Balbina Antonio Solorzano
Expediente 78/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 13 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 78/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 29/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Balbina Antonio Solorzano
- Antonio Rodríguez Villalba
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual, devuelve los autos originales en un tomo del juicio de amparo 78/2022, y un disco compacto, así como el testimonio de la ejecutoria dictada el diecisiete de marzo de este año, en el amparo en revisión número RA (P) 455/2022, en cuyos puntos resolutivos determinó: "[.] PRIMERO. Se REVOCA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo indirecto promovido por Balbina Antonio Solórzano y Antonio Rodríguez Villalba, contra el acto reclamado y la autoridad responsable precisada en el resultando primero de esta ejecutoria. [.] Lo anterior, comuníquese a las partes para los efectos legales conducentes, y glósese el cuaderno de antecedentes, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, no se expide el acuse de recibo de la ejecutoria y anexos, por así haberlo solicitado la autoridad oficiante. Ahora, con fundamento en el dispositivo 214 de la ley de la materia, en su oportunidad, archívese el presente asunto, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y del expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Ahora, en acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Del cuaderno principal. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que, se sobreseyó en el juicio de amparo, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Del incidente de suspensión Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citado y con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), y 21, inciso c) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, una vez transcurra el plazo ahí establecido, procédase a la destrucción del original y el duplicado del citado cuaderno incidental, toda vez que se negó la suspensión definitiva. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable el disco versátil digital (DVD), que acompañó a su informe con justificación, por no ser necesaria su retención. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a cinco de octubre de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta; de conformidad con los ordinales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, se tiene por recibido el oficio signado por el actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito en el Estado, por medio del cual comunica el proveído de treinta de septiembre del año en curso, en el que se admitió el recurso de revisión interpuesto contra de la sentencia dictada autos, el cual quedó radicado bajo el número RA (P). 455/2022, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a uno de septiembre de dos mil veintidós Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la sentencia dictada en autos y el recurso de revisión interpuesto en contra de la misma, no se encuentran notificados a la parte tercero interesada y esta última, no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, se ordena notificar las determinaciones antes referidas, así como los subsecuentes proveídos, por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, aún los de carácter personal; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo. Una vez hecho lo anterior, remítase este cuaderno de amparo, así como el original y copia del recurso de revisión que se tramita, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en turno para lo que tenga a bien determinar. Por otro lado, agréguese a los autos el escrito de cuenta, para que surta lo efectos legales a que haya lugar y atento a su contenido, téngase a lo acordado en las líneas que anteceden. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN, SE PROCEDE A NOTIFICAR A LA TERCERA INTRERESADA MARÍA ANTONIA MATEOS GASPAR, POR MEDIO DE LISTA LAS SIGUIENTES DETERMINACIONES: (RESOLUCIÓN) R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinticuatro de enero de dos mil veintidós, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Balbina Antonio Solorzano y Antonio Rodríguez Villalba, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. ° Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos. Acto reclamado: ".el acuerdo de fecha 11 de diciembre del 2021 que niega la prescripción punitiva y por ende la extinción de la acción penal esto dentro de la causa penal número JC/424/2021.". SEGUNDO. El veintiséis de enero de dos mil veintidós, esta autoridad realizó prevención, radicó el asunto con el número de expediente 78/2022, la que una vez desahogada el nueve de febrero de dos mil veintidós, este Juzgado Federal admitió la demanda de amparo, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte promovente del amparo reclama el acuerdo de once de enero de dos mil veintidós, a través del cual se niega la prescripción punitiva y por ende la extinción de la acción penal, esto en la causa penal JC/424/2021, índice de la autoridad señalada como responsable. