en los términos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dichos motivos de inconformidad son totalmente infundados por los motivos que a continuación se exponen. Respecto al primer concepto de violación, en el que refiere que se violenta en su perjuicio el artículo 17 Constitucional y 25 de la Convención de Derechos Humanos, éste deviene totalmente infundado, ya que si bien es cierto, que en atención a la reforma al artículo 1º Constitucional, todas las???????????? autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, lo que implica que atento al principio de tutela judicial previsto en el artículo 17 Constitucional, constituye una obligación de que todo juzgador debe asegurarse que los gobernados obtengan una justicia pronta, completa, imparcial y expedita apegada a las exigencias de la constitución. También lo es que el artículo 1° en relación con el numeral 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recoge de manera directa el criterio o directriz hermenéutica denominada principio pro persona, el cual consiste en ponderar ante todo la fundamentalidad de los derechos humanos, a efecto de estar siempre a lo que más le favorezca a la persona, lo que implica que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trate de derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trate de establecer límites para su ejercicio. De tal forma que el objetivo de ese principio es procurar la mayor protección, pero sin desconocer otros principios que son también de gran entidad; esto es, la reforma a la norma constitucional que se hace valer conlleva un cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados internacionales de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional - principio pro persona-; sin embargo, ello no quiere decir que los órganos jurisdiccionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que se venía desempeñando antes de la reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, lo que en el caso no ocurre, ya que no se advierte que exista otro ordenamiento de índole internacional que provoque un mayor beneficio al quejoso, ni interpretación extensiva alguna que justifique una decisión distinta. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, Página 906, Décima Época, de rubro y texto que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;???????????? y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." Así como la diversa Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2, Página 1049, Registro 2002747, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "DERECHOS HUMANOS. SU ESTUDIO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. CONSTITUCIONAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA NECESARIAMENTE QUE SE ACUDA A LOS PREVISTOS EN INSTRUMENTOS INTERNACIONALES, SI RESULTA SUFICIENTE LA PREVISIÓN QUE CONTENGA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Conforme al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011 y atento al principio pro persona, no resulta necesario considerar el contenido de tratados o instrumentos internacionales que formen parte de nuestro orden jurídico, si al analizar los derechos humanos que se estiman vulnerados es suficiente la previsión que contiene la Constitución General de la República y, por tanto, basta el estudio que se realice del precepto constitucional que los prevea, para determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado." Con base en lo anterior, se puede concluir que el principio pro persona de ninguna manera puede servir de apoyo para hacer procedente lo que jurídicamente no lo es; por tanto, se estima que el control de convencionalidad no llega al extremo de que el juez del conocimiento deba oficiosamente comparar y analizar en abstracto en cada resolución, todos los derechos humanos que forman parte del orden jurídico mexicano, puesto que ello haría ineficaz e irrealizable el desarrollo de la función jurisdiccional, en detrimento del derecho humano de acceso a la justicia por parte de los gobernados, con la consecuente afectación que ello significa, de ahí que no vulnere lo establecido en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (supremacía constitucional). Entonces, la sola mención en la demanda de que la autoridad responsable transgredió derechos humanos, es insuficiente para que, si el tribunal de amparo no advierte implícitamente ex officio la transgresión a una de dichas prerrogativas, analice expresamente en la resolución todos los demás derechos humanos que pudieran resultar relacionados con el caso concreto, debiendo resolver la litis conforme al principio pro persona, a fin de determinar si la resolución es o no contraria a derecho. Tiene aplicación la Jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto RAUL GAMBOA BARRADAS?????????????? Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, Página 2438, Registro 2017668, Décima Época, la cual dice: "DERECHOS HUMANOS. EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO QUE ESTÁN OBLIGADOS A REALIZAR LOS JUZGADORES, NO LLEGA AL EXTREMO DE ANALIZAR EXPRESAMENTE Y EN ABSTRACTO EN CADA RESOLUCIÓN, TODOS LOS DERECHOS HUMANOS QUE FORMAN PARTE DEL ORDEN JURÍDICO MEXICANO. A partir de las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor desde el once del mismo mes y año, y de conformidad con lo sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el expediente varios 912/2010 (caso Radilla Pacheco), los Jueces de todo el sistema jurídico mexicano, en sus respectivas competencias, deben acatar el principio pro persona, consistente en adoptar la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, y además, al margen de los medios de control concentrado de la constitucionalidad adoptados en la Constitución General de la República, todos los juzgadores deben ejercer un control de convencionalidad ex officio del orden jurídico, conforme al cual, pueden inaplicar una norma cuando ésta sea contraria a los derechos humanos contenidos en la propia Ley Fundamental, en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea Parte, así como en la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación y en los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, si el Juez no advierte oficiosamente que una norma violente los derechos humanos mencionados, a fin de sostener la inaplicación de aquélla en el caso concreto, dicho control de convencionalidad no puede estimarse que llega al extremo de que el Juez del conocimiento deba oficiosamente comparar y analizar en abstracto en cada resolución, todos los derechos humanos que forman parte del orden jurídico mexicano, puesto que ello haría ineficaz e irrealizable el desarrollo de la función jurisdiccional, en detrimento del derecho humano de acceso a la justicia por parte de los gobernados, con la consecuente afectación que ello significa. Por tanto, la sola mención de que una autoridad violentó derechos humanos en una demanda de amparo, es insuficiente para que, si el juzgador de amparo no advierte implícitamente ex officio la transgresión a una de dichas prerrogativas, analice expresamente en la sentencia todos los demás derechos humanos que pudieran resultar relacionados con el caso concreto, debiendo resolver la litis conforme al principio pro persona, a fin de determinar si el acto reclamado es o no contrario a derecho." Asimismo, respecto a que la juez de control responsable se concretó a dictar en su contra el auto de vinculación a proceso, en el que de acuerdo a los datos proporcionados por el fiscal del Ministerio Público, determinó la existencia de un hecho que la ley señala como delito, así como su participación en el mismo. Por lo que, no debió suplir al fiscal dada la deficiencia de éste, dado que se limitó a realizar un enlistado de las pruebas sin referir si quiera que pretendía probar con ellas y con cuáles de ellos se acreditaba el hecho calificado por la ley como delito ni mucho menos dijo con qué datos sustentó la participación, lo cual además fue evidenciado por la defensa particular al momento de oponerse a la vinculación peticionada. Este concepto de violación deviene infundado, tomando en consideración que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, el juez debe atender el hecho ilícito que se plantea y la posibilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en él, sin ser requisito, al menos en ese momento procesal, acreditar el hecho delictivo ni justificar la probable responsabilidad de que el indiciado intervino en su comisión, pues el auto de vinculación a proceso constituye una determinación en fase investigadora?????????? inconclusa bajo el control de la autoridad judicial; es decir, no es precedida por la acusación ni el ejercicio de la acción penal, pues ello