BALBINA CALVA LOPEZ y Otros.

Expediente 300/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
300/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
01/12/2020

Partes del expediente

  • BALBINA CALVA LOPEZ y Otros.
  • Balbina Calva Lopez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, primero de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, de cuyo contenido se advierte que a la fecha de este proveído, feneció el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada el quince de octubre de dos mil veinte, en la cual se sobreseyó en el presente juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese por lista a la parte quejosa y, mediante oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción...

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los presentes autos el oficio 821, suscrito por el Juez Mixto de Primera Instancia de Ciudad Serdán, Puebla, con sede en Chalchicomula, por medio del cual, devuelve diligenciado, el despacho 454/2020 (orden 592/2020), derivado del juicio del juicio de amparo 300/2020-l, de la estadística de este Juzgado de Distrito, del cual se aprecia que el once de noviembre de dos mil veinte, se notificó a los quejosos Balbina Calva López y Vicente Vargas Hernández, la sentencia pronunciada en este juicio, el treinta de octubre de dos mil veinte y, se les corrió traslado con copia autorizada de la misma. En consecuencia, dese de baja la comunicación oficial despacho 454/2020 (orden 592/2020), y háganse las anotaciones de ley en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Sin que resulte óbice a lo anterior, que en el acta de notificación practicada por el diligenciario judicial adscrito al Juzgado oficiante, el once del mes y año en curso, se haya asentado que la diligencia deriva del juicio de amparo 330/2020 -lo cual es erróneo-, en razón a que el resto de los datos asentados en la referida acta, tales como el nombre de los enjuiciados y la sentencia de treinta de octubre pasado, corresponden al sumario constitucional 300/2020 de este índice, de ahí, que se asuma que se trató de un error mecanográfico que no trasciende a la validez de la diligencia que fue encomendada mediante el despacho 454/2020 (orden 592/2020), pues se tiene la certeza que ésta se desahogó en los términos indicados y los enjuiciados quedaron debidamente enterados de la sentencia pronunciada en este juicio. Cúmplase.

  3. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 300/2020-I, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, promovido por Sandra Astorga García, defensora particular de los aquí quejosos Balbina Calva López y Vicente Vargas Hernández; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el seis de mayo de dos mil veinte (fojas 1 a 20), ante la Secretaria de Guardia designada para atender asuntos urgentes durante la contingencia provocada por el fenómeno de salud pública, derivado del virus Covid-19 -del dieciocho de marzo al dos de agosto de dos mil veinte-, Sandra Astorga García, defensora particular de los aquí quejosos Balbina Calva López y Vicente Vargas Hernández, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos del 1. Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Oriente, con sede en Ciudad Serdán, Puebla y otras autoridades. La defensora particular de los quejosos narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derecho fundamental y garantía violada la contenida en el artículo 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante auto de seis de mayo de dos mil veinte (fojas 21 a 32), la demanda promovida por Sandra Astorga García, defensora particular de los quejosos Balbina Calva López y Vicente Vargas Hernández, se registró con el número de juicio de amparo indirecto 300/2020-I; asimismo, en el propio auto, se negó a los aludidos impetrantes de amparo, la suspensión de plano respecto de los actos reclamados y, el citado sumario constitucional se admitió a trámite. Se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado y se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Por escrito presentado el nueve de mayo de dos mil veinte, la defensora particular de los quejosos de referencia, interpuso recurso de queja contra el auto de seis de mayo del año en curso, por el que, entre otros tópicos, se negó la suspensión de plano respecto del acto reclamado [fojas 143 a 157]; por tanto, se ordenó distribuir entre las partes, copia del citado recurso; posteriormente, se remitieron los autos, así como el escrito de expresión de agravios, al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, -por ser el que en ese momento se encontraba de guardia- y se rindió el informe con justificación sobre la materia de la queja. En acuerdo de doce de mayo de dos mil doce (foja 217), se tuvo por recibido el testimonio de la ejecutoria dictada en la misma fecha, en el toca Q-45/2020 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal en el Sexto Circuito, en la que se declaró infundada la queja interpuesta por la parte quejosa, en relación con la negativa de la suspensión de plano. En proveído de tres de agosto de dos mil veinte (fojas 241 a 248), se requirió a la parte quejosa, para que en el plazo de quince días, contado a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación de dicho proveído, manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Juez de Ejecución de Sentencias Itinerantes del Estado de Puebla, al derivarse tal potestad del informe justificado rendido por la diversa responsable 3. Juez de lo Penal del distrito judicial de Huejotzingo, Puebla; y en su caso, formulara los conceptos de violación que estimara pertinentes; apercibidos los quejosos que de ser omisos sobre el particular, se tendrían únicamente como autoridades responsables y como acto reclamado, los señalados en su escrito inicial de demanda y sobre esa base se tramitaría y resolvería el presente sumario constitucional. En ese orden, una vez que transcurrió el término de quince días otorgado a los impetrantes de amparo, para que atendieran el requerimiento formulado en los términos precisados en el párrafo que precede, sin que hicieran manifestación alguna al respecto, en auto de cuatro de septiembre de dos mil veinte (fojas 305 y 306), se hizo efectivo el apercibimiento con el que se conminó a los aquí quejosos y se tuvieron únicamente señaladas como autoridades responsables y, actos reclamados, los que señalaron los quejosos por conducto de su defensora particular, en su escrito inicial de demanda y se determinó que sobre esa base se resolvería este juicio. TERCERO. Suspensión de plazos y términos. Ante la contingencia sanitaria derivada de la pandemia provocada por el virus Covid-19, los plazos y términos fueron suspendidos desde el dieciocho de marzo de dos mil veinte, en cumplimiento a los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal -emitidos para regular la actividad jurisdiccional durante la aludida contingencia- y, por ende, no se pudo continuar con el trámite del presente asunto, ni mucho menos llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para las diez horas con diez minutos del veintinueve de junio de dos mil veinte [foja 27], máxime, que durante el período de suspensión no existieron condiciones para proseguir con su tramitación a través de medios electrónicos o a través del esquema de juicio "en línea". CUARTO. Levantamiento de suspensión y cita para sentencia. El tres de agosto de dos mil veinte, se levantó la suspensión de plazos y términos procesales -mediante Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19-; posteriormente, previo diferimiento, en auto de quince de octubre de dos mil veinte, se señalaron las once horas con veintiocho minutos del treinta de octubre de dos mil veinte, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar el acto reclamado que se advierte del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Del contenido integral de la demanda de amparo, como de la revisión de los informes justificados rendidos por las responsables, se advierte que, en el caso, Sandra Astorga García, defensora particular de los aquí quejosos Balbina Calva López y Vicente Vargas Hernández, en esta instancia constitucional, reclama de: - LA ILEGAL OMISIÓN DE OTORGAR A LOS SENTENCIADOS DE REFERENCIA ALGÚN BENEFICIO PRELIBERACIONAL, DEBIDO LA CONTINGENCIA DECLARADA A NIVEL NACIONAL POR LA PANDEMIA DE COVID-19, QUE SE TRADUCE LA ILEGAL VIOLACIÓN AL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA SALUD PREVISTO EN EL ARTICULO 4° DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LO QUE PONE EN PELIGRO SU VIDA. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Por razón de método, en toda sentencia de amparo primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Ahora, la parte quejosa atribuye el acto reclamado -que quedó precisado en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: NO. AUTORIDADES RESPONSABLES. SENTIDO DEL INFORME. 1 Juez de Control de la Región Judicial Oriente con sede en Ciudad Serdán, Puebla (Abelardo Gil Martinez). Negó (foja 240) 2 Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Sur Oriente con sede en Tehuacán, Puebla. Negó (foja 392) 3 Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla. Negó (foja 231 a 235) 4 Presidente del Comité Técnico del Centro de Reinserción Social de Huejotzingo, Puebla. Negó (foja 104 a 118) Las autoridades responsables señaladas, al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia del acto que a cada una les fue atribuido, sin que los quejosos ofrecieran prueba alguna para desvirtuar esa negativa; de ahí que no exista el acto reclamado. Por tanto, correspondía a los quejosos la carga procesal probatoria, para controvertir los informes respectivos, esto es, aportar los medios de prueba en la audiencia constitucional para lograr desvirtuar las manifestaciones de las autoridades y alegar lo que a su derecho conviniera para demostrar que los actos sí existían y que son violatorios de sus derechos fundamentales, lo que en la especie no aconteció. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en este juicio de garantías respecto del acto destacado en este apartado. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." No resulta óbice para arribar a la anterior determinación, que si bien, una omisión consiste en la abstención por parte de la autoridad de actuar conforme a un deber legal, resulta inconcuso que las autoridades responsables no pudieron incurrir en tal actuar omisivo, en virtud que la parte quejosa no demostró que dichas autoridades hubiesen recibido solicitud alguna con respecto a la concesión de algún beneficio preliberacional, en favor de los aquí peticionarios de amparo Balbina Calva López y Vicente Vargas Hernández y las mencionadas potestades hubiesen prescindido realizar pronunciamiento alguno sobre tal petición. Máxime, que los mencionados quejosos se encontraban a disposición del 3. Juez de lo Penal del distrito judicial de Huejotzingo, Puebla, dentro de la causa penal 188/2007, que les fue instruida por la comisión del delito de privación ilegal de libertad en su modalidad de secuestro. Y no obstante que la referida autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, señaló que el seis de septiembre de dos mil diecinueve, puso a disposición a los impetrantes de amparo Balbina Calva López y Vicente Vargas Hernández, del Juez de Ejecución de Sentencias Itinerantes del Estado de Puebla, lo cierto es, que mediante el oficio 1088/2020/JESI-IV (fojas 390 y 391), dicha potestad informó a este órgano jurisdiccional, que devolvió al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, en tres tomos, el proceso penal 188/2007, instruido en contra de Balbina Calva López y Vicente Vargas Hernández -aquí quejosos-, al considerar que no guardan estado para iniciar el procedimiento de ejecución de sentencia; que en todo caso, hubiese sido la autoridad competente para resolver respecto de la solicitud de algún beneficio preliberacional. Por ello, se considera que la omisión reclamada no existe, pues para concluir que las responsables fueron omisas en realizar determinada conducta, en principio era indispensable verificar que se encontraban obligadas a actuar en tal sentido; es decir, que los quejosos hubiesen solicitado la concesión de algún beneficio preliberacional, lo que en el caso específico no aconteció. Cobra aplicación la tesis 1a. XXIV/98, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen lo siguiente: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." En ese orden, las autoridades señaladas como responsables, no tenían obligación alguna de actuar de oficio, en relación a la concesión de algún beneficio preliberacional, en favor de los quejosos, en virtud que para ello, era menester sustanciarse el procedimiento respectivo, ante el Juez de Ejecución competente, conforme a los lineamientos previstos en los artículos 136, 137 y 141, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que prevén: "Artículo 136. Libertad condicionada. El Juez de Ejecución podrá conceder a la persona sentenciada el beneficio de libertad condicionada bajo la modalidad de supervisión con o sin monitoreo electrónico. Artículo 137. Requisitos para la obtención de la libertad condicionada. Para la obtención de alguna de las medidas de libertad condicionada, el Juez deberá observar que la persona sentenciada cumpla los siguientes requisitos: I. Que no se le haya dictado diversa sentencia condenatoria firme; II. Que no exista un riesgo objetivo y razonable en su externamiento para la víctima u ofendido, los testigos que depusieron en su contra y para la sociedad; III. Haber tenido buena conducta durante su internamiento; IV. Haber cumplido satisfactoriamente con el Plan de Actividades al día de la solicitud; V. Haber cubierto la reparación del daño y la multa, en las modalidades y con las excepciones establecidas en esta Ley; VI. No estar sujeto a otro proceso penal del fuero común o federal por delito que amerite prisión preventiva, y VII. Que se haya cumplido con la mitad de la pena tratándose de delitos dolosos. La Autoridad Penitenciaria tendrá bajo su responsabilidad la adquisición, mantenimiento y seguimiento de los sistemas de monitoreo electrónico. Excepcionalmente, cuando las condiciones económicas y familiares del beneficiario lo permitan, éste cubrirá a la Autoridad Penitenciaria el costo del dispositivo. La asignación de la medida de libertad bajo supervisión con monitoreo electrónico, así como la asignación de dispositivos, deberá responder a principios de necesidad, proporcionalidad, igualdad, legalidad y no discriminación. No gozarán de la libertad condicionada los sentenciados por delitos en materia de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas. La persona que obtenga la libertad condicionada, deberá comprometerse a no molestar a la víctima u ofendido y a los testigos que depusieron en su contra." Artículo 141. Solicitud de la libertad anticipada El otorgamiento de la libertad anticipada extingue la pena de prisión y otorga libertad al sentenciado. Solamente persistirán, en su caso, las medidas de seguridad o sanciones no privativas de la libertad que se hayan determinado en la sentencia correspondiente. El beneficio de libertad anticipada se tramitará ante el Juez de Ejecución, a petición del sentenciado, su defensor, el Ministerio Público o a propuesta de la Autoridad Penitenciaria, notificando a la víctima u ofendido. Para conceder la medida de libertad anticipada la persona sentenciada deberá además contar con los siguientes requisitos: I. Que no se le haya dictado