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así se advierte del contenido del informe justificado, lo que se corrobora con las copias certificadas que acompaña a su informe justificado; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Certeza que se corrobora con el discos versátil digital (DVD) de audio y video del acuerdo de la resolución de veintisiete de noviembre de noviembre de dos mil veintiuno, en la causa penal JC/424/2021, a la que remite el auto reclamado de once de enero de dos mil veintidós, al cual se le otorga pleno valor probatorio, al revestirle el carácter de documento público, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria acorde con el numeral 2 de la Ley de Amparo, y de las que se desprende la emisión de los actos combatidos. Aunado a que, las videograbaciones de las audiencias celebradas en un procedimiento penal de corte acusatorio oral, almacenadas en los discos versátiles digitales (DVD) no requieren ser desahogadas en una audiencia especial en la cual se reproduzca su contenido. Lo anterior se sustenta en la tesis 43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 455/2012, consultable en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1; con número de registro número 2004362, Décima Época ,cuyo rubro y texto son los siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se impone analizar la procedencia del juicio, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En el presente asunto, las partes no invocaron causas de improcedencia, tampoco este Juzgado advierte de oficio la actualización de alguna de las previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, o bien alguna derivada de la propia legislación o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo cual, se analiza la constitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Al no haberse invocado causales de improcedencia, ni advertirse la actualización de alguna por verificar, procederá a avocarse al análisis de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, cuya transcripción es innecesaria dado que el artículo 74 de la Ley de Amparo en vigor, ni algún otro dispositivo impone al juzgador la obligación de transcribirlos o sintetizarlos para proceder a su examen, ni se advierte la necesidad de ello para responderlos. Lo anterior acorde a la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Novena Época, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, correspondiente a Mayo de 2010, registro 164618, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Previo al estudio de los conceptos de violación, resulta necesario destacar los siguientes antecedentes: Mediante escrito presentado el once de enero de dos mil veintidós, ante la señalada como responsable, la parte hoy quejosa, solicitó la prescripción de la acción punitiva. Por auto de once de enero de dos mil veintidós, la responsable determinó que deberían de estarse a lo resuelto en audiencia de veintisiete de noviembre de dos mil veintiuno, en la que se dictó auto de vinculación a proceso dentro de los autos de la causa penal JC/424/2021, en contra de los hoy quejosos, y en la que se declaró improcedente la petición de la prescripción de la acción penal. En la referida audiencia de veintisiete de noviembre de dos mil veintiuno, en la parte que interesa se resolvió lo siguiente: ".por cuanto sí existe o no, una causa que extinga la acción o la pretensión punitiva, en términos de los artículos 23 y 81 del Código Penal en vigor en el Estado de Morelos, es esta caso las partes hacen alusión a una causa que extingue la acción punitiva, como es la prescripción que previene el artículo 81, fracción X del Código Penal en vigor en el Estado de Morelos, es una cuestión que atañe el fondo, este Juzgador se tiene que ocupar de manera primigenia, antes de verificar si existe o no ese hecho que la Ley califica como Despojo, debe de señalarse que se coincide con la defensa, respecto de la falta de profesionalismo de los Ministerios Públicos que conocieron de esta carpeta, desde la primera intervención de la víctima, es decir, desde que la víctima María Antonia Mateos Gaspar acudió a querellarse de este delito de despojo que se estaba cometiendo en su agravio, debe quedar en claro que este juzgador con motivo de esta situación que impero, en esta temporalidad desde el dos mil doce a la presente fecha, , ordene un vista en contra del Fiscal aquí presente, en el órgano interno de la propia Fiscalía, así como también una vista en contra de distintos funcionarios que actuaron durante este tiempo, con motivo del incumplimiento de sus funciones, ya que aunque estén o no en funciones será la autoridad sancionadora quien verifique estas circunstancias, sin perjuicio a que se resuelva lo que corresponda, tal como se le señalo al Fiscal en la audiencia de referencia en la que este juzgador no iba vulnerar derechos fundamentales de la víctima, en el sentido de que por omisiones de la fiscalía, porque son imputables a la Fiscalía, no iba dejar un hecho impune, siempre y cuando se justificara, esto tiene relación razón a la progresividad que han tenido cada una de las leyes, por ello a la fecha, tenemos la Ley General de Víctimas, donde se hace referencia en el numeral 12 fracción I, los derechos de las víctimas en procesos penales la fracción I refiere, ser informada de manera clara, precisa y accesible de todos sus derechos por el Ministerio Público o la primera autoridad que tenga contacto, conozca del hecho delictivo tan pronto este ocurra, el Ministerio Público deberá