Baltazar Sánchez Fuentes
Expediente 727/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 727/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Baltazar Sánchez Fuentes
Actuaciones
- Incidental
MESA 4 VILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó y concedió la suspensión provisional y la definitiva solicitadas, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurrido dicho plazo de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Notifíquese.
- Principal
MESA 4 VILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Vista, la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el veintinueve de octubre de dos mil veinte, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ el juicio de amparo y en el segundo punto se le NEGÓ el amparo y protección de la justicia federal al quejoso BALTAZAR SÁNCHEZ FUENTES; por lo que con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su depuración, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente de su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Luego, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dese vista con el sentido del presente acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Devuélvase al MAGISTRADO DE LA SALA UNITARIA ESPECIALIZADA EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES Y ORALIDAD PARA ADULTOS EN EL ESTADO DE TABASCO, con residencia en esta ciudad, el original del toca de oralidad 16/2020-U-C, de su índice, el que adjuntó al informe justificado que rindió y que se manejaron por cuerda separada, constante de un tomo. Asimismo, al JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL NUEVE EN VILLAHERMOSA, TABASCO, con residencia en esta ciudad, un disco en formato DVD de audio y video, que contiene las audiencias celebradas en el toca penal 16/2020-U-C, el que adjuntó al informe justificado que rindió y que se manejó por cuerda separada. Notifíquese.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 727/2020-4, promovido por Baltazar Sánchez Fuentes, por conducto de su defensor particular Cecilio Silvan Olan, contra actos de la Sala Unitaria Especializada para Adolescentes y Oralidad para Adultos, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16, 19, 20 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el once de marzo de dos mil veinte, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, y turnado al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en esta Ciudad, Baltazar Sánchez Fuentes, por conducto de su defensor particular Cecilio Silvan Olan solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridad que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS 1 "a) El auto emitido en el toca de apelación 016/2020 de fecha 03 de marzo de año 2020 en la parte en que resuelve el recurso de revocación interpuesto por el suscrito en contra del auto de admisión del recurso de apelación interpuesto por la fiscalía en contra del auto de vinculación de fecha 23 de enero del 2020 dictado por el juez de Control, de la región nueve Baltazar Sánchez Fuentes en la causa penal número 12/2020." 2 "b) La resolución emitida en el toca de apelación número 016/2020-U-C en el que se resolvió el recurso de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público en contra del auto de vinculación de fecha 23 de enero del presente año en la causa 12/2020, que se le sigue a mi cliente por el delito de PARTICULARES EN RELACIÓN CON EL SERVICIO PÚBLICO y que trata de ejecutar la Juez de Control de la Región nueve con sede en el municipio de centro, Tabasco, en contra del quejoso." AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Sala Unitaria Especializada para Adolescentes y Oralidad para Adultos, con residencia en esta ciudad. 2 Juez de Control de la Región Nueve de Centro Tabasco, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. EL JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TABASCO, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD SE DECLARA INCOMPETENTE Y REMITE LOS AUTOS A ESTE JUZGADO. Por auto de doce de marzo de dos mil veinte, el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco, registró el expediente bajo el número 504/2020-V-9; y previo requerimiento, el diecisiete de marzo del presente año, se declaró incompetente y remitió los autos a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco (fojas 62 a 65). TERCERO. ESTE JUZGADO TERCERO DE DISTRITO ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA Y ADMITE DEMANDA. El veinticinco de agosto de dos mil veinte, este Juzgado Tercero de Distrito, recibió el oficio 8454/2020, signado por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco, al que acompañó el original del juicio de amparo 504/2020-V-9 de su índice; y, el veintiséis de agosto de dos mil veinte, este juzgado aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del asunto, admitió la demanda de amparo, requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la adscripción, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 73 a 78). CUARTO. EMPLAZAMIENTO DE LOS TERCEROS INTERESADOS. Por auto de veintiséis de agosto de dos mil veinte, (fojas 73 a 78) se ordenó el emplazamiento a través de oficio del tercero interesado Erario Público del Estado de Tabasco y/o Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), representado por el licenciado Guillermo Arturo del Rivero León, mismo que recibió el tres de septiembre de dos mil veinte (foja 133); y, el ocho de septiembre del presente año, se ordenó el emplazamiento de los Fiscales del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, Nilda Fabiola López Bolaina y Leticia de la Cruz León (fojas 117 y 118), mismos que recibieron el once de septiembre de dos mil veinte (foja 126). CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa señaló sustancialmente como actos reclamados: El auto de tres de marzo y la resolución de diez de marzo, ambos del año dos mil veinte, dictados en el Toca Penal 16/2020-U-C del índice de la Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes y Oralidad para Adultos, de esta Ciudad de Villahermosa, Tabasco. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, (foja 84), y Magistrado de la Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes y Oralidad para Adultos en el Estado de Tabasco (foja 122), ambos con residencia en esta ciudad, al rendir su respectivo informe justificado, aceptaron la existencia de los actos reclamados. Para corroborar su dicho la primera de las responsables acompañó a su informe justificado copias autorizadas de la resolución de diez de marzo de dos mil veinte, dictada en el toca penal 16/2020-U-C, auto de once de marzo de dos mil veinte, y un disco compacto que contiene las actas mínimas de audiencias de diecisiete, diecinueve, y vinculación a proceso de veinticuatro de marzo del presente año; y, la segunda de las responsables acompañó el toca penal 16/2020, en la que obran los actos reclamados por el aquí quejoso, misma que obra por cuerda separada a disposición de las partes en la secretaría de este juzgado. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, porque se trata de actuaciones emitidas por autoridades en el ejercicio de su encargo. Es ilustrativo al caso, por las razones que lo informan, el criterio sustentando por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en la tesis número XX. 303 K, visible en la página 227, Tomo XV, enero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y tenor siguiente: "DOCUMENTO PÚBLICO, QUE DEBE ENTENDERSE POR. Se entiende por documento público, el testimonio expedido por funcionario público, en ejercicio de sus funciones, el cual tiene valor probatorio y hace prueba plena, ya que hace fe respecto del acto contenido en él". Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 43/2013, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 703, del Libro XXIII, agosto de 2013 Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. CUARTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. 1. Denuncia de trece de febrero de dos mil diecinueve, presentada por el licenciado Guillermo Arturo del Rivero León, en su carácter de representante del Erario Público del Estado de Tabasco y/o Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), por disposición indebida de recursos públicos. 2. En audiencia inicial de diecinueve de enero de dos mil veinte, el Fiscal del Ministerio Público, formuló imputación en contra de Baltazar Sánchez Fuentes, por el hecho que la ley señala como el delito cometido por particulares en relación con servidores Público, en agravio del Erario Público del Estado de Tabasco y/o Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), representado por el licenciado Guillermo Arturo del Rivero León, en la carpeta administrativa 12/2020 (fojas 35 a 38 del tomo de pruebas). 3. El veintitrés de enero de dos mil veinte, se llevó a cabo la continuación de la audiencia inicial, y en la cual la Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, con residencia en esta ciudad, vinculó a proceso al aquí quejoso Baltazar Sánchez Fuentes (fojas 43 a 46 del tomo de pruebas). 4. Escrito fechado y presentado el veintiocho de enero de dos mil veinte, signado por la licenciada Nilda Fabiola López Bolaina, Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por medio del cual interpone recurso de apelación en contra del auto de vinculación a proceso de veintitrés de enero de dos mil veinte (fojas 3 a 11 del toca penal 16/2020-U-C.) 5. Auto de dieciocho de febrero de dos mil veinte, en el que se admite el recurso de apelación que hizo valer la licenciada Nilda Fabiola López Bolaina, Fiscal del Ministerio Público en contra del auto de vinculación a proceso enterado el veintitrés de enero de dos mil veinte, en la causa penal 12/2020 (fojas 75 a 82 del tomo de prueba). 7. Escrito fechado y presentado el veintiuno de febrero de dos mil veinte, signado por el licenciado Cecilio Silvan Olan, por medio del cual interpone recurso de revocación en contra del auto de dieciocho de febrero de dos mil veinte, que admitió el recurso de apelación interpuesto por la fiscal del Ministerio Público (fojas 95 a 99 del tomo de prueba). 8. En tres de marzo de dos mil veinte, la Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes y Oralidad para Adultos, determinó que era infundado el agravio expuesto por la defensa (fojas 137 a 153 del tomo de prueba). 9. Resolución de diez de marzo de dos mil veinte, dictada por la Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes y Oralidad para Adultos, en la que se resuelve el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Nilda Fabiola López Bolaina, Fiscal del Ministerio Público, en contra del auto de vinculación a proceso dictado en audiencia de veintitrés de enero de dos mil veinte, en la causa penal 12/2020, por la Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, con residencia en esta ciudad: "[.] Por lo aquí expuesto y con fundamento en los artículos 467, fracción VII, 475, 477, 478 y 479, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es de resolverse, y se: RESUELVE PRIMERO: Resultó fundado con trascendencia al resultado del fallo el agravio de la Fiscalía, habiendo necesidad de suplir la deficiencia a favor del imputado al advertirse violación a sus derechos fundamentales. SEGUNDO. En consecuencia, lo procedente es declarar NULO el auto de vinculación a proceso dictado el veintitrés de enero de dos mil veinte así como las diligencias directamente derivadas del mismo, pronunciado por la licenciada Ana Gabriela Hernández Villegas Juez de Control de la Región Judicial Nueve, con sede en Centro, Tabasco, en la causa penal 12/2020, que se le sigue a Baltazar Sánchez Fuentes, por la probable comisión del delito de cometido por particulares en relaciona a servidores públicos, previsto y sancionado por el artículo 249, en relación al 187, fracción IV del Código Penal del Estado de Tabasco, que se dice cometido en agravio del Erario Público del