diversa sentencia condenatoria firme; II. Que no exista un riesgo objetivo y razonable en su externamiento para la víctima u ofendido, los testigos que depusieron en su contra y para la sociedad; III. Haber tenido buena conducta durante su internamiento; IV. Haber cumplido con el Plan de Actividades al día de la solicitud; V. Haber cubierto la reparación del daño y la multa, en su caso; VI. No estar sujeto a otro proceso penal del fuero común o federal por delito que amerite prisión preventiva oficiosa, y VII. Que hayan cumplido el setenta por ciento de la pena impuesta en los delitos dolosos o la mitad de la pena tratándose de delitos culposos. No gozarán de la libertad anticipada los sentenciados por delitos en materia de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas." De los preceptos legales transcritos se advierte, que para el otorgamiento de alguno de los beneficios preliberacionales contemplados en el Título Quinto de la Ley Nacional de Ejecución Penal (libertad condicionada y libertad anticipada), es necesario que se plantee la solicitud respectiva y se satisfagan los requisitos previstos en los citados numerales; sin que la parte quejosa acreditara tal circunstancia. No es obstáculo a lo anterior, el hecho que debido a la contingencia sanitaria provocada por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, a fin de salvaguardar la integridad física de las personas privadas de su libertad, el Ejecutivo del Estado, haya emitido el acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil veinte, que en la parte considerativa indicó: "Los internos en el Centro de Reinsercio´n Social corren un grave riesgo, al encontrarse encerrados, no obstante como se advierte de las reglas, establece con elementos de proteccio´n a la salud, de quienes se encuentran compurgando una sancio´n corporal o tienen una medida de prisio´n preventiva, dentro de su proceso penal. Ante esta razo´n la autoridad debe considerar la naturaleza de la medida de prisio´n de cada uno de los sentenciados o procesados que se encuentran recluidos en los centros de reinsercio´n social para que en aras de la salud se pueda determinar la aplicacio´n de alguna medida pro homine para obtener su liberacio´n siempre que este´ apegada a las disposiciones juri´dicas y asi´ lograr una menor poblacio´n penitenciaria lo que permite al Estado otorgar mejores servicios de salud y sobre todo implementar una prevencio´n o´ptima en contra del virus COVID-19". Porción del acuerdo que en modo alguno constituye la derogacio´n del orden jurídico aplicable, a fin de decidir sobre el otorgamiento o no de la excarcelacio´n de los quejosos a través de un beneficio preliberacional, pues, como se ha dicho, tal decisión corresponde al juez de ejecución, a través del procedimiento respectivo. Por ello, se concluye que no existe la omisión reclamada, pues al no haberse formulado solicitud alguna a las autoridades de quien se reclaman, no existe obligación de éstas de pronunciarse al respecto, por lo que no puede reprochárseles la omisión de hacerlo; de ahí, que deba prevalecer el sentido de la presente resolución. CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. QUINTO. Notificación quejosos vía despacho. Finalmente, toda vez que de autos se advierte, que actualmente los quejosos Balbina Calva López y Vicente Vargas Hernández, se encuentran recluidos en el Centro de Reinserción Social de Ciudad Serdán, Puebla, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento despacho, por correo electrónico, al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Ciudad Serdán, Puebla, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, instruya al diligenciario o diligenciaria de su adscripción, que se constituya en el Centro de Reinserción Social de Ciudad Serdán Puebla, a efecto de que notifique a los quejosos Balbina Calva López y Vicente Vargas Hernández la presente determinación de treinta de octubre de dos mil veinte; para lo cual, deberá ceñirse a las formalidades establecidas en el artículo 27, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, esto es, única y exclusivamente, deberá realizar lo siguiente: 1) Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Ciudad Serdán, Puebla; 2) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, a los quejosos Balbina Calva López y Vicente Vargas Hernández y se cerciore de su identidad; 3) Les haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula-, así como el número de expediente - juicio de amparo 300/2020-I; 4) Notifique a los quejosos la presente sentencia de treinta de octubre de dos mil veinte. 5) Les corra traslado con copia autorizada de esta determinación, a fin que se impongan de su contenido. 6) Asiente razón en el sentido de si la parte quejosa quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a las personas encomendadas para que realicen la diligencia aún en horas y días inhábiles. En ese orden, dígase al juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de veinticuatro horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó la diligencia encomendada; apercibido que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Con la finalidad de agilizar la integración del presente expediente; en aplicación de lo dispuesto por el artículo 28, fracción III, de la Ley de la materia, se ordena que el envío del correo electrónico que contenga el despacho de referencia, se realice por conducto del actuario judicial que corresponda, quien previo su envío, deberá cerciorarse que a la comunicación oficial de que se trata, se adjunten los anexos a que se hace referencia en supralíneas; asimismo, deberá asentar la razón de envío y recepción correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar y agregarla dentro las veinticuatro horas siguientes, al expediente del presente juicio. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 61, 63, 65, 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por Sandra Astorga García, defensora particular de los aquí quejosos Balbina Calva López y Vicente Vargas Hernández, contra el acto precisado en el considerando segundo de esta sentencia y por las autoridades y los motivos expuestos en el considerando tercero del propio fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indica en el considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente a los quejosos en el lugar de su reclusión (vía despacho), por lista a su defensora particular; y mediante oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción.Así lo resolvió y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Martha Graciela Lemus Barajas, secretaria quien autoriza y da fe.V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 300/2020-I, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, promovido por Sandra Astorga García, defensora particular de los aquí quejosos Balbina Calva López y Vicente Vargas Hernández; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el seis de mayo de dos mil veinte (fojas 1 a 20), ante la Secretaria de Guardia designada para atender asuntos urgentes durante la contingencia provocada por el fenómeno de salud pública, derivado del virus Covid-19 -del dieciocho de marzo al dos de agosto de dos mil veinte-, Sandra Astorga García, defensora particular de los aquí quejosos Balbina Calva López y Vicente Vargas Hernández, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos del 1. Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Oriente, con sede en Ciudad Serdán, Puebla y otras autoridades. La defensora particular de los quejosos narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derecho fundamental y garantía violada la contenida en el artículo 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante auto de seis de mayo de dos mil veinte (fojas 21 a 32), la demanda promovida por Sandra Astorga García, defensora particular de los quejosos Balbina Calva López y Vicente Vargas Hernández, se registró con el número de juicio de amparo indirecto 300/2020-I; asimismo, en el propio auto, se negó a los aludidos impetrantes de amparo, la suspensión de plano respecto de los actos reclamados y, el citado sumario constitucional se admitió a trámite. Se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado y se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Por escrito presentado el nueve de mayo de dos mil veinte, la defensora particular de los quejosos de referencia, interpuso recurso de queja contra el auto de seis de mayo del año en curso, por el que, entre otros tópicos, se negó la suspensión de plano respecto del acto reclamado [fojas 143 a 157]; por tanto, se ordenó distribuir entre las partes, copia del citado recurso; posteriormente, se remitieron los autos, así como el escrito de expresión de agravios, al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, -por ser el que en ese momento se encontraba de guardia- y se rindió el informe con justificación sobre la materia de la queja. En acuerdo de doce de mayo de dos mil doce (foja 217), se tuvo por recibido el testimonio de la ejecutoria dictada en la misma fecha, en el toca Q-45/2020 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal en el Sexto Circuito, en la que se declaró infundada la queja interpuesta por la parte quejosa, en relación con la negativa de la suspensión de plano. En proveído de tres de agosto de dos mil veinte (fojas 241 a 248), se requirió a la parte quejosa, para que en el plazo de quince días, contado a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación de dicho proveído, manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Juez de Ejecución de Sentencias Itinerantes del Estado de Puebla, al derivarse tal potestad del informe justificado rendido por la diversa responsable 3. Juez de lo Penal del distrito judicial de Huejotzingo, Puebla; y en su caso, formulara los conceptos de violación que estimara pertinentes; apercibidos los quejosos que de ser omisos sobre el particular, se tendrían únicamente como autoridades responsables y como acto reclamado, los señalados en su escrito inicial de demanda y sobre esa base se tramitaría y resolvería el presente sumario constitucional. En ese orden, una vez que transcurrió el término de quince días otorgado a los impetrantes de amparo, para que atendieran el requerimiento formulado en los términos precisados en el párrafo que precede, sin que hicieran manifestación alguna al respecto, en auto de cuatro de septiembre de dos mil veinte (fojas 305 y 306), se hizo efectivo el apercibimiento con el que se conminó a los aquí quejosos y se tuvieron únicamente señaladas como autoridades responsables y, actos reclamados, los que señalaron los quejosos por conducto de su defensora particular, en su escrito inicial de demanda y se determinó que sobre esa base se resolvería este juicio. TERCERO. Suspensión de plazos y términos. Ante la contingencia sanitaria derivada de la pandemia provocada por el virus Covid-19, los plazos y términos fueron suspendidos desde el dieciocho de marzo de dos mil veinte, en cumplimiento a los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal -emitidos para regular la actividad jurisdiccional durante la aludida contingencia- y, por ende, no se pudo continuar con el trámite del presente asunto, ni mucho menos llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para las diez horas con diez minutos del veintinueve de junio de dos mil veinte [foja 27], máxime, que durante el período de suspensión no existieron condiciones para proseguir con su tramitación a través de medios electrónicos o a través del esquema de juicio "en línea". CUARTO. Levantamiento de suspensión y cita para sentencia. El tres de agosto de dos mil veinte, se levantó la suspensión de plazos y términos procesales -mediante Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19-; posteriormente, previo diferimiento, en auto de quince de octubre de dos mil veinte, se señalaron las once horas con veintiocho minutos del treinta de octubre de dos mil veinte, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar el acto reclamado que se advierte del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Del contenido integral de la demanda de amparo, como de la revisión de los informes justificados rendidos por las responsables, se advierte que, en el caso, Sandra Astorga García, defensora particular de los aquí quejosos Balbina Calva López y Vicente Vargas Hernández, en esta instancia constitucional, reclama de: - LA ILEGAL OMISIÓN DE OTORGAR A LOS SENTENCIADOS DE REFERENCIA ALGÚN BENEFICIO PRELIBERACIONAL, DEBIDO LA CONTINGENCIA DECLARADA A NIVEL NACIONAL POR LA PANDEMIA DE COVID-19, QUE SE TRADUCE LA ILEGAL VIOLACIÓN AL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA SALUD PREVISTO EN EL ARTICULO 4° DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LO QUE PONE EN PELIGRO SU VIDA. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Por razón de método, en toda sentencia de amparo primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Ahora, la parte quejosa atribuye el acto reclamado -que quedó precisado en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: NO. AUTORIDADES RESPONSABLES. SENTIDO DEL INFORME. 1 Juez de Control de la Región Judicial Oriente con sede en Ciudad Serdán, Puebla (Abelardo Gil Martinez). Negó (foja 240) 2 Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Sur Oriente con sede en Tehuacán, Puebla. Negó (foja 392) 3 Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla. Negó (foja 231 a 235) 4 Presidente del Comité Técnico del Centro de Reinserción Social de Huejotzingo, Puebla. Negó (foja 104 a 118) Las autoridades responsables señaladas, al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia del acto que a cada una les fue atribuido, sin que los quejosos ofrecieran prueba alguna para desvirtuar esa negativa; de ahí que no exista el acto reclamado. Por tanto, correspondía a los quejosos la carga procesal probatoria, para controvertir los informes respectivos, esto es, aportar los medios de prueba en la audiencia constitucional para lograr desvirtuar las manifestaciones de las autoridades y alegar lo que a su derecho conviniera para demostrar que los actos sí existían y que son violatorios de sus derechos fundamentales, lo que en la especie no aconteció. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en este juicio de garantías respecto del acto destacado en este apartado. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." No resulta óbice para arribar a la anterior determinación, que si bien, una omisión consiste en la abstención por parte de la autoridad de actuar conforme a un deber legal, resulta inconcuso que las autoridades responsables no pudieron incurrir en tal actuar omisivo, en virtud que la parte quejosa no demostró que dichas autoridades hubiesen recibido solicitud alguna con respecto a la concesión de algún beneficio preliberacional, en favor de los aquí peticionarios de amparo Balbina Calva López y Vicente Vargas Hernández y las mencionadas potestades hubiesen prescindido realizar pronunciamiento alguno sobre tal petición. Máxime, que los mencionados quejosos se encontraban a disposición del 3. Juez de lo Penal del distrito judicial de Huejotzingo, Puebla, dentro de la causa penal 188/2007, que les fue instruida por la comisión del delito de privación ilegal de libertad en su modalidad de secuestro. Y no obstante que la referida autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, señaló que el seis de septiembre de dos mil diecinueve, puso a disposición a los impetrantes de amparo Balbina Calva López y Vicente Vargas Hernández, del Juez de Ejecución