comunicar los derechos que se le reconocen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y esta Ley a su favor, dejando constancia en la carpeta de investigación de este hecho, con total independencia de que exista o no un probable responsable de los hechos, esta situación implica, que el Ministerio Público desde un inicio le debía haber comunicado a la víctima cuales eran sus derechos, incluso cual era la consecuencia jurídica, en caso de que se dejara de actuar, los que estamos inmersos en la materia penal, sabemos y conocemos lo relativo a la figura o institución que maneje el Código Penal, estamos hablando de los es la prescripción, entendemos que si se deja de actuar opera la prescripción y por ello el Código Penal nos establece tres lapsos en los que se debe de analizar este prescripción, el asunto que nos ocupa encuadra en lo relativo a los delitos perseguibles por querella, en esta caso estaríamos hablando de tres años, en aquella audiencia me pronuncie en que no iba vulnerar derechos fundamentales de la víctima, porque en primer lugar le asiste la Ley General de víctimas, donde resulta ser una Ley que debe ser acatada por todos y cada uno de los funcionarios, pero además no se debe de pasar desapercibida la jurisprudencia, que desde el día cinco de noviembre del presente año se encuentre vigente, incluso hace un análisis la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde refiere lo relativo a la prescripción de la acción penal, la regla relativa a que opere la segunda mitad y que solo se interrumpa con la detención del inculpado, hace referencia que no se vulnera el Derecho Humano, de acceso efectivo a la justicia de las víctimas u ofendidos y se interpreta cuestiones relativas a la Legislación del Estado de Morelos, lo importante de este jurisprudencia, nos hace referencia, que no obstante para evitar casos en los que la prescripción de la acción penal, si pudiera llegar a transgredir al Derecho Humano de la justicia, previo a sustentar la prescripción, la autoridad judicial deberá realizar un ejercicio hermenéutico de ponderación entre los Derechos de la víctima o del ofendido, del delito y de los inculpados para verificar si en realidad la inactividad de la Representación Social, pudiera afectar derecho o intereses de la víctima o el ofendido del delito, es decir, no es una cuestión que se deje únicamente a lo que establece el Código Penal en vigor en el Estado, sino que ya se debe de hacer un ejercicio, incluso se refiere hermenéutico, es decir, vamos a ponderar los derechos de los imputados y los de la víctima, estos derechos que impactan en el análisis que refiere la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es si es la inactividad de la Representación social pudiera afectar los derechos, como se dijo coincido con la defensa, en el sentido de que es una cuestión imputable a la Fiscalía, por lo que se pretende que se extinga la acción penal, es decir, la Defensa fue congruente en el sentido de referir que la víctima presento un sinfín de escritos en los que hacia manifestaciones y lo refirió que este asunto camino por la actividad de la víctima, en primer lugar ponderando esta situación que se está refiriendo y quedo en claro porque debo de señalarlo, que le requerí al Fiscal en aquella audiencia, donde se libró orden de Aprehensión porque me iba pronunciar respecto a la prescripción, porque es mi función el decretar lo que en derecho corresponda, y si en esa audiencia este juzgador le pregunto al Fiscal, y está registrado en audio y video, si le hicieron del conocimiento de los derechos de la víctima en el sentido de que su asunto podría prescribir por inactividad, el Fiscal señaló que no existía ninguna constancia donde se le hubiera hecho del conocimiento, lo que implica que no es una cuestión inimputable a la víctima, es una cuestión imputable a la Fiscalía.". Ahora bien, en relación al auto reclamado en el presente juicio de amparo, en lo que interesa se proveyó lo siguiente: ".y en el último solicita se decrete la prescripción de la acción punitiva. . Por último en relación al prescripción de la acción punitiva, dígasele que se deberá estar a lo resuelto en audiencia de vinculación a proceso de fecha veintisiete de noviembre de dos mil veintiuno, el cual ya fue analizado este tópico.". Ahora, el punto precisado en el párrafo anterior, es el que constituye el acto ahora reclamado, además el solicitante del amparo en sus conceptos de violación, en esencia refiere que se viola en su perjuicio los artículos 14 y 16 Constitucionales, pues a su parecer el Agente del Ministerio Público, no acredito el cuerpo del delito con los elementos que lo integran y el Juez no lo citó legalmente para declarar y ejercer el derecho de defensa, además sigue diciendo que la prescripción de la acción penal no puede quedar a voluntad del legislador. Sigue diciendo la parte quejosa en sus conceptos de violación que la autoridad señalada como responsable omitió estudiar de oficio la prescripción de la acción punitiva, violando con ello los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 19 y 20 de la Constitución Federal. Los motivos de disenso que la parte quejosa Balbina Antonio Solorzano y Antonio Rodríguez Villalba, formulan en su escrito inicial de demanda, son inoperantes, dado que como