Azeneth Avilez Solis

Expediente 28/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 34 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
28/2023
Año
2023
Actuaciones
34
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Azeneth Avilez Solis
  • Comision Nacional Bancaria Y de Valores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 34.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio suscrito por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada en el recurso de revisión RA.- 372/2023, del que se desprende que ese cuerpo colegiado, se declaró incompetente por razón de materia para conocer del recurso de revisión hecho valer por la parte quejosa y ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Civil, de este Circuito. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, uno de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Agréguense a sus autos para que obren como correspondan los oficios remitidos vía electrónica por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual comunica que se admite el recurso de revisión interpuesto por la quejosa ******************** por conducto de su autorizado, mismo que se registró como recurso de revisión RA (P).- 372/2023. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Agréguese a los autos el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos. Con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 82, 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión; distribúyanse entre las partes las copias del escrito de cuenta. Una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto con las constancias de notificación realizadas a las partes respecto del presente auto, glósense al expediente principal y, sin mayor proveído, remítase, al Tribunal Colegiado que corresponda, el original del escrito, así como una copia más del escrito aludido, destinado al agente del Ministerio Público Federal adscrito a ese órgano jurisdiccional, para la substanciación y resolución del citado medio de impugnación; en el entendido de que, en su oportunidad, el presente expediente se habilitará para su consulta electrónica. Ahora, tomando en consideración que se habilitará el expediente electrónico, consecuentemente, se podrá visualizar vía electrónica la totalidad de las constancias que se integran en el expediente, por ello, resulta innecesaria la formación de un cuaderno de antecedentes, pues se cuenta con el cuaderno principal en el que se actúa. Lo anterior, en atención a las políticas de optimización de recursos, así como de consumo responsable de materiales, previstas en el Considerando Décimo y artículo 251, incisos a), d), f) y g), del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo"; así como en el "Programa Interinstitucional de Desarrollo Sustentable del Poder Judicial de la Federación", el cual tiene como uno de sus objetivos principales el modificar los hábitos de consumo que contribuyen al deterioro de nuestro medio ambiente. Se instruye al actuario judicial que corresponda para que, al momento de notificar a las partes y correr traslado con el escrito de agravios, haga constar su entrega, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo acuerda y firma Mac Quetzin Murillón Duarte, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones de la Titular, autorizado en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, contenidas en la jurisprudencia 1a./J. 14/2010, con registro digital 164525, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de cinco de junio de dos mil veintitrés, comunicada mediante el oficio CCJ/ST/3095/2023, asistido de Arnulfo Torres García, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    En términos el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se notifica vía electrónica a la parte quejosa la sentencia de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, en la que se determina: Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos ha tenido vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 28/2023, y R E S U L T A N D O ...C O N S I D E R A N D O ...III. Inexistencia del acto reclamado identificado con el inciso [b]. Es inexistente el acto reclamado a la [2] Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en tanto que dicha autoridad lo negó al rendir su informe justificado, y la parte quejosa no desvirtuó ese pronunciamiento. Además, porque dicha autoridad indicó que la normativa que rige su actuar no le faculta o le permite ejercitar sus atribuciones de investigación y sanción de la forma en como lo indicó la parte quejosa en su demanda de amparo. Lo anterior es acertado, en tanto que este órgano jurisdiccional no aprecia disposición legal alguna que faculte a esa Comisión para conocer incluso, de denuncia de hechos suscitados entre particulares y entidades financieras, como la institución bancaria señalada como autoridad responsable. Así, es que esa Comisión como toda autoridad administrativa, en acatamiento al principio de legalidad, únicamente puede ejercer las facultades que en forma expresa le confiere la normativa que le es aplicable, y en lo particular aquéllas previstas en el artículo 4 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; de ahí que si