de Sentencias Itinerantes del Estado de Puebla, lo cierto es, que mediante el oficio 1088/2020/JESI-IV (fojas 390 y 391), dicha potestad informó a este órgano jurisdiccional, que devolvió al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, en tres tomos, el proceso penal 188/2007, instruido en contra de Balbina Calva López y Vicente Vargas Hernández -aquí quejosos-, al considerar que no guardan estado para iniciar el procedimiento de ejecución de sentencia; que en todo caso, hubiese sido la autoridad competente para resolver respecto de la solicitud de algún beneficio preliberacional. Por ello, se considera que la omisión reclamada no existe, pues para concluir que las responsables fueron omisas en realizar determinada conducta, en principio era indispensable verificar que se encontraban obligadas a actuar en tal sentido; es decir, que los quejosos hubiesen solicitado la concesión de algún beneficio preliberacional, lo que en el caso específico no aconteció. Cobra aplicación la tesis 1a. XXIV/98, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen lo siguiente: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." En ese orden, las autoridades señaladas como responsables, no tenían obligación alguna de actuar de oficio, en relación a la concesión de algún beneficio preliberacional, en favor de los quejosos, en virtud que para ello, era menester sustanciarse el procedimiento respectivo, ante el Juez de Ejecución competente, conforme a los lineamientos previstos en los artículos 136, 137 y 141, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que prevén: "Artículo 136. Libertad condicionada. El Juez de Ejecución podrá conceder a la persona sentenciada el beneficio de libertad condicionada bajo la modalidad de supervisión con o sin monitoreo electrónico. Artículo 137. Requisitos para la obtención de la libertad condicionada. Para la obtención de alguna de las medidas de libertad condicionada, el Juez deberá observar que la persona sentenciada cumpla los siguientes requisitos: I. Que no se le haya dictado diversa sentencia condenatoria firme; II. Que no exista un riesgo objetivo y razonable en su externamiento para la víctima u ofendido, los testigos que depusieron en su contra y para la sociedad; III. Haber tenido buena conducta durante su internamiento; IV. Haber cumplido satisfactoriamente con el Plan de Actividades al día de la solicitud; V. Haber cubierto la reparación del daño y la multa, en las modalidades y con las excepciones establecidas en esta Ley; VI. No estar sujeto a otro proceso penal del fuero común o federal por delito que amerite prisión preventiva, y VII. Que se haya cumplido con la mitad de la pena tratándose de delitos dolosos. La Autoridad Penitenciaria tendrá bajo su responsabilidad la adquisición, mantenimiento y seguimiento de los sistemas de monitoreo electrónico. Excepcionalmente, cuando las condiciones económicas y familiares del beneficiario lo permitan, éste cubrirá a la Autoridad Penitenciaria el costo del dispositivo. La asignación de la medida de libertad bajo supervisión con monitoreo electrónico, así como la asignación de dispositivos, deberá responder a principios de necesidad, proporcionalidad, igualdad, legalidad y no discriminación. No gozarán de la libertad condicionada los sentenciados por delitos en materia de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas. La persona que obtenga la libertad condicionada, deberá comprometerse a no molestar a la víctima u ofendido y a los testigos que depusieron en su contra." Artículo 141. Solicitud de la libertad anticipada El otorgamiento de la libertad anticipada extingue la pena de prisión y otorga libertad al sentenciado. Solamente persistirán, en su caso, las medidas de seguridad o sanciones no privativas de la libertad que se hayan determinado en la sentencia correspondiente. El beneficio de libertad anticipada se tramitará ante el Juez de Ejecución, a petición del sentenciado, su defensor, el Ministerio Público o a propuesta de la Autoridad Penitenciaria, notificando a la víctima u ofendido. Para conceder la medida de libertad anticipada la persona sentenciada deberá además contar con los siguientes requisitos: I. Que no se le haya dictado diversa sentencia condenatoria firme; II. Que no exista un riesgo objetivo y razonable en su externamiento para la víctima u ofendido, los testigos que depusieron en su contra y para la sociedad; III. Haber tenido buena conducta durante su internamiento; IV. Haber cumplido con el Plan de Actividades al día de la solicitud; V. Haber cubierto la reparación del daño y la multa, en su caso; VI. No estar sujeto a otro proceso penal del fuero común o federal por delito que amerite prisión preventiva oficiosa, y VII. Que hayan cumplido el setenta por ciento de la pena impuesta en los delitos dolosos o la mitad de la pena tratándose de delitos culposos. No gozarán de la libertad anticipada los sentenciados por delitos en materia de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas." De los preceptos legales transcritos se advierte, que para el otorgamiento de alguno de los beneficios preliberacionales contemplados en el Título Quinto de la Ley Nacional de Ejecución Penal (libertad condicionada y libertad anticipada), es necesario que se plantee la solicitud respectiva y se satisfagan los requisitos previstos en los citados numerales; sin que la parte quejosa acreditara tal circunstancia. No es obstáculo a lo anterior, el hecho que debido a la contingencia sanitaria provocada por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, a fin de salvaguardar la integridad física de las personas privadas de su libertad, el Ejecutivo del Estado, haya emitido el acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil veinte, que en la parte considerativa indicó: "Los internos en el Centro de Reinsercio´n Social corren un grave riesgo, al encontrarse encerrados, no obstante como se advierte de las reglas, establece con elementos de proteccio´n a la salud, de quienes se encuentran compurgando una sancio´n corporal o tienen una medida de prisio´n preventiva, dentro de su proceso penal. Ante esta razo´n la autoridad debe considerar la naturaleza de la medida de prisio´n de cada uno de los sentenciados o procesados que se encuentran recluidos en los centros de reinsercio´n social para que en aras de la salud se pueda determinar la aplicacio´n de alguna medida pro homine para obtener su liberacio´n siempre que este´ apegada a las disposiciones juri´dicas y asi´ lograr una menor poblacio´n penitenciaria lo que permite al Estado otorgar mejores servicios de salud y sobre todo implementar una prevencio´n o´ptima en contra del virus COVID-19". Porción del acuerdo que en modo alguno constituye la derogacio´n del orden jurídico aplicable, a fin de decidir sobre el otorgamiento o no de la excarcelacio´n de los quejosos a través de un beneficio preliberacional, pues, como se ha dicho, tal decisión corresponde al juez de ejecución, a través del procedimiento respectivo. Por ello, se concluye que no existe la omisión reclamada, pues al no haberse formulado solicitud alguna a las autoridades de quien se reclaman, no existe obligación de éstas de pronunciarse al respecto, por lo que no puede reprochárseles la omisión de hacerlo; de ahí, que deba prevalecer el sentido de la presente resolución. CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. QUINTO. Notificación quejosos vía despacho. Finalmente, toda vez que de autos se advierte, que actualmente los quejosos Balbina Calva López y Vicente Vargas Hernández, se encuentran recluidos en el Centro de Reinserción Social de Ciudad Serdán, Puebla, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento despacho, por correo electrónico, al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Ciudad Serdán, Puebla, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, instruya al diligenciario o diligenciaria de su adscripción, que se constituya en el Centro de Reinserción Social de Ciudad Serdán Puebla, a efecto de que notifique a los quejosos Balbina Calva López y Vicente Vargas Hernández la presente determinación de treinta de octubre de dos mil veinte; para lo cual, deberá ceñirse a las formalidades establecidas en el artículo 27, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, esto es, única y exclusivamente, deberá realizar lo siguiente: 1) Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Ciudad Serdán, Puebla; 2) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, a los quejosos Balbina Calva López y Vicente Vargas Hernández y se cerciore de su identidad; 3) Les haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula-, así como el número de expediente - juicio de amparo 300/2020-I; 4) Notifique a los quejosos la presente sentencia de treinta de octubre de dos mil veinte. 