Azucena Vargas Larios
Expediente 390/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 390/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Azucena Vargas Larios
Actuaciones
- Principal
Queda firme auto de desechamiento de la demanda. Vistos; de la certificación de cuenta, se advierte que se hizo constar que la parte quejosa no impugnó el proveído de catorce de mayo del dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto causó estado. Archivo del expediente. Archívese este juicio como asunto concluido.
- Principal
Radicación de la demanda. Vista; la demanda que supuestamente promueve A. V. L., contra actos del Director o Autoridad Representante Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Colima. Formación de expediente, registro y seguimiento. Conforme el artículo 3 de la Ley de Amparo (en adelante la ley), fórmese expediente tanto impreso como electrónico, identifíquese el juicio con el número390/2018. Dese seguimiento de su estado procesal en los registros oficiales correspondientes (Libros de Gobierno y Sise). Análisis de la demanda. La demanda de amparo presuntamente promovida por A. V. L.; la cual carece de la evidencia de seguridad criptográfica correspondiente a la firma electrónica de quien lo promueve, pues la firma criptográfica corresponde a E. E. V., quien es señalado en la demanda como autorizado, como también no cuenta con firma autógrafa. Luego al carecer de firma criptográfica de la promovente se convierte en una impresión que no produce los mismos efectos que si tuviera una firma autógrafa, de ahí que la firma que calza es una copia simple. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, a través del cual se establece la necesidad por parte del Juzgador de examinar ante todo el escrito de demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia, ésta se desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la ley de la materia, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En ese sentido, este Juzgado Federal considera que respecto de la demanda de amparo que nos ocupa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 3° y 6º y 108 de la Ley de Amparo y 107, fracción I, Constitución Federal, mismos que a la letra dicen: Lo anterior es así, en razón de que en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6° de la Ley de Amparo, se encuentra previsto el principio de instancia de parte agraviada que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o jurídico colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado; es decir, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el mismo trasgrede los derechos reconocidos por la constitución y con ello se le afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo anterior es premisa indispensable para instar el juicio de amparo, ya que sin la promoción del gobernado no es dable que se dé inicio al mismo, ni que se restablezca el orden constitucional que deje inválido el acto de autoridad trasgresor de los derechos fundamentales de la parte quejosa. En ese contexto, de conformidad con los artículos 6° y 108, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la demanda de amparo indirecto debe formularse por escrito o por medios electrónicos por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado, misma que podrá hacerlo por sí o por su representante legal o apoderado, en la inteligencia de que en todo caso la demanda de amparo deberá contener la firma del promovente. Así, es menester indicar que la firma tiene como función esencial identificar a su autor, así como de imputarle la autoría del texto que le precede; en razón de que es a través de la firma, que la parte quejosa manifiesta su voluntad para promover un juicio de amparo y continuar con su substanciación. En ese orden de ideas, recibida la demanda de amparo en el órgano jurisdiccional, el juzgador tiene la obligación de pronunciarse en el sentido que en derecho proceda; sin embargo, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una manifestación de la voluntad, sino sólo aquel en la que revele la misma para promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, la impresión de la huella digital. Correlativo a ello, se precisa que el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo; en cuya normatividad se establece el uso de las tecnologías de la información, sobre la base de generar certeza a las partes dentro de los juicio de amparo. En ese sentido, tratándose de la tramitación electrónica del juicio de amparo, el artículo 3° dispone que la firma electrónica es el medio que permite al quejoso el ingreso al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, en los que quien promueve sea parte. Asimismo, dicho artículo establece que los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. Sobre este tema, el artículo 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, prevé que al presentar demanda de amparo indirecto de forma electrónica, el sistema generará un acuse de recepción electrónica en la que se señalarán los datos de identificación del asunto y de quien promueve, el archivo electrónico enviado, así como la hora y fecha de envío y recepción y que cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica que corresponderá a la