Azalia Sandoval Casamata
Expediente 2143/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 2143/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 29/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Azalia Sandoval Casamata
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintinueve de marzo de dos mil diecisiete. Por recibido el oficio registrado con folio 8880, signado por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por medio del cual informa acerca del cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en este juicio. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo y además en términos del artículo 66, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, queda el contenido del oficio en mención y anexo del mismo, en la secretaría de este juzgado, a la vista de la parte quejosa y tercero interesado por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, a efecto de que manifiesten o no, lo que a su interés convenga, bajo el apercibimiento que de no desahogar la vista respectiva, este juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el juicio de amparo en que se actúa y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y al tercero interesado por oficio. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Rosa María Luna Mercado, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintidós de marzo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que ha transcurrido el plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer recurso de revisión contra la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo en que se actúa, ello sin que ninguna de las partes lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la sentencia de amparo ha causado ejecutoria. Atento a lo anterior, y debido a que en la ejecutoria de mérito se concedió la protección de la justicia de la unión, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que en el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, de cumplimiento al fallo protector y remita, en copia certificada, las constancias con que lo acredite. Se apercibe a la autoridad responsable que de incumplir lo anterior, ello sin causa justificada, con fundamento en el artículo 192, segundo párrafo, en relación con el 258 ambos de la Ley de Amparo, se le aplicará una medida de apremio consistente en multa de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización; ello en términos del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Lo que antecede, sin perjuicio de remitir el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico de la autoridad responsable para que le ordene cumplir con la ejecutoria de mérito, puesto que al tratarse de un organismo jurisdiccional autónomo en el ámbito jurídico, no tiene superior jerárquico a quien requerirle que la conmine. Tiene aplicación al caso concreto la jurisprudencia 2ª./J.36/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación bajo el registro ********************, del rubro y texto siguientes: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, así como las capturas inherentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Rosa María Luna Mercado, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintidós de febrero de dos mil diecisiete. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las diez horas con tres minutos del día veintidós de febrero de dos mil diecisiete, hora y día señalado para la celebración de la audiencia constitucional, estando en audiencia pública Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con asistencia de María Guadalupe Salazar Martínez, Secretaria con quien actúa y da fe, se inició la audiencia constitucional del juicio de amparo número 2143/2016, promovido por AZALIA SANDOVAL CASAMATA, sin asistencia de las partes. Acto continuo, la Secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mil novecientos ochenta y nueve, que dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES, SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Al respecto, el Juez acuerda: téngase por hecha la relación secretarial que antecede para los efectos legales conducentes. Por otra parte, al no existir promociones pendientes por acordar; se declara abierto el periodo probatorio, en el cual, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza jurídica las documentales que adjuntó a su escrito de demanda la parte quejoso, así como la remitida como complemento de su informe justificado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad. Al no existir pruebas pendientes por desahogar, se concluye dicha etapa. Se procede a abrir el periodo de alegatos, en el que se hace constar que ninguna de las partes los formuló; asimismo, se advierte que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, no formuló pedimento, motivo por el cual se procedió a cerrar el período de alegatos; consecuentemente, al no haber diligencia que practicar, ni escrito por acordar, se concluye la presente audiencia, y en vista de todo lo actuado, el Juez procede a dictar el fallo correspondiente. Doy fe. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 2143/2016, promovido por AZALIA SANDOVAL CASAMATA, por su propio derecho, contra actos que reclama de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por violación a los artículos 1°, 14, 16, 17 y 123 Constitucionales; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito de demanda presentado ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, el catorce de diciembre de dos mil dieciséis, remitido el mismo día, a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, AZALIA SANDOVAL CASAMATA, solicitó, por su propio derecho, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, que hizo consistir en: ACTOS RECLAMADOS. "La denegación de justicia en la cual ha incurrido la responsable al omitir y con ello negarse a dictar la resolución correspondiente al incidente de liquidación de laudo, en el juicio de su conocimiento y hacérnoslos saber a las partes mediante la notificación correspondiente, dentro de los plazos y términos previstos en la ley reguladora del acto reclamado". SEGUNDO. Por auto de quince de diciembre de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de garantías de que se trata, quedando registrada con el número 2143/2016, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; en el citado proveído se hizo del conocimiento de las partes que podrían oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en caso de ofrecer documentales, precisar si contiene información de carácter reservada o confidencial, sin que al efecto hayan realizado manifestación alguna. Asimismo se dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; finalmente, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33 y 35 de la Ley de Amparo y 48, 49 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 15/2013 del Pleno de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, además de tratarse de un juicio de amparo en materia de trabajo sobre un procedimiento seguido en forma de juicio llevado por una autoridad laboral, con residencia en esta ciudad, dentro de la jurisdicción territorial de este Juzgado. SEGUNDO. La fijación clara y precisa de los actos que se reclaman a la autoridad responsable, se encuentra determinada en el resultando primero de esta sentencia, a la vez que la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados se destacará en los apartados subsecuentes, con lo cual se cumple con la exigencia que toda sentencia debe tener en los juicios de amparo, acorde con lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a foja 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, que es del siguiente rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Los actos de molestia se hacen consistir en: ".La omisión de la autoridad de dictar resolución en el incidente de liquidación de laudo planteado ante su potestad." TERCERO. El Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, admitió el acto omisivo que se le atribuye al exponer: ".ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO, virtud de que este Tribunal ha sido omiso en emitir la resolución de la que se duele el quejoso, no obstante de que con fecha 24 de junio de 2016, se ordenó turnar los autos a proyecto de resolución incidental, sin embargo tal demora no es por negligencia, dolo o mala fe por parte de esta Junta, sino que se cuenta con una excesiva carga de trabajo en desproporción a la capacidad instalada y recursos materiales y humanos insuficientes, con los que cuenta este Tribunal para atender la enorme demanda de los usuarios que intervienen en los juicios laborales, lo que se traduce en un rezago justificado que impide poder atender los juicios dentro de los tiempos y términos legales previamente establecidos por la Ley, por tratarse de causas de fuerza mayor."; y al efecto remitió copia certificada de la audiencia incidental celebrada el veinticuatro de junio de dos mil dieciséis ante su potestad, dentro de la contienda laboral 1040/09, de la cual se advierte la omisión en que ha incurrido la autoridad responsable; atento a lo anterior, se tiene como cierto el acto reclamado a dicha autoridad. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete-dos mil, Tomo VI, Materia Común, página doscientos treinta y uno, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." A las documentales allegadas por la responsable, se les otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia de Amparo. CUARTO. En virtud de que ninguna de las partes hace valer alguna causa de improcedencia, y como este juzgador tampoco advierte que se actualice alguna de ellas, lo procedente es entrar al estudio de la legalidad o ilegalidad del acto reclamado. Se considera innecesaria la trascripción de los conceptos de violación esgrimidos por la parte agraviada, sin que ello implique que se viole alguna disposición de la Ley de Amparo, además de que bajo esta circunstancia no se deja en estado de indefensión al reclamante, pues el hecho de que no se realice la trascripción de los mismos, no significa que el juez de amparo esté impedido para el estudio integral de ellos. Sirve de apoyo la jurisprudencia número VI.2O. J/129, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable a fojas 599, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, Abril de 1998, Novena Época, que a la letra dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma." Efectivamente, según se analizará al abordar el estudio de fondo, no debe perderse de vista que la omisión que reclama la parte reclamante está directamente vinculada con la garantía de debido acceso a la justicia, dentro de la cual destaca que la justicia sea pronta y expedita; de modo que la omisión atribuida a la autoridad de impartir justicia en forma pronta tiene naturaleza esencial de tracto sucesivo, (ya que produce una solución de continuidad en el incumplimiento de la garantía en cuestión), que se sucede momento a momento y genera esa situación o estado permanente de las cosas, que no se subsana mientras persista la actitud omisiva. Ello, aunado a lo sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 44/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, mes de abril de dos mil siete, consultable en la página 373, de rubro y texto: "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS. El juicio ordinario laboral se conforma por etapas y actos concatenados entre sí, desarrollados en forma lógica y sistematizada, para obtener generalmente un laudo, los cuales deben realizarse dentro de los plazos y términos previstos en la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, debido a la conexión de esas etapas y actos, el retraso u omisión en la realización de los actos previos, indefectiblemente ocasiona que los subsecuentes ya no se efectúen con puntualidad, afectando el desarrollo normal y oportuno del juicio. De esta manera, si en el amparo se reclama la dilación u omisión en el trámite de un juicio laboral y durante la sustanciación de aquél, la autoridad responsable no agota cabalmente el procedimiento ni dicta laudo, sino que esa condición de retraso u omisión persiste también respecto de los actos subsecuentes a los reclamados y se proyecta a etapas ulteriores del proceso, no se actualizan las causales de improcedencia del juicio previstas en las fracciones V, X, XVI y XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque el quejoso conserva su interés jurídico para solicitar la tramitación expedita del juicio, cuya demora afecta directamente su esfera de derechos; no opera un cambio de situación jurídica que tenga por consumadas irreparablemente las violaciones, porque sigue existiendo el estado de las cosas prevaleciente al momento de pedir el amparo, consistente en la falta de prontitud en la tramitación y resolución del juicio; no cesan los efectos de las dilaciones y omisiones reclamadas ni éstos quedan destruidos como si se hubiera otorgado la protección constitucional, sino que perduran hasta en tanto el juicio laboral continúe y concluya. Las dilaciones u omisiones subsecuentes a las reclamadas no son actos futuros de realización incierta, sino inminentes, porque al producirse momento a momento, una vez sobrevenida la tardanza u omisión en la tramitación del juicio, es ineludible que ya no se desarrollará