enseguida se verá, ninguno de ellos combate de manera frontal, las consideraciones en que se sustentó la determinación que constituye el acto reclamado. El hecho de que el Máximo Órgano de Justicia, haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a éstos corresponde -salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja-, exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. De lo que se infiere que a efecto de que este Juzgado de Distrito, se encuentre en aptitud de pronunciarse sobre los motivos de inconformidad que la parte quejosa planteó en su escrito inicial demanda, es indispensable que ésta controvierta de manera efectiva, esto es, mediante los razonamientos suficientes, las consideraciones en las que se sustenta el proveído reclamado de once de enero de dos mil veintidós. Establecido lo anterior, cabe reiterar que mediante dicha determinación, el Juez Especializado de Control adscrito a la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, Morelos, acordó que respecto de la prescripción de la acción punitiva, debería estarse la parte quejosa a lo resuelto en audiencia de vinculación del veintisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Consideraciones contra las cuales dicha parte agraviada no formuló ningún concepto de violación, puesto que en el capítulo respectivo de su escrito inicial de demanda, efectuó una serie de manifestaciones relacionadas con el fondo del asunto, es decir, relativos a la prescripción de la acción punitiva, la falta de pronunciamiento de manera oficiosa por parte de la autoridad señalada como responsable y con ellos se vulneraban diversos derechos humanos contemplados en la Constitución Federal y leyes locales de la materia; lo que de suyo pone de manifiesto la inoperancia de los referidos motivos de disenso. En efecto, pues no obstante que el Juez Especializado de Control adscrito a la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, Morelos, al momento de dar respuesta a la petición del quejoso respecto de la solicitud de la prescripción de la acción punitiva, formulada por la parte quejosa le respondió en el sentido que debía estarse a la determinación del auto de vinculación a proceso de veintisiete de noviembre de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal JC/424/2021, lo que fundamentó en los artículos 67, 68, 85 y 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por tanto, lo cierto es que dicho agraviado omitió atacar frontalmente dichas consideraciones, cuestionando de manera exclusiva, aspectos relacionados con la materia de su inconformidad en contra de la falta o forma de pronunciamiento por parte de la autoridad señalada como responsable, en la audiencia de vinculación de donde deriva la respuesta respecto de la prescripción de la acción penal; tema que en momento alguno fue abordado en la determinación combatida. Y es que, se insiste, de la lectura integral del escrito inicial de demanda, se desprende que la parte quejosa se limitó a reproducir alegaciones del fondo del asunto de origen que a su criterio, evidencian la falta o indebida forma de pronunciamiento en el tópico de la prescripción de la acción penal, por ello en relación al acto que sí constituye el acto reclamado de una manera insuficiente formuló conceptos de violación; aduciendo de manera dogmática que el juez responsable soslayó realizar el estudio oficioso relativo a la prescripción de la acción penal, sin debatir frontalmente el argumento toral en el que ésta apoyó el acto reclamado, consistente esencialmente en el auto de once de enero de dos mil veintidós, sin que pase desapercibido que sus alegaciones centrales van enfocadas al tema de la prescripción de la acción penal y de lo cual el Juez señalado como responsable se pronunció en el auto de vinculación a proceso de veintisiete de noviembre de dos mil veintiuno, es decir, ya fueron abordadas en la diversa determinación referida, y que en ninguno de sus conceptos de violación cuestionan la legalidad o constitucionalidad de tal conclusión en el proveído señalado como reclamado. Además, de que serán materia de análisis en el diverso juicio de amparo 1574/2021, índice de este propio Juzgado Federal, en el cual se señaló como acto reclamado, precisamente el auto de vinculación a proceso. Por lo tanto, al no efectuar argumentación jurídica alguna que tienda a poner de manifiesto la ilegalidad o inconstitucionalidad de las consideraciones que sustentan el acto reclamado, sin que este órgano de control Constitucional, advierta motivos para suplir sus deficiencias, dicho fundamento y motivación subsisten y bastan por sí solos para sustentar la determinación impugnada, pues resulta indispensable explicar, concretizar el daño o perjuicio ocasionado por la autoridad responsable y además argumentar jurídicamente en contra de los razonamientos o consideraciones del auto que se impugna, señalando si las consideraciones de lo que se reclama son contrarias a la ley o su interpretación jurídica. Es aplicable, la tesis 2ª. CC/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 739, del Tomo XVII, enero de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que reza: "SENTENCIAS DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO NO INCURRE EN INCONGRUENCIA SI CON MOTIVO DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, NIEGA