Baldemar Mendez Monge

Expediente 475/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
475/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
12/05/2021

Partes del expediente

  • Baldemar Mendez Monge

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, doce de mayo de dos mil veintiuno. Recepción de oficio. Agréguese a los autos el oficio remitido por el actuario Judicial adscrito al Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que al no aceptar este órgano jurisdiccional el returno planteado, se avoca al conocimiento del juicio de amparo. Archivo y valoración documental.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintinueve de abril de dos mil veintiuno. 1. Recepción de oficio. Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, suscrito por el actuario judicial adscrito al Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, al que anexa el juicio de amparo 387/2021, de su índice, del que se desprende que mediante auto de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, ese órgano jurisdiccional declaró turno a este juzgado federal; ello, en relación con la demanda de amparo correspondiente a Baldemar Méndez Monge, contra los actos reclamados al delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese bajo el número que le corresponda en el libro uno de juzgado relativo a "Registro de Juicios de Amparo". 2. No se acepta returno propuesto. Del análisis del oficio y anexos, se advierte que el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Sonora, rechazó conocer de la demanda de amparo, al considerar que este juzgado debe conocer del asunto, substancialmente, al considerar que se reclaman actos controvertidos en diverso juicio de este juzgado; en términos del supuesto descrito en los artículos 45, fracción II y 46, fracción IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Actividad Administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, vigente. Sin embargo, se disiente respetuosamente de la determinación del órgano declinante, por las razones que se expondrán enseguida, entre otras, medularmente porque el juicio que remite el homólogo se originó con motivo de la figura de separación de autos, la cual fue decretada por este juzgado en el juicio de amparo 362/2021, al advertirse que en el caso particular lo reclamado en la demanda debe analizarse en lo individual en relación con cada uno de los diecinueve promoventes, derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad. Para explicación de lo anterior, y como referente contextual interesa destacar lo expuesto por el juez declinante quien en lo substancial analiza y razona en su determinación lo siguiente: Que en la demanda se reclama expresamente de todas las autoridades, la omisión de brindar ininterrumpidamente y permanentemente atención médica al más alto nivel posible, tratamientos integrales y medicamentos. Que de igual manera, se reclama la omisión de prever y adoptar las medidas pertinentes para llevar a cabo tales obligaciones. Expone también el órgano declinante que en la demanda se atribuye a las autoridades señaladas como responsables, la omisión de implementar los mecanismos necesarios para brindar a los quejosos de la comunidad sonorense, derechohabientes del ISSSTE, servicios de salud, consultas clínicas y medicamentos de forma permanente. También razona, que de una interpretación íntegra de la demanda, es claro que se reclama la omisión de las autoridades de implementar los mecanismos necesarios para brindar a los quejosos de la comunidad sonorense, derechohabientes del ISSSTE, servicios de salud, consultas clínicas y medicamentos, de forma permanente; para enseguida concluir que en dicho asunto como en el que se actúa, se actualiza el criterio de relación previsto en la fracción IV del artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que en ambos asuntos se reclama la omisión de brindar atención médica al más alto nivel posible; de otorgar el tratamiento integral, así como la de prever y adoptar las medidas pertinentes para llevar a cabo tales obligaciones; implementar los mecanismos necesarios para brindar a los quejosos de la comunidad sonorense derechohabientes del ISSSTE, servicios de salud, consultas, clínicas y medicamentos de forma permanente y otorgar provisión ininterrumpida de medicamentos y verificar mediante supervisión que los servicios de salud de ese municipio sean de calidad. Como puede verse, la razón toral para rechazar el conocimiento del asunto radica, esencialmente, en el argumento de que en la demanda que originó la separación de juicios y en la que remite el juzgador declinante, se reclaman los mismos actos por parte de los quejosos y, por ende, que están vinculados en términos de lo establecido en las fracciones II del ordinal 45 y IV del artículo 46, ambos del acuerdo general que cita. En relación con tal declinación del asunto, este juzgado federal disiente respetuosamente de la opinión del juzgador declinante por las consideraciones siguientes: En primer orden, es importante acotar que los actos procesales dentro de cualquier juicio se presumen válidos y surten todos sus efectos legales de manera plena; de ahí que si este operador jurídico determinó separar juicios, tal decisión tiene validez plena, en tanto, no sea revocada por un Tribunal revisor mediante alguno de los recursos previstos expresamente en la Ley de Amparo, o en determinación emitida por el órgano correspondiente