acontecerá cuando se cierre la investigación judicializada. De modo que, al analizar el acto debe atenderse únicamente a si los hechos expuestos son considerados por la ley como delitos y si existen datos de prueba (no pruebas) que sustenten los hechos, ponderando la versión del órgano investigador y la defensa, siendo proporcionales con la información que se cuenta, esto es, si de la misma obtiene mayor credibilidad la teoría de una u otra de las partes. Es decir, al analizar el acto debe evitarse una anticipación de la etapa de juicio sobre el estudio de los elementos del delito y atender únicamente a si los hechos expuestos son considerados por la ley como delitos y si existen datos de prueba (no pruebas) que sustenten los hechos, ponderando la versión del órgano investigador y la defensa, siendo proporcionales con la información que se cuenta, esto es, si de la misma obtiene mayor credibilidad la teoría de una u otra de las partes. Por tanto, al momento de dictar la resolución veinticuatro de marzo de dos mil veinte, en la causa penal 12/2020, existían hasta ese momento procesal datos de prueba que sustentaban que el quejoso Baltazar Sánchez Fuentes por el hecho señalado RAUL GAMBOA BARRADAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.dc.ec 28/01/23 09:20:58 60 60 como delitos cometidos por particulares en relación con servidores públicos, previsto y sancionado sin prejuzgar por los artículos 249 con relación al 187 fracción IV del Código Penal vigente en el Estado de Tabasco. Pues de los datos de prueba aportados por el fiscal del Ministerio Público, analizó la razonabilidad de los mismos; y, por cuanto hace a la existencia de un hecho ilícito y la probabilidad de que el señor Baltazar Sánchez Fuentes intervino en el mismo, la juez de Control tomó en consideración que esos datos de prueba debían ser idóneos, suficientes y pertinentes para poder establecer la incidencia, la indiciaria existencia, un hecho ilícito. Pues no se produjo prueba plena, sino únicamente la razonabilidad de que permitiera establecer la validación para continuar con la investigación hecha de manera formal y en presencia o vigilada por el órgano jurisdiccional, lo cual valoró conforme a lo expuesto por los artículos 259 y 265 del código Nacional de Procedimientos Penales bajo la lógica, la sana crítica, conocimientos técnicos y científicos, así como las máximas de la experiencia concatenando con las descripciones normativas, esto es, el artículo 249 con relación al 187 fracción IV, Código Penal para el Estado de Tabasco. Además, consideró que de acuerdo con la formulación de la imputación hecha por el fiscal del Ministerio Público, se debía analizar que el particular obligado legalmente a la aplicación de recursos? públicos estatales es de una aplicación distinta a las que se les destino, y que de acuerdo a lo señalado por el artículo 187 del Código Penal con su fracción IV, el valor de ese monto exceda de 750 veces el valor diario de la unidad de la medida y actualización. Pues de acuerdo a lo manifestado por el fiscal acusador, el diez de agosto de dos mil trece, Baltazar Sánchez Fuentes, en su carácter de secretario de la Unión Ganadera Regional de Tabasco, firmó el acuerdo ACU/UAJyAI/243/2013, con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP) con la finalidad de contribuir al impulso y fortalecimiento de los mecanismos de cadena productiva procesamiento y comercialización de carne bovino en apoyo al sector ganadero del estado de Tabasco y de la región, por lo que, para ello le fueron proporcionados $30,000,000.00 (treinta millones de pesos 00/100 moneda nacional); sin dichos recursos fueran ocupados para tal fin. Así entonces, de los antecedentes de investigación no resultan deficientes, pues el fiscal expuso los datos que establecían que se había cometido un hecho; que la ley señalaba como delito ese hecho; y, existía la probabilidad de que el inculpado lo había cometido o participado en su comisión. Motivos por los cuales la Juez de Control responsable, identificó las razones que la llevaron a determinar el tipo penal aplicable. En ese sentido, como ya se ha establecido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, Página 360, Registro 2014800, Décima Época, de rubro y texto siguientes: RAUL GAMBOA BARRADAS?? "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." También son infundadas las alegaciones que hace valer en su segundo concepto de violación, consistentes en que la juzgadora no debió dictar auto de vinculación a proceso por no reunirse los requisitos del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor (que no se cumple con uno de los requisitos), que no existen indicios razonables que así permitan suponerlo. Pues bien, como ya se dijo, este es infundado puesto que, del estudio realizado en párrafos precedentes respecto al estudio de fondo que se hizo respecto del auto de vinculación, quedó plenamente establecido de que sí existían hasta este momento procesal indicios razonables, pues desde el doce de agosto de dos mil trece, en que fue depositada la cantidad de $30,000.000.00 (treinta millones de pesos 00/100 moneda nacional), en las arcas de la Unión Ganadera Regional del Estado de Tabasco, hasta el veintiséis de ese mismo mes y año, se hizo un uso distinto a los fines establecidos, esto es, el fortalecimiento de los mecanismos de la cadena productiva, procesamiento y??????????? comercialización de carne bovino, así como, la comercialización de los recursos; y en donde, se advierte la participación de Baltazar Sánchez Fuentes en dicho ilícito, puesto que éste tenía el carácter de secretario de esa Unión Ganadera Regional. Que la Juez de Control omitió abordar el análisis respecto a la extinción del adeudo por préstamo otorgado a la UGRT por la SEDAFOP, mediante acuerdo ACU/UAJyAI/243/2013 de diez de agosto de dos mil trece, el cual fue objeto del último adeudum de diez de julio de dos mil dieciocho, en el que se condonó la deuda y por tanto se extinguió la obligación de pago, siendo la misma secretaría que otorgó el apoyo la que suscribió la condonación. Dicho concepto es infundado, pues la juez de Control responsable si abordó el análisis respecto a la extinción de dicho adeudo, pues estableció que el hecho de que en algún momento se hubiera verificado la condonación respecto del acuerdo de ACU/UAJyAI/243/2013 de diez de agosto de dos mil trece, para que no se remitiera la cantidad de $30,000,000.00 (treinta millones de pesos 00/100 moneda nacional), esto no eximía del objetivo principal de ese acuerdo, esto es, destinar dicha cantidad al fortalecimiento de los mecanismos de la cadena productiva, procesamiento y comercialización de carne bovino, así como la comercialización de los recursos, por ello determinó que ese dinero se utilizó para otras causas, en torno a que se devolviera la cantidad específica de dinero. Tal circunstancia se evidencia en la resolución de veinticuatro de marzo de dos mil veinte, a través del audio y video, en donde la juez de Control responsable, de manera textual expresó: ".no obstante si me gustaría reiterar que el objeto de la imputación no es debatir o no la legalidad de la condonación si no sancionar la conducta que en su momento se le está imputando al señor Baltasar algún dato novedoso, bueno.preciso necesario. con la finalidad de sostener el orden para dar la respuesta a las expresiones tanto a la fiscalía como la defensa." ".el hecho y la participación del señor Baltazar Sánchez Fuentes, ahora bien, señala la defensa que no se acredita la lesión al bien jurídico tutelado puesto que la sola conducta no da lugar a la sanción, en ese sentido entonces, hemos de tomar en consideración que el bien jurídico tutelado aquí es el erario, el erario es el patrimonio del estado mismo que al salir una cantidad con la finalidad de lograr un objetivo en concreto y no cumplirse ese objetivo y tampoco devolverse esa cantidad al patrimonio del Estado, ciertamente se le afecta, circunstancia entonces que hasta estos momentos se tiene por justificada esta lesión puesto que ha referido de que esta lesión no se da porque fue condonada en razón de las modificaciones que se le dieron al acuerdo, y que de seis de junio de dos mil dieciocho, mediante el oficio con terminación 168/2018 suscrito ante Manuel Fuentes Esperón, en ese se consideraba procedente emitir dictamen técnico administrativo de condonación, a través del dictamen técnico de terminación y condonación. En ese sentido entonces, tampoco le asiste la razón, pues el hecho de que en algún momento se haya verificado esta condonación a favor de ese acuerdo para que no se remitiera el cumplimiento que es la devolución, tampoco exime el hecho del objetivo principal de este acuerdo y puesto que, se