Azarael Rogelio Ruiz Terrones

Expediente 112/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
112/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
27/02/2017

Partes del expediente

  • Azarael Rogelio Ruiz Terrones

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintisiete de febrero de dos mil diecisiete. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Cuernavaca, Morelos, a las diez horas con dos minutos del día veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, hora y día señalado para la celebración de la audiencia constitucional, estando en audiencia pública Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con asistencia del Secretario José Alberto Tapia Tapia, con quien legalmente actúa, se inició la Audiencia Constitucional del juicio de amparo número 112/2017, promovido por Azarael Rogelio Ruiz Terrones, a través de su apoderado legal. Abierta la misma, el Secretario hace constar la inasistencia de las partes, por lo que realizado lo anterior procedió a hacer relación de todas y cada una de las constancias que integran el expediente, entre las que se destacan por su importancia escrito inicial de demanda, auto admisorio e informe justificado rendido por la autoridad responsable; sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mil novecientos ochenta y nueve, que dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Téngase por hecha la relación secretarial que antecede para los efectos legales conducentes. Sin que existan promociones pendientes por acordar. Se declara abierto el periodo probatorio, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza jurídica las documentales que remitió el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos; lo anterior con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo en vigor. Al no existir pruebas pendientes por desahogar, se concluye dicha etapa. Se procede abrir el periodo de alegatos. El Secretario hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos; por su parte, la Agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado, no formuló pedimento legal alguno; motivo por el cual se procedió a cerrar el período de alegatos. Al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida la presente audiencia y en vista de todo lo actuado, se procede a dictar el fallo correspondiente. V I S T O S para resolver, los autos del juicio de amparo número 112/2017, promovido por Azarael Rogelio Ruiz Terrones, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por violación a los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito de demanda presentado ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, el dieciocho de enero de dos mil diecisiete, y remitido el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito, Azarael Rogelio Ruiz Terrones, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mismo que hizo consistir en: "IV.- ACTO RECLAMADO: Lo constituye la denegación de justicia de la responsable AL NO ACORDAR LA ADMISIÓN O DESECHAMIENTO DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR LAS PARTES, DENTRO DEL TÉRMINO PREVISTO DEL ARTÍCULO 880 FRACCIÓN IV DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DENTRO DEL EXPEDIENTE 768/2014, radicado ante la H. Junta Especial Número 31 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos." SEGUNDO. Por auto de dieciocho de enero de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de garantías de que se trata, quedando registrada con el número 112/2017 se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, y en el citado proveído, se hizo del conocimiento de las partes, que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 8º, 13, fracción IV, 18 y 19 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que dispone, que el Poder Judicial de la Federación, deberá publicar las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, en relación con los numerales 5º, 6º, 7º, 8º, y 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil cuatro; las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar si contiene información reservada o confidencial. En ese tenor, una vez que las partes se notificaron de lo anterior, no hicieron manifestación alguna. Asimismo se dio la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48, 49 y 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por los numerales 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y los Acuerdos Generales 3/2013 y 32/2014 del Pleno de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, además de tratarse de un juicio de amparo en materia laboral, contra una autoridad que tiene su residencia dentro de la jurisdicción territorial de este Juzgado. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe precisarse que los actos reclamados en esta vía consisten en: La omisión por parte de la autoridad responsable de pronunciarse respecto a la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes, dentro del expediente laboral 768/2014. TERCERO. El Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Cuernavaca, Morelos; al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado, sin embargo, dicha negativa se encuentra desvirtuada con las manifestaciones que realiza en el citado informe; en ese sentido se tiene por cierto el acto que se le reclama. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, página 391, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Previo el estudio de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, se procede analizar la procedencia del presente juicio de garantías por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, según lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, y la tesis de jurisprudencia número II.1o. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, Mayo de 1991, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, misma que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente:" "XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, tal como se corrobora con las copias certificadas de las constancias relativas al expediente laboral 768/2014, que remitió la autoridad responsable, a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2º de la misma; se advierte que con fecha dos de enero de dos mil diecisiete, la responsable dictó un acuerdo en el que proveyó lo relativo a la admisión y desechamiento de pruebas ofrecidas por las partes. Asimismo, se advierte la constancia de notificación practicada a la parte actora aquí quejosa, con fecha dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, en que se le hace del conocimiento el proveído de dos de enero del año en curso. En ese orden de ideas, si bien es cierto que a la fecha de la presentación de la demanda de garantías (dieciocho de enero de dos mil diecisiete), la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, ya se había pronunciado respecto de la admisión y desechamiento de pruebas, también lo es que con fecha dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, le fue notificado el acuerdo respectivo a la parte actora. En consecuencia, es inconcuso que con tal proceder la autoridad responsable, restituyó a la parte quejosa en el goce de sus garantías violadas, ya que los efectos del acto reclamado han cesado, actualizándose la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la tesis de jurisprudencia número 544 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 362 del Apéndice de 1995, Octava Época, Tomo VI, Parte TCC, cuyo texto es el siguiente: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo". Sirve de apoyo el criterio jurisprudencial número 2a./J. 9/98, emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Febrero de 1998, cuyo texto es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". De igual forma la tesis de jurisprudencia identificada como 2ª./J. 205/2008, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 605, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIX, Enero de 2009, Materia Común, Novena Época, cuyo texto y rubro dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8º. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA.- De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8º, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." En tales condiciones, al sobrevenir la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo en vigor, procede sobreseer en este juicio de garantías con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la propia Ley. QUINTO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 61, fracción XXI, 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Azarael Rogelio Ruiz Terrones, contra el acto y autoridad señalada en el resultando primero de la presente resolución y por las razones expuestas en el considerando cuarto de la misma. SEGUNDO. Por las razones expuestas en el considerando último de esta resolución, se ordena el envío y captura de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario José Alberto Tapia Tapia, con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecisiete de febrero de dos mil diecisiete. Agréguese para que obre como corresponda el informe rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; atento su contenido se tiene a la citada autoridad remitiendo la constancia de notificación requerida en autos por tanto se tiene a la citada autoridad dando cumplimiento a lo aquí ordenado. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Marcela Merari Silva Múgica, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciséis de febrero de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal de los presentes autos de los que se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de tres días concedido a la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, mediante proveído de diez de febrero actual. En esas condiciones, para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las DIEZ HORAS CON DOS MINUTOS DEL VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, para su desahogo. Finalmente, por lo que hace al presente acuerdo, se estima que el mismo no amerita de notificación personal a las partes, en consecuencia, se ordena practicar la citada notificación y las subsecuentes que no ameriten el citado tratamiento, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado Federal, incluidas las notificaciones a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en la fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el Juez está obligado a comunicar por esa vía las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, a manera enunciativa, los diferimientos de la audiencia constitucional no fueron precisados como un caso de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 de la legislación federal en consulta, al actualizarse el supuesto previsto por el diverso numeral 26, fracción III. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, con número de registro 2002576 , que establece: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Notifíquese. Así lo proveyó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Marcela Merari Silva Múgica, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diez de febrero de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes, el INFORME JUSTIFICADO que rinde el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos; con su contenido y anexo; dése vista a las partes para que procedan en los términos legales correspondientes. Ahora, toda vez que la autoridad responsable antes mencionada, no remite la constancia de notificación respecto del proveído de dos de enero de dos mil diecisiete, por tanto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de la Materia, requiérasele, para que dentro del término de tres días contado a partir de la notificación de este auto, remita la constancia de notificación a la parte quejosa respecto del proveído de dos de enero de dos mil diecisiete, lo anterior, es así toda vez que dichas documentales son necesarias para emprender el estudio respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, o manifestar el impedimento que tengan para ello, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta días conforme al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y en relación con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II de la Ley de la Materia, así como en los ordinales 237, fracción I y 238, primera parte, de la misma legislación. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Marcela Merari Silva Múgica, secretaria que autoriza y da fe.

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