Azucena Belén Alcaraz García
Expediente 1435/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1435/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Azucena Belén Alcaraz García
Actuaciones
- Principal
De la certificación de cuenta y del estado de autos se advierte que el plazo de cinco días concedido a la parte quejosa para dar cumplimiento a la prevención realizada en auto de quince de diciembre de dos mil veintidós, ha fenecido, toda vez fue interrumpido mediante diverso de veintiuno de diciembre pasado, en el que se le dijo restaban cinco días, mismos que vencían el veintinueve de diciembre pasado, de ahí que con el escrito presentado el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, interrumpió los cinco días expresados en el auto de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, por lo que restaban tres días, los cuales conforme a la notificación del auto de veintiocho de diciembre pasado, le fenecieron los tres días el tres de enero del año en curso; sin que haya presentado escrito alguno a fin de dar cumplimiento a la prevención realizada en auto de quince de diciembre pasado. Atento a lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó y, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento suscrito por **** por el cual pretende cumplir la prevención formulada en proveído de quince de diciembre de dos mil veintidós, en el cual se requirió a **** para que acreditara, con documento fehaciente, la representación que ostentó del menor quejoso **** Sin que haya a lugar a proveer de conformidad su pretensión, dado que no suscribió inicialmente la demanda de amparo, por lo que no tiene legitimación procesal para desahogar tal requerimiento; atendiendo el principio rector del juicio de amparo denominado instancia de parte agraviada, consagrado en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 6° de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Lo anterior, en razón que la acción constitucional de amparo únicamente compete a aquella persona que resiente un daño o perjuicio, con motivo de la violación a sus derechos, al verse mermados, disminuidos o restringidos por una ley o acto de autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis II.T.34 K, emitida por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, visible a página 2788, del Tomo XXVII, Enero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. No pasa inadvertido que la demanda y escrito aclaratorio sean una unidad; sin embargo, al pretender cumplir con un requerimiento en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, debe hacerse por parte legitimada para ello; es decir, por quien instó el juicio. Ello es así, porque debe recordarse que la demanda la presentó ****, ostentándose como apoderado de ***y en representación de los intereses del menor ***, en los términos que presentó el juicio. Sin que se deje de observar que el escrito es signado por la directa quejosa, en razón que es suscrita en términos distintos a quien conforma la parte accionante de este juicio de amparo, por lo que darle trámite de esa forma implicaría variar la presente instancia constitucional, lo cual es jurídicamente insostenible, ya que, en su caso, es necesario someter a consideración jurisdiccional una nueva demanda que pudiera conllevar diverso tratamiento en distinto expediente, tergiversando los principios que rigen al juicio de amparo, entre otros, el de instancia de parte, sin pasar por alto, que de aceptar la pretensión aludida pudieran subsanarse cuestiones de improcedencia, las cuales recuérdese se analizan al momento de que se presenta la demanda de garantías, por lo que a fin de preservar el principio de seguridad jurídica previsto en los artículos 14 y 16 de la Constitución, no es dable tener a Azucena Belén Alcaraz García pretendiendo cumplir una prevención que no le fue realizada. Resulta orientadora la tesis P. CX/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, Junio de 1997, página 155, registro 198419. De igual modo, no se inadvierte que, en el caso, al tratarse de una demanda promovida -por cuanto hace a un acto reclamado- en nombre de un menor de edad, deba suplirse la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, atendiendo, además, el interés superior del menor. Sin embargo, cabe resaltar que tales figuras no constituyen por sí mismas medios que se traduzcan en soslayar los presupuestos de procedencia y formalidades del juicio de amparo; y que haciendo una ponderación entre el aludido principio de interés superior de la niñez y el diverso de acceso a una tutela judicial efectiva, se concluye que este último es preponderante en el caso que se examina, pues se trata de una cuestión de legitimación respecto de la persona que representará los intereses del menor quejoso en el juicio, lo cual es de relevancia, a fin de garantizar su derecho de acceso a la justicia, así como respetar la garantía de seguridad jurídica para sí y las demás partes que intervendrán en el juicio. Aunado a ello, el principio del interés superior del menor no implica que en cualquier juicio de amparo promovido por un menor, el tribunal de amparo deba soslayar los presupuestos de procedencia del juicio y deba resolver si niega o concede la protección solicitada, ya que ese proceder equivaldría a que se dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales, como los de seguridad jurídica e igualdad procesal, que rigen su función jurisdiccional, lo que origina un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio. Resulta orientadora a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis XXVII.3o.130 K (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III, página 2390, registro 2018164. Además, si bien es cierto el artículo 8 de la Ley de Amparo regula la representación de los menores de edad, también lo es que éste no especifica que deba soslayarse la formalidad que ahora se analiza, sino que prevé quiénes pueden representar a los menores en el juicio de amparo; y eso provocó el auto de prevención correspondiente, al no estar legalmente otorgada dicha representación. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *****, que dice acreditar mediante copias certificadas de la escritura públicas 34,041 (treinta y cuatro mil cuarenta y uno), contra actos del Juez Segundo Mixto Familiar y Civil del Tercer Partido Judicial con sede en Manzanillo, Colima, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1º, 14, 16 y 17 Constitucionales. Registro e Integración del expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto, registrado con el número estadístico 1435/2022-VIII. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia, de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobada en cesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Consideraciones previas. Del análisis integral del escrito de demanda, en un sentido de liberalidad y no restrictivo, se advierte lo siguiente: **** comparece como apoderado legal de *****; sin embargo de la lectura integral de la demanda se desprende que promueve en representación de los intereses del menor. Prevención. En ese sentido, se advierte que existen irregularidades en la demanda de amparo las cuales deben subsanarse; por tanto, con fundamento en el artículo 114, fracciones I y III de la Ley de Amparo, requiérase al promovente, para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este acuerdo, bajo protesta de decir verdad, manifieste: Manifieste si promueve la presente demanda de amparo únicamente en representación de los derechos de ****; en el entendido que si la demanda es también interpuesta por lo que ve al menor ****, acredite la personería correspondiente. Proporcione el domicilio de *****, pues le deviene el carácter de tercera interesada. Exprese bajo protesta de decir verdad porque el acto reclamado, dice afecta los alimentos del menor, cuando del acto reclamado, mismo que adjunta a su demanda no se advierte tal afectación. Aunado de que se advierte el juicio de amparo 397/2020, del índice de este juzgado, que se concedió para efecto de que se tomaran las medidas pertinentes para salvaguardar los derechos alimenticios de Jan Woodward Alcaraz y al efecto verifique que no se quedó sin recibir la pensión en el tiempo en que no se había fijado la pensión ni se encontraba designada la albacea y, en su caso, se cerciore de la restitución, correspondiente con cualquier otro elemento que estime pertinente para llegar a una determinación ajustada a derecho. Y al tenerlo a la vista no ha promovido medio de defensa alguno. En ese tenor, dígasele al promovente que en caso de no dar cumplimiento a lo antes solicitado, dentro del término concedido para ello se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 114, de la ley de la materia. En el entendido de que la aclaración, la tendrá que hacer de manera directa el promovente, por escrito, toda vez que el ejercicio de la acción de amparo exige que la aclaración la deberá de hacer con la protesta de decir verdad, al ser los antecedentes de la demanda parte de la misma, pues de hacer la protesta el autorizado, se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes. Al respecto, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 50/2014, que dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. Así como la tesis publicada en la página 102, Tomo XXII, Quinta Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO OBSCURA E IMPRECISA. Si el Juez de Distrito encuentra que la demanda de amparo es obscura e imprecisa, deberá mandarla aclarar, pero señalando con precisión las partes que de ella estima obscuras, de acuerdo con lo mandado por la ley reglamentaria para su admisión. De igual manera, se hace el apercibimiento a la promovente que si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en razón de competencia, afirmara hechos falsos u omitiera los que le consten en relación con el acto reclamado, incurriría en un delito sancionado por una pena de dos a seis años de prisión, además le sería impuesta una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme lo establecido en los artículos 248 y 261, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 26, apartado B, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en términos del artículo quinto del decreto por que se expide la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve. El presente requerimiento se formula sin prejuicio de que, una vez satisfecho, este órgano jurisdiccional analice la competencia y procedencia del juicio. Intervención de autorizados, domicilio procesal y uso de expediente electrónico. Se tiene a la parte quejosa designando como sus autorizado en términos amplios del párrafo primero del artículo 12, a ******************** por tener inscrita su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena que las notificaciones de carácter personal se hagan vía electrónica, en el entendido de que la parte que así lo solicita quedará sujeta a las reglas que establecen los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo; esto es, cuando la parte notificada no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos). Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 71/2019 (10a.), que dice: "NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO. En diversas ejecutorias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios en los cuales se ha sostenido que en el juicio de amparo los plazos inician a las cero horas del día respectivo y los términos para presentar promociones comprenden las veinticuatro horas naturales del último día, así mismo que cuando la ley que rige al acto no prevé el momento en el cual surten efectos las notificaciones, será en el mismo momento de su realización. Por su parte, la Ley de Amparo establece la posibilidad del quejoso o del tercero interesado que quisiera ser notificado por medios electrónicos, expresarlo así ante el órgano de amparo, quien queda obligado a enviar los acuerdos, resoluciones o sentencias a notificar de manera personal para que, por ese medio, el interesado pueda ser comunicado. A su vez, el solicitante adquiere el deber de ingresar en forma diaria (y hasta por el plazo máximo de dos días hábiles) al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación para consultar las notificaciones correspondientes, con lo cual se genera la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de ese ordenamiento. A partir de lo anterior, de la interpretación armónica, sistemática y funcional de los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo, se concluye que cuando el quejoso o el tercero interesado no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos), pues de esa manera se respeta en forma integral el plazo otorgado por el legislador; ello en el entendido de que al vencimiento de ese plazo, el actuario debe levantar la razón a que se refiere la fracción II del artículo 31 de la ley de la materia a efecto de hacer constar el momento en que se realizó la respectiva notificación electrónica. Por otra parte, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta del expediente vía electrónica con el usuario que indicó en su misiva. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Exhorto a las partes. Se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de juicio en línea, en términos del Acuerdo General 21/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica, entre otros, del juicio de amparo. Solicitud de boleta de turno. Por otra parte, líbrese oficio con copia de la demanda de amparo de cuenta al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Circuito con residencia en esta ciudad, para que registre la registre y remita la boleta de turno correspondiente. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos.
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