finalizaron otras causas en torno a que se devolviera una cantidad específica de dinero y que de igual manera, pues anterior a ello hemos de considerar que esto se suscribió desde el año dos mil dieciocho, en tanto que existió una posibilidad de cumplirlo en torno a que fue suscrito el acuerdo desde el año dos mil trece, y si bien es cierto existieron adeudos, estos fueron con la finalidad de la devolución de la cantidad de treinta millones de pesos, pero tampoco hasta estos momentos?????????? se ha justificado el cumplimiento total habiendo podido hacerlo, de igual manera establece la defensa de que si se dio cumplimiento en cuanto al acuerdo en razón de que esta, su representado informó quienes fueron los receptores de dicho acuerdo, puesto que informó en el mes de noviembre de dos mil trece, que 233 (doscientos treinta y tres) productores se vieron beneficiados con la cantidad de $31,693,011.00 (treinta y un millones seiscientos noventa y tres mil once pesos 00/100 moneda nacional), de los cuales en esta audiencia la defensa verbalizó desde Abreu González Jiménez por la cantidad de $65,357.00 (sesenta y cinco mil trescientos cincuenta y siete pesos 00/100 moneda nacional). Por ello entonces, hasta Zapata Ochoa Tiburcio por la cantidad de $31,693,511 ( treinta y un millones seiscientos noventa y tres mil quinientos once pesos 00/100 moneda nacional), pues es de tomar en consideración que le asiste la razón a la fiscalía por cuanto hace a que no se estableció en qué fecha fueron remitidos esos montos a cada uno de esos 233 productores, por ello entonces, considero que el objeto que es con la finalidad especifica de un cumplimiento no se encuentra éste justificado, ésta razón de que las preposiciones hechas por la fiscalía del ministerio público se establece la existencia de una denuncia presentada en entrevista realizada por el licenciado Guillermo Arturo del Rivero León, titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, persona que se encuentra legitimada en razón de que fue expedido a su favor nombramiento de esa manera por el licenciado Adán Augusto López Hernández, Gobernador Constitucional de esta entidad en el cual se encuentra facultado para querellarse, presentar denuncias, y esto ocurre así en torno a un análisis que se hiciera de los ingresos y egresos así como se observa a la condonación que se hiciera a un recurso específicamente a los $30,000,000.00 (treinta millones de pesos 00/100 moneda nacional), estableciéndose que derivado de esta comunicación sustentada por Guillermo Arturo del Rivero León, se encuentran datos suficientes, idóneos y pertinentes para estimar el inicio de la investigación ante el ministerio público, pues tal y como se encuentra legitimado tiene la información suficiente y documentación sustentada para comparecer y analizar lo que por ahora se adolece, en ese sentido entonces, es que se hace del conocimiento y se encuentra por justificado la existencia de una solicitud de un recurso por la cantidad de $30,000,000.00 (treinta millones de pesos), esta es solicitada por el Consejo de la Unión Ganadera Regional de Tabasco, mismo que se encuentra encabezado por el señor Baltazar Sánchez Fuentes y otras dos personas, en su calidad de presidente y tesorero, estas personas también como consejo se encuentran también facultados para realizar dichas solicitudes en términos del acta de asamblea protocolizada, esta acta número 956 de lo que se expuso por el Agente del Ministerio Público, esta también fue realizada por un Notario en el ejercicio de sus funciones, de tal manera entonces que se advierte que esa acta se dota precisamente la presentación y el nombramiento de aquel Consejo el día doce de junio de dos mil trece." Además, de que dicho acuerdo de condonación se había suscrito desde dos mil dieciocho, en tanto que existió la posibilidad del quejoso de cumplirlo en torno a que éste había sido suscrito desde el año dos mil trece. Que si bien, habían existido adeudos, estos eran con la finalidad de ser devueltos, pero tampoco hasta esos momentos se había justificado el cumplimiento total, habiendo podido hacerlo. Ahora, que si bien la defensa estableció que sí se había dado cumplimiento al acuerdo de diez de agosto de dos mil trece, en razón de que en el mes de noviembre de ese mismo año, Baltazar Sánchez Fuentes informó que doscientos treinta y tres productores se vieron beneficiados con la cantidad de $31,693,011.00 (treinta y un millones seiscientos noventa y tres mil once pesos 00/100 moneda nacional), lo cierto era que no se había establecido en qué fecha habían sido remitidos esos montos a cada uno de esos doscientos treinta y tres productores, por lo que consideraba que el objeto de ese acuerdo, el cual tenía una finalidad especifica no se encontraba justificado. Pues no pasa inadvertido para este juzgador, que???????????? si bien es cierto que la defensa alegó que existía una condonación de la deuda de $30,000,000.00 (treinta millones de pesos 00/100 moneda nacional) a la Unión Ganadera Regional del Estado de Tabasco, por parte del secretario de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesquero (SEDAFOP), esto nunca se acreditó durante la continuación de la audiencia de veinticuatro de marzo de dos mil veinte; como tampoco pasa inadvertido que la fiscal acusadora expresó que de acuerdo al reglamento interior de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, el secretario de la multicitada secretaría no se encontraba facultado para extender una condonación. Que el préstamo otorgado a la Unión Ganadera Regional de Tabasco, y que después fuera condonado, no fue otorgado al quejoso Baltazar Sánchez Fuentes, sino a una persona jurídica colectiva con personalidad y responsabilidad jurídica a la de sus miembros, pues el hecho de ser miembro de una sociedad, no lo hace responsable penalmente del adeudo contraído. Este concepto es infundado porque, la juez estableció que la solicitud de préstamo por la cantidad de $30,000,000.00 (treinta millones de pesos 00/100 moneda nacional), había sido realizada por el Consejo de la Unión Ganadera Regional de Tabasco, la cual se encontraba encabezada por el señor Baltazar Sánchez Fuentes y otras dos personas, en su calidad de secretario, presidente y tesorero. Que dichas personas se encontraban facultadas para realizar la solicitud de préstamo, en términos del acta de asamblea 956, protocolizada, realizada por un Notario Público en el ejercicio de sus funciones, de tal forma que esa acta dotaba precisamente la representación y el nombramiento de aquel Consejo el día doce de junio de dos mil trece. Y por tanto, las personas que se encontraban en ese Consejo, estaban legitimadas para realizar la solicitud de préstamo el dos de agosto de dos mil trece, en donde solicitaron a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), la cantidad de $30,000,000.00 (treinta millones de pesos 00/100 moneda nacional), para incentivar la cadena productiva, procesamiento y comercialización de la carne de bovino, la cual concretaron el diez de agosto de dos mil trece. Así la juez estableció que para poder establecer la legitimación de cada una de las partes que suscribieron ese acuerdo, se había establecido en la cláusula primera que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), otorgaba a la Unión Ganadera Regional de Tabasco, la cantidad de $30,000,000.00 (treinta millones de pesos 00/100 moneda nacional) para contribuir al impulso, fortalecimiento de los mecanismos de la cadena productiva, procesamiento y comercialización de la carne de bovino en grupo al sector ganadero del estado y la región; en la cláusula tercera de acuerdo con lo verbalizado por la Agente del Ministerio Público la Unión se obliga a intervenir la totalidad del recurso otorgado en ese objetivo, es decir, en el fortalecimiento de los mecanismos de la cadena productiva, procesamiento y comercialización de carne???????????? bovino, así como la comercialización de los recursos; así también, en la cláusula cuarta, se establecía la firma de un documento en garantía, y en la cláusula quinta se establecía también que los integrantes de la Unión Ganadera Regional de Tabasco, suscribían como personas físicas ese instrumento legal comprometiéndose a responder por la cantidad descrita en la cláusula primera, y en caso de incumplimiento de la Unión Ganadera, y así mismo en la cláusula sexta, la Unión se obliga a pagar en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), sin necesidad de requerimiento la cantidad de $30,000,000.00 (treinta millones de pesos 00/100 moneda nacional), al término de cien días contado a partir del día siguiente en que la Secretaría hubiera realizado aquel deposito a la cuenta de la Unión Ganadera. Que la Juez vulnera en su perjuicio el derecho humano previsto en el artículo 17 Constitucional, porque se sustituye en juzgadora civil, dando una instancia penal al cobro de un crédito civil, tal y como se debatió en audiencia de vinculación en su fase de continuación en donde la defensa argumentó que si bien la Unión Ganadera Regional de Tabasco recibió del Gobierno del Estado de Tabasco por conducto de la SEDAFOP un préstamo por la cantidad de $30,000,000.00 (treinta millones de pesos 00/100 moneda nacional), y que ésta en primer término se obligó a devolverlos en un plazo de cien días contados desde la firma del documento en el que además acorde a la cláusula décima quinta, ambas partes se sometieron a las disposiciones del código civil vigente en el estado de Tabasco. Que el propio denunciante promovió medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil ante el juzgado cuarto civil en el expediente 134/2019, lo cual dejó de manifiesto cuando en el pliego de posiciones al formular la pregunta diez en el que pidió a su cliente que confesara como verdad que el préstamo otorgado al Consejo Directivo de la Unión Ganadera Regional de Tabasco, por el Gobierno del Estado de Tabasco. Además de los medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil promovido por la ofendida Secretaría de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesquero, en contra del aquí quejoso Baltazar Sánchez Fuentes, también se tramita el juicio ejecutivo mercantil 605/2019, del índice del Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial de Centro, Tabasco, en el que por auto de uno de octubre de dos mil diecinueve, se ordenó requerirlo de pago, embargar bienes de su propiedad y emplazarlo a juicio, diligencias que se realizaron el veintidós de octubre de dos mil diecinueve, en donde al no haber realizado el pago se le embargaron cinco propiedades con lo que se garantizó el adeudo; por lo que, insiste que el préstamo otorgado inicialmente no es un asunto de orden penal sino de orden civil, por lo que no tiene razón la juzgadora responsable al momento de emitir un auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso.???????????? Conceptos anteriores que resultan infundados, toda vez que la juez de Control responsable explicó en la resolución que ahora se estudia, que si bien la defensa establecía que el acuerdo celebrado el diez de agosto de dos mil trece, entre la Unión Ganadera Regional de Tabasco, y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), debía someterse a la jurisdicción en materia civil, lo cierto era que la fiscalía describió que había de someterse a jurisdicción del estado, lo que generaba la posibilidad de que el órgano jurisdiccional penal conociera del asunto, máxime que en un contrato de naturaleza civil acarrea consecuencias civiles y penales, esto es, que los perjuicios ocasionados en torno a ellos, se deben de responder y solicitar ante la materia civil, en tanto que el daño ocasionado a la entidad como lo es el erario público, debía de exigirse en torno al injusto en la materia penal, por lo que si se había acarreado consecuencias de materia penal, se debía conocer de la misma, por lo que conforme a esa suscripción del acuerdo de diez de agosto de dos mil trece, el quejoso si se encontraba legitimado. Por otra parte, es infundado el concepto de violación marcado con el inciso 4, en el que establece que no se acreditó que el quejoso haya dispuesto del préstamo de $30,000,000 (treinta millones de pesos 00/100 moneda nacional), ya que ello corresponde al Tesorero de la Unión Ganadera Regional del Estado de Tabasco, y que solo se obligó civilmente con un pagaré, en caso de que RAUL GAMBOA BARRADAS dicha Unión Ganadera no cumpliera con su obligación de pago. Como ya se dijo, tal argumento es infundado, tomando en consideración que el fiscal al momento de hacer la imputación en ningún momento estableció que el quejoso dispuso de la cantidad de $30,000,000 (treinta millones de pesos 00/100 moneda nacional), pues como se puede ver en el audio y video respecto a la audiencia inicial de diecinueve de marzo de dos mil veinte, como de la continuación de la audiencia en su fase de vinculación a proceso de veinticuatro de marzo de dos mil veinte, se establece que Baltazar Sánchez Fuentes, como representante de la Unión Ganadera Regional de Tabasco, en su carácter de secretario, tenía la obligación de vigilar el destino de dicho numerario, lo cual no hizo, pues si bien es cierto que, el tesorero tiene como función la custodia y control de los recursos de la asociación, también lo es, que él se encontraba legitimado como representante de la asociación para vigilar el destino de tales recursos para los fines establecidos en el acuerdo de diez de agosto de dos mil trece, lo cual no hizo. Que la firma del convenio fue anterior a la recepción y disposición de los recursos, y por ende no existe un nexo causal entre la conducta y el resultado. Ahora bien, respecto a este concepto de violación se considera infundado, pues el propio quejoso al estructurar sus conceptos de violación es consciente al establecer la relación de causalidad, pues él mismo establece que la firma del convenio con el cual se obligó a cumplir un acuerdo que destinaba????????????? recursos públicos del estado para apoyar el fortalecimiento de la cadena productiva de carne de bovino en apoyo al sector ganadero del estado de Tabasco, en apoyo al sector ganadero del estado. Así entonces, tenemos que entre la acción y el resultado si existe una relación de causalidad, pues a raíz de ese convenio obtuvo los recursos de $30,000,000 (treinta millones de pesos 00/100 moneda nacional). Pues no debe perderse de vista que la causalidad si existe (la conducta, que consistió en celebrar un convenio para solicitar determinada cantidad de dinero para un fin específico), y el resultado (la omisión de disponer de los recursos para los fines establecidos en el convenio). Que lo considera autor de una conducta de acción dolosa pero al analizar su participación le atribuye una violación a un deber de cuidado, por lo que no estaría ante una conducta de acción dolosa, sino de una conducta de omisión culposa. El Código Penal para el Estado de Tabasco, establece en su artículo 9, que el delito puede ser realizado por acción o por omisión, pues quien omita evitar un resultado material descrito en un tipo de acción será considerado autor del mismo. "Artículo 9. El delito puede ser realizado por acción o por omisión. Quien omita evitar un resultado material descrito en un tipo de acción será considerado autor del mismo sólo si: de acuerdo con las circunstancias podía evitarlo, era garante del bien jurídico y su inactividad es, en su eficacia, equivalente a la actividad prohibida en el tipo. Es garante del bien jurídico el que: a) aceptó efectivamente su custodia; b) voluntariamente formaba parte de una concreta comunidad que afronta peligros de la naturaleza; c) con una culposa o fortuita actividad precedente generó el peligro para el bien jurídico; o d) se halla en una efectiva y concreta posición de custodia de la vida, la salud o integridad corporal de algún miembro de su familia. "Artículo 10. Las acciones u omisiones delictivas solamente pueden realizarse dolosa o culposamente. Obra dolosamente el que, conociendo los elementos objetivos del hecho típico, quiere o acepta su realización." Según Carrara el dolo puede entenderse entonces como "la intención más o menos perfecta de ejecutar un acto que se sabe es contrario a la Ley" (la intención de cometer un delito). Mientras que por su parte el Código Penal para el Estado de Tabasco, más que definirlo, lo describe como cuando se obra sabiendo que se cometerá o que se podría cometer un delito con esa acción. Por tanto, Baltazar Sánchez Fuentes, sabía que con su conducta omisiva (no actuar) de no aplicar los recursos del estado para los fines específicos establecidos en el convenio celebrado con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, sin embargo, de acuerdo a lo verbalizado por la fiscalía, y de acuerdo a los peritajes realizados, se advertía que desde el doce de agosto de dos mil trece, y hasta el veintiséis de agosto de ese mismo año, los recursos relativos a los $30,000,000 (treinta millones de pesos 00/100 moneda nacional), fueron utilizados para realizar pagos personales del Secretario, Presidente y Tesorero de la Unión Ganadera Regional de Tabasco, siendo uno de???????????? ellos el aquí quejoso Baltazar Sánchez Fuentes. Atendiendo al concepto de violación marcado con el inciso 4), éste es infundado, toda vez que refiere que una vez que la Unión Ganadera Regional de Tabasco, tenía el dinero, el recurso ya no era público sino privado. Este concepto es infundado, tomando