Estado de Tabasco o de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesquero (SEDAFOP), representados por el licenciado Guillermo Arturo del Rivero León. Y, atento a lo establecido por los artículos 97, 99 y 101 fracción II de la Ley Procesal en cita, se ordena la REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO desde la audiencia inicial, quedando subsistente la medida cautelar de prisión preventiva decretada al imputado, para los efectos de que la licenciada Ana Gabriela Hernández Villegas Jueza de Control de la Región Judicial Nueve con sede en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, lleve a cabo la secuela procesal en su integridad, respetando el orden establecido de los actos que la conforman (formulación de imputación y vinculación a proceso) y resuelva la situación jurídica del imputado con libertad de criterio. Ahora, en caso de existir imposibilidad por la juzgadora de mérito, para dar cumplimiento a lo anterior, la lleve a cabo una jueza o juez distinto con la condición que la misma o el mismo deberá iniciarla y concluirla íntegramente en sus fases, para respetar así el principio de inmediación. TERCERO. En ese orden, resultó improcedente la solicitud realizada por parte del defensor particular en la audiencia efectuada el cinco de marzo de la presente anualidad, consistente en la suspensión del trámite del recurso de apelación, por las razones expuestas en esta resolución. CUARTO. Notifíquese de manera personal a las partes el dictado de esta resolución en los términos de lo establecido en las consideraciones precedentes. QUINTO. Con copia autorizada de la transcripción de la presente resolución, remítase a la Juez de Control de la Región Judicial Nueve, con sede en Centro, Tabasco, el disco de almacenamiento de audio y video, así como las constancias remitidas para la substanciación del recurso, y en su oportunidad archívese el toce penal en que se actúa, como asunto totalmente concluido. SEXTO. Remítase copia certificada de la presente resolución al Juez Séptimo de Distrito en el Estado, para los efectos legales que pudieran proceder en el juicio de amparo 286/2020-V-10, que promovió el aquí imputado en contra de actos que reclamó del Juzgado de Control. SÉPTIMO. Los datos de transparencia, en los términos de lo establecido en las consideraciones anteriores. Así, lo resuelvo, mando y firmo el Maestro en Derecho Gilberto Melquiades Miranda Díaz, Magistrado de la Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes y Oralidad para Adultos. [.]" (fojas 193 a 234 del tomo de pruebas). QUINTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En ese sentido, este juzgador estima que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo y con ello el sobreseimiento del juicio en que se actúa, respecto del acto reclamado consistente en el acuerdo de tres de marzo de dos mil veinte, dictado en el toca penal 16/2020. Dicho precepto establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos em anados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. [.]" De la transcripción anterior, se advierte que el juicio de amparo será improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Esta causa de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. En efecto, tratándose de ésta causa de improcedencia, no existe imposibilidad física para reparar las violaciones que hubiera ocasionado el acto reclamado, pero existe un impedimento jurídico para ello, toda vez que, el permitir la destrucción de actos de autoridad que escapan a la litis planteada en el juicio constitucional, cuyo sustento legal no puede valorarse, por no formar parte de la litis en el juicio, y que quizá justifican legalmente la existencia o subsistencia del acto que se reclamó en el amparo. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno a la causal de improcedencia en comento, ha establecido los siguientes criterios: El publicado con el número 2a. CXI/96, en la página doscientos diecinueve, del Tomo IV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos noventa y seis, del rubro y texto siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." El de la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuatro mil novecientos ochenta y uno, del Tomo LXIX, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE QUE EMANAN LOS ACTOS RECLAMADOS. Según la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente ... 'contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio promovido, por no poder decidirse en dicho juicio, sin afectar la nueva situación jurídica'. Ahora bien, para que el cambio de que habla la fracción citada, produzca los efectos que ésta determina, es necesario que verse precisamente sobre la situación jurídica creada en el procedimiento que dio margen al juicio de amparo; de manera que si el cambio se verifica dejando inalterados los derechos y obligaciones que las partes controvierten en dicho procedimiento, no puede haber cambio en la situación jurídica y faltará, por ende, el presupuesto esencial de la fracción mencionada, la que resultará, en último análisis, absolutamente inaplicable." De los criterios anteriores, se colige que para la opere la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica, se requiere necesariamente de los siguientes elementos: 1).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; 2).- Que al promoverse el amparo se encuentre colocado el quejoso en un estado jurídico determinado, es decir, que aquel acto procedimental haya definido su posición frente al orden jurídico; 3).- Que sobrevenga otro acto, cualquiera que sea la autoridad que lo dicte que cambie la situación del quejoso; 4).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, 5).