Bacilo Mezquitan Pulido

Expediente 16/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
16/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
13/05/2021

Partes del expediente

  • Bacilo Mezquitan Pulido

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Causa ejecutoria sentencia, se ordena archivo...

  2. Principal

    Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las once horas con cuarenta y seis minutos del veintidós de abril de dos mil veintiuno, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, quien actúa en unión de María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe de sus actos, declaró abierta la presente audiencia. Abierta la audiencia de ley, la secretaria relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, con las constancias de emplazamiento a juicio de las partes y con el informe justificado rendido por la responsable. A continuación, se declara abierto el periodo probatorio y se da cuenta con las pruebas instrumental de actuaciones y presuncional ofertadas por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, así como las documentales ofrecidas por la dependencia tercera interesada (Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora) y autoridad responsable -al rendir su informe con justificación y en su oficio agregado en auto de siete de abril de dos mil veintiuno-. El juez acuerda. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia naturaleza las probanzas de referencia. Cerrada la etapa probatoria y abierta la de alegatos, se hace constar que las partes omitieron realizar manifestaciones. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para expresar alegatos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 16/2021; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el doce de enero de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el catorce de enero de este año, por razón de turno, a este juzgado de Distrito, Bacilio Mezquitan Pulido solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados de la magistrada instructora de la Segunda Ponencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad. En veintiuno de enero siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que cuando el acto reclamado carece de ejecución es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados los siguientes: El señalamiento de fecha lejana y la omisión de respetar plazos procesales para llevar a cabo la celebración audiencia de pruebas y alegatos dentro del juicio de servicio civil 41/2020. Existencia de los actos reclamados Es cierto el acto reclamado a la responsable, no obstante que la autoridad responsable fuere omisa en determinar dicha situación en su informe con justificación, sin embargo, dicha certeza se advierte de las propias manifestaciones vertidas en el mismo, así como de las constancias que remitió en apoyo, de las que se desprende la existencia de la dilación impugnada. Causa de improcedencia actualizada En cumplimiento al artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador se avoca al estudio de la procedencia del presente juicio constitucional, cuyo examen es de carácter previo y preferente. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." En el presente asunto, se advierte actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo al tratarse de un acto consumado de modo irreparable. De acuerdo con las disposiciones apuntadas, el juicio de amparo es improcedente contra actos consumados de modo irreparable, sea la irreparabilidad material o jurídica, pues la interpretación armónica de los preceptos transcritos lleva a concluir que, por actos consumados de modo irreparable deben entenderse aquéllos respecto de los cuales no es posible restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, lo cual lleva a estimar improcedente la acción de amparo, dado que para el caso en que se otorgara la protección constitucional solicitada, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser material, o jurídicamente posible reparar la violación de que se trate. En relación con esto, debe tenerse en cuenta que el efecto de la sentencia en que se otorgue el amparo y protección de la Justicia Federal, es restituir al quejoso en el goce del derecho violado y volver las cosas al estado que tenían antes de esa violación. De esa forma, la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, interpretada a contrario sensu, en relación con el precepto 77 fracción I, de la citada ley, permite afirmar que el juicio constitucional persigue una finalidad práctica, lo cual condiciona su procedencia a la posibilidad de que la sentencia que en él se dicte, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado. En apoyo de lo anterior se cita la tesis I. 3o. A. 150 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados)."." De lo apuntado se obtiene que el juicio de amparo, como medio de control constitucional y, principalmente, como instrumento reparador de derechos afectados, en este tipo de actos se ve impedido para alcanzar su fin desde el momento en que, jurídicamente, ya no hay materia sobre la cual pueda decretarse una reparación del derecho que, según, se afectó. Se está ante un acto cuyos efectos ya no se pueden retrotraer ni física ni jurídicamente para poder reparar a la parte quejosa el derecho eventualmente afectado. De modo que, aun cuando llegara a concluirse que el acto es inconstitucional, no sería posible restituir al promovente en el goce de sus derechos fundamentales, por lo que ningún efecto tendría la sentencia de amparo. En efecto, de las constancias que en copia certificada remitió la responsable, así como de las manifestaciones hechas por la parte quejosa se advierte lo siguiente: El trece de febrero de dos mil veinte, la parte quejosa entabló demanda laboral ante la autoridad responsable, radicada como juicio de servicio civil 41/2020. El diez de diciembre de dos mil veinte, se fijaron las diez horas del veintidós de marzo de dos mil veintiuno, para el desahogo de la audiencia de ley. Finalmente, el veintidós de marzo de dos mil veintiuno, la responsable celebró la Audiencia de Pruebas, Alegatos y resolución que nos ocupa en el juicio mencionado. En esa tesitura, si