en consideración que los recursos otorgados a la Unión Ganadera Regional de Tabasco, eran recursos provenientes del erario público, además de que la Unión Ganadera Regional del Estado de Tabasco, es un organismo público que depende directamente del Gobierno del Estado de Tabasco. De igual forma, es infundado el concepto de violación marcado con el inciso 6), en el que establece el quejoso que el acto reclamado carece de fundamentación y motivación. Pues el auto de vinculación a proceso de veinticuatro de marzo de dos mil veinte, dictado en la causa penal 12/2020, dictado en contra del aquí quejoso Baltazar Sánchez Fuentes, se encuentra debidamente fundado y motivado, tomando en consideración que la que la juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, fundó y motivó correctamente su resolución, pues estableció como fundamento legal el artículo 19 Constitucional, 313 al 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como los artículos 249 con relación al diverso 187 fracción IV, del Código Penal para el Estado de Tabasco. Que no se acreditó la calidad de sujeto activo, al no señalar cual ley lo obliga a custodiar el recurso público. Este concepto es infundado, porque si se acreditó hasta ese estadio procesal, porque el propio artículo 249 señala que se estará a los términos del artículo 187, cuando el particular obligado legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos públicos estatales, los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos o les dé una aplicación distinta a la que se les destinó, como lo es en el presente caso, en donde Baltazar Sánchez Fuentes firmó un acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP) con la finalidad de contribuir al impulso y fortalecimiento de los mecanismos de cadena productiva procesamiento y comercialización de carne bovino en apoyo al sector ganadero del estado y de la región, por lo que le fueron proporcionados $30,000,000.00 (treinta millones de pesos 00/100 moneda nacional) a la Unión Ganadera Regional del Estado de Tabasco, de donde Baltazar Sánchez Fuentes tenía en ese entonces el carácter de secretario de la Unión Ganadera y que de igual forma se obligaba a pagar esa cantidad de $30,000,000.00 (treinta millones de pesos 00/100 moneda nacional) al término de cien días contados a partir del día siguiente en que la Secretaría hubiera realizado el depósito a la cuenta oficial de la Unión Ganadera Regional de Tabasco. Que elemento "obligado legalmente" es un tipo en blanco. Concepto que deviene infundado, tomando en???????????? consideración que este hace referencia a que suscribió un acuerdo de orden civil y que se obligó civilmente, y que al establecerse que el elemento obligado legalmente, es de aquellos que la doctrina señala como tipos penales en blanco, los cuales son supuestos hipotéticos en los que la conducta delictiva se precisa en términos abstractos y requieren de un complemento para integrarse plenamente, y que en el caso que nos ocupa ese complemento es el requisito de estar obligado legalmente, por lo que no puede cubrirse con el hecho de haber firmado un acuerdo. Pues como ya se explicó al quejoso, el requisito de estar obligado legalmente, no es por haber firmado un acuerdo de diez de agosto de dos mil trece, con la Secretaría de Desarrollo, Agropecuario, Forestal y Pesquero, del Estado de Tabasco, sino que el tipo penal es como ya se ha dicho, la conducta antijurídica plasmada en la ley; así entonces, el tipo penal se conforma con las modalidades de la conducta (no hacer), consistente en el antijurídico de no cumplir con el objetivo establecido en el acuerdo de diez de agosto de dos mil trece, que tenía como objetivo el aplicar la cantidad de $30,000,000.00 (treinta millones de pesos 00/100 moneda nacional), es decir, aplicar esos recursos del estado para impulsar la producción de ganado; sin embargo, dichos recursos los utilizó para pago de deudas de la Unión Ganadera Regional del Estado de Tabasco, que en su momento representaba, así como para cubrir gastos personales. Por lo que, el quejoso no debe perder de vista que era una persona que brindaba un servicio de utilidad social, lo cual beneficiaría a otras personas y no generaría ganancias privadas. 6) Que la juez de Control no debió considerar circunstancias ajenas a la imputación, tales como el pago de pensiones alimenticias, pago de tiempo aire, pues esas cuestiones no fueron materia de la imputación. Dicho argumento es infundado, pues del análisis que realizó la juez responsable en el auto de vinculación a proceso de veinticuatro de marzo de dos mil veinte, respecto de la cantidad de $30,000,000.00 (treinta millones de pesos 00/100 moneda nacional), la cual fue depositada en la cuenta 01 01 7982 94 de la Unión Ganadera Regional de Tabasco, el doce de agosto de dos mil trece, y que de acuerdo al informe de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se advertían diversos movimientos, del doce al veintisiete de agosto de dos mil trece, en donde realizó las siguientes transferencias: ".son tres transferencias una por $5000000 otra por 14000000 y otra por 7000000 esto a la cuenta 01 59 66 4270 de la institución Bancomer y que está es pertenece a la comercializadora Unión S.A de C.V lo que suma una cantidad de 26000000 de pesos estos 26000000 de pesos desgloso la agente del ministerio público en su verbalización fueron gastadas del día 12 al 27 de agosto del 2013 y en sus verbalizaciones realizó diferentes montos y conceptos en tanto que los cuatro millones restantes en la cuenta de la unión Ganadera Regional del Estado de Tabasco ese mismo día 12 de agosto del 2013. De igual forma se hicieron diversas disposiciones esto es 2979463.17 pesos a favor de Cooperativa de consumo ganadero scl. Asimismo la cantidad de 509653.49 pesos a nombre de la persona y perdón a la cuenta 045 204 342 de la persona moral Bancomer S.A de C.V el pago de capital e???????????? intereses de créditos con dicha institución la cantidad de 130,000 pesos se hizo mediante una transferencia a la cuenta 048 179 2504 a nombre de Agustín de la Cruz Priego la cantidad de $90000 mediante transferencia electrónica a la cuenta 01 04 98 04 17 del banco del banco Bancomer a nombre de la empresa alimentos balanceados Unión S.A de C.V $54057 a la cuenta con clave cecyt2 67250 5 del banco Bancomer a nombre de secretaría de planeación y finanzas del gobierno del Estado de Tabasco para efectos de pagar el Registro Público de la Propiedad del crédito hipotecario por la cantidad de 10000000 de pesos así también la cantidad de $55000 mediante un traspaso a la cuenta bancaria 09001 9340 5990 del banco Bancomer a nombre de Frigorífico y Empacadora de Tabasco S.A de C.V de esa misma cantidad de los cuatro millones el día 13 de agosto del 2013 de esa cuenta 01 01 7982 94 Se realizaron otras operaciones por la cantidad de 173662.57 pesos es decir un traspaso por la cantidad de $50000 a favor de la cuenta 01 9340 5990 un pago por la cantidad de $50000 a la cuenta bancaria 01 4886 1544 de destitución Bancomer a nombre de Agustín Ramos Ramón Suárez Torres el pago de la cantidad de $630 por concepto de pago de cobranza de recuperación dos cantidades emitidas por cheques esto es de $7500 y otras $19002.01 a favor de un beneficiario c10 70 523 c88 un cheque por la cantidad de 14530.53 a favor de Alfonso fragoso Moreno por concepto de abono a cuenta liquidación una transferencia spei con número 044 7900 8806 2498 841 de Scotiabank con descripción de honorarios junio o junio del 2013 por la cantidad de $32000 a nombre de José Alonso Gobernig Dago cantidades que en efecto o en no justifican el motivo de cuáles son sus transferencias en torno al proyecto que se avala y Asimismo aquella cantidad restante de $26,000,000 de pesos, ocurrida perdón del 12 al 23 de agosto no así como ya se describe mente del 12 al 27 los 26000000 de pesos que fueron transferidos a la cuenta de la Comercializadora Unión S.A de C.V fueron estos destinados a otros rubros desde el día 12 al 23 de agosto del año 2013 puesto que a través de las transferencias se verbalizo en la audiencia anterior que los montos fueron diversos es decir fueron realizados y tomadas en consideración a través de la pericial contable sustentada por la perito Macossay en donde se advierte que fueron realizados diversos pagos por una cantidad de $4,335,372.84 de los cuales realizó la verbalización de diversos conceptos como pagos a la Unión de crédito ganadero por diferentes montos de los cuales a la sumatoria si se advierte dicha cantidad pagos a la secretaría de planeación y finanzas a la tesorería de la federación al Instituto Mexicano del Seguro Social a la comisión federal de electricidad a José Alonso de obligado a Leandro Fernández Martínez a Una nómina semanal a Cindy Carolina Ruiz Priego a Claudia Patricia Salvador es decir sin necesidad de este momento de verbalizar de nueva cuenta todos los datos que fueron aportados en el aislamiento generado se advierte que son de diferentes conceptos como pagos de cuotas pagos de préstamo de créditos de igual manera diferentes otros conceptos como honorarios de nómina de pensiones alimenticias de préstamos de finiquitos laborales así también estableció que de esos 27,000,000 26,000,000 de pesos también se generaron liquidaciones a socios por la cantidad de 8115432.93 pesos en tanto que también Se realizaron transferencias de recursos por la cantidad de 12951290 a favor de las cuentas que se en que son también mismas y propias de la Unión Ganadera Regional de Tabasco puesto que también se señaló de la cuentas de la Unión Ganadera del Frigorífico y Empacadora de Tabasco así como traspasos entre las cuentas de la Comercializadora Unión mismos que fueron detalladas y de los que se advierte que en efecto se tienen por existente aquellas cuentas por no solamente tenerse por justificado con datos." 7) Que la juez dejó de resolver cuestiones que la defensa hizo valer con la finalidad de evidenciar que no existen los requisitos de la ley para que se dictara un auto de vinculación. Pues es infundado tal agravio, tomando en consideración que como se ha relatado con anterioridad la Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, analizó que hasta este momento procesal existían datos de prueba que sustentaban que el quejoso Baltazar Sánchez Fuentes, había cometido un hecho que la ley señalaba como delito, esto es, a título de coautor, al ser miembro de la Unión Ganadera Regional de Tabasco, en su carácter de secretario, y en conjunto con otras dos personas, en su carácter de tesorero y presidente recibieron la cantidad de $30,000,000.00 (treinta millones de pesos 00/100 moneda nacional), quienes incumplieron el acuerdo celebrado con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP) del Estado de Tabasco, el cual tenía como finalidad contribuir al impulso y fortalecimiento de los mecanismos de la cadena productiva, procesamiento y??????? comercialización de carne bovino en apoyo al sector ganadero del estado de Tabasco. Además, de acuerdo al audio y video relativo a las audiencias de diecinueve y veinticuatro de marzo, relativas a la audiencia inicial y continuación de la audiencia en su fase de vinculación a proceso, en todo momento la juez de Control atendió a las manifestaciones tanto del representante legal, del fiscal del Ministerio Público, como de la defensa, en donde explicó en diversas ocasiones por qué si se encontraba acreditado hasta ese momento, que el hecho verbalizado por el fiscal era señalado por la ley como delito. Aunado a que, este juzgador en el considerando correspondiente, procedió a hacer un análisis minucioso respecto de los requisitos de fondo, en donde se establecía la probable participación del imputado y que éste había participado en su comisión. 8) Que la juez vulneró en perjuicio del quejoso, los derechos humanos que prevén los artículos 14 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al momento de imponer la medida cautelar de prisión preventiva, primero en la audiencia inicial en la que se realizó la imputación y posteriormente en la continuación de la audiencia inicial en su fase de vinculación a proceso. Al haber anulado el Tribunal de alzada el auto de vinculación, también debió haber anulado la medida cautelar, por lo que debió haber obtenido su libertad. En cuanto a dicho concepto de violación, este es infundado porque de acuerdo a lo establecido en el tercer párrafo del artículo 14 Constitucional, dichas diligencias de formulación de imputación, como la continuación de la audiencia inicial en su fase de vinculación a proceso, este juzgador ha podido observar de manera minuciosa que se han respetado las formalidades del debido proceso, esto es así, pues por ello, se dedicó un apartado para analizar precisamente las cuestiones de forma. Pues si bien, el quejoso Baltazar Sánchez Fuentes, refiere que al haberse anulado por el Tribunal de Alzada el auto de vinculación a proceso de veintitrés de enero de dos mil veinte, así como la audiencia inicial y todo lo actuado en el proceso 12/2020 que se instruye en su contra, debió también anularse la prisión preventiva justificada, por lo que debió haber obtenido su libertad. Ahora, de la resolución dictada el diez de marzo de dos mil veinte, dictada en el toca penal 016/2020, por la Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes y Oralidad para Adultos, en la que se resuelve el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Nilda Fabiola López Bolaina, Fiscal del Ministerio Público, en contra del auto de vinculación a proceso dictado en audiencia de veintitrés de enero de????????????? dos mil veinte, en la causa penal 12/2020, por la Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, con residencia en esta ciudad, se advierte lo siguiente: "[.] Por lo aquí expuesto y con fundamento en los artículos 467, fracción VII, 475, 477, 478 y 479, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es de resolverse, y se: RESUELVE PRIMERO: Resultó fundado con trascendencia al resultado del fallo el agravio de la Fiscalía, habiendo necesidad de suplir la deficiencia a favor del imputado al advertirse violación a sus derechos fundamentales. SEGUNDO. En consecuencia, lo procedente es declarar NULO el auto de vinculación a proceso dictado el veintitrés de enero de dos mil veinte así como las diligencias directamente derivadas del mismo, pronunciado por la licenciada Ana Gabriela Hernández Villegas Juez de Control de la Región Judicial Nueve, con sede en Centro, Tabasco, en la causa penal 12/2020, que se le sigue a Baltazar Sánchez Fuentes, por la probable comisión del delito de cometido por particulares en relaciona a servidores públicos, previsto y sancionado por el artículo 249, en relación al 187, fracción IV del Código Penal del Estado de Tabasco, que se dice cometido en agravio del Erario Público del Estado de Tabasco o de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesquero (SEDAFOP), representados por el licenciado Guillermo Arturo del Rivero León. Y, atento a lo establecido por los artículos 97, 99 y 101 fracción II de la Ley Procesal en cita, se ordena la REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO desde la audiencia inicial, quedando subsistente la medida cautelar de prisión preventiva decretada al imputado, para los efectos de que la licenciada Ana Gabriela Hernández Villegas Jueza de Control de la Región Judicial Nueve con sede en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, lleve a cabo la secuela procesal en su integridad, respetando el orden establecido de los actos que la conforman (formulación de imputación y vinculación a proceso) y resuelva la situación jurídica del imputado con libertad de criterio. Ahora, en caso de existir imposibilidad por la juzgadora de mérito, para dar cumplimiento a lo anterior, la lleve a cabo una jueza o juez distinto con la condición que la misma o el mismo deberá iniciarla y concluirla íntegramente en sus fases, para respetar así el principio de inmediación. TERCERO. En ese orden, resultó improcedente la solicitud realizada por parte del defensor particular en la audiencia efectuada el cinco de marzo de la presente anualidad, consistente en la suspensión del trámite del recurso de apelación, por las razones expuestas en esta resolución. CUARTO. Notifíquese de manera personal a las partes el dictado de esta resolución en los términos de lo establecido en las consideraciones precedentes. QUINTO. Con copia autorizada de la transcripción de la presente resolución, remítase a la Juez de Control de la Región Judicial Nueve, con sede en Centro, Tabasco, el disco de almacenamiento de audio y video, así como las constancias remitidas para la substanciación del recurso, y en su oportunidad archívese el toce penal en que se actúa, como asunto totalmente concluido. SEXTO. Remítase copia certificada de la presente resolución al Juez Séptimo de Distrito en el Estado, para los efectos legales que pudieran proceder en el juicio de amparo 286/2020-V-10, que promovió el aquí imputado en contra de actos que reclamó del Juzgado de Control. SÉPTIMO. Los datos de transparencia, en los términos de lo establecido en las consideraciones anteriores. Así, lo resuelvo, mando y firmo el Maestro en Derecho Gilberto Melquiades Miranda Díaz, Magistrado de la Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes y Oralidad para Adultos. Resolución que se hace valer como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, tomando en