firma electrónica, en la que se mostrará el nombre del titular de la firma electrónica, siempre que el certificado sea reconocido por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas y esté vigente; a excepción de cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Asimismo, en el citado artículo se señala que tales datos deberán tomarse en consideración por los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito para acordar lo correspondiente. En la especie, la demanda de amparo presentada vía electrónica supuestamente por A. V. L., carece de firma electrónica, pues no contiene la evidencia de seguridad criptográfica a que se refiere el artículo 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, ya que la firma electrónica con la que la envió pertenece a E. E. V., a quien señaló como autorizado, de ahí que la misma no produce los mismos efectos de la firma autógrafa, por lo que si bien en dicha demanda al calce se ve una firma, al ser solo una impresión, al no contener la evidencia criptográfica, se trata de una copia simple, misma que carece de valor. Circunstancia que se corrobora con la certificación asentada por la Secretaria de este Juzgado. De ahí que, no se advierte la manifestación de voluntad de la promovente de acudir a la presente instancia constitucional, en atención a que, tratándose del juicio de amparo en línea que se pretende promover, con la firma electrónica (evidencia criptográfica) las partes expresan la voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, en razón de que con ésta se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. En ese contexto, en atención a la certificación secretarial que antecede y a los diversos razonamientos antes esgrimidos, es inconcuso que no se le puede dar valor alguno a la demanda de cuenta, por haber sido presentada sin firma electrónica de la quejosa (evidencia criptográfica) como tampoco firma autógrafa, pues se trata de una copia simple carente de valor. Se precisa lo anterior, en atención a que las promociones que carecen de firma electrónica de la promovente, como en el caso que nos ocupa, no contienen una manifestación de la voluntad del suscriptor, es decir, son equiparables a una copia simple, las cuales no tienen ningún valor probatorio, puesto que no se encuentra avalado mediante el nombre y firma de quien promueve, y a nadie puede responsabilizarse de su contenido; por tanto, este Juzgado se encuentra impedido para acordar lo que en derecho corresponda respecto de su contenido. En ese orden de ideas, es dable concluir que ante la falta de firma electrónica o autógrafa no puede decirse que exista voluntad de ejercitar la acción de amparo. Así, es evidente que no se surte el supuesto en el que se deba dar trámite a la demanda de amparo promovida por vía electrónica sin firma electrónica y sin registro en el Sistema relativo. Ello en atención a que dicha prerrogativa sigue la naturaleza de los actos por los que se solicita el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, mismos que en la especie no actualizan a la hipótesis específica para tenerlos actualizados (toda vez que de la lectura integral al escrito de demanda, no se advierte que se trate de actos que que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales). Cabe precisar que no obsta a lo anteriormente asentado que en el ocurso de mérito se haya insertado la frase que dice: "Protesto lo necesario. A. V. L.", ya que con esa simple manifestación no se satisfacen los lineamientos establecidos por el Consejo de la Judicatura Federal, tal como se estableció en párrafos precedentes. En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por A. V. L., con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 3° y 6º, 108 y 113 de la Ley de Amparo y 107, fracción I, Constitución Federal En tal virtud, con fundamento en lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. Sin que sea obstáculo para lo anterior, que la firma electrónica que aparece en el archivo digital de la demanda, corresponda a E. E. V., sujeto a quien se designa como autorizado, sin embargo, por una parte dicha autorización depende de que se admite la demanda, se prevenga, o en su caso se deseche pero bajo la hipótesis de que quien la promovió manifestó su voluntad de hacerlo, lo que en la especie no ocurre, y por lo tanto si no existe voluntad de incoar el presente procedimiento constitucional, menos de darle el carácter de autorizado al antes mencionado y en tales condiciones al no tener el carácter de autorizado, no puede suscribir la demanda en nombre y representación de presunto promovente por no darse ninguno de los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo presuntamente promovida por A. V. L., con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 6° y 108, párrafo primero y 113 de la Ley de Amparo. Sin que se esté en el supuesto de excepción que prevé el último párrafo del artículo 3° de la Ley de Amparo, para que sea procedente la demanda de amparo sin el requisito de la Firma Electrónica (evidencia criptográfica), toda vez que de la lectura integra de la demanda, no se advierte que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.
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