con prontitud. Además, la autoridad responsable no queda indefensa, porque las infracciones subsecuentes, además de que compartirían la misma naturaleza que las reclamadas, al tratarse de dilaciones u omisiones en la tramitación y resolución oportuna de la controversia, se generarían en el mismo expediente laboral, respecto del cual se promovió el juicio de garantías, del que ya tuvo noticia y manifestó lo conducente al rendir su informe con justificación y este conocimiento de los hechos, inclusive, le permitirá actuar con celeridad para no incurrir en mayores dilaciones". QUINTO. Resultan sustancialmente fundados los conceptos de violación aducidos por la solicitante de amparo. La impetrante reclama la omisión en que ha incurrido la autoridad responsable para resolver el incidente de liquidación de laudo respecto del cual incluso ya se celebró la audiencia respectiva el veinticuatro de junio de dos mil dieciséis y se turnaron los autos a proyecto de resolución incidental. En efecto, de las constancias remitidas por la Junta responsable, a las que se otorgó valor probatorio en párrafos que anteceden, se advierte que efectivamente dicha autoridad responsable ha omitido dictar la resolución incidental respectiva, con lo cual, se constata que asiste la razón a la impetrante, en cuanto se viola en su perjuicio la garantía contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuenta habida que la audiencia incidental se celebró el veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, y en esa propia fecha se ordenó turnar los autos al auxiliar dictaminador para la elaboración de la resolución incidental correspondiente, y a pesar de que han transcurrido hasta esta propia fecha, más de siete meses, la responsable ha sido omisa en efectuar acciones tendentes a dar cumplimiento a lo ordenado en dicha audiencia o a proveer lo conducente. Así, se advierte que en el juicio laboral 1040/09, la autoridad responsable ha incurrido en retardo injustificado en la impartición de justicia en contravención a la garantía constitucional prevista en el artículo 17 de la Carta Magna. Esto es, no justifica el retardo en que ha incurrido por un periodo prolongado, mayor de siete meses, para resolver el incidente de liquidación de laudo planteado; así tampoco expone razonamiento alguno para justificar el motivo de su omisión, la cual sin duda alguna resulta violatoria de los derechos fundamentales de la reclamante de amparo, habida cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; y, en el caso a estudio, dada la omisión señalada, es inconcuso que la responsable deja de observar lo dispuesto conculcando el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además debe considerarse que en el presente caso, el retardo mayor a siete meses para resolver la incidencia planteada no encuentra sustento jurídico alguno, pues el hecho de que la autoridad responsable manifieste en su informe justificado que el retardo en el dictado de la resolución incidental que se le atribuye se encuentra justificado debido a la excesiva carga de trabajo que impera en la Junta a cargo de la responsable, en desproporción a la capacidad instalada y recursos materiales y humanos insuficientes, en virtud de que, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, u otras, esto podrá válidamente efectuarse a partir de casos y condiciones concretas, pero en modo alguno resulta justificable un retraso mayor de siete meses para dictar la resolución incidental planteada, pues ello se traduce en la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional; aunado a que la Jurisprudencia invocada por la autoridad responsable va encaminada a determinar si las autoridades encargadas de impartir justicia al no respetar los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes deben ser acreedoras a las correcciones disciplinarias que correspondan o adoptar medidas que se juzguen convenientes, y resulta aplicable, como antes se indicó, para casos concretos, específicos y determinados, y no así para condiciones generales, de manera tal, que no pueda establecerse una relación precisa de causa-efecto. Sin que en la especie se desatienda el contenido de la Jurisprudencia 2a. CV/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro número 2005150, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página732, materia común, del texto literal que reza: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". Más si se considera que del análisis de las manifestaciones realizadas por la autoridad responsable en el informe justificado, se constata que su actuación deja a la parte quejosa en incertidumbre respecto de la fecha en que puede dictar la resolución conducente; pues únicamente se limitó a señalar, que efectivamente ha omitido dictar la resolución incidental respectiva, sin que a la fecha se haya emitido proveído alguno al respecto ni indicar la fecha en que se resolverá la incidencia planteada. En razón de lo expuesto, tomando en consideración que el retardo en que ha incurrido la responsable ya data de más de siete meses, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa AZALIA SANDOVAL CASAMATA para el efecto de que: La autoridad responsable, de manera inmediata a partir de que se le notifique el auto en que determine que cause ejecutoria esta sentencia, dicte la resolución interlocutoria correspondiente respecto de la incidencia de liquidación de laudo planteada en la contienda laboral 1040/09, y lo notifique legalmente a las partes. Lo que antecede, con independencia de que su acatamiento no implica que la autoridad emita su resolución en el sentido en que la parte quejosa lo desea, sólo obliga a resolver oportuna y legalmente la vía incidental propuesta y hacerla del conocimiento del interesado también en los términos de ley. SEXTO. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a AZALIA SANDOVAL CASAMATA, contra el acto y autoridad precisados en el resultando primero y por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Por las razones expuestas en el último considerando, se ordena el envío y captura de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE. Así, lo resolvió y firma, Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María Guadalupe Salazar Martínez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinte de enero de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes, el informe justificado, rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad; con el contenido del informe de cuenta, dese vista a las partes para que procedan en los términos legales correspondientes. Notifíquese.
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