la norma no le dota de esas atribuciones, es que no se le puede instar a efectuar una actuación que no esté prevista en la normativa. Ello, en tanto que el objeto de esa Comisión consiste en supervisar y regular en el ámbito de su competencia a las entidades integrantes del sistema financiero mexicano que esa ley señala, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo de dicho sistema en su conjunto, en protección de los intereses del público, es decir, que tales entidades funcionen en general de manera óptima, como integrantes del sistema financiero nacional, de conformidad con el artículo 1 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores [lo que no implica que deba estudiarse la relación que tienen las entidades financieras con cada una de las personas usuarias]. Aunado a ello, cabe destacar que, de conformidad con los artículos 1, 4, 5, 11, 60, 73 y demás aplicables a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, la protección y defensa de los derechos e intereses de las personas que contratan, utilizan o por alguna otra causa tengan algún derecho frente a las entidades financieras, son funciones y facultades otorgadas a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, asimismo, de conformidad con los artículos 1, 2, 7 y 7 BIS, entre otros aplicables de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la promoción y protección de los derechos y cultura del consumidor y procuración de la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores le corresponde a la Procuraduría Federal del Consumidor. Al efecto, resulta aplicable la tesis 1a. XXIV/98, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 196080, del rubro "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO", así como el criterio 1a. IV/2021 (10a.) de la referida Primera Sala, con registro 2022760, de rubro "ACTOS OMISIVOS. DETERMINACIÓN DE SU CERTEZA CUANDO SE RECLAMA EN AMPARO INDIRECTO EL NO EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE UNA AUTORIDAD." Por ende, es claro que no existe el acto reclamado a la [2] Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por tanto, procede sobreseer el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. IV. Existencia del acto reclamado identificado con el inciso [a]. Es cierto el acto reclamado al [1] ********************, consistente en [a] la reclasificación contable de la cuenta registrada con número ********************, para ser una de "recolección de cartera vencida", con lo cual se impide a la quejosa disponer de los recursos que ahí se encuentran, puesto que a pesar de que lo negó, de sus manifestaciones se aprecia que lo aceptó. Además, ello se encuentra corroborado con los estados de cuenta remitidos, tanto por la quejosa, como por la autoridad responsable, de los cuales se advierte que existe un cambio en la denominación de la cuenta registrada con número ********************, es decir, de "CUENTA ENLACE PERSONAL" a "RECOLECCIÓN DE CARTERA M.N.", constancias a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y de las que se desprende la existencia del acto reclamado a la institución bancaria en cita. En consecuencia, el material probatorio con que se cuenta, resulta suficiente para acreditar la certeza del acto omisión que se le atribuye al [1] ********************, particular equiparado a una autoridad responsable, por lo que se continúa con el estudio del asunto. V. Improcedencia. Es improcedente el presente asunto, en tanto que la [a] reclasificación contable de la cuenta registrada con número ********************, para ser una de "recolección de cartera vencida", con lo cual se impide a la quejosa disponer de los recursos que ahí se encuentran, no es un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, acorde a la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo. Para justificar esa cuestión, es preciso partir de la base de que el nueve de noviembre de dos mil veinte, la quejosa y la institución bancaria señalada como autoridad responsable, celebraron un contrato múltiple de personas físicas, cuyo objetivo fue aperturar en favor de la primera una cuenta de depósito bancario de dinero a la vista -denominada ******************** e identificada con el número ********************-. Asimismo, se tiene que en esa misma fecha se acordó entre dichas partes que, en relación con el número del servicio de crédito ********************, la referida cuenta ********************, sería por medio de la cual se realizarían los pagos de tal préstamo, como se aprecia de la constancia denominada "ASIGNACIÓN DE NÚMERO DE REFERENCIA PARA PAGO DE CRÉDITO". Así, se aprecia que dicha cuenta ********************, se constituyó en la fuente de pago de las obligaciones derivadas de la contratación del referido servicio de crédito ********************; ello, tiene relación con la manifestación de la institución bancaria relativa a que ante la falta de pago de dicho préstamo, procedió a clasificar a dicha cuenta como "********************", a fin de que se realicen los cobros y pagos correspondientes al crédito en cita. Tal cuestión permite aseverar, de primer momento, que el acto reclamado tiene su origen en una disposición de naturaleza contractual y que, por