del Consejo de la Judicatura Federal. Lo primero, lógicamente bajo el principio de instancia de parte agraviada, es decir, el recurso relativo podrá interponerse sólo por la parte a quien perjudica la actuación jurisdiccional. En tal medida, a juicio del suscrito, la razón que el juzgado declinante opone para el returno de la demanda de amparo, que le correspondió conocer con motivo de la consabida separación de juicios, no constituye un parámetro válido para que dicho órgano, por razón de turno, se niegue a conocer del asunto respectivo, pues la decisión asumida por este juzgado tiene plena validez al no haber sido revocada por un órgano revisor competente. Ahora bien, acotado lo anterior, y contra lo considerado por el juzgado declinante, en el caso se estima que los asuntos están desvinculados entre sí, aun cuando la naturaleza del reclamo pareciera ser la misma, dado que cada uno de los quejosos cuenta con distintos expedientes de filiación y clínicos médicos ante las responsables. Por ello, no obstante que el acto reclamado en relación con todos los quejosos se plantee en forma homogénea, dado la relación jurídica de afiliación de cada particular con el instituto responsable, es evidente que las causas por las cuales las autoridades responsables pudieran estar incurriendo en las omisiones de atención médica reclamada son distintas, y en cada caso involucra un análisis o estudio diferente porque el reclamo, se reitera, no emana de un solo expediente administrativo; de ahí, que el estudio de cada caso vaya a circunscribirse substancialmente a cuestiones particulares en la relación clínica y/o jurídica de cada peticionario con las responsables (verbigracia, por el tipo de atención que requiere el padecimiento de cada quejoso; por falta de vigencia de derechos de alguno o algunos de los peticionarios; por suspensión de vigencia de derechos, entre otros). Esa circunstancia es importante precisarla porque, a criterio del juzgado que propone el turno, el acto reclamado además de la omisión de proporcionar atención médica y los suministros de medicamentos a los quejosos (indica el juzgador) radica en la omisión por parte de las Direcciones de Normatividad de Salud y de Normatividad de Supervisión y Calidad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, de verificar la calidad de los servicios de salud del municipio Huépac, Sonora; así como en omisión de crear políticas públicas para otorgar servicios clínicos a los afiliados del ISSSTE, residentes en Huépac, Sonora; conclusión que respetuosamente no se comparte. Se considera menester acotar lo anterior, pues precisado de esa manera el reclamo, pareciera que en el caso se hubiese ejercitado en amparo la protección a derechos de una colectividad; sin embargo, los quejosos son puntuales en establecer en su demanda que el reclamo es derivado de derechos que como derechohabientes del ISSSTE tienen en lo particular, además, no se trata en estricto, de una demanda en la que se defiendan derechos de una colectividad, pues no la promueve el número de personas que para tal efecto se hace necesario, ni están planteando un acto que tenga que ver con una acción difusa. En efecto, la parte quejosa señaló como actos reclamados a las autoridades adscritas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: "a) [.] la omisión de brindar atención medica al más alto nivel posible a las quejosas, la omisión de brindar el tratamiento integral, así como la provisión permanente e interrumpida de los medicamentos prescritos por sus médicos tratantes y de otros que puedan necesitar derivado de su situación concreta de salud". Asimismo, se reclama la omisión de prever y adoptar las medidas pertinentes para que los pacientes puedan contar con los medicamentos y/o tratamientos que requieran de acuerdo a su padecimiento, de forma constante, sin intermitencia. b) [.] la omisión de verificar mediante la supervisión, que el otorgamiento de los servicios médicos se presenten con la atención de calidad a favor de las quejosas derechohabientes. Asimismo, se reclama la omisión de ejecutar las acciones preventivas o correctivas necesarias, a fin de garantizar la calidad de los servicios a favor de las quejosas derechohabientes [.] c) [.] la omisión de prestar servicios médicos de calidad, con seguridad, oportunidad y eficacia, en perjuicio de las quejosas [.]" Todos los actos reclamados son con el fin de evitar sucesivas dilaciones en el abastecimiento del/los medicamentos prescritos por los médicos tratantes de las quejosas, con el objeto de que se garantice el derecho humano a la salud al más alto nivel posible, incluyendo a los tratamientos médicos que requieren por su condición de salud." De ahí, que los actos substancialmente reclamados consisten en actos de omisión de atención médica personal, respecto de diversas enfermedades que padecen los quejosos, de modo que el control médico que el instituto hospitalario lleva de cada uno de ellos, hace necesaria la apertura de un expediente administrativo clínico específico por cada derechohabiente, por lo que, las autoridades responsables deberán dar cuenta al rendir su informe justificado respectivo por cada quejoso, cuál es la situación concreta por la que a cada uno de los solicitantes, en su caso, no se les brinda la atención médica (lo cual pudiera derivarse de diversas circunstancias que van desde aspectos personales de cada paciente hasta la falta de afiliación