Azucena Elvira Becerra Hurtado

Expediente 991/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 23 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
991/2022
Año
2022
Actuaciones
23
Última actuación
16/02/2023

Partes del expediente

  • Azucena Elvira Becerra Hurtado
  • Licenciada Elsa María Torres Valenzuela, Jueza de Control del Juzgado Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno, del Estado de Sonora
  • Otoniel Gómez Ayala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Admisión de recurso de revisión. Glósese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con sede en esta ciudad, comunica que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por los quejosos ** contra la resolución dictada el veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, dictado en este juicio de derechos, el cual se radicó bajo el toca ***. Se ordena vincular expediente. Por otro lado, se comisiona al oficial Judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este juzgado, a fin de que efectúe la revisión correspondiente en el sistema electrónico y, en caso de que no se encuentre vinculado el presente asunto con el toca del tribunal de alzada, efectúe el trámite respectivo en el expediente electrónico, para los efectos legales del caso. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, cinco de enero de dos mil veintitrés. Interpone recurso de revisión. Agréguese a los autos el escrito de cuenta suscrito por la autorizada legal de la parte quejosa, por medio del cual interponen recurso de revisión en contra de la sentencia de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós; en atención a su contenido; con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión en contra de la resolución constitucional emitida por este órgano jurisdiccional. Distribúyase entre las partes las copias del escrito de expresión de agravios respectivos, en el entendido que los que les concierne a las autoridades responsables, serán remitidos mediante oficio, en tanto que para las demás partes quedan a su disposición en la secretaría de este juzgado, así como en el expediente electrónico de este sumario y en su oportunidad, remítanse los autos originales al Tribunal Colegiado del Quinto Circuito que corresponda, para el trámite correspondiente del medio de impugnación interpuesto, acompañándole el original y copia del escrito de expresión de agravios. Se hace la acotación que no se dejará para consulta, copia de las constancias que integran el sumario, toda vez que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes una versión digital de este, la cual puede ser consultada por el órgano y las partes, de conformidad con la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal; lo dispuesto por el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo; y, en atención al contenido del oficio CJF/VJ/6052/2011 del visitador general del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que hágase la certificación correspondiente en el cuaderno de antecedentes. Notifíquese; personalmente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    CON ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INMTERESADA POK LEON MACIAS, EL CONTENIDO DEL AUTO DE 05 ENERO DE DOS MIL VIENTIDOS, QIUE DICE: Auto. Hermosillo, Sonora, cinco de enero de dos mil veintitrés. Interpone recurso de revisión. Agréguese a los autos el escrito de cuenta suscrito por la autorizada legal de la parte quejosa, por medio del cual interponen recurso de revisión en contra de la sentencia de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós; en atención a su contenido; con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión en contra de la resolución constitucional emitida por este órgano jurisdiccional. Distribúyase entre las partes las copias del escrito de expresión de agravios respectivos, en el entendido que los que les concierne a las autoridades responsables, serán remitidos mediante oficio, en tanto que para las demás partes quedan a su disposición en la secretaría de este juzgado, así como en el expediente electrónico de este sumario y en su oportunidad, remítanse los autos originales al Tribunal Colegiado del Quinto Circuito que corresponda, para el trámite correspondiente del medio de impugnación interpuesto, acompañándole el original y copia del escrito de expresión de agravios. Se hace la acotación que no se dejará para consulta, copia de las constancias que integran el sumario, toda vez que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes una versión digital de este, la cual puede ser consultada por el órgano y las partes, de conformidad con la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal; lo dispuesto por el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo; y, en atención al contenido del oficio CJF/VJ/6052/2011 del visitador general del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que hágase la certificación correspondiente en el cuaderno de antecedentes. Notifíquese; personalmente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con once minutos del veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con las constancias de notificación de las partes -autoridades responsables y autoridad tercera interesada, tercero interesado, quejoso y fiscal federal de la adscripción-, la demanda de derechos, así como el informe justificado rendido por la juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, por sí y en representación del juzgado de adscripción; asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para imponerse de los referidos informes justificados. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias. A continuación, se declara abierta la etapa de pruebas, el secretario hacer constar las allegadas por la autoridad responsable y la parte quejosa. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos el secretario hace constar que las partes no formularon alegatos. El juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho a las partes para hacerlo. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto indicado al rubro, promovido por Azucena Elvira Becerra Hurtado y Otoniel Gómez Ayala, contra los actos atribuidos a la juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Demanda. Por escrito depositado el veinticinco de julio de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el mismo día, por razón de turno, a este juzgado de distrito, Azucena Elvira Becerra Hurtado y Otoniel Gómez Ayala -asesor jurídico de aquélla y del menor de iniciales P.B.H en la causa penal de origen-, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad precisada en el proemio de esta sentencia y por el acto reclamado que más adelante se precisará. Trámite. Mediante acuerdo de veintinueve de julio del presente año, se admitió la citada demanda; se pidió a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio la intervención que legalmente le corresponde a la representación social de esta adscripción, quien no formuló pedimento, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Terceros interesados. El diecinueve de agosto siguiente, se reconoció el carácter de terceros interesados a Pok León Masías -imputado en el juicio de origen-, la agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Masiva de Casos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, por lo que se ordenó su emplazamiento a juicio, lo que así ocurrió. Audiencia constitucional. Finalmente, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este órgano judicial es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se impugna un acto meramente declarativo emitido por una autoridad cuya residencia se encuentra en la jurisdicción territorial de este órgano judicial. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado: El acuerdo de doce de julio de dos mil veintidós, mediante la cual la juez responsable se excusó del conocimiento de la causa penal 1766/2019, seguida contra Pok León Masías, por su posible participación en el hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar, previsto y sancionado por el artículo 234-A del Código Penal para el Estado de Sonora, en perjuicio Azucena Elvira Becerra Hurtado y su menor hijo de iniciales P.B.H. En este apartado debe precisarse que no pasa inadvertida para este juzgador la circunstancia de que los solicitantes del amparo reclaman como acto reclamado del juzgado Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, la obligación de conocer y tramitar en todas sus etapas de la causa penal 1766/2019, de su índice; sin embargo, no es dable tenerlo como tal, en virtud que dichas inconformidades resultan ser consecuencia de la determinación de excusa de la juez de control adscrita a dicho órgano jurisdiccional; de ahí que no deban considerarse como tal. III. Existencia de los actos reclamados Es cierto el acto atribuido a la juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, pues así lo manifestó en su informe justificado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 305, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la veracidad del acto combatido se acredita con las documentales que al efecto acompañó dicho juzgador a su informe, consistente en copia certificada de las constancias que integran la causa penal 1766/2019 -tomos I y II-, de su índice, así como el disco compacto que contiene audio y video de los antecedentes del acto reclamado; documentales a las que se les asigna valor probatorio pleno conforme los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, cobran aplicación las jurisprudencias 226 y 1a./J. 43/2013 (10a.), de rubros: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." y "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." IV. Causa de improcedencia actualizada En cumplimiento al artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador se avoca al estudio de la procedencia del presente juicio constitucional, cuyo examen es de carácter previo y preferente, acorde a la jurisprudencia 1a./J. 3/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." Para mejor comprensión de las consideraciones de esta sentencia, se estima pertinente realizar la siguiente reseña de antecedentes, a saber: Mediante resolución de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en la causa penal 1766/2019, la juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, libró orden de comparecencia contra Pok León Masías, por su posible participación en el hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar, previsto y sancionado por el artículo 234-A del Código Penal para el Estado de Sonora. El diecisiete de febrero de dos mil veinte, se llevó a cabo la audiencia inicial de formulación de imputación, en la que, a petición del imputado Pok León Masías, se amplió el plazo para resolver su situación jurídica; asimismo, se decretó la medida cautelar señalada en el precepto 155, fracciones I, VII y VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales. El veintidós de febrero siguiente, se llevó a cabo la continuación de la referida audiencia, en la que se resolvió su situación jurídica y se le vinculó a proceso por su probable participación en el hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar, previsto y sancionado por el artículo 234-A del Código Penal para el Estado de Sonora, en perjuicio Azucena Elvira Becerra Hurtado y su menor hijo de iniciales P.B.H. Seguido el curso de la causa penal, en audiencia de cinco de julio de dos mil veintidós, la defensa de Pok León Masías, hizo del conocimiento de la juez de control, la interposición de un recurso de queja en su contra y de la representación social de la causa; por ello, el doce de julio siguiente, la juez responsable se excusó del conocimiento de la causa penal 1766/2019, seguida contra Pok León Masías. Determinación que constituye el acto reclamado en esta vía constitucional. Precisado lo anterior, como se adelantó, este órgano jurisdiccional advierte la actualización de la hipótesis de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" La interpretación en sentido contrario de la referida fracción V del artículo 107 de la ley de la materia, conduce a concluir que el juicio de amparo será improcedente cuando se reclamen actos en un juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución irreparable, es decir, aquéllos que se refieran a cuestiones procesales que no afecten directamente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De esta manera, debe considerarse que los actos que afectan derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, son aquéllos como la vida, libertad, integridad personal, propiedad, entre otros, ya que la afectación no podría repararse obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho tutelado de que se trate. De igual forma, para que se actualice la excepción prevista en el inciso b) de la fracción III del artículo 107 Constitucional, en tanto señala que procede el juicio de amparo contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. Resultan ilustrativas la jurisprudencias P./J. 24/92 y 3a. 43, que establecen: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, adujo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" Que derivado de lo anterior, puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consideraciones que dieron origen a la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), de título: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." En el caso, el acto reclamado se hace consistir en la determinación doce de julio de dos mil veintidós, por la que la juez responsable se excusó del conocimiento de la causa penal 1766/2019, seguida contra Pok León Masías, por su posible participación en el hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar, previsto y sancionado por el artículo 234-A del Código Penal para el Estado de Sonora, en perjuicio Azucena Elvira Becerra Hurtado y su menor hijo de iniciales P.B.H. Sin embargo, ese acto no es de imposible reparación ni constituye una violación que haga procedente el juicio de amparo indirecto, pues no constituye una resolución definitiva por virtud de la cual la parte quejosa quedara sin defensa o privada de los derechos que la ley de la materia le concede, o bien, que fuera de imposible reparación; en razón de que dicho procedimiento concluye con la resolución que califica dicha excusa. En efecto, los numerales 38 y 42 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 285 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora, señalan: "Artículo 38. Excusa Cuando un Juez o Magistrado advierta que se actualiza alguna de las causas de impedimento, se declarará separado del asunto sin audiencia de las partes y remitirá los registros al Órgano jurisdiccional competente, de conformidad con lo que establezca la Ley Orgánica, para que resuelva quién debe seguir conociendo del mismo." "Artículo 42. Efectos de la recusación y excusa El Juez o Magistrado recusado se abstendrá de seguir conociendo de la audiencia correspondiente, ordenará la suspensión de la misma y sólo podrá realizar aquellos actos de mero trámite o urgentes que no admitan dilación. La sustitución del Juez o Magistrado se determinará en los términos que señale la Ley Orgánica." "Artículo 10. El Supremo Tribunal de Justicia tendrá, funcionando en Pleno, en el ámbito jurisdiccional, las siguientes atribuciones: [.] III.- Resolver, en los asuntos cuyo conocimiento le competa, de las recusaciones de los Jueces de Primera Instancia y Jueces Laborales, ordenando la remisión del expediente a quien corresponda; [.]" Como se advierte, de acuerdo con los numerales referidos del Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora, una vez que se plantea una excusa por parte de un juzgador, éste se abstendrá de seguir conociendo de la audiencia correspondiente, y remitirá los registros al tribunal de alzada, quien resolverá en definitiva sobre dicho planteamiento. Dicho lo anterior, como se observa en el caso, la juez responsable planteó la excusa respectiva, sin que obre constancia de la que se advierta determinación del tribunal de alzada al respecto, esto es, la excusa planteada por la juzgadora no es definitiva, sino la que tiene ese carácter es la calificación que realiza el tribunal de alzada. Por ende, el acto combatido es una actuación intraprocesal que no trasciende en forma inmediata y directa a un derecho sustantivo y, consecuentemente, no tiene incidencia más que en los derechos procesales o adjetivos en el proceso penal de origen, sin que trascienda en grado superior o predominante a los peticionarios de derechos. Es ilustrativa por las consideraciones que la contienen, la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), que establece: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." Así como la tesis XI.1o.C.3 K (10a.), que dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN INHIBIR O DECLINAR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SE TRATE DE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN CON CARÁCTER DE DEFINITIVA, PRONUNCIADA CONFORME AL TRÁMITE PREVISTO Y REGULADO POR LA LEGISLACIÓN ORDINARIA. Con motivo de las reformas a la Ley de Amparo, en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, el legislador incluyó entre los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, la fracción VIII del artículo 107, conforme a la cual se estima procedente dicho juicio: "Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto.", reconociendo implícitamente la afectación exorbitante o de extrema gravedad a los derechos del quejoso, tratándose de actos a través de los cuales las autoridades determinen no conocer de un asunto. Ahora bien, aun cuando dichos artículo y fracción se refieren al acto de la autoridad que determine inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, sin especificar si se trata del primer acuerdo o de alguno posterior, la interpretación sistemática de dicho precepto, en relación con los artículos relativos al trámite de incompetencia por inhibitoria o declinatoria, o de la excusa en el conocimiento del asunto, a través de las diversas figuras jurídicas (impedimento, excusa o recusación), conduce a concluir que la hipótesis del precepto invocado de la Ley de Amparo, alude a la última resolución con carácter de definitiva, que se pronuncie conforme al trámite previsto y regulado por la legislación ordinaria. Se estima de esta manera, porque la finalidad es dar oportunidad a que las autoridades del orden común cumplan cabalmente con los trámites que en esos casos prevé la legislación procedimental local y, de esa manera, evitar que los tribunales de amparo se conviertan en autoridades de instancia al calificar la determinación de declinar el conocimiento del asunto, lo cual compete examinar, en primer lugar, a la autoridad jurisdiccional ordinaria, en términos de la legislación citada." V. Decisión En esa virtud, ante la actualización de la causa de improcedencia analizada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo contra el acto atribuido al juzgado Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, pues no fue impugnado por vicios propios, sino con motivo del acto atribuido a la autoridad responsable ordenadora, como quedó establecido en el considerando segundo de esta sentencia. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e Único. Se sobresee en el presente juicio de derechos promovido por Azucena Elvira Becerra Hurtado y Otoniel Gómez Ayala, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando IV de este fallo. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable y autoridad tercera interesada, y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.

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