Azucena Daniel Flores
Expediente 1335/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1335/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Azucena Daniel Flores
Actuaciones
- Principal
De la certificación de cuenta y del estado de autos se advierte que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, al tratarse de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo; asimismo, se advierte que no existen documentos originales exhibidos por las partes y que carece de relevancia documental, en términos del numeral 15, del aludido Acuerdo, aplicado a contrario sensu. En ese sentido, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de esta fecha, se ordena su destrucción dentro de los treinta días siguientes, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el artículo 20 del citado del Acuerdo General. De conformidad con el artículo 34 del referido Acuerdo, el secretario deberá hacer constar en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental", así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 28 del acuerdo normativo invocado. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Consejo Consultivo del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1º, 4° y 123, constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro. Registro en el libro de "Registro de Juicios de Amparo" bajo el expediente 1335/2023-V. Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Desechamiento de la demanda. Ahora bien, en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 1º, fracción I y 5º, fracción II de la Ley de Amparo, dispositivos que establecen:(.) De la interpretación armónica de los citados artículos se colige que el juicio de amparo es improcedente contra actos que provengan de entes que no tengan el carácter de autoridad. En ese contexto si la quejosa reclama la negativa de reconocer como riesgo laboral la muerte del esposo de la directa quejosa ***, dada por el Consejo Consultivo del Instituto Mexicano del Seguro Social, este órgano jurisdiccional considera que el acto reclamado no reviste las características de acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, ya que si bien el Instituto Mexicano del Seguro Social es un organismo público, lo cierto es que en este caso, actúa en su carácter de ente asegurador de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la ley que rige al citado instituto. Con base en lo anterior, no puede considerarse al Instituto Mexicano del Seguro Social, como autoridad para efectos del presente juicio constitucional, pues no actúa con potestad de imperio en el acto reclamado, sino que, su vínculo es como ente asegurador del trabajador y con esa calidad que paga la pensión de cesantía al quejoso; por lo tanto, no llega a darse el supuesto de que el acto combatido sea de autoridad. Sustenta lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J.134/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, septiembre de dos mil once, página 1511. Entonces, el juicio de amparo no es el medio para reclamar la negativa de reconocer como riesgo laboral la muerte del esposo de la directa quejosa; pues en tal caso, el peticionario de amparo tiene a su alcance la vía procesal ordinaria, ante las autoridades del trabajo competentes para hacerlo valer, de acuerdo al vínculo existente entre dicho quejoso y el Instituto, que es de naturaleza trabajador-órgano asegurador, y no gobierno gobernado; en el caso, se entabla una relación entre particulares actuando en un mismo plano, es decir, en igualdad; de ahí que la demanda deba desecharse en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. Ahora, no obstante que los particulares puedan tener el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo, tal como lo establece el numeral 5°, fracción II, segundo párrafo, de la ley de la materia, ello no implica que la vía constitucional intente sustituir la jurisdicción ordinaria o el agotamiento de los elementos procesales respectivos, pues lo que el legislador expone, es que el reconocimiento de los actos de autoridad dependerá del planteamiento realizado por la quejosa, y la posibilidad de evaluar el acto como lesivo de su esfera de derechos fundamentales; y, por tanto, deberá hacerlos valer por la vía ordinaria ante la autoridad correspondiente. En apoyo a lo expuesto, resulta aplicable, en su esencia, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J.164/2011 visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089. De ese modo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I, 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que se impone desechar la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.
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