en el caso, el impetrante de amparo acudió a esta instancia constitucional reclamando el auto en el que se señaló una fecha por demás lejana para el desahogo de la aludida audiencia dentro juicio de servicio civil 41/2020 del índice de la autoridad responsable, empero, como se advierte de la audiencia de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, -fecha combatida- se desahogó la actuación mencionada, cerrando el periodo de ofrecimiento de pruebas. De ahí que resulta innegable que, al haberse celebrado la multicitada audiencia en la fecha reclamada por su lejanía, se actualiza la causa de improcedencia por haberse consumado irreversiblemente el acto de molestia, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho. Lo anterior, ya que de otorgarse la protección constitucional a la parte peticionaria, la sentencia dictada carecería de efectos prácticos, dado que no sería factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, atendiendo a que con el simple transcurso del tiempo dicha data combatida se llevó a cabo por lo que no hay efectos ciertos, que en este momento se puedan analizar. En este sentido, resta decir que, el derecho de acceso a la justicia no implica dejar sin efectos los requisitos de procedencia y admisibilidad que rigen el juicio de amparo, puesto que dicho derecho es limitado y para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, con la finalidad de brindar certeza jurídica. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis VII.2º.C.14C (10ª.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que textualmente dice: "ACCESO A LA JUSTICIA Y EFECTIVIDAD DE LOS RECURSOS. NO IMPLICA DEJAR SIN EFECTOS LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA Y ADMISIBILIDAD DEL JUICIO DE AMPARO. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos, al interpretar el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, estableció que el acceso a la justicia no se agota con la simple existencia de tribunales, procedimientos formales ni con la posibilidad de acudir a ellos, sino que es necesario que los recursos judiciales tengan efectividad, esto es, que se brinde al justiciable la posibilidad real de interponerlos y el órgano jurisdiccional competente evalúe sus méritos, por lo que serán efectivos en tanto sean capaces de producir el resultado para el que fueron concebidos; sin embargo, fue la propia Corte Interamericana, quien estableció que la existencia y aplicación de causales de admisibilidad de los recursos resulta compatible con la Convención Americana, y que esa efectividad implica que, potencialmente, cuando se cumplan tales requisitos, el órgano judicial evalúe sus méritos. Por tanto, el derecho humano de acceso a la justicia y la efectividad de los recursos, no implican dejar sin efectos los requisitos de procedencia y admisibilidad que rigen en el juicio de amparo, instrumento éste de justicia constitucional por el que, en sede nacional y en vía judicial, se garantiza al individuo la protección de sus derechos fundamentales" Además, el hecho de que se actualice una causa de improcedencia dentro del juicio de amparo, de ninguna manera implica que se les esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que el análisis de las causas de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. Apoya la anterior determinación, la tesis III.2o.C.3 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que a la letra dice: ""IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia." Cabe comentar, también, que lo dispuesto por el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que los derechos humanos se interpretaran conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que favorezca de la manera más amplia a las personas (principio pro persona), no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales de procedencia del juicio de amparo. En apoyo se invoca la jurisprudencia 1ª./J 10/2014 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente y texto: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente" Decisión En esa virtud, se concluye que se actualiza la causa de improcedencia que resulta del artículo 61 fracción XVI, en relación con el diverso numeral 77 fracción I, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la citada ley, se sobresee en el juicio de amparo en que se actúa. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: Resuelve Único. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por Bacilio Mezquitan Pulido, por las razones y fundamentos expuestas en el considerando V de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, siete de abril de dos mil veintiuno. Integración de oficio. Agréguese a los autos el oficio que remite el secretario de acuerdos y proyectos adscrito a la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, por medio del cual da cumplimiento a lo requerido en auto de veinticuatro de marzo del año en curso, toda vez que remitió la constancia solicitada; dese vista con lo anterior a las partes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. Requerimiento de constancias. Con el objeto de contar con mayores elementos para analizar la constitucionalidad del acto reclamado en el presente asunto, con apoyo en lo establecido en el artículo 75, párrafo tercero de la ley de la materia, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro de un plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, informe si llevo a cabo el desahogo de la audiencia programada para las diez horas del veintidós de marzo del año en curso, dentro del juicio de origen 41/2020; en el entendido que deberá remitir copia certificada integral de las constancias que lo acrediten. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que en caso de incumplimiento, se les impondrá multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, conforme a lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Audiencia constitucional. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y se señalan las once horas con cuarenta y seis minutos del veintidós de abril de dos mil veintiuno, para su celebración. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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