Bacilio Mezquitan Pulido

Expediente 1441/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1441/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
22/03/2022

Partes del expediente

  • Bacilio Mezquitan Pulido

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de juzgado uno de registro de juicios de amparo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, cuatro de marzo de dos mil veintidós. Se agrega escrito. Agréguese a los autos el escrito de cuenta que firma el autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado en proveído de veintiocho de febrero del presente año. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Se agrega oficio. Glósese el oficio de cuenta que firman el secretario de acuerdos y proyectos adscrito a la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora y el actuario notificador de dicho órgano, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado por acuerdo de ocho de febrero del presente año, remite copia certificada de las constancias, relativas a las actuaciones a partir del dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, dentro del expediente 41/2020, de su índice. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por exhibidas las documentales en mención, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, de las cuales se advierte la actualización de una causal de improcedencia. Sobreseimiento por cesación de efectos. En efecto, del análisis de la prueba documental agregada y demás constancias existentes en autos, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. De modo tal que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es menester precisar que de la lectura íntegra a la demanda de amparo y demás constancias existentes en este sumario, los actos reclamados se hacen consistir en lo siguiente: La omisión de desahogar las pruebas ordenadas en auto de audiencia de pruebas y alegatos de fecha dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, consistentes concretamente en las siguientes probanzas: Confesional por posiciones a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. Confesional por posiciones a cargo de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora Confesional por posiciones para hechos propios a cargo del Jefe de Departamento de Ingresos y Control Presupuestal de ISSSTEON y la directora de Recursos Humanos de la Comisión de CEDES; e, Prueba de inspección. La omisión de realizar las notificaciones necesarias a las partes, con el fin de que se desahogaran las pruebas pendientes en el juicio de servicio civil 41/20220 P2. Al rendir su informe justificado las autoridades responsables remitieron copia certificada de diversas actuaciones efectuadas en el expediente 41/2020 de su índice; de las que se advierte la existencia de las notificaciones efectuadas relativas al desahogo de las probanzas cuya omisión se reclama; dicho informe con anexos, fue agregado a este sumario en acuerdo de dieciséis de diciembre pasado, en el que se determinó requerir a las responsables por la totalidad de las constancias relativas a las actuaciones realizadas a partir del dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, fecha en la que el quejoso refirió se originó el reclamo omisivo. Derivado de lo anterior, las autoridades responsables remitieron el oficio y constancias que se agregan de las cuales se desprende la actualización de la causal de improcedencia en estudio, dado que de ellas se advierte lo siguiente: En siete de diciembre de dos mil veintiuno, se agregó en autos del expediente de origen, el escrito relativo al desahogo de la prueba confesional por posiciones a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. Con fecha trece de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el escrito concerniente al desahogo de la prueba confesional por posiciones a cargo de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (CEDES); y, El catorce de diciembre de dos mil veintiuno, se desahogó la prueba de inspección judicial sobre los originales de las pólizas de cheques y contabilidad, recibidas y firmadas por el actor, ante la parte demandada. Aquí cabe acotar, que en relación con la prueba confesional por posiciones para hechos propios a cargo del Jefe de Departamento de Ingresos y Control Presupuestal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), mediante acuerdo de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, el tribunal responsable tuvo noticia de que el licenciado Omar Aguirre García, ya no laboraba para el instituto mencionado y ordenó requerir al actor aquí quejoso, para que manifestara si subsistía su interés en el desahogo de tal probanza y de ser así señalara el domicilio correcto del ateste, apercibiéndole que de no hacerlo la probanza sería declarada desierta. En ese sentido, se considera incuestionable que cesaron los efectos de los actos omisivos de actuación reclamados a las responsables, pues si bien es cierto, se evidencia que al momento de la presentación de la demanda, las autoridades responsables incurrían en omisión de actuación, y no se habían desahogado las probanzas que fueron admitidas y ordenadas para su desahogo en auto de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, de lo cual se dolió el impetrante; sin embargo, como se narró con antelación, durante el trámite del biinstancial, las responsables realizaron los diversos desahogos de las mencionadas probanzas; de modo que el reclamo opuesto en la demanda de amparo cesó en sus efectos, dado que se acreditan las actuaciones de las responsables encaminadas al desahogo de las probanzas, de ahí que al actualizarse el supuesto de la fracción XXI, del numeral 61, lo procedente es sobreseer al respecto, con apoyo en el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.2o. J/339, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Número 83, Noviembre 1994, Octava Época, página 70, que expresa: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando a resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Bajo las condiciones apuntadas, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, conforme a lo dispuesto en los numerales 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, en página 386, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTAE INDUDABLE." Atento a lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional -nueve horas con treinta y un minutos del quince de marzo de dos mil veintidós-. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno. Diferimiento de audiencia constitucional. Visto lo de cuenta, se advierte que, no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, toda vez que no existe constancia que acredite que las autoridades responsables secretario de acuerdos y proyectos y actuario notificador ambos adscritos a la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, hayan sido notificadas del acuerdo de dieciséis de diciembre del año en curso, en el que se les requiere para que remitan la totalidad de las constancias relativas al acto reclamado, así como la notificación de tal determinación con texto legible en su integridad; y, teniendo en consideración que conforme a lo establecido el oficio 1887/2021-P1 del índice de dicho tribunal, se desprende que el personal del mismo, se encuentra gozando de su periodo vacacional comprendido del veinte al treinta y uno de diciembre del presente año, reanudando labores el tres de enero de dos mil veintidós; por tanto, para dar tiempo a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere y se fijan las once horas con once minutos del ocho de febrero de dos mil veintidós para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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