EL AMPARO. El hecho de que el Juez de Distrito haya estimado que parte de los conceptos de violación son inoperantes y, por ende, haya negado el amparo solicitado y no considerado la improcedencia del juicio, no transgrede el principio de congruencia que las sentencias de amparo deben revestir. Esto es así, porque la improcedencia del juicio alude a obstáculos o causas que impiden el estudio de los conceptos de violación y que, en consecuencia, no permiten que el juzgador se pronuncie sobre la inconstitucionalidad planteada, lo que conduce al sobreseimiento en el juicio en términos de lo dispuesto en los artículos 73 y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, mientras que la inoperancia de los conceptos de violación proviene de la ineptitud de los argumentos para conducir a la concesión del amparo, esto es, que aun cuando resultaran fundados, ello no daría lugar a conceder el amparo, por lo que, ante la inutilidad de su análisis, la consecuencia es la negativa del amparo y no la improcedencia del juicio, ya que no existe obstáculo alguno para su estudio". Cabe acotar que ha sido criterio del Máximo Tribunal del país, que el estudio oficioso en suplencia de la queja opera únicamente cuando este repercutirá en un beneficio para el quejoso, lo cual en el caso no sucede. Consecuentemente, si no se demostró al través de los conceptos de violación la ilegalidad del acto reclamado, lo que procede es negar a la pare quejosa Balbina Antonio Solorzano y Antonio Rodríguez Villalba, el amparo y la protección de la Justicia Federal que solicita. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en lo establecido por los artículos 73, 74 y 77 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Balbina Antonio Solorzano y Antonio Rodríguez Villalba, contra el acto que reclamó del Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, consistente en el proveído de once de enero de dos mil veintidós, en autos de la causa penal número JC/424/2021 de su estadística. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Erik Calderón Ocampo, hasta hoy veintinueve de junio de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe. (ACUERDO) Cuernavaca, Morelos, a catorce de julio de dos mil veintidós Vista la razón Secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito signado por Balbina Antonio Solórzano y Antonio Rodríguez Villalba, en su carácter de quejosos. En virtud de lo anterior, con fundamento, en los artículos 81, 84, 88 y 89, de la Ley de Amparo, se les tiene interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada. Por lo tanto, distribúyanse entre las partes las copias del oficio de expresión de agravios y de conformidad con el artículo 89 de la Ley de Amparo, dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que se integre el expediente, remítanse al TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DECIMOCTAVO CIRCUITO EN TURNO, con residencia en esta ciudad, en los tres días siguientes el original del escrito de agravios y una copia, así como el juicio de amparo en que se actúa, para lo que tenga a bien determinar la superioridad. Fórmese el cuadernillo de antecedentes respectivo. Finalmente, instrúyase al Actuario adscrito para que al momento de notificar personalmente a las partes el presente auto les entregue copia del escrito de expresión de agravios del recurso de revisión interpuesto, asentándolo en la cédula de notificación personal respectiva. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a catorce de julio de dos mil veintidós Vista la razón Secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito signado por Balbina Antonio Solórzano y Antonio Rodríguez Villalba, en su carácter de quejosos. En virtud de lo anterior, con fundamento, en los artículos 81, 84, 88 y 89, de la Ley de Amparo, se les tiene interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada. Por lo tanto, distribúyanse entre las partes las copias del oficio de expresión de agravios y de conformidad con el artículo 89 de la Ley de Amparo, dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que se integre el expediente, remítanse al TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DECIMOCTAVO CIRCUITO EN TURNO, con residencia en esta ciudad, en los tres días siguientes el original del escrito de agravios y una copia, así como el juicio de amparo en que se actúa, para lo que tenga a bien determinar la superioridad. Fórmese el cuadernillo de antecedentes respectivo. Finalmente, instrúyase al Actuario adscrito para que al momento de notificar personalmente a las partes el presente auto les entregue copia del escrito de expresión de agravios del recurso de revisión interpuesto, asentándolo en la cédula de notificación personal respectiva. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
Quedan 9 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · 17,253 expedientes
- Azucena Monserrat Escobar Amador1654/2016
- Azucena Soto Pérez1744/2019
- Azucena Trujillo Hernandez24/2015
- Azul Ivany Villanueva de la Rosa383/2017
- Azul López Reyes136/2022
- Balbina Antonio Solorzano1574/2021
- Balbina Dorotea Delgado Pacheco622/2019
- Balbina Vides Merida1499/2016
- Baldomero Campos Treviño1516/2015
- Baltazar Cedeño Leon378/2018
- Baltazar Mendoza Fernández820/2022
- Baltazar Tapia Reyes1808/2015