consideración que el aquí quejoso la hizo valer como acto reclamado en el juicio de amparo 727/2020-4, que se lleva en este juzgado; y, en donde se desprende que en dicha resolución quedó subsistente la medida cautelar de prisión preventiva justificada que le fuera impuesta al quejoso desde la audiencia inicial de diecinueve de enero de dos mil veinte, en la causa penal 12/2020, y que además dicha medida cautelar, también fue motivo del juicio de amparo 552/2020-9, también del índice de este juzgado, en donde se analizó precisamente la revisión de la medida cautelar de doce de mayo de dos mil veinte por la por la Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, con residencia en esta ciudad, licenciada Ana Gabriela Villegas Hernández, quien en lo que aquí interesa, resolvió lo siguiente:?????????? "[.] Juez: se cierra debate y se procede a resolver tomando en consideración la petición hecha por la defensa a efectos de que se revise la medida cautelar para que sea modificada y se establezca la prisión domiciliaria, en ese sentido el abogado defensor a expuesto y se han desahogado los medios de prueba que considera oportunos para justificar las condiciones específicas del arraigo para que a su vez se modifique en torno a que es uno de los aspectos que fueron tocados en la imposición de la medida cautelar, en ese sentido hemos de considerar primeramente, es cierto que se establecieron diversos análisis con diferentes aspectos como lo es precisamente el monto, la reparación del daño y otros como el arraigo que son de manera conjunta y que en efecto no entraré al análisis más que del arraigo, puesto que del otro punto precisamente es una circunstancia que debió analizarse en el recurso correspondiente, así pues respecto del arraigo hemos de considerar de que se establecieron diversos domicilios en anterior audiencia y aquí se pretende establecer que si existe un domicilio en esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, para efectos de que el señor Baltazar Sánchez Fuentes establezca que en efecto este le pertenece, se ha señalado y se pudo observar en el desahogo del testimonio de la señora Maribel Paula Estrada Rodríguez, que sus manifestaciones fueron espontaneas, también versó respecto a la relación existente entre Baltazar Sánchez Fuentes y las personas que integran su familia como lo son los hijos que son tres, sus nombres y sus ocupaciones así como domicilio, de ese aspecto hemos de considerar entonces su pronunciamiento que en efecto ella refiere que tiene treinta y un años de casada con el de lo cual pues procrearon a tres hijos, destaca de sus manifestaciones que con motivo del proceso y de la medida cautelar que le fue impuesta al señor Baltazar Sánchez Fuentes, ella tuvo la necesidad de venir a este municipio de Centro, Tabasco, para radicar en el fraccionamiento Las Rosas antes de Itzcuitzapotlán, y precisamente para tener el acercamiento constante con el señor Baltazar Sánchez Fuentes, bajo esas consideraciones ha señalado que esto es porque renta un domicilio a Consuelo Sánchez Ramos, señalando que paga $4,000 (cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional) mensuales, la ubicación concreta, dio también referencias del inmueble así como de características de la misma que en esta habita ella y su hijo quien estudia en el municipio de Jalpa de Méndez la licenciatura en petroquímica, perdón ingeniería en petroquímica. Ahora pues, de sus propias manifestaciones hemos de atender e interpretar sus mismas circunstancias, considero que no se encuentra justificado el arraigo puesto que esta es transitoria y si bien es cierto se citó un contrato de arrendamiento no es posible incorporar el mismo porque no se realizó la técnica completa ni adecuada, sin entrar a más detalles de cuales fueron los aspectos que no se cumplieron puesto que lo único que si se hizo fue acreditar la existencia de un documento de un contrato mas no se estableció la información necesaria respecto a ello puesto que para efectos de incorporar un documento hemos de atender no solamente al artículo 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales sino también al 380 y en su caso 381 del mismo ordenamiento penal de tal forma que tampoco se estima, no se corrobora en ese aspecto las circunstancias referentes a dicho domicilio. Así pues también se ha establecido de que en el Centro de Reinserción Social existen cuatro casos por covid y un deceso por el mismo, he pues la pandemia en que se encuentra he en esta época y de lo cual resulta necesario el traslado del señor Baltazar Sánchez Fuentes a un domicilio diferente al Centro de Reinserción Social, en ese sentido entonces hemos de considerar de que si bien es cierto señala la defensa de que en su información radica en una cuenta oficial de la autoridad Federal, como lo es la Secretaría de Salud, no menos cierto es que también debe ser objetivo en establecer si es una página electrónica, la dirección exacta de la misma, puesto que no podemos pasar por alto que existan muchos links para efecto de que esta autoridad también establezca este dato, que tampoco soy un órgano de reproducción o producción de medios probatorios, hasta estos momentos no existe de manera específica u objetiva el informe que establezca oh. he. las cantidades o el caso del covid por el contrario se encuentra establecido mediante el informe señalado por el fiscal por cuanto hace al contenido en el oficio suscrito por Juan Manuel Arteaga Martínez cuales son las medidas que se han establecido para combatir dicha pandemia al interior del Centro de Reinserción Social estableciendo los cuidados, las abstenciones, las prevenciones y dentro de ellas destaca el aislamiento en casos sospechosos devueltos por los hospitales, esto es, que advierte que existen las medidas necesarias para la he. combatir o protegerse de dicha pandemia y hasta estos momentos no se ha establecido cuales son los riesgos tampoco en el que el señor Baltazar Sánchez Fuentes se encuentra puesto que bien ha señalado la edad que este tiene no menos cierto es que de manera específica se debe hacer el análisis particular puesto que precisamente el carácter que reviste a la medida cautelar es la particularidad o la personalidad en este caso el sujeto que es el señor Baltazar Sánchez Fuentes, de tal forma entonces hasta estos momentos considero que no se encuentra rebasada la imposición de la medida cautelar en el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco, por las consideraciones que fueron expuestas, por ello entonces en esta fecha y hora se niega la petición hecha por la defensa contando las partes con el término de tres días hábiles para apelar en caso de mostrarse inconformes. [.]" Que dicho juicio de amparo 552/2020-9, se negó el amparo y protección de la justicia Federal solicitados, pues, pues de acuerdo a lo manifestado????????????? por el quejoso Baltazar Sánchez Fuentes, no se superaba el riesgo de sustracción de la acción de la justicia del aquí quejoso, en donde se llegó a la conclusión que no habían variado de manera objetiva las condiciones para su imposición. Pues en tratándose de medidas cautelares, están continuarán hasta que sean sujetas a revisión en virtud de la causa que la haya generado, pues tratándose del caso de medida cautelar de prisión preventiva justificada, esta debe prevalecer para evitar que el imputado obstaculice la labor de los servidores públicos que participan en la investigación de los hechos que se le imputan. Ahora bien, el artículo 180 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece: "Artículo 180. Cuando el sentenciado recurra la sentencia condenatoria, continuará el seguimiento de las medidas cautelares impuestas hasta que cause estado la sentencia, sin perjuicio de que puedan ser sujetas de revisión de conformidad con las reglas de este Código." Así entonces, el citado numeral establece de manera clara que cuando sea recurrida una resolución, las medidas cautelares impuestas continuaran hasta que sean sujetas a revisión en virtud de la causa que haya generado las mismas, pues tratándose del caso de la medida cautelar de prisión preventiva establecida primordialmente para evitar que el imputado obstaculice la labor de los servidores públicos que participan en la investigación conforme al artículo 169 del propio Código Nacional de Procedimientos Penales, o en su caso evitar que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia como lo estable el numeral 168 del propio Código Nacional. Es por ello, que en la audiencia inicial de diecinueve de marzo de dos mil veinte, la Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, únicamente se limitó a mencionar que continuaba vigente la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta el diecinueve de enero de dos mil veinte, emitida en la causa penal 12/2020, que se instruye a Baltazar Sánchez Fuentes. 