- Que al producirse el nuevo acto se agoten los efectos del acto reclamado, creando frente al quejoso una nueva situación jurídica que no derive de este último. Precisado lo anterior, este juzgado de Distrito considera que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia de referencia, tomando en consideración que el aquí quejoso señaló como acto reclamado el auto de tres de marzo de dos mil veinte, dictado en el toca penal 16/2020, que resolvió el recurso de revocación interpuesto por el licenciado Cecilio Silván Olán, en su carácter de defensor particular del procesado (quejoso), en contra del auto de dieciocho de febrero de dos mil veinte, que admitió el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Nilda Fabiola López Bolaina Fiscal del Ministerio Público en contra del auto de vinculación a proceso de veintitrés de enero de dos mil veinte, dictado por la Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco. Así entonces, la Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes y Oralidad para Adultos con residencia en esta ciudad, declaró infundado el agravio hecho valer por el defensor particular, confirmando a su vez el auto de dieciocho de febrero de dos mil veinte, y ordenando continuar con el trámite de la impugnación hecha valer por la fiscal. Sin embargo, de las constancias que integran el toca penal 16/2020, que acompañó la Sala responsable a su informe justificado, así como del capítulo de antecedentes que constituyen el acto reclamado, se advierte que el diez de marzo de dos mil veinte, la Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes y Oralidad para Adultos, resolvió el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Nilda Fabiola López Bolaina Fiscal del Ministerio Público, en contra del auto de vinculación a proceso de veintitrés de enero de dos mil veinte, dictado en la causa penal 12/2020, del índice de Juzgado de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, que se sigue en contra del aquí quejoso. De lo narrado, es inconcuso que existe un cambio de situación jurídica, toda vez que, el acto reclamado consiste en un auto que declaró infundados los agravios de la defensa en los cuales se inconformaba respecto de la admisión del recurso de apelación interpuesto por la Fiscal del Ministerio Público acusadora en el causa de origen, y ordenaba la continuación del procedimiento; posteriormente, la Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes y Oralidad para Adultos responsable, resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra del auto de vinculación a proceso de veintitrés de enero de dos mil veinte, dictado en el Toca Penal 16/2020; es por ello, que no puede decidirse sobre la constitucionalidad de los actos sin afectar esa nueva situación jurídica, por lo que debe considerarse consumado de manera irreparable las violaciones reclamadas. Por lo que, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia referida, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio, respecto del acto reclamado consistente en el auto de tres de marzo de dos mil veinte, dictado en el toca penal 16/2020, del índice de la Sala responsable. Lo anterior se justifica en tanto que la pretensión del quejoso implicaba que dejara sin efectos el auto que en su momento había admitido el recurso de apelación interpuesto por la Fiscal acusadora en contra del auto de vinculación a proceso de veintitrés de enero de dos mil veinte; y, en el caso, como se ha destacado, dicho recurso de apelación ha sido resuelto, pues la Sala declaró nulo el auto de vinculación a proceso de veintitrés de enero de dos mil veinte, dictado en la causa penal 12/2020, y ordenó la reposición del procedimiento desde la audiencia inicial. SEXTO. ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Los conceptos de violación aducidos son los visibles en el capítulo correspondiente de la demanda, sin que sea necesario transcribirlos, ya que no hay precepto alguno que establezca la obligación de hacerlo, lo cual no trastoca los principios de congruencia y exhaustividad dado que esta juzgadora procederá al análisis de los planteamientos de legalidad y constitucionalidad que se hayan expresado. Es aplicable la jurisprudencia 58/2010 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". En primer término, respecto de los conceptos de violación en los aduce esencialmente, que la resolución reclamada transgrede sus derechos fundamentales, en lo que manifestó: Que el acto que a la ordenadora le reclama es inconstitucional, al otorgar la posibilidad a una parte que no es agraviada por una resolución que recurra a la segunda instancia, lo cual es contrario a las reglas del procedimiento, ya que tratándose de recursos la regla es clara en los artículos 456, 458 y 470 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Que la ejecutoria que por esta vía se reclama es violatoria de los derechos humanos y a que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento, pues el efecto de la ejecutoria emitida por la responsable es retrotraer los efectos de la resolución de dieciocho de enero del presente año, en la que se le realizó la imputación, lo cual resulta una dilación innecesaria en su perjuicio. Que el recurso promovido por la Fiscalía en modo alguno afecta los intereses de ésta, por lo que contrario a lo resuelto el recurso debió desecharse o bien declarar sus agravios inoperantes. Que la propia fiscalía contribuyó a provocar el agravio de defensa técnica inadecuada, pues de advertirlo la fiscalía debió exponerlo antes de concluir la audiencia para que esta se repitiera atento a los numerales 98 y 101 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Que el tribunal no debió referir a como lo hizo que el ministerio público actuaba en procuración a un derecho de defensa que a su parecer había sido vulnerado, pues el fiscal no representa los derechos de defensa del quejoso, y que no era obligación de la defensa en pro de sus derechos impugnar mediante recurso de apelación en contra del acto que el fiscal considera violatorio. Que si bien es cierto que existe la posibilidad de reparar una violación a derechos fundamentales y que ello lo puede hacer un tribunal de apelaciones, ello desde luego está supeditado a que el agraviado interponga el recurso respectivo, pues en ninguna parte del Código Nacional de Procedimientos Penales autoriza al Tribunal de apelaciones a actuar de forma oficiosa, y que esa oficiosidad solo puede hacerla después de que se interponga un recurso por parte del directamente interesado, pues solo así estará actuando en el ámbito de sus atribuciones, por tanto si el recurso no se interpuso por parte de la defensa, el tribunal y el fiscal no estaban autorizados para actuar oficiosamente. Puntualizado lo anterior, en primer término, respecto a los conceptos de violación marcados del uno al seis, estos resultan inoperantes, porque con independencia de lo resuelto por la Sala en la determinación adoptada respecto del recurso de revocación, en el sentido de admitir el recurso de apelación que hizo valer la fiscal del Ministerio Público, lo cierto es que dichos agravios ya fueron materia de análisis en la resolución de tres de marzo de dos mil veinte, respecto del cual se decretó el sobreseimiento en el considerando respectivo, por lo que este juzgador se encuentra imposibilitado para analizarlos. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Junio de 1996, Página 109, Registro 200412, Novena Época, de rubro y texto: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISION. LO SON LOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISION DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACION SI EL JUEZ ESTIMO PROCEDENTE EL SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito consideró que se habían actualizado dos causales de sobreseimiento y con base en ellas resuelve sobreseer en el juicio, en el que se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de su parte, de diversos conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo no lo obligaba a abordar tal estudio sino que lo imposibilitaba para realizarlo, pues de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la controversia del fondo." Por otra parte, respecto a los conceptos de violación en los que manifiesta que le causa perjuicio la anulación del auto de vinculación de veintitrés de enero del presente año, por una presunta falta de conocimientos técnicos de la defensa en ese momento, lo cual en su oportunidad fue advertido por la juzgadora y lo hizo saber al imputado, por lo que este realizó cambio de abogado en la continuación de la audiencia en su fase de vinculación. Y, que la responsable pasó por alto las etapas del procedimiento, puesto que, si bien la juzgadora advirtió ciertas deficiencias del defensor, lo cierto es, que eso se aconteció en la etapa inicial, y en la misma etapa inicial el imputado realizó un cambio de defensor por lo que no tiene razón la ordenadora al conceder favorable el pedimento de la fiscalía y ordenar la reposición del procedimiento. Estos resultan infundados infundados como se verá a continuación: Para evidenciar lo infundado de tales conceptos de violación, y a fin de generar un fallo más claro y accesible para las partes, se hará un análisis oficioso de los razonamientos esgrimidos por la responsable y paralelamente, se atenderán los conceptos de violación que esgrime el impetrante de amparo. Primeramente, menester señalar brevemente algunas directrices básicas relativas al recurso de apelación de acuerdo al sistema penal acusatorio y oral. Dicho esto, conviene destacar un elemento esencial que rige el marco jurídico del recurso de apelación conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, a saber: "Artículo 456. Reglas generales Las resoluciones judiciales podrán ser recurridas sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos en este Código. Para efectos de su impugnación, se entenderán como resoluciones judiciales, las emitidas oralmente o por escrito. El derecho de recurrir corresponderá tan sólo a quien le sea expresamente otorgado y pueda resultar afectado por la resolución. En el procedimiento penal sólo se admitirán los recursos de revocación y apelación, según corresponda." "Artículo 461. Alcance del recurso El Órgano jurisdiccional ante el cual se haga valer el recurso, dará trámite al mismo y corresponderá al Tribunal de alzada competente que deba resolverlo, su admisión o desechamiento, y sólo podrá pronunciarse sobre los agravios expresados por los recurrentes, quedando prohibido extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en ellos o más allá de los límites del recurso, a menos que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales del imputado. En caso de que el Órgano jurisdiccional no encuentre violaciones a derechos fundamentales que, en tales términos, deba reparar de oficio, no estará obligado a dejar constancia de ello en la resolución. Si sólo uno de varios imputados por el mismo delito interpusiera algún recurso contra una resolución, la decisión favorable que se dictare aprovechará a los demás, a menos que los fundamentos fueren exclusivamente personales del recurrente." "Artículo 481. Materia del recurso Interpuesto el recurso de apelación por violaciones graves al debido proceso, no podrán invocarse nuevas causales de reposición del procedimiento; sin embargo, el Tribunal de alzada podrá hacer valer y reparar de oficio, a favor del sentenciado, las violaciones a sus derechos fundamentales" Como se puede apreciar de la disposición citada, en tratándose de los recursos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, el recurso de revocación y el de apelación, por regla general, imperan los principios de estricto derecho y de litis cerrada, es decir, generalmente, el tribunal de alzada deberá circunscribir su materia de estudio, estrictamente, a los aspectos que hayan sido planteados por las partes y, únicamente, en el supuesto de transgresiones a derechos fundamentales, el Ad quem podrá reparar de oficio, cualquier transgresión que advierta en dicho rubro. Entonces, debe establecerse que, por regla general, la materia de estudio de los órganos de segunda instancia, no implica en modo