ende, el banco no es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo; sin embargo, cabe destacar que bajo el estándar establecido por la Primera Sala, al fallar el amparo en revisión 327/2017, la existencia del elemento contractual no es suficiente para aseverar la improcedencia del amparo contra particulares, sino que, en todo caso, debe analizarse la materialidad y el contenido del acto reclamado, bajo el estándar objetivo diseñado para tal efecto. Cabe hacer notar que dicho estándar se conforma de dos fases; La primera se denomina nexo, y tiene por objeto comprobar que la autoridad pública, a través de una norma jurídica, haya otorgado los medios para posicionar al particular en una situación diferenciada para generar el acto, esto es, que el particular hubiere empleado un medio estatal para generar una afectación constitucional contra el afectado. La segunda etapa, por su parte, se denomina constatación de la función pública, y busca evaluar la materialidad de esa prerrogativa, lo que supone estudiar si el acto reviste un interés público diferenciado, es decir, que el Estado no sea neutral respecto del contenido del acto, sino que lo apuntale afirmativamente como relevante desde una perspectiva pública, que es propia de la autoridad estatal. Bajo esa óptica, este juzgado estima que el presente asunto no supera las consideraciones del estándar establecido por la referida Primera Sala, en torno a lo siguiente: [1] En cuanto a la primera fase -nexo-, existe -como se verá- una disposición legal que habilita al banco señalado como autoridad responsable para proceder como lo hizo; sin embargo, este juzgado estima que ese marco normativo no le atribuye una potestad que se relacione de alguna manera con el cumplimiento de alguna facultad primigenia del Estado. Ello, en tanto que se aprecia que la institución bancaria sustentó su actuar en lo dispuesto en lo pactado por la aquí quejosa y la institución bancaria, visible en la constancia denominada "ASIGNACIÓN DE NÚMERO DE REFERENCIA PARA PAGO DE CRÉDITO". Así, se tiene que si la cuenta ********************, se constituyó en la fuente de pago de las obligaciones derivadas de la contratación del referido crédito ********************, conforme a lo pactado entre las partes que ahí intervinieron, es que el actuar de la institución bancaria no la colocó en una posición privilegiada o superior respecto de sus clienta, aquí quejosa. Máxime que ese tipo de acuerdos, están previstos en la Ley de Instituciones de Crédito, por lo que en el caso, se destaca el contenido del artículo 57 de tal legislación: "Artículo 57.- Los clientes de las instituciones de crédito que mantengan cuentas vinculadas con las operaciones a que se refieren las fracciones I y II del artículo 46 de esta Ley podrán autorizar a terceros para que hagan disposiciones de efectivo con cargo a dichas cuentas. Para ello, las instituciones deberán contar con la autorización del titular o titulares de la cuenta. Tratándose de instituciones de banca múltiple, éstas además deberán realizar los actos necesarios para que en los contratos en los que se documenten las operaciones referidas, se señale expresamente a la o las personas que tendrán derecho al pago de las obligaciones garantizadas a que se refiere la Ley de Protección al Ahorro Bancario. Asimismo, los clientes de las instituciones de crédito podrán domiciliar el pago de bienes y servicios en las cuentas de depósito referidas en los incisos a) y c) de la fracción I del artículo 46 de esta Ley. Los clientes podrán autorizar los cargos directamente a la institución de crédito o a los proveedores de los bienes o servicios. Las instituciones de crédito podrán cargar a las mencionadas cuentas los importes correspondientes, siempre y cuando: I. Cuenten con la autorización del titular o titulares de la cuenta de que se trate, o II. El titular o titulares de la cuenta autoricen los cargos por medio del proveedor y éste, a través de la institución de crédito que le ofrezca el servicio de cobro respectivo, instruya a la institución de crédito que mantenga el depósito correspondiente a realizar los cargos. En este caso, la autorización podrá quedar en poder del proveedor. El titular de la cuenta de depósito que desee objetar un cargo de los previstos en el segundo párrafo de este artículo deberá seguir el procedimiento y cumplir los requisitos que, al efecto, establezca el Banco de México mediante disposiciones de carácter general. En los supuestos y plazos que señalen las disposiciones mencionadas en el párrafo anterior, cuando una misma institución lleve las cuentas del depositante que objetó el cargo y del proveedor, deberá abonar en la primera el importe total del cargo objetado y posteriormente podrá cargar tal importe a la cuenta que lleve al proveedor. Cuando las aludidas cuentas las lleven instituciones de crédito distintas, la institución que lleve la cuenta del proveedor deberá devolver los recursos correspondientes a la institución que lleve la cuenta al depositante para que los abone a ésta y, posteriormente, la institución que lleve la cuenta al proveedor podrá cargar a ella el importe correspondiente. Previo a la prestación de los servicios de domiciliación a que se refiere este artículo, las instituciones de crédito deberán pactar con los proveedores el procedimiento para efectuar los cargos a que se refiere el párrafo anterior. En cualquier momento, el depositante podrá solicitar la cancelación de la domiciliación a la institución de crédito que le lleve la cuenta, sin importar quién conserve la autorización de los cargos correspondientes. La citada cancelación surtirá efectos en el plazo que establezca el Banco de México en las disposiciones de carácter general a que se refiere el presente artículo, el cual no podrá exceder de los diez días hábiles bancarios siguientes a aquél en que la institución de crédito la reciba, por lo que a partir de dicha fecha deberá rechazar cualquier nuevo cargo en favor del proveedor. Las autorizaciones, instrucciones y comunicaciones a que se refiere este artículo podrán llevarse a cabo por escrito con firma autógrafa o a través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, de conformidad con lo que, al efecto, establezca la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en disposiciones de carácter general." Así, dicho artículo no otorgó a las instituciones bancarias una potestad pública que pertenezca de manera originaria al Estado, sino que les concedió la posibilidad de pactar con sus clientes la realización de operaciones bancarias, así como estipular de común acuerdo que el banco pueda proceder a cargar a ese tipo de cuentas los importes correspondientes, al contar con la autorización de la persona o personas titulares, lo cual, como se adelantó se actualiza en este asunto, acorde a lo pactado por las partes que ahí intervinieron. Por ende, dicho componente volitivo denota que la norma jurídica no encuentra justificación en una potestad pública cuyo ejercicio haya sido encomendado a una persona particular [bancos], porque de haber sido ese el caso, el precepto en cuestión no habría establecido la necesidad de que mediara la autorización de la respectiva persona para que la institución bancaria pudiera disponer de los recursos de la cuenta correspondiente, es decir, con independencia de la voluntad del cliente. Así, se tiene que el nexo que debe existir entre el acto del particular y la potestad pública -para calificarlo como de autoridad para efectos del juicio de amparo-, exige comprobar que a través de alguna norma jurídica, la autoridad pública haya otorgado al particular los medios para posicionarlo en una situación diferenciada para generar un acto con el potencial de actualizar una violación a un derecho humano; es decir, debe existir un nexo con una potestad normativa de índole estatal. En el presente asunto, la forma de realizar los cargos a la cuenta ********************, acorde a lo previsto en el referido numeral 57 de la Ley de Instituciones de Crédito, no cumple ese requisito, porque ese numeral no da atribuciones a las instituciones bancarias para actuar unilateralmente en perjuicio del cliente, no obstante prevé una facultad que debe ser acordada entre las partes en el contrato respectivo para que pueda disponer de los recursos que en la respectiva cuenta se localicen; ello, ocurrió en el caso, en tanto que así se obtiene de la constancia denominada "ASIGNACIÓN DE NÚMERO DE REFERENCIA PARA PAGO DE CRÉDITO", en la cual, como se indicó, la cuenta ********************, se constituyó en la fuente de pago de las obligaciones derivadas de la contratación del referido crédito ********************, por lo que de esa manera se cumple con lo previsto en ese numeral, en torno a que la institución bancaria contaba con la autorización de la persona titular para realizar los cargos en la referida cuenta ********************, inherentes al crédito que contrató la aquí quejosa, es decir, para disponer de su dinero en los términos pactados. Enseguida, si para establecer una eventual restricción de fondos [acorde a lo expuesto por la institución bancaria en cita], con motivo de la reclasificación de la cuenta ********************, ahora denominada como "********************" [con motivo de la falta de pago del multicitado crédito], las instituciones bancarias deben pactarlo con el cliente de manera previa, entonces no puede afirmarse que ante esa hipótesis el Estado esté actuando por conducto de los bancos, debido a que no basta que el acto del particular encuentre cobijo en una norma jurídica para que sea equivalente al de una autoridad, sino que debe existir un nexo en el sentido de que, a través de esa facultad, el Estado personifique a los particulares en el ejercicio de las funciones públicas -lo cual no acontece en el caso concreto-. No pasa inadvertido que, generalmente, la apertura de las cuentas bancarias o de otros productos financieros, se realiza a través de la celebración de contratos de adhesión, donde las instituciones bancarias formulan e imponen el clausulado respectivo, la voluntad del usuario se reduce a aceptar o a rechazar esos términos y condiciones, sin posibilidad de negociar su contenido; lo que nos lleva a considerar que la facultad de los bancos de restringir la operación de las cuentas bancarias o de retener los fondos correspondientes, no se trata de una prerrogativa que necesariamente sea negociada por la persona usuaria, si no que se le impone como parte de las cláusulas del contrato de adhesión. No obstante, tal circunstancia no conlleva a sostener que el banco realiza actos equivalentes a los de autoridad cuando restringe la operación o los fondos de una cuenta bancaria con base en el contrato respectivo [en el caso porque la cuenta reclasificada, fue señalada como fuente de los pagos del crédito respectivo], ya que lo que se está dilucidando aquí no es el grado de intervención que tuvo la persona usuaria en la negociación del contrato, sino que se está verificando si la prerrogativa legal para que los bancos actúen en ese sentido, constituye o no una facultad de fuente estatal en la que el poder del Estado se personifique en el particular, lo que no se actualiza en el caso concreto. Para sostener lo expuesto, debe decirse que el Alto Tribunal ha reconocido que los contratos de adhesión no tienen los trazos de un contrato clásico, porque en aquellos no existe la igualdad de los contratantes, como se hace suponer según la teoría de la autonomía de la voluntad, ya que, por un lado, se encuentra una persona y, por el otro, una potencia económica, la cual, la mayoría de las veces, impone las condiciones generales que se proponen a todo el público, en los mismos términos, y que son sometidas a su aceptación o rechazo, pero excluyendo toda posibilidad de convenir o negociar su contenido. Al efecto, cabe señalar que el Pleno de Circuito en Materia Civil del Primer Circuito, ahondó en ese tema, y estableció que los contratos de adhesión, por regla general, surgen ante un desequilibrio entre las partes, debido a que el contratante débil no tiene la posibilidad de negociar los términos, así como condiciones, y su voluntad se limita a aceptarlos o a rechazarlos, pero no a modificarlos. Asimismo, dicho órgano colegiado ha sostenido que la existencia de los contratos de adhesión no solo se verifica cuando estén elaborados en formatos o documentos denominados "machotes", sino también cuando se establecen cláusulas desproporcionadas o abusivas en favor de una sola de las partes, y generalmente en perjuicio del adherente. En esas condiciones, el hecho de que las instituciones financieras puedan restringir los fondos de una cuenta bancaria con base en el contrato respectivo, el que, por regla general, se trata de un contrato de adhesión; no significa que dichas instituciones actúen como autoridad para efectos del juicio de amparo. En principio, porque, aun ante ese supuesto, no se aprecia que exista un nexo entre la prerrogativa contractual a favor del banco [de restringir los fondos de la cuenta bancaria] y una facultad de fuente estatal por virtud de la cual la institución financiera personifique a las funciones del Estado, ya que de ser así, el artículo 57 de la Ley de Instituciones de Crédito [que permite cargar a las cuentas respectivas los importes correspondientes a bienes o servicios, como en el caso, el relativo al crédito ********************, otorgado a la aquí quejosa] no lo hubiera establecido como una simple prerrogativa sino como una obligación unilateral de los bancos, con independencia de la voluntad de la persona usuaria. En segundo término, porque de adoptar ese criterio, entonces se tendría que todos los contratos de adhesión colocarían al contratante fuerte en una posición de autoridad para efectos del juicio de amparo, lo que rompería la intención del poder reformador de la constitución de abrir la posibilidad de que solo ciertos actos de particulares fueran revisables en amparo, ya que ello se estableció exclusivamente para los casos en que los particulares realizaran actos equivalentes a los de una autoridad, lo que no se actualiza por el hecho de que la relación jurídica tenga su origen en un contrato de adhesión, o bien, que uno de los contratantes se ubique en una posición asimétrica respecto del otro. Ello puede ser corroborado porque existen pronunciamientos del Alto Tribunal en determinados casos en los que, aun cuando la relación entre las partes derivaba de un contrato de adhesión, se concluyó que no existía un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. El primer ejemplo es lo fallado por la Primera Sala en el amparo en revisión 327/2017, donde se estableció que si bien el servicio de educación particular requiere de una autorización del Estado, y se rige por disposiciones de orden público, lo cierto es que, por regla general, la baja o cese de un alumno por parte de una escuela privada -por falta de pago de colegiaturas-, no es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que dicho acto deriva de una relación contractual entre las partes, en la que la norma es silenciosa en lo que respecta a las condiciones de contratación del servicio de educación con particulares. Si bien, en dicho precedente no se dilucidó si la contratación del servicio de educación privada se realiza por medio de contratos de adhesión -porque ello no fue la materia de la litis-, es razonable considerar que ello sucede de esa manera, porque las instituciones educativas privadas, por regla general, no negocian los términos y condiciones de sus servicios con cada una de las