o suspensión de servicios por determinadas causas), lo que a juicio de este resolutor en el caso concreto hizo necesaria la separación de juicios. Pensar distinto, sería incluso tanto como asumir que cada uno de los diversos juicios de naturaleza similar (falta de atención médica), que actualmente se siguen en los diversos órganos de este circuito en relación con derechohabientes del ISSSTESON, deban acumularse en un solo asunto o returnarse por antecedentes de conocimiento previo de otro juicio propuesto por distinto quejoso en igual forma, cuando cada uno de ellos, dado la particularidad de derechohabientes que se explica, debe ser tratado en razón de sus padecimientos concretos, atento al expediente personal que cada paciente tiene ante las autoridades médicas y a la situación particular del derechohabiente con el instituto de seguridad social. Por lo que resulta incuestionable que ante una eventual sentencia en la que se otorgue el amparo y protección de la justicia federal, deberá analizarse lo conducente en relación a cada quejoso de manera particular; por tanto, no debe ser analizado y resuelto lo reclamado en lo personal por cada impetrante, en un solo juicio de amparo de manera conjunta. Bajo este enfoque, no se comparte la conclusión de que el acto reclamado de autoridad (aunque de igual naturaleza omisiva), está vinculado, menos aún que proceda el returno del asunto por hechos comunes, dado que, como se explicó en el auto de separación de juicios, cada uno de los quejosos cuenta con expediente clínico administrativo distinto y el tratamiento y padecimientos de los que se duelen son diferentes al igual que las causas por las que las responsables, en cada caso particular, no estuviesen proporcionando la atención médica u omitiendo los demás actos cuya omisión se reclama por parte de las responsables. Sin que por otra parte sobre mencionar, que la fracción VIII del artículo 46 del acuerdo que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con los criterios para el turno de asuntos, precisaba como criterio de relación de expedientes el tópico relativo a cuando se decretara la separación de juicios; sin embargo, el trece de diciembre de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se deroga esa porción normativa, cuyo considerando cuarto establece: "CUARTO. La previsión contemplada en la fracción VIII del artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia administrativa de los órganos jurisdiccionales no abona a la finalidad que persigue la figura de separación de juicios o procesos, en razón de que constriñe al titular que la decrete, a conocer de un asunto respecto del que consideró que no debía hacerlo, por tratarse de actos provenientes de diversos juicios, con existencia autónoma." (se añade énfasis). El espíritu que animó tal derogación y emisión de la actual porción normativa respectiva, fue la de no reñir (competencialmente) con el prudente criterio del juzgador al determinar en algún expediente la separación de autos. Por tanto, los asuntos en los que se determine esa figura jurídica, como ocurre en el caso, deben ser turnados de manera aleatoria por medio de la oficina de correspondencia común respectiva, pues precisamente la intención de la reforma es evitar esa actividad competencial, ya que no abona a la finalidad que persigue la separación de juicios. Esta postura es acorde con los criterios establecidos por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los cuales ha determinado que es correcto el turno aleatorio de los asuntos que realiza el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común, cuando un juzgado ordena la separación de autos. En esa virtud, como se anticipó, se considera que no se actualizan las hipótesis de relación que invoca el juez oficiante, contenidas en el artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma y adiciona el similar que establece las Disposiciones en Materia de Actividad Administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, invocada por el órgano de mérito, toda vez que los actos reclamados en ambos juicios constitucionales no derivan de la misma averiguación previa, expediente administrativo o causa penal, sin que constituya un elemento de relación de expedientes el que se trate de actos de naturaleza omisiva reclamados a las propias autoridades responsables. En las relatadas consideraciones, no se acepta el turno planteado; por tanto, devuélvase el juicio de amparo al juzgado de su procedencia. 3. Sin necesidad de proveer respecto del domicilio para oír y recibir notificaciones, ni respecto de los autorizados, al no haberse aceptado la competencia planteada. 4. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto segundo del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia definitiva emitida en este asunto y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. 5. Compensación. En virtud de lo anterior, gírese atento oficio al encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, a fin de que ordene el registro correspondiente, para efecto de equilibrar las cargas de trabajo, y así esté en condiciones de compensar el reparto de los asuntos. Notifíquese por oficio al Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Sonora y cúmplase. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Efrén Ibarra Othón, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · 9,432 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano