Balbina Dorotea Delgado Pacheco
Expediente 622/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 622/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 19/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Balbina Dorotea Delgado Pacheco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecinueve de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de donde se advierte que, dentro del plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto que desechó su demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Una vez notificado este proveído, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente, previa anotación que corresponda en el libro de gobierno. En acatamiento al Acuerdo general conjunto número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto décimo primero, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental para su archivo, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia ni contra el ambiente y la gestión ambiental; además de que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica y no contiene información reservada. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo general en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, tres de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la comparecencia que antecede, mediante la cual la quejosa Balbina Dorotea Delgado Pacheco, está dando cumplimiento al requerimiento que obra en autos. Atento a lo anterior, se tiene a Balbina Dorotea Delgado Pacheco, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. Desechamiento de la demanda: Se procede a examinar el escrito de demanda a fin de determinar la procedencia o en su caso, improcedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". La parte quejosa señaló como actos reclamados los siguientes: "1. A) AUTO DE CUATRO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIESCINUEVE (sic), MEDIANTE EL CUAL SE ACUERDA LA REBELDIA DE LA PARTE DEMANDADA BALBINA DOROTEA DELGADO PACHECO. por no contestar a tiempo el juicio ejecutivo mercantil 82/2019, tercera secretaria, se abre el juicio a prueba concediendo quince días para su desahogo; se admiten la prueba documental privada, instrumental de actuaciones, así como la presuncional y por último, la prueba confesional que fija las ocho horas con treinta minutos del día dieciséis de mayo del año en curso; este auto se notifica por boletín 7340 de ocho de abril del año en curso." "C) Auto de diecinueve de febrero del año dos mil diecinueve, dictado en el expediente 82/2019, tercera secretaria del índice del juzgado primero civil del primer distrito judicial en el estado de mórelos, y que se admitió la demanda del ciudadano JOSE LUIS RODRIGUEZ CARRILLO (ENDOSATARIO PROCURACION), del juicio ejecutivo mercantil 82/2019, y en el que el requisito de exhibir la identificación con credencial de elector que contenga fotografía no es correcta." "´Se esté a diverso auto´. Dada la cuenta que antecede dígase a la promoverte que no ha lugar a promover de conformidad su petición, atenta al estado procesal que guardan los presentes autos, debiéndose estar al auto de fecha cuatro de abril del año en curso, en el cual se le tuvo por acusada la rebeldía en' virtud de no haber' contestado de manera oportuna la demanda entablada en su contra. FUNDAMENTO. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1055, 1066, 1077, 1069 Y demás relativos inaplicables del Código de Comercio en vigor. Notifíquese: así lo acordó y firma la Maestra en Derecho SANDRA GAETA MIRANDA, Jueza Primera Civil de Primer Instancia del primer distrito judicial en el estado de Morelos, ante la tercera Secretaria de Acuerdos Licenciada NORMADELIA ROMANSOLIS, quien da fe". Ahora, del escrito de demanda se advierte en su capítulo de hechos, así como en su escrito aclaratorio, narra bajo protesta de decir verdad, lo siguiente. Se desprende que la promovente del amparo tuvo conocimiento del acto reclamado marcado en el respectivo capitulo como acto reclamado "1. A) AUTO DE FECHA CUATRO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIESCINUEVE (sic), MEDIANTE EL CUAL SE ACUERDA LA REBELDIA DE LA PARTE DEMANDADA BALBINA DOROTEA DELGADO PACHECO.", el nueve de abril de dos mil diecinueve. Asimismo, se desprende de su escrito aclaratorio que la promovente del amparo tuvo conocimiento del acto reclamado marcado en el respectivo capitulo como acto reclamado "2. C) Auto de fecha diecinueve de febrero del año dos mil diecinueve", el trece de marzo de dos mil diecinueve. Por lo anterior, este órgano de control constitucional estima que se actualiza la causa de improcedencia estatuida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 17 del propio ordenamiento legal, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Del primero de los artículos trascritos se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los términos establecidos para ello. Por su parte, el artículo 18 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se desprende que el término para la presentación de la demanda de amparo es de quince días, contados a partir del día siguiente al en que: a) Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Apoya lo anterior en vía de orientación, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida con motivo de la contradicción de tesis 57/2008-PL, suscitada entre la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituye el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Al resolver la contradicción de tesis que originó la citada jurisprudencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, e incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. Además, el Máximo Tribunal enunció que es clara la intención del legislador al establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por tanto, la esencia del artículo 18 de la ley de la materia, en relación con el diverso 17 del propio ordenamiento legal, se sustenta, entre otros supuestos, en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, puesto que es suficiente que en la demanda de amparo el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que tal fecha constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio de amparo, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario. Acotado lo anterior, en la especie, se advierte que la parte quejosa tuvo oportunidad de interponer el juicio de amparo en contra del auto de cuatro de abril de esta anualidad, a partir del diez de abril al seis de mayo de dos mil diecinueve, sin contar los días trece, catorce, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintisiete, veintiocho de abril y uno, cuatro y cinco de mayo de la presente anualidad, por ser inhábiles. De igual manera, se advierte que la parte quejosa tuvo oportunidad de interponer el juicio de amparo en contra del auto de diecinueve de febrero de esta anualidad, a partir del quince de marzo al ocho de abril de dos mil diecinueve, sin