personas alumnas contratantes, sino que lo realizan a través de contratos de adhesión, donde ofrecen los mismos servicios y condiciones para todos los alumnos en general. Otro ejemplo que vale la pena traer a colación, es el relativo al servicio de suministro de energía eléctrica que presta la Comisión Federal de Electricidad. En la contradicción de tesis 198/2017, la Segunda Sala estableció expresamente que dicho servicio se presta a través de la celebración de contratos de adhesión; sin embargo, concluyó que el corte de suministro en términos del contrato, no es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque ello forma parte de esa relación comercial, siendo procedente, para dirimir lo relativo, la vía ordinaria mercantil, con las salvedades que estableció la propia Sala. Como se aprecia, aun cuando determinado servicio sea contratado a través de la celebración de un contrato de adhesión, y posteriormente dicho servicio sea restringido con base en esa relación comercial, no por ello estaremos en presencia de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque a pesar de que la parte contratante débil no tuvo la posibilidad de negociar los términos y condiciones del contrato, lo cierto es que, de acuerdo con el estándar establecido por el Alto Tribunal -explicado en apartados anteriores-, esa no es la nota distintiva que permite impugnar los actos de esa naturaleza a través del juicio de amparo, ya que para ello debe existir un nexo entre la prerrogativa del particular y una fuente de carácter estatal, con independencia de si dicha prerrogativa se establece en un contrato de adhesión, o bien, en un contrato donde ambas partes negociaron su contenido de común acuerdo. Así, como se adelantó, esa condición no se cumple, porque la restricción de fondos de una cuenta bancaria derivada de la reclasificación de la cuenta de la que es titular la aquí quejosa [ante el retraso de alguno de los pagos del servicio de crédito que solicitó, acorde a lo señalado por la referida institución bancaria], se contempló en la norma jurídica como una simple posibilidad o prerrogativa del banco, mas no como una obligación unilateral por virtud de la cual el Estado esté actuando a través de la institución financiera. Ahora, con independencia de si dicha prerrogativa se pactó en un contrato de adhesión -donde la voluntad del usuario se redujo a aceptar o a rechazar los términos y condiciones-, o bien, en un contrato donde ambas partes establecieron su contenido de común acuerdo, debemos decir que la restricción de fondos de una cuenta bancaria, con base en el propio contrato, no es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que con esa facultad la institución financiera no está actuando como un brazo del Estado, sino que lo está haciendo en un plano de coordinación con fundamento en disposiciones de naturaleza contractual. Respecto de ese tópico, no se desconoce que la facultad legal de la que deriva el acto reclamado, se encuentra comprendida en una norma de orden público, como es la Ley de Instituciones de Crédito. No obstante, esa circunstancia no basta para decir que el acto reclamado provenga de una autoridad para efectos del juicio de amparo, porque de acuerdo con el estándar establecido por la Primera Sala, no es suficiente que la facultad del particular encuentre justificación en una norma de carácter general, ya que en un orden jurídico como el nuestro, la mayoría de las relaciones entre los particulares están reguladas en una norma jurídica, de modo que si ese criterio fuera definitorio, la mayor parte de los actos entre particulares podrían controvertirse en amparo indirecto, lo cual no fue el propósito del Poder Reformador de la Constitución al introducir esta posibilidad. En suma, este órgano jurisdiccional no detecta que la reclasificación de la cuenta bancaria -reclamada en el juicio de amparo-, se sustente en una norma jurídica que tenga un nexo con una potestad pública, debido a que el artículo 57 de la Ley de Instituciones de Crédito no se erige como una herramienta con la cual el Estado hubiere asignado a la institución bancaria un papel como integrante o ejecutor de la función pública, sino que, en todo caso, se trata de una posibilidad sujeta al acuerdo de voluntades [como se aprecia además de la constancia denominada "ASIGNACIÓN DE NÚMERO DE REFERENCIA PARA PAGO DE CRÉDITO"], conforme a la cual la institución bancaria podrá cargar los importes correspondientes a los bienes o servicios contratados por la persona usuaria. Ello se corrobora porque la fórmula empleada por el órgano legislador en el artículo 57 de la Ley de Instituciones de Crédito, refleja una actitud enteramente neutral del Estado con relación a las acciones que pueda emprender la institución bancaria ante el uso indebido de medios electrónicos, debido a que, como se dijo, esa facultad está sujeta al acuerdo previo con el cliente, por lo que no se impone como una obligación ineludible de la institución bancaria, ni se trata de una fórmula en la que se deje a los bancos la posibilidad de actuar unilateralmente frente al cliente. Sin que al efecto se desconozca que es una realidad que las instituciones bancarias se ubican en una