alguno, volver a reasumir jurisdicción de manera oficiosa sobre todos los aspectos analizados por el A quo, sino que debe de constreñirse, estrictamente, al análisis de las cuestiones planteadas, hecha excepción del supuesto planteado en el párrafo previo. Es aplicable en su parte conducente, la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 17/2019 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2019737, página 732, libro 65, abril de 2019, tomo I, décima época, de rubro y texto: "RECURSO DE APELACIÓN PENAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO. LAS SALAS DEBEN SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA PARA REPARAR OFICIOSAMENTE VIOLACIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL IMPUTADO. De una lectura del artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales se desprenden dos reglas: (i) el órgano jurisdiccional debe reparar oficiosamente las violaciones a derechos fundamentales; pero (ii) cuando no se esté en ese supuesto, el órgano jurisdiccional debe limitarse al estudio de los agravios planteados, sin tener que fundar y motivar la ausencia de violaciones a derechos. Para precisar lo anterior es importante distinguir entre dos momentos diferentes: el análisis del asunto y el dictado de la sentencia. Así, aunque las reglas antes descritas cobran vigencia al momento de dictar la sentencia de apelación, el Tribunal de Alzada debe analizar la sentencia impugnada en su integridad para verificar que no existan violaciones a derechos humanos; y posteriormente, al emitir su decisión, debe limitarse al estudio de los agravios, salvo que hubiere advertido violaciones a los derechos fundamentales del imputado, en cuyo caso deberá reparar las violaciones oficiosamente. Por lo tanto, aunque los Tribunales de Alzada deben analizar toda la sentencia, no tienen el deber de reflejar ese análisis en los considerandos de su decisión. En consecuencia, se puede concluir que el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla -de manera implícita- el principio de suplencia de la queja a favor del imputado. Es importante precisar que la facultad de reparar violaciones a derechos de forma oficiosa se encuentra acotada a la materia del recurso. En este sentido, la suplencia de la queja no opera del mismo modo en procesos abreviados, que en procesos ordinarios. En el primer caso, tal como esta Primera Sala sostuvo en la contradicción de tesis 56/2016, sólo puede analizarse la violación a los presupuestos jurídicos para la procedencia de esa forma de terminación anticipada del proceso penal. Mientras que en el segundo, se podrá analizar cualquier acto que sea materia de la sentencia que resuelva el juicio oral y que implique una violación a los derechos fundamentales del acusado, como lo podrían ser, según sea el caso: la valoración de pruebas, el estudio de tipicidad, la reparación del daño y la individualización de la pena, entre otras cuestiones. Ahora, también debe aclararse que sólo se hace referencia a la suplencia de la queja en favor del imputado, por lo que la Primera Sala, en este momento, no se pronuncia sobre la aplicabilidad de ese principio en favor de otras partes." [énfasis añadido] Expuesto lo anterior, y como ya se adelantó, la parte quejosa reclama la resolución de diez de marzo de dos mil veinte, emitida en el toca penal 16/2020-U-C, relativa al recurso de apelación interpuesto por la licenciada Nilda Fabiola López Bolaina Fiscal del Ministerio Público, en contra del auto de vinculación a proceso, dictado en audiencia de veintitrés de enero de dos mil veinte, presidida por la Juez de Control de la Región Judicial Nueve, con sede en Centro, Tabasco, en la causa penal 12/2020, que se sigue al aquí quejoso Baltazar Sánchez Fuentes, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de cometido por particulares en relación con servidores públicos previsto y sancionado por el artículo 249, en relación al 187, fracción IV del Código Penal del Estado de Tabasco, que se dice cometido en agravio del Erario Público del Estado de Tabasco o de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesquero (SEDAFOP), representados por el licenciado Guillermo Arturo del Rivero León. Ahora, respecto a los agravios en los que manifiesta que le causa perjuicio la anulación del auto de vinculación a proceso de veintitrés de enero del presente año, por la presunta falta de conocimientos técnicos de la defensa en ese momento, lo cual en su oportunidad fue advertido por la juzgadora y lo hizo saber al imputado, y en razón a ello el imputado realizó cambio de abogado en la continuación de la audiencia en su fase de vinculación; y que la responsable pasó por alto las etapas del procedimiento, dado que eso aconteció en la etapa inicial. Sin embargo, como ya se dijo, tales agravios son infundados, pues este juzgador coincide con la determinación de la Sala responsable en donde hace una análisis respecto de la audiencia inicial de diecinueve de enero de dos mil veinte, en donde se estableció que la defensa con la que contó el aquí quejoso Baltazar Sánchez Fuentes no resultaba ser técnica ni adecuada, ya que no bastaba contar con documento legal para ejercer -título de licenciado en derecho- y la asistencia en todo momento hacia la persona a la que representaba, acertó que también es requisito indispensable que se posea conocimientos necesarios para realizar intervenciones profesionales que contribuyan en beneficio de su representado. Pues después de que se le hicieron del conocimiento al imputado los hechos que se encuentra investigando en su contra (formulación de imputación) por parte del fiscal, y decidiera rendir su declaración, el abogado defensor procedió a solicitar el uso de la voz para realizarle interrogantes a su defendido, ante ello la Jueza le precisó a la defensa las reglas que debía atender para tales efectos; procediendo la defensa a cuestionar al imputado referente a qué lugar se llevan a cabo los juicios