5) Les corra traslado con copia autorizada de esta determinación, a fin que se impongan de su contenido. 6) Asiente razón en el sentido de si la parte quejosa quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a las personas encomendadas para que realicen la diligencia aún en horas y días inhábiles. En ese orden, dígase al juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de veinticuatro horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó la diligencia encomendada; apercibido que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Con la finalidad de agilizar la integración del presente expediente; en aplicación de lo dispuesto por el artículo 28, fracción III, de la Ley de la materia, se ordena que el envío del correo electrónico que contenga el despacho de referencia, se realice por conducto del actuario judicial que corresponda, quien previo su envío, deberá cerciorarse que a la comunicación oficial de que se trata, se adjunten los anexos a que se hace referencia en supralíneas; asimismo, deberá asentar la razón de envío y recepción correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar y agregarla dentro las veinticuatro horas siguientes, al expediente del presente juicio. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 61, 63, 65, 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por Sandra Astorga García, defensora particular de los aquí quejosos Balbina Calva López y Vicente Vargas Hernández, contra el acto precisado en el considerando segundo de esta sentencia y por las autoridades y los motivos expuestos en el considerando tercero del propio fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indica en el considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente a los quejosos en el lugar de su reclusión (vía despacho), por lista a su defensora particular; y mediante oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción.V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 300/2020-I, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, promovido por Sandra Astorga García, defensora particular de los aquí quejosos Balbina Calva López y Vicente Vargas Hernández; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el seis de mayo de dos mil veinte (fojas 1 a 20), ante la Secretaria de Guardia designada para atender asuntos urgentes durante la contingencia provocada por el fenómeno de salud pública, derivado del virus Covid-19 -del dieciocho de marzo al dos de agosto de dos mil veinte-, Sandra Astorga García, defensora particular de los aquí quejosos Balbina Calva López y Vicente Vargas Hernández, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos del 1. Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Oriente, con sede en Ciudad Serdán, Puebla y otras autoridades. La defensora particular de los quejosos narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derecho fundamental y garantía violada la contenida en el artículo 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante auto de seis de mayo de dos mil veinte (fojas 21 a 32), la demanda promovida por Sandra Astorga García, defensora particular de los quejosos Balbina Calva López y Vicente Vargas Hernández, se registró con el número de juicio de amparo indirecto 300/2020-I; asimismo, en el propio auto, se negó a los aludidos impetrantes de amparo, la suspensión de plano respecto de los actos reclamados y, el citado sumario constitucional se admitió a trámite. Se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado y se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Por escrito presentado el nueve de mayo de dos mil veinte, la defensora particular de los quejosos de referencia, interpuso recurso de queja contra el auto de seis de mayo del año en curso, por el que, entre otros tópicos, se negó la suspensión de plano respecto del acto reclamado [fojas 143 a 157]; por tanto, se ordenó distribuir entre las partes, copia del citado recurso; posteriormente, se remitieron los autos, así como el escrito de expresión de agravios, al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, -por ser el que en ese momento se encontraba de guardia- y se rindió el informe con justificación sobre la materia de la queja. En acuerdo de doce de mayo de dos mil doce (foja 217), se tuvo por recibido el testimonio de la ejecutoria dictada en la misma fecha, en el toca Q-45/2020 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal en el Sexto Circuito, en la que se declaró infundada la queja interpuesta por la parte quejosa, en relación con la negativa de la suspensión de plano. En proveído de tres de agosto de dos mil veinte (fojas 241 a 248), se requirió a la parte quejosa, para que en el plazo de quince días, contado a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación de dicho proveído, manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Juez de Ejecución de Sentencias Itinerantes del Estado de Puebla, al derivarse tal potestad del informe justificado rendido por la diversa responsable 3. Juez de lo Penal del distrito judicial de Huejotzingo, Puebla; y en su caso, formulara los conceptos de violación que estimara pertinentes; apercibidos los quejosos que de ser omisos sobre el particular, se tendrían únicamente como autoridades responsables y como acto reclamado, los señalados en su escrito inicial de demanda y sobre esa base se tramitaría y resolvería el presente sumario constitucional. En ese orden, una vez que transcurrió el término de quince días otorgado a los impetrantes de amparo, para que atendieran el requerimiento formulado en los términos precisados en el párrafo que precede, sin que hicieran manifestación alguna al respecto, en auto de cuatro de septiembre de dos mil veinte (fojas 305 y 306), se hizo efectivo el apercibimiento con el que se conminó a los aquí quejosos y se tuvieron únicamente señaladas como autoridades responsables y, actos reclamados, los que señalaron los quejosos por conducto de su defensora particular, en su escrito inicial de demanda y se determinó que sobre esa base se resolvería este juicio. TERCERO. Suspensión de plazos y términos. Ante la contingencia sanitaria derivada de la pandemia provocada por el virus Covid-19, los plazos y términos fueron suspendidos desde el dieciocho de marzo de dos mil veinte, en cumplimiento a los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal -emitidos para regular la actividad jurisdiccional durante la aludida contingencia- y, por ende, no se pudo continuar con el trámite del presente asunto, ni mucho menos llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para las diez horas con diez minutos del veintinueve de junio de dos mil veinte [foja 27], máxime, que durante el período de suspensión no existieron condiciones para proseguir con su tramitación a través de