posición privilegiada respecto de las personas usuarias de los servicios financieros, lo que se afirma no solamente por el volumen de operaciones que realizan, sino también porque, al incrementarse en nuestra actualidad la utilización de los productos financieros como mecanismos de resguardo de recursos, es claro que los bancos se han convertido en depositarios de una parte significativa del patrimonio de las personas, de modo que la restricción de fondos, incluso, podría traer consigo la imposibilidad de que una persona acceda a sus recursos financieros necesarios para hacer frente a las necesidades más básicas del individuo. No obstante, la posición asimétrica en la que se ubican las instituciones bancarias, por regla general, no es lo que las convierte en una autoridad para efectos del juicio de amparo, porque, como se adelantó, dicha calidad no se les atribuye por el hecho de que jueguen un papel importante dentro del desarrollo y estabilidad económica del país, sino que, como lo estableció la Primera Sala, es necesario que su actuar tenga un nexo con una potestad de carácter pública, por virtud de la cual pueda decirse que el Estado personificó sus funciones en una persona particular, aspecto que -a nuestro juicio- no puede afirmarse cuando la restricción operativa de fondos deba ir precedida del acuerdo de voluntades entre las partes. Paralelamente, porque aunque los bancos tienen una relación asimétrica frente a las personas usuarias de los servicios financieros, el ordenamiento jurídico prevé mecanismos para contrarrestar los efectos negativos de dicha posición, debido a que, como se explicó, en el sistema financiero mexicano existen autoridades que tienen por objeto regular, inspeccionar, vigilar y sancionar a los bancos, cuando su actividad no se ajuste a la normativa aplicable. A fin de ejemplificar lo anterior, es posible hacer referencia a la citada Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros y al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Como se expuso, el primer órgano mencionado cuenta con facultades de autorización, inspección y vigilancia de las entidades financieras, así como con facultades de imposición de sanciones administrativas por infracciones a las leyes que regulan el actuar y las operaciones de los bancos [lo que no implica que deba estudiarse la relación que tienen las entidades financieras con cada una de las personas usuarias]; el segundo funciona mediante el trámite de procedimientos conciliatorios por inconformidades de los usuarios en la obtención del servicio de banca, así como de crédito, y el tercero protege los intereses del público ahorrador, mediante la garantía, en caso de alguna eventualidad económica, del monto de las operaciones de depósitos, préstamos y créditos, en beneficio de las personas usuarias del servicio bancario. En consecuencia, el hecho de que los bancos se encuentran en una relación asimétrica frente al cliente, no significa, por regla general, que su actuar se equipare al de una autoridad para efectos del juicio de amparo, porque para ello es necesario que sus actos encuentren un nexo con una potestad pública, con la cual el Estado se personifique en la persona particular, lo que no se puede afirmar cuando la restricción operativa de recursos precise del consenso previo de voluntades entre la institución bancaria y el cliente. Lo anterior es así, porque lo analizado en este caso la posibilidad de que las instituciones bancarias restrinjan o suspendan operativamente el funcionamiento de una cuenta bancaria que fue designada como fuente del pago del crédito contratado por la aquí quejosa; lo que, se estima que no encuentra un nexo con una facultad o potestad primigenia del Estado, sino que se trata de una posibilidad sujeta al acuerdo de voluntades entre las partes. Ello, con independencia de que, una vez impuesta la restricción operativa de fondos, la persona usuaria podría solicitar la cancelación de la domiciliación a la institución de crédito que le lleve la cuenta, sin importar quien conserve la autorización de los cargos correspondientes, acorde a lo previsto en el referido numeral 57 de la Ley de Instituciones de Crédito. En conclusión, este juzgado estima que el acto reclamado en el juicio de amparo no supera el primer paso del estándar establecido por la Primera Sala -para evaluar si proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo-, debido a que la restricción que estableció la institución bancaria a la aquí quejosa, encuentra fundamento en una norma legal, la cual no tiene nexo o relación con alguna función de relevancia pública; antes bien, se estima que se trata de una medida que está sujeta al acuerdo previo de voluntades entre el banco y el cliente. Sin que se inadvierta que, aun de considerar superada la primera etapa, el acto reclamado no cumpliría el segundo peldaño del estándar diseñado por el Alto Tribunal para casos similares. Ello porque la posibilidad contractual de restringir operativamente la cuenta bancaria de la quejosa, no se erige como una potestad que, en principio, corresponda al Estado, y que normativamente hubiere sido delegada a las instituciones bancarias, sino que, como se dijo, se trata de una