mercantiles ya que no había quedado claro en su declaración, respondiendo el imputado que no contaba con esos datos. Luego, el abogado se dirigió a la juzgadora para solicitarle que se le permitiera a su representado consultar un apunte y verificara esta información, objetando la fiscal que no se habían establecido las bases para ello, por lo que la jueza de control le reiteró al abogado se ciñera a las reglas del interrogatorio y con ello desistiera el abogado de su intención de formular preguntas a su defenso. Pues con ello, dejó en claro la incapacidad del defensor particular en ejercer una defensa adecuada a favor del imputado Baltazar Sánchez Fuentes, y por ende el resto de las actuaciones en donde acertadamente la Sala responsable refiere: "..se puede establecer la incapacidad de la defensa en ejercer una defensa adecuada a favor del imputado Baltazar Sánchez Fuentes, pues quedó de manifiesto el desconocimiento sobre las reglas que prevalecen en el procedimiento penal respecto del desahogo de la declaración vertida en esa audiencia por el señor Baltazar Sánchez Fuentes, pues aún y cuando el Código Nacional de procedimientos penales en su artículo 376, no establezca una regla precisa en cuanto a la práctica de la técnica sobre apoyo de memoria, no hizo intervención ante la observación que se le hizo por parte del Órgano Jurisdiccional de ceñirse a las reglas que se establecen en el procedimiento penal, dada la observación de la fiscal de que no se había realizado la técnica adecuada para la consulta de algún documento donde existiera la información a que se refería con su solicitud, expresando solamente el defensor que se desistía de su pretensión. En similares circunstancias ocurrió en los minutos 34:05, cuando correspondió el turno a la fiscal del ministerio público para contrainterrogar al señor Baltazar Sánchez Fuentes, cuestionándolo en cuanto a los hechos y la defensa procedió a objetar esa contra interrogante precisando que ya se encontraba contestada en autos, pronunciándose la juzgadora de control en el sentido de que el defensor se sujetara a las reglas del procedimiento, pues su manifestación en el sentido de que ya estaba registrada en autos resultaba intrascendente, toda vez que el defensor dio a entender que se refería a un tiempo diferente y no cuestiones relacionadas a la declaración rendida momentos inmediatos antes por el imputado. En ese mismo sentido, se observa en los minutos 1:41:19, cuando la jueza abrió debate para discutir acerca de la medida cautelar; por lo que luego de la intervención de la fiscal, la defensa argumentó entre otras cosas "que con fundamento en el artículo 20 de la Constitución, se decrete por esta Autoridad la libertad inmediata de mi cliente, porque hasta el momento no le ratificó de la legal su detención, por lo tanto, la que se cuenta a cabo en este momento es ilegal con fundamento en el artículo 16" Del texto anterior, se puede establecer con precisión, que la defensa presentó incapacidad profesional para proteger los intereses del imputado, dado que como lo hizo notar la juez natural, el señor Baltazar Sánchez Fuentes, fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional con motivo de una orden de aprehensión expedida por el juez de control, en la que al inicio de la audiencia si las partes no hicieron solicitud sobre alguna incidencia, se inició con la formulación de la imputación, es decir, no hubo debate en cuanto a la detención del imputado dado que se trata de un mandamiento de captura expedido por juez legitimado para ello. En tales circunstancias, es claro que el señor Baltazar Sánchez Fuentes, no tuvo en todo momento desde que inició al procedimiento penal una defensa técnica y adecuada que velara por sus derechos Constitucionales y procesales [.]" Por tanto, se considera correcto el actuar del magistrado responsable en ordenar la reposición del procedimiento desde la audiencia inicial, quedando subsistente la medida cautelar de prisión preventiva decreta al quejoso Baltazar Sánchez Fuentes, pues como bien se estableció en la resolución de diez de marzo del presente año, no solo se satisface la defensa adecuada con el nombramiento de un licenciado en derecho para la defensa del imputado, sino que deben de implementarse las medidas necesarias para garantizar que tiene asistencia de una persona capacitada para defenderlo, tal y como lo establece la Tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1ª. C/2019 (10ª.), Registro 2021099, de rubro y texto siguientes: DEFENSA ADECUADA EN SU VERTIENTE MATERIAL. NO SE SATISFACE ESTE DERECHO, CON EL SOLO NOMBRAMIENTO DE UN LICENCIADO EN DERECHO PARA LA DEFENSA DEL IMPUTADO, SINO QUE DEBEN IMPLEMENTARSE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR QUE TIENE LA ASISTENCIA DE UNA PERSONA CAPACITADA PARA DEFENDERLO [ABANDONO PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 12/2012 (9a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la citada jurisprudencia de rubro: "DEFENSA ADECUADA. FORMA EN QUE EL JUEZ DE LA CAUSA GARANTIZA SU VIGENCIA.", sostuvo que el derecho de defensa adecuada se garantiza esencialmente si el inculpado es asistido por un abogado defensor y no se obstaculiza de ninguna manera el trabajo de la defensa. De igual modo, estableció que el referido derecho no debe llegar a ciertos extremos, entre ellos: a) vigilar la estrategia de la defensa; b) justipreciar la capacidad o incapacidad técnica del abogado defensor; y, c) que el incumplimiento de los deberes de la defensa deba evaluarse por el juzgador, sino que en todo caso podrían ser materia de responsabilidad profesional. Ahora bien, la armonización de la doctrina constitucional del Alto Tribunal con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y una nueva reflexión sobre el tema, llevan a esta Primera Sala a separarse parcialmente del criterio plasmado en la tesis citada, específicamente en lo referido a las consideraciones señaladas en los incisos b) y c), pues se