contar los días dieciséis, diecisiete, dieciocho, veintiuno, veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de marzo, así como seis y siete de abril de la presente anualidad, por ser inhábiles. Así pues, al realizar el cómputo del plazo que tuvo la quejosa para presentar su demanda de amparo, se advierte que aquél transcurrió en exceso, pues su demanda fue presentada hasta el día ocho de mayo de la presente anualidad, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Décimo Octavo Circuito, por lo que es inconcuso que resulta extemporánea. Lo que hace que se ponga de manifiesto que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues los actos reclamados fueron consentidos en razón de que no promovió el juicio de amparo dentro del plazo previsto por la ley de la materia, tal y como lo establece el numeral antes referido y el diverso 17 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, con apoyo en los diversos numerales 17 y 113 de la citada legislación, procede DESECHAR la demanda de amparo intentada por motivos manifiestos e indudables de improcedencia, respecto de los autos de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve y cuatro de abril de esta anualidad, dictados en el juicio ejecutivo mercantil 82/2019. Es aplicable también al caso, por analogía, la jurisprudencia por contradicción de tesis 30/994, publicada en la página 40, del Anexo al Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por su Presidente, al terminar el año de mil novecientos noventa y seis, que aparece bajo el rubro: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO". Por cuanto al diverso acto reclamado consistente en: "1. B) auto de fecha veinticuatro de abril del año dos mil diecinueve, dictado en el expediente 82/2019, tercera secretaria del índice del juzgado primero civil del primer distrito judicial en el Estado de Morelos." Este juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 217 del propio ordenamiento legal y la jurisprudencia cuyo contenido se precisará más adelante. Los citados preceptos estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". El criterio a que se hizo referencia con antelación es el siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos". El Máximo Tribunal del País ha sostenido que para que un acto se repute como derivado de otro consentido, deben satisfacerse los elementos, a saber: a) Que sea una consecuencia natural y legal del acto antecedente; y, b) Que no se ataque por vicios propios sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos. Apoyan lo anterior, los criterios del tenor siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. Se entienden por actos derivados de otros consentidos, aquellos que se ejecutan dentro del mismo procedimiento y que son consecuencia natural y legal del acto antecedente, como el embargo lo es respecto del requerimiento de pago no acatado por el deudor, como el remate lo es respecto del embargo, etcétera, y contra los cuales no se expresan conceptos de violación específicos. Dos, son, pues, los elementos que se requieren para considerar a un acto derivado de otro consentido, a saber: 1o. Que sea una consecuencia natural y legal del acto antecedente; y 2o. Que no se ataque por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos. Ahora bien, el acuerdo que niega la nulificación de la orden de baja del quejoso, no surte el primer elemento, ya que no se dictó dentro del procedimiento en que se emitió esa orden, y, por lo mismo, no es una consecuencia natural y legal de ésta". "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél". Partiendo de dichos criterios, se estima que el acuerdo de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, en el cual se determina que no ha lugar a tener a la demandada, aquí quejosa, dando contestación a la demanda entablada en su contra y que debe estarse al auto de cuatro de abril de este año, que la tuvo por rebelde; atento al estado procesal que guardan los presentes autos, es un acto derivado de otro consentido; en específico del auto de cuatro de abril de dos mil diecinueve, que a su vez deriva del diverso auto de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente 82/2019. Se considera que el acto reclamado es derivado de uno consentido, ya que el acuerdo de cuatro de abril de esta anualidad, se apoya en lo resuelto en el referido auto de diecinueve de febrero de la misma anualidad, determinación previa a al proveído que se reclama y que, de autos, no se advierte que haya sido impugnada por la solicitante de la tutela constitucional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia contemplada en los numerales 61, fracción XXIII y 217, de dicho ordenamiento legal, se desecha la demanda de amparo, respecto del auto de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 82/2019. Uso de medios electrónicos: Se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos, previo aviso al encargado del expediente, así como firma de constancia que obre en autos de dicha actuación. Transparencia y acceso a la información pública (publicación de datos personales): Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que haya lugar. Consulta del expediente vía internet: Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, seis de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos, así como el contenido del oficio número STCCNO/272/2019, del Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual comunica que en sesión celebrada el veintinueve de abril de dos mil diecinueve, dicha Comisión determinó que el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, apoyará en el dictado de sentencias a este Órgano Jurisdiccional; por lo que, atendiendo a la implementación del "Programa para el Turno Aleatorio de Asuntos a los Órganos Jurisdiccionales Auxiliares", el presente juicio de amparo deberá remitirse al Juzgado Auxiliar de referencia, a efecto de que dicte la sentencia correspondiente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve.Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda, el escrito signado al parecer por Balbina Dorotea Delgado Pacheco; ahora, antes de acordar lo que en derecho proceda, se advierte que la firma que calza el citado escrito y la que se observa en la demanda de amparo, difieren entre sí; en consecuencia y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 261 de la invocada ley, el cual dispone que: Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos; en virtud de lo anterior, requiérase a la promovente de mérito para que dentro del término de TRES DÍAS, se presente en las instalaciones de este Juzgado de Distrito debidamente identificado, para que ratifique la firma que calza el citado escrito así como su contenido; apercibido que de no hacerlo así dentro del lapso indicado, se tendrá por no presentado el escrito de cuenta. ...
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