medios electrónicos o a través del esquema de juicio "en línea". CUARTO. Levantamiento de suspensión y cita para sentencia. El tres de agosto de dos mil veinte, se levantó la suspensión de plazos y términos procesales -mediante Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19-; posteriormente, previo diferimiento, en auto de quince de octubre de dos mil veinte, se señalaron las once horas con veintiocho minutos del treinta de octubre de dos mil veinte, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar el acto reclamado que se advierte del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Del contenido integral de la demanda de amparo, como de la revisión de los informes justificados rendidos por las responsables, se advierte que, en el caso, Sandra Astorga García, defensora particular de los aquí quejosos Balbina Calva López y Vicente Vargas Hernández, en esta instancia constitucional, reclama de: - LA ILEGAL OMISIÓN DE OTORGAR A LOS SENTENCIADOS DE REFERENCIA ALGÚN BENEFICIO PRELIBERACIONAL, DEBIDO LA CONTINGENCIA DECLARADA A NIVEL NACIONAL POR LA PANDEMIA DE COVID-19, QUE SE TRADUCE LA ILEGAL VIOLACIÓN AL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA SALUD PREVISTO EN EL ARTICULO 4° DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LO QUE PONE EN PELIGRO SU VIDA. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Por razón de método, en toda sentencia de amparo primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Ahora, la parte quejosa atribuye el acto reclamado -que quedó precisado en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: NO. AUTORIDADES RESPONSABLES. SENTIDO DEL INFORME. 1 Juez de Control de la Región Judicial Oriente con sede en Ciudad Serdán, Puebla (Abelardo Gil Martinez). Negó (foja 240) 2 Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Sur Oriente con sede en Tehuacán, Puebla. Negó (foja 392) 3 Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla. Negó (foja 231 a 235) 4 Presidente del Comité Técnico del Centro de Reinserción Social de Huejotzingo, Puebla. Negó (foja 104 a 118) Las autoridades responsables señaladas, al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia del acto que a cada una les fue atribuido, sin que los quejosos ofrecieran prueba alguna para desvirtuar esa negativa; de ahí que no exista el acto reclamado. Por tanto, correspondía a los quejosos la carga procesal probatoria, para controvertir los informes respectivos, esto es, aportar los medios de prueba en la audiencia constitucional para lograr desvirtuar las manifestaciones de las autoridades y alegar lo que a su derecho conviniera para demostrar que los actos sí existían y que son violatorios de sus derechos fundamentales, lo que en la especie no aconteció. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en este juicio de garantías respecto del acto destacado en este apartado. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." No resulta óbice para arribar a la anterior determinación, que si bien, una omisión consiste en la abstención por parte de la autoridad de actuar conforme a un deber legal, resulta inconcuso que las autoridades responsables no pudieron incurrir en tal actuar omisivo, en virtud que la parte quejosa no demostró que dichas autoridades hubiesen recibido solicitud alguna con respecto a la concesión de algún beneficio preliberacional, en favor de los aquí peticionarios de amparo Balbina Calva López y Vicente Vargas Hernández y las mencionadas potestades hubiesen prescindido realizar pronunciamiento alguno sobre tal petición. Máxime, que los mencionados quejosos se encontraban a disposición del 3. Juez de lo Penal del distrito judicial de Huejotzingo, Puebla, dentro de la causa penal 188/2007, que les fue instruida por la comisión del delito de privación ilegal de libertad en su modalidad de secuestro. Y no obstante que la referida autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, señaló que el seis de septiembre de dos mil diecinueve, puso a disposición a los impetrantes de amparo Balbina Calva López y Vicente Vargas Hernández, del Juez de Ejecución de Sentencias Itinerantes del Estado de Puebla, lo cierto es, que mediante el oficio 1088/2020/JESI-IV (fojas 390 y 391), dicha potestad informó a este órgano jurisdiccional, que devolvió al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, en tres tomos, el proceso penal 188/2007, instruido en contra de Balbina Calva López y Vicente Vargas Hernández -aquí quejosos-, al considerar que no guardan estado para iniciar el procedimiento de ejecución de sentencia; que en todo caso, hubiese sido la autoridad competente para resolver respecto de la solicitud de algún beneficio preliberacional. Por ello, se considera que la omisión reclamada no existe, pues para concluir que las responsables fueron omisas en realizar determinada conducta, en principio era indispensable verificar que se encontraban obligadas a actuar en tal sentido; es decir, que los quejosos hubiesen solicitado la concesión de algún beneficio preliberacional, lo que en el caso específico no aconteció. Cobra aplicación la tesis 1a. XXIV/98, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen lo siguiente: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." En ese orden, las autoridades señaladas como responsables, no tenían obligación alguna de actuar de oficio, en relación a la concesión de algún beneficio preliberacional, en favor de los quejosos, en virtud que para ello, era menester sustanciarse el procedimiento respectivo, ante el Juez de Ejecución competente, conforme a los lineamientos previstos en los artículos 136, 137 y 141, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que prevén: "Artículo 136. Libertad condicionada. El Juez de Ejecución podrá conceder a la persona sentenciada el beneficio de libertad condicionada bajo la modalidad de supervisión con o sin monitoreo electrónico. Artículo 137. Requisitos para la obtención de la libertad condicionada. Para la obtención de alguna de las medidas de libertad condicionada, el Juez deberá observar que la persona sentenciada cumpla los siguientes requisitos: I. Que no se le haya dictado diversa sentencia condenatoria firme; II. Que no exista un riesgo objetivo y razonable en su externamiento para la víctima u ofendido, los testigos que depusieron en su contra y para la sociedad; III. Haber tenido buena conducta durante su internamiento; IV. Haber cumplido satisfactoriamente con el Plan de Actividades al día de la solicitud; V. Haber cubierto la reparación del daño y la multa, en las modalidades y con las excepciones establecidas en esta Ley; VI. No estar sujeto a otro proceso penal del fuero común o federal por delito que amerite prisión preventiva, y VII. Que se haya cumplido con la mitad de la pena tratándose de delitos dolosos. La Autoridad Penitenciaria tendrá bajo su responsabilidad la adquisición, mantenimiento y seguimiento de los sistemas de monitoreo electrónico. Excepcionalmente, cuando las condiciones económicas y familiares del beneficiario lo permitan, éste cubrirá a la Autoridad Penitenciaria el costo del dispositivo. La asignación de la medida de libertad bajo supervisión con monitoreo electrónico, así como la asignación de dispositivos, deberá responder a principios de necesidad, proporcionalidad, igualdad, legalidad y no discriminación. No gozarán de la libertad condicionada los sentenciados por delitos en materia de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas. La persona que obtenga la libertad condicionada, deberá comprometerse a no molestar a la víctima u ofendido y a los testigos que depusieron en su contra." Artículo 141. Solicitud de la libertad anticipada El otorgamiento de la libertad anticipada extingue la pena de prisión y otorga libertad al sentenciado. Solamente persistirán, en