reconoce que parte del núcleo esencial del derecho a gozar de una defensa adecuada lo constituye el cumplimiento de que ésta cumpla con su aspecto material, es decir, que el abogado satisfaga un estándar mínimo de diligencia en el cumplimiento de sus deberes, lo que además debe ser controlado por el Juez en su calidad de garante y rector del procedimiento penal. Esto, porque una verdadera defensa adecuada no puede limitarse a meros aspectos procesales o de trámite, pues el solo nombramiento de un licenciado en derecho para que asuma la defensa no satisface ni efectiviza, por sí mismo, el derecho a gozar de una defensa material, sino que se requiere que se implementen todas las medidas necesarias para garantizar que el imputado tiene la asistencia de una persona capacitada para defenderlo. No obstante, una vez satisfecho ese estándar mínimo, el Juez debe abstenerse de controlar la bondad y eficacia de la estrategia defensiva adoptada o el resultado de ésta, en virtud de la autonomía en su diseño por el defensor nombrado." En esas condiciones, al resultar inoperantes e infundados los conceptos de violación, se procede a negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Por último, se advierte que el defensor particular del quejoso para justificar la inconstitucionalidad del acto reclamado, invoca las tesis de rubros: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LAS PARTES EN SUS PLANTEAMIENTOS DE DERECHO EN MATERIA FAMILIAR. EL ARTÍCULO 941 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, AHORA CIUDAD DE MÉXICO, PERMITE AL JUZGADOR DAR CURSO AL MEDIO DE IMPUGNACIÓN IDÓNEO, SIEMPRE QUE CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD QUE NO FUERAN SUBSANABLES POR DICHA INSTITUCIÓN." "VINCULACIÓN A PROCESO. MOMENTO EN EL CUAL EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE SOLICITARLA (CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MORELOS ABROGADO)." "DEFENSA ADECUADA EN LA AUDIENCIA INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. LA CALIDAD DE LICENCIADO EN DERECHO DEL DEFENSOR DEBE ACREDITARSE CON EL REGISTRO PREVIO DE LA CÉDULA PROFESIONAL EN LOS SISTEMAS DE REGISTRO O ANTE LOS EMPLEADOS JUDICIALES DESIGNADOS PARA TAL EFECTO, Y CON LA SIMPLE MENCIÓN QUE DE ESOS DATOS SE HAGA EN LA AUDIENCIA RESPECTIVA." "AGRAVIOS INOPERANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO." "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. LAS GARANTÍAS Y MECANISMOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, TENDENTES A HACER EFECTIVA SU PROTECCIÓN, SUBYACEN EN EL DERECHO FUNDAMENTAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, NO OBSTANTE QUE SE DECLAREN FUNDADOS LOS RELATIVOS A LA INCOMPETENCIA DE LA RESPONSABLE, DEBEN ANALIZARSE TAMBIÉN LOS DE FONDO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO DERIVE DE UN TRÁMITE ADMINISTRATIVO QUE NECESARIAMENTE DEBE RESOLVER LA AUTORIDAD COMPETENTE." Sin embargo, en la especie resultan inaplicables toda vez que como se delimitó en párrafos anteriores, la resolución de la Sala responsable que por esta vía se estudia, se encuentra ajustada a derecho, máxime que del audio y video de la audiencia de diecinueve de enero de dos mil veinte, relativa a la audiencia inicial y de imputación, así como de solicitud de vinculación a proceso, se advierte que se trasgredió el derecho humano de defensa adecuada en materia penal del aquí quejoso, por lo que éste debía ser reparado tal y como se ordenó en la resolución que por esta vía se combate. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veintiséis de agosto de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se les señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales, conforme lo establece el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; no obstante, omitieron manifestarse al respecto. Empero, conforme lo establecen los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18 del ordenamiento legal antes invocado y 8° del reglamento precitado, los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes se opongan expresamente a la publicación de sus datos personales; por ende, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Baltazar Sánchez Fuentes, por conducto de su defensor particular Cecilio Silván Olán, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Baltazar Sánchez Fuentes, por conducto de su defensor particular Cecilio Silván Olán, contra los actos reclamados y autoridades referidas en el resultando primero, por las razones y motivos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
MESA 4 Villahermosa, Tabasco, siete de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede se advierte que mediante oficio 002/2020-CM, de dos de octubre de dos mil veinte, signado por el Magistrado Juan Manuel Vázquez Fernández de Lara, en su carácter de coordinador de magistrados de tribunales colegiados y unitarios de circuito, incluidos los pertenecientes al Centro de Justicia Penal Federal en la ciudad de Villahermosa, y en representación también de la coordinación de jueces de Distrito, informó que los titulares de los órganos jurisdiccionales federales del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, tomaron la decisión de suspender de manera total las actividades jurisdiccionales de cada uno de los órganos a su cargo, al considerar que se actualiza el caso de emergencia a que se refiere la fracción XXIV del artículo 2 de la Ley General de Protección Civil, por lo que se suspendieron las labores a partir de las diecisiete horas del dos de octubre del año actual al día seis del mismo mes y año. Asimismo, que la audiencia constitucional se encontraba señalada para las diez horas con treinta y cinco minutos del cinco de octubre del presente año. En tal virtud, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se fija como nueva fecha y hora para su celebración las ONCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Notifíquese.
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