9) Que el auto de término debió dictarlo la juez responsable a más tardar a las cinco de la tarde del dieciséis de marzo del presente año. Ahora, no obstante la terminología aplicada por el quejoso en cuanto a su manifestación de que el auto de término debió dictarlo a más tardar a las cinco de la tarde del dieciséis de marzo de dos mil veinte; debe decirse que nos encontramos ante el dictado de un auto de vinculación a proceso, puesto que nos encontramos ante el nuevo sistema de justicia penal, acorde a lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, es infundado lo manifestado por el quejoso en el sentido de que si el Tribunal de Alzada decretó la nulidad de todo lo actuado en la causa penal 12/2020, a excepción de la prisión????????????? preventiva justificada impuesta al quejoso, y que la juez de Control responsable admitió haber recibido dicha resolución el diez de marzo de dos mil veinte, a las diecisiete horas; por lo que, se encontraba nuevamente a disposición de dicha autoridad judicial para que determinara su situación jurídica dentro del plazo de 144 horas. Pues no debe perderse de vista el que el artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece lo siguiente: "Artículo 313. Oportunidad para resolver la solicitud de vinculación a proceso. "(.) La audiencia de vinculación a proceso deberá celebrarse, según sea el caso, dentro de las setenta y dos o ciento cuarenta y cuatro horas siguientes a que el imputado detenido fue puesto a su disposición o que el imputado compareció a la audiencia de formulación de la imputación." Así, el quejoso fue puesto a disposición de la juez de Control de la Región Nueve de Centro Tabasco, el diecisiete de marzo de dos mil veinte, no el diez de marzo de dos mil veinte, como pretende hacer valer el quejoso, tomando en consideración que el imputado se encontraba bajo los efectos de la prisión preventiva justificada, lo cual había quedado justificado con la resolución de la Alzada, en donde quedaba subsistente dicha medida cautelar. Ahora, si bien es cierto que el diecisiete de marzo de dos mil veinte, no se llevó a cabo la audiencia inicial, ello fue a raíz de que el defensor particular del aquí quejoso Baltazar Sánchez Fuentes, no compareció a la audiencia inicial; por tanto, la juez responsable no se encontraba en aptitud de resolver la situación jurídica del imputado; pues acorde a lo establecido en el artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la juez de Control responsable estaba en aptitud de decretar un receso o designar al imputado un defensor de oficio; sin embargo, de la propia audiencia de diecisiete de marzo de dos mil veinte, pues el propio imputado insistió la participación de su defensor particular, el licenciado Cecilio Silván Olán. 10) Que la autoridad ejecutora encargada de vigilar el cumplimiento de la medida cautelar vulnera su derecho humano a decretar su libertad en los términos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este argumento también es infundado, tomando en consideración que como ya se dijo, no existe violación al artículo 19 Constitucional, tomando en consideración que al resolver el toca de oralidad 16/2020, el diez de marzo de dos mil veinte, el Tribunal de Alzada dejó subsistente la medida cautelar de prisión preventiva justificada para decretada al imputado, para los efectos de que la licenciada Ana Gabriela Hernández Villegas jueza de Control de la Región Judicial Nueve con sede en la????????????? ciudad de Villahermosa, Tabasco, llevara a cabo la secuela procesal en su integridad, respetando el orden establecido de los actos que la conforman (formulación de imputación y vinculación a proceso) y resolviera la situación jurídica del imputado con libertad de criterio. Por tanto, la autoridad ejecutora Director del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco, se encontraba imposibilitada para decretar la libertad de Baltazar Sánchez Fuentes, dado que la medida cautelar de prisión preventiva justificada se encontraba vigente. En esas condiciones, al ser jurídicamente infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, sin que se advierta queja deficiente que deba suplirse en términos del normativo 79, fracción III, inciso a), de la ley de la materia, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Así, con base en las consideraciones expuestas, debe decirse que, contrario a lo expuesto por el quejoso, no existe violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y mucho menos existe violación al procedimiento acorde a lo establecido en el numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por lo que, como se adelantó son infundados sus conceptos de violación, debiéndose negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. Por otra parte, se advierte que la parte quejosa para justificar la inconstitucionalidad del acto reclamado, invoca las tesis de rubros: ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. LAS GARANTÍAS Y MECANISMOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, TENDENTES A HACER EFECTIVA SU PROTECCIÓN, SUBYACEN EN EL DERECHO FUNDAMENTAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. VINCULACIÓN A PROCESO. MOMENTO EN EL CUAL EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE SOLICITARLA (CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MORELOS ABROGADO). "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN" "NORMAS PENALES EN BLANCO. SON INCONSTITUCIONALES CUANDO REMITEN A OTRAS QUE NO TIENEN EL CARÁCTER DE LEYES EN SENTIDO FORMAL Y MATERIAL." Respecto a la primera Tesis, esta ha sido materia de estudio en el primer concepto de violación, en el que se estableció precisamente que el hecho de que el quejoso invoque violación a los derechos humanos, ello no quiere decir que los órganos jurisdiccionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que se venía desempeñando antes de la reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, lo que en el??????????? caso no ocurre, ya que no se advierte que exista otro ordenamiento de índole internacional que provoque un mayor beneficio al quejoso, ni interpretación extensiva alguna que justifique una decisión distinta. Respecto a la segunda y tercera tesis, con ellas se corrobora el sentido adoptado por este juzgador, pues del estudio formal del auto de vinculación se estableció con qué medios de prueba se acreditó la existencia del delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió; asimismo, se hizo el estudio respectivo respecto a la fundamentación y motivación, en donde se evidencia que la Juez de Control responsable cumplió con tales formalidades. Ahora, respecto a la última tesis que invoca la defensa, ésta tampoco es aplicable al caso concreto, dado que primero existió la conducta delictiva, es decir, la participación del hecho ilícito en donde Baltazar Sánchez Fuentes, en su carácter de secretario de la Unión Ganadera Regional del Estado de Tabasco, omitió cumplir un acuerdo que destinaba recursos públicos del estado para apoyar al fortalecimiento de la cadena productiva de carne de bovino, en apoyo al sector ganadero del estado, y en base a que éste solicitó prórroga para hacer la devolución de la cantidad de $30,000,000.00 (treinta millones de pesos 00/100 moneda nacional), firmó pagaré el cual tenía como fecha de vencimiento el uno de agosto de dos mil dieciocho, y por ello se intentó la vía civil en su contra. Por tanto, la última tesis resulta inaplicable, toda vez que no está en duda ni la conducta delictiva ni la aplicación de la ley, lo que corrobora el sentido adoptado por este juzgador de negar el amparo y protección de la justicia federal, pues para el dictado de un auto de vinculación a proceso no se requieren más requisitos que se haya formulado imputación, y que de los antecedentes de investigación expuestos por el fiscal, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, ya que el sistema de corte acusatorio adversarial y oral ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito; de ahí que la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el Órgano jurisdiccional decide si el delito quedó o no acreditado. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En otro orden, toda vez que aun cuando por auto de uno de septiembre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con?????????????? terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elaborándose versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Baltazar Sánchez Fuentes, por los motivos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese personalmente.
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