su caso, las medidas de seguridad o sanciones no privativas de la libertad que se hayan determinado en la sentencia correspondiente. El beneficio de libertad anticipada se tramitará ante el Juez de Ejecución, a petición del sentenciado, su defensor, el Ministerio Público o a propuesta de la Autoridad Penitenciaria, notificando a la víctima u ofendido. Para conceder la medida de libertad anticipada la persona sentenciada deberá además contar con los siguientes requisitos: I. Que no se le haya dictado diversa sentencia condenatoria firme; II. Que no exista un riesgo objetivo y razonable en su externamiento para la víctima u ofendido, los testigos que depusieron en su contra y para la sociedad; III. Haber tenido buena conducta durante su internamiento; IV. Haber cumplido con el Plan de Actividades al día de la solicitud; V. Haber cubierto la reparación del daño y la multa, en su caso; VI. No estar sujeto a otro proceso penal del fuero común o federal por delito que amerite prisión preventiva oficiosa, y VII. Que hayan cumplido el setenta por ciento de la pena impuesta en los delitos dolosos o la mitad de la pena tratándose de delitos culposos. No gozarán de la libertad anticipada los sentenciados por delitos en materia de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas." De los preceptos legales transcritos se advierte, que para el otorgamiento de alguno de los beneficios preliberacionales contemplados en el Título Quinto de la Ley Nacional de Ejecución Penal (libertad condicionada y libertad anticipada), es necesario que se plantee la solicitud respectiva y se satisfagan los requisitos previstos en los citados numerales; sin que la parte quejosa acreditara tal circunstancia. No es obstáculo a lo anterior, el hecho que debido a la contingencia sanitaria provocada por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, a fin de salvaguardar la integridad física de las personas privadas de su libertad, el Ejecutivo del Estado, haya emitido el acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil veinte, que en la parte considerativa indicó: "Los internos en el Centro de Reinsercio´n Social corren un grave riesgo, al encontrarse encerrados, no obstante como se advierte de las reglas, establece con elementos de proteccio´n a la salud, de quienes se encuentran compurgando una sancio´n corporal o tienen una medida de prisio´n preventiva, dentro de su proceso penal. Ante esta razo´n la autoridad debe considerar la naturaleza de la medida de prisio´n de cada uno de los sentenciados o procesados que se encuentran recluidos en los centros de reinsercio´n social para que en aras de la salud se pueda determinar la aplicacio´n de alguna medida pro homine para obtener su liberacio´n siempre que este´ apegada a las disposiciones juri´dicas y asi´ lograr una menor poblacio´n penitenciaria lo que permite al Estado otorgar mejores servicios de salud y sobre todo implementar una prevencio´n o´ptima en contra del virus COVID-19". Porción del acuerdo que en modo alguno constituye la derogacio´n del orden jurídico aplicable, a fin de decidir sobre el otorgamiento o no de la excarcelacio´n de los quejosos a través de un beneficio preliberacional, pues, como se ha dicho, tal decisión corresponde al juez de ejecución, a través del procedimiento respectivo. Por ello, se concluye que no existe la omisión reclamada, pues al no haberse formulado solicitud alguna a las autoridades de quien se reclaman, no existe obligación de éstas de pronunciarse al respecto, por lo que no puede reprochárseles la omisión de hacerlo; de ahí, que deba prevalecer el sentido de la presente resolución. CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. QUINTO. Notificación quejosos vía despacho. Finalmente, toda vez que de autos se advierte, que actualmente los quejosos Balbina Calva López y Vicente Vargas Hernández, se encuentran recluidos en el Centro de Reinserción Social de Ciudad Serdán, Puebla, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento despacho, por correo electrónico, al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Ciudad Serdán, Puebla, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, instruya al diligenciario o diligenciaria de su adscripción, que se constituya en el Centro de Reinserción Social de Ciudad Serdán Puebla, a efecto de que notifique a los quejosos Balbina Calva López y Vicente Vargas Hernández la presente determinación de treinta de octubre de dos mil veinte; para lo cual, deberá ceñirse a las formalidades establecidas en el artículo 27, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, esto es, única y exclusivamente, deberá realizar lo siguiente: 1) Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Ciudad Serdán, Puebla; 2) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, a los quejosos Balbina Calva López y Vicente Vargas Hernández y se cerciore de su identidad; 3) Les haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula-, así como el número de expediente - juicio de amparo 300/2020-I; 4) Notifique a los quejosos la presente sentencia de treinta de octubre de dos mil veinte. 5) Les corra traslado con copia autorizada de esta determinación, a fin que se impongan de su contenido. 6) Asiente razón en el sentido de si la parte quejosa quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a las personas encomendadas para que realicen la diligencia aún en horas y días inhábiles. En ese orden, dígase al juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de veinticuatro horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó la diligencia encomendada; apercibido que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Con la finalidad de agilizar la integración del presente expediente; en aplicación de lo dispuesto por el artículo 28, fracción III, de la Ley de la materia, se ordena que el envío del correo electrónico que contenga el despacho de referencia, se realice por conducto del actuario judicial que corresponda, quien previo su envío, deberá cerciorarse que a la comunicación oficial de que se trata, se adjunten los anexos a que se hace referencia en supralíneas; asimismo, deberá asentar la razón de envío y recepción correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar y agregarla dentro las veinticuatro horas siguientes, al expediente del presente juicio. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 61, 63, 65, 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por Sandra Astorga García, defensora particular de los aquí quejosos Balbina Calva López y Vicente Vargas Hernández, contra el acto precisado en el considerando segundo de esta sentencia y por las autoridades y los motivos expuestos en el considerando tercero del propio fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indica en el considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente a los quejosos en el lugar de su reclusión (vía despacho), por lista a su defensora particular; y mediante oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los presentes autos el oficio 682 suscrito por el Juez Mixto de Primera Instancia de Ciudad Serdán, Puebla, por medio del cual, devuelve debidamente diligenciado, el despacho 425/2020 (orden 558/2020), derivado del juicio del juicio de amparo 300/2020-l, de la estadística de este Juzgado de Distrito, del cual se aprecia que el diecinueve de octubre de dos mil veinte, se notificó a los quejosos Balbina Calva López y Vicente Vargas Hernández, el auto de quince de octubre del año en curso, y se les corrió traslado con copia autorizada de dicho acuerdo. En consecuencia, dese de baja la comunicación oficial despacho 425/2020 (orden 558/2020) y háganse las anotaciones de ley en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Cúmplase...

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