posibilidad que está sujeta al acuerdo de voluntades entre las partes, lo que denota que la materialidad del acto no se vincula con una perspectiva pública que sea propia de las autoridades estatales. Sobre ese tema, no pasa por alto que el sistema bancario mexicano reviste un especial interés público, lo que se corrobora por el énfasis que pone el artículo 28, párrafo séptimo, constitucional, en cuanto a que su regulación por parte de las autoridades competentes, debe procurar en todo momento la estabilidad y el desarrollo económico del país. Sin embargo, el interés que tiene el Estado mexicano en las actividades del sistema financiero, no implica el establecimiento de normas jurídicas que personifiquen en las instituciones de crédito las potestades públicas propias de la autoridad, ya que esa no fue la intención del poder reformador de la Constitución al revertir el servicio de banca y crédito a los particulares. Y lo que se buscó con ello, fue establecer un sistema bancario mixto, con el que el Estado interviniera a través de la banca de desarrollo, y devolver al ámbito privado el ejercicio de la banca múltiple -como es el caso del particular señalado como responsable-, lo que se encontraría sujeto a la expedición de una normativa reforzada y rigurosa en cuanto a las operaciones bancarias, así como a la creación de autoridades administrativas que autorizaran, vigilaran, controlaran y, en su caso, sancionaran a las instituciones de crédito en el ejercicio de sus operaciones cotidianas. Así, la relevancia pública de la intermediación financiera no radica en que los actos de las instituciones bancarias personifiquen la voluntad de las autoridades públicas, ya que si ello fuera así, el Estado no hubiera revertido el servicio de banca y crédito al ámbito privado. En realidad, lo que denota el interés público en esta clase de actividades, es el sometimiento de las instituciones de crédito a un régimen riguroso de autorización, control y vigilancia, a fin de procurar los intereses del público usuario, y de garantizar el cometido del sistema bancario de contribuir a la estabilidad y al crecimiento económico del país. Por tanto, aunque el interés público es un elemento más que podría considerarse para calificar la procedencia del juicio de amparo, no es un elemento definitorio para considerar que un acto proviene necesariamente de una autoridad para efectos del juicio de amparo. Adicionalmente debe destacarse que los posibles vicios de inconstitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado, no son lo que definen el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que en ese caso cualquier incumplimiento de la norma por parte de un particular, convertiría esa infracción en un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. En realidad, esa calificativa depende de la materialidad misma del acto, cuyo análisis en el caso reveló que no estamos frente a un acto equivalente al de autoridad. Cabe señalar que el hecho de que, con base en el contrato o acuerdo de voluntades respectivo, las instituciones bancarias puedan proceder al bloqueo o restricción de los fondos cuando así proceda, no significa que puedan actuar al margen de las disposiciones contractuales o legales, o bien, impedir la disposición de los recursos de manera indefinida. Lo que se considera así, porque en el caso, en términos del artículo 57 de la Ley de Instituciones de Crédito, en cualquier momento la persona usuaria puede solicitar la cancelación de la domiciliación que realice la institución bancaria respecto del cargo del importe de algún bien o servicio. Finalmente, no se desconoce la doctrina que ha sustentado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que los derechos fundamentales están vigentes aun en las relaciones entre particulares. Sin embargo, como la propia Primera Sala lo reconoció, la vigencia de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares, no se puede sostener de forma hegemónica y totalizadora sobre toda y cada una de las relaciones que se suceden de conformidad con el derecho privado; de ahí que corresponda a las personas juzgadoras decidir, en cada caso concreto, qué derechos son solo oponibles frente al Estado y qué otros cobran vigencia en las relaciones entre particulares, cuestión esta última que no se actualiza en el caso concreto, dado que el acto reclamado emana de un acuerdo de voluntades, y su fundamento legal no tiene un punto de vinculación o nexo con alguna potestad de carácter pública. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, se sobresee en este juicio de amparo con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, respecto de lo atribuido al [1] ********************. Así, con fundamento en los artículos 73 al 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Se sobresee en el presente juicio promovido por ********************, respecto del actos atribuidos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y al ********************, por los motivos expuestos en el los puntos considerativos segundo y último de esta resolución. Notifíquese personalmente, y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

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