Azul López Reyes

Expediente 136/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 31 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
136/2022
Año
2022
Actuaciones
31
Última actuación
07/09/2023

Partes del expediente

  • Pablo Eduardo López Reyes
  • Azul López Reyes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 31.

  1. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 136/2022, promovido por Pablo Eduardo López Vázquez y Karla Ivonne Reyes Siller en representación de sus menores hijos, A.LV.R. y P.E.LV.R., contra actos del Secretario de Salud del Gobierno de México y otras autoridades., y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el tres de febrero del dos mil veintidós, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Pablo Eduardo López Vázquez y Karla Ivonne Reyes Siller en representación de sus menores hijos, A.LV.R. y P.E.LV.R., solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por el acto siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLESACTOS RECLAMADOSPRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. TITULAR DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DE MÉXICO. TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. DELEGADO DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE MORELOS. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS. JURISDICCIÓN SANITARIA NÚMERO UNO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS. COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS. COORDINADOR ESTATAL DEL PLAN DE VACUNACIÓN DESIGNADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL. ". La omisión de aplicar de manera congruente con el mandato presidencial. .La omisión de informar, los días previos y lugar en que se aplicaran las dosis. .La omisión de inclusión del grupo de edad menores de (3-11 años). ..La omisión de brindar acceso a la vacuna contra el COVID-19." . SEGUNDO. El once de febrero del dos mil veintidós, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 136/2022, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; la competencia de un Juzgado proviene de la ejecución del acto, no de la residencia de las autoridades. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables la omisión de incorporar a los menores quejosos al plan nacional de vacunación y proporcionar la vacuna contra el virus SARSCoV2. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados en el presente asunto negaron la existencia de los actos que se les atribuyen. No obstante dicha negativa se encuentra desvirtuada en atención a que, en términos de lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral segundo, constituye un hecho notorio para este juzgador que el veintiuno de enero de dos mil veintiuno, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo por el que se establecen brigadas especiales, como una acción extraordinaria en materia de salubridad general, para llevar a cabo la vacunación como medida para la mitigación y control de la enfermedad COVID-19 , en todo el territorio nacional." Atento a lo cual, resulta evidente que las autoridades señaladas como responsables son a quienes les corresponden implementar la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2, de ahí que se tengan por ciertos los actos que se le atribuyen a la citada autoridad. Por otro lado, se tiene que el Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Morelos, mediante escrito de fecha nueve de mayo del dos mil veintidós, informo que el menor de iniciales A.L.R., le fueron aplicadas las dos dosis de la vacuna Pfizer. CUARTO. Causas de improcedencia. Sobre el particular, esta autoridad de control constitucional advierte se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, únicamente en relación al menor de iniciales A.L.R., en función de las siguientes consideraciones. En lo que interesa se establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De la trascripción se colige, que el juicio biinstancial es improcedente cuando durante la tramitación de éste, cesan los efectos del acto que se reclama, pues no tendría razón de ser el mismo de desaparecer su objetivo, es decir, no tendría finalidad práctica alguna el ejercicio constitucional cuando las cosas hubieran vuelto al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado. Entonces, para que se actualice esta causa de improcedencia, el acto impugnado debe ser revocado o destruido, así como todos y cada uno de los efectos que haya producido, ya que el alcance sería la restitución al quejoso en el goce del derecho violado, quedando éste en una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis de la Segunda Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 242, del Tomo VII, Abril de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Se expone tal aserto, ya que de las constancias que obran en autos, se advierte que el nueve de mayo del dos mil veintidós, la autoridad responsable Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Morelos, informo que el menor de iniciales A.L.R., le fueron aplicadas las dos dosis de la vacuna Pfize. Establecido lo anterior resulta evidente que, como se indicó, en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues la parte quejosa reclama en la instancia constitucional la omisión de incorporar al menor quejoso A.L.R al plan nacional de vacunación y proporcionar la vacuna contra el virus SARSCoV2; sin embargo, con las actuaciones señaladas en los párrafos que anteceden, la omisión reclamada quedó superada, de ahí que resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto de autoridad que dejó de tener efectos al pronunciarse sobre su ejecución, por lo que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal, y por ende, han cesado los efectos del acto reclamado. Bajo esa tesitura, es evidente que en el caso, se surte la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Por tanto, es claro que los efectos del acto reclamado cesaron, y en consecuencia, se ha restituido a la parte quejosa en sus derechos fundamentales que estimó vulnerados como si hubiera obtenido un fallo protector. En tales condiciones, al haberse acreditado fehacientemente que opera la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es sobreseer en el juicio de amparo, únicamente en relación al menor de iniciales A.L.R., atento a lo dispuesto en el diverso 63, fracción V, del referido ordenamiento legal. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Ahora bien y al no advertirse una diversa causal de improcedencia, se procede al estudio de los conceptos de violación que aparecen insertos en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en aras del principio de economía procesal y en relación con lo dispuesto por la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Página 830 del Tomo XXXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de 2010, Novena Época, materia común, con número de registro 164618, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Así como la jurisprudencia VI.2o.J/129, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 599 del Tomo VII, Abril de 1998 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia común, con número de registro 196477, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma." No obstante lo anterior, del libelo constitucional se desprende que la parte quejosa aduce que se vulnera en su perjuicio los artículos 1° y 4°, puesto que, pese a que el gobierno de México ha autorizado el uso de la vacuna PfizerBioNTech en la política nacional de vacunación, no se incluye en la misma al menor de edad, como es el caso del menor aquí quejoso de identidad reservada, de iniciales P.E.LV.R efecto de determinar si asiste o no razón a la parte quejosa, es preciso traer a cuenta las siguientes consideraciones: Ahora bien, la omisión de las autoridades responsables de incorporar a la quejosa al plan nacional de vacunación y proporcionar la vacuna contra el virus SARSCoV2, puede generar la probabilidad de que se le coloque en un estado de vulnerabilidad que implique su exposición para contagiarse del aludido virus, y con ello, con altas posibilidades de causar los efectos dañinos que provoca en la salud, cuya consumación haría imposible restituir al menor de edad quejoso en el goce del derecho que reclama, esto es, el derecho de preservar su salud. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 173/2008, del que derivó la tesis la. LXV/2008, consideró que el derecho a la salud debe entenderse como el disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de bienestar. Misma tesis que es consultable en la página 457, tomo XXVIII. Julio de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTICULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS." Dentro de ese derecho se encuentra la vacunación, porque conforme a los artículos 24, fracción I, 27, fracciones II y III, 32, párrafo primero, 33 de la Ley General de Salud, dicho derecho tiene como finalidad el disfrute de servicios de salud, entendidos como las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de las personas, los cuales dentro de su clasificación contemplan a la atención médica, que comprende actividades: a) preventivas, que incluyen las de promoción general y las de protección específica, como la prevención y el control de las enfermedades transmisibles de atención prioritaria; b) curativas; c) de rehabilitación, d) paliativas, que engloban el cuidado integral para preservar la calidad de vida del paciente, a través de la prevención, tratamiento y control del dolor, y otros síntomas físicos y emocionales por parte de un equipo profesional multidisciplinario, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas. De acuerdo con los numerales 134, fracciones II y XIV, de la legislación en consulta, las enfermedades transmisibles, respecto de las cuales la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control se encuentran la influenza epidémica, otras infecciones agudas del aparato respiratorio, infecciones meningocóccicas y enfermedades causadas por estreptococos, así como las demás que determinen el Consejo de Salubridad General y los tratados y convenciones internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte y que se hubieren celebrado con arreglo a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La vacunación en contra de alguna de esas enfermedades transmisibles, prevenibles por ese medio de inmunización, que estime necesaria la Secretaría de Salud, será obligatoria (arábigo 144 del ordenamiento citado). El derecho de recibir de manera universal y gratuita en cualquiera de las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, del Sistema Nacional de Salud- las vacunas lo tiene toda persona residente en el territorio nacional, independientemente del régimen de seguridad social o protección social al que pertenezca (en términos del numeral 157 BIS 1 de la ley en mención). Conforme a los preceptos 157 Bis 3 y 157 Bis 10 de la legislación en cita, los establecimientos y el personal de salud de los sectores público, social y privado deberán registrar y notificar a la Secretaría de Salud la presencia de casos de enfermedades prevenibles por vacunación y eventos supuestamente atribuibles a dicha inmunización, así como informar sobre los beneficios de las vacunas y el riesgo que representa tanto para la persona, como para la comunidad la falta de inmunización oportuna. De acuerdo con los preceptos 157 Bis 12 y 157 Bis 13 de la Ley General de Salud, el Estado mexicano procurará el abasto y la distribución oportuna y gratuita, así como la disponibilidad de los insumos necesarios para las acciones de vacunación, para ello la Cámara de Diputados asignará en cada ejercicio fiscal, los recursos presupuestarios suficientes para ese fin. Entre las enfermedades transmisibles aludidas se encuentra la del Covid 19, ya que el diecinueve de marzo de dos mil veinte, el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2, Covid19 en México como una enfermedad grave de atención prioritaria, según se aprecia en el "Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-00V2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de marzo posterior. Bajo ese contexto, conviene precisar que es obligación del Estado Mexicano salvaguardar el derecho a la salud, contenido en el numeral 4º constitucional, para lo cual deben emitirse las resoluciones necesarias para lograr este fin. Premisa aquella que debe interpretarse al tenor del bloque de constitucional, considerando la normativa nacional e internacional, así como sus criterios jurisprudenciales en materia de aquel derecho humano. El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que, en lo que a aquí importa, establece: "Artículo 4°. ...Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social." De lo transcrito se colige que el derecho a la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud, a través de la implementación de acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud del individuo y de la sociedad en general, lo que implica información, prevención, atención, control de enfermedades y otorgamiento de medicamentos y otros insumos esenciales requeridos para el diagnóstico y tratamiento de los padecimientos, cuya existencia y disponibilidad debe estar garantizada. Así, el precepto constitucional en comento, reconoce el derecho fundamental del que gozan todos los gobernados a tener servicios de salud, los cuales deben ser proporcionados por el Estado a través de instituciones públicas que se establezcan para tal efecto. Al respecto, el Estado Mexicano ha suscrito convenios que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel de ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho. La realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Si bien para la justiciabilidad del derecho a la salud en el juicio de amparo, es menester constatar que se invoque la violación de un derecho fundamental que incorpora pretensiones jurídicas subjetivas y que la invasión al derecho que se denuncia represente un tipo de vulneración remediable por dicha vía, ello no permite descartar que, en ciertas ocasiones, dar efectividad al amparo implique adoptar medidas que colateral y fácticamente tengan efectos para más personas que las que actuaron como partes en el caso, siempre y cuando tales efectos tengan una relación fáctica o funcional con los de las partes. Así, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dispone lo siguiente: "Artículo 12. 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad." Igualmente, el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador", establece: "Artículo 10. Derecho a la salud. 1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados Partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho: a. La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad; b. La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado; c. La total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; d. La prevención y tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole; e. La educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud, y f. La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables." Instrumentos internacionales, que al igual que nuestra Norma Suprema, reconocen el derecho que tiene toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, así como la obligación del Estado en establecer las medidas necesarias para lograrlo. Lo anterior, ha sido además recogido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis P. LXVIII/2009, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 6, y P. XVI/2011, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, página 29, que dice: "DERECHO A LA SALUD. NO SE LIMITA AL ASPECTO FÍSICO, SINO QUE SE TRADUCE EN LA OBTENCIÓN DE UN DETERMINADO BIENESTAR GENERAL" "DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN" SEXTO. Efectos de la concesión. El amparo se concede para el efecto de que las autoridades responsables: a) Lleven a cabo las acciones necesarias para que se incluya al menor quejoso P.E.L.V.R., dentro de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-COV-2, para la prevención de la enfermedad COVID-19 en México, y de ser factible y aptas, atendiendo a su edad, estado de salud e historial clínico, se le aplique la vacuna "Pfizer/BioNTech", en seguimiento a los protocolos de salud aplicables y necesarios para el caso; quedando vinculadas a esta concesión de amparo aquellas autoridades que en virtud de sus funciones puedan materializar los efectos y consecuencias del acto reclamado. b) En la inteligencia de que queda bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades lo concerniente a inocular a dicho menor en las dosis y composición adecuada a su edad, así como en la periodicidad autorizada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). c) De no ser idóneo que el menor quejoso sea vacunados, por correr algún riesgo irreparable o mortal, debido a su edad y condición física, deberán manifestarlo así ante el Juzgado de Distrito, acreditando su dicho con las constancias correspondientes. d) Además, considerando que el juicio de amparo indirecto se promovió a favor del menor de edad, por parte de su progenitor, lo que, per se, implicaría que se encuentra de acuerdo con lo solicitado, no obstante, habrá de manifestar expresamente y, por escrito, su voluntad y correlativa responsabilidad en que el menor sea vacunado, una vez corroborada la idoneidad para que reciba el biológico que corresponda, lo que deberá ser precedido de una explicación fehaciente y comprensible a los progenitores y a los menores, de las posibles complicaciones o efectos secundarios o adversos que de ello pudiera derivar, así como los cuidados previos y posteriores para el bienestar de los peticionarios del amparo. Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por Pablo Eduardo López Vázquez y Karla Ivonne Reyes Siller, en representación de su menor hijo, A.L.R., contra los actos que reclama a las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el considerando TERCERO y para los efectos precisados en el considerando CUARTO de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a ********************., contra los actos que reclama a las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el considerando QUINTO y para los efectos precisados en el considerando SEXTO de esta resolución. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de la secretaria con quien actúa Jaime César Pereyra Román. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés Vista la razón de cuenta, en términos de los ordinales 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual la autoridad responsable, señala domicilio procesal y designa autorizados; al respecto, se provee lo siguiente: Se tienen por designados como delegados de la autoridad responsable, en términos del numeral 9 de la ley antes invocada, a las personas que propone; asimismo, con fundamento en el ordinal 28 de la ley de la materia, se tiene por señalado el domicilio que indica, por ser el oficial en el que reside dicha autoridad. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a treinta y uno de julio de dos mil veintitrés Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte, que se encuentra señalada para el día de hoy la audiencia constitucional en el presente asunto, sin embargo, no es posible su celebración, toda vez que se encuentra pendiente el requerimiento solicitado mediante auto de veintiuno de julio de este año. En consecuencia, se difiere la audiencia señalada para esta data y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS DEL SIETE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de julio de dos mil veintitrés Agréguese a los autos, para que surta los efectos legales a que haya lugar, el escrito signado por el abogado de la parte quejosa, a través del cual da contestación al requerimiento de fecha quince de junio y veinte de julio ambos del dos mil veintitrés, al respecto; se tiene por satisfecho el requerimiento que le fue formulado, quedando sin efectos el apercibimiento decretado en autos. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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