Azalia Beatriz Rodriguez Escamilla

Expediente 2295/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2295/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
23/03/2022

Partes del expediente

  • Azalia Beatriz Rodriguez Escamilla
  • AZALIA BEATRIZ RODRIGUEZ ESCAMILLA y Otros.
  • Alma Guadalupe Rodriguez Escamilla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de catorce de marzo del presente año, se dio vista a las partes con lo informado por el actuario adscrito a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; asimismo, en dicho proveído se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La última notificación del acuerdo de mérito, se efectuó personalmente a la parte quejosa, el día quince de marzo pasado; sin que alguna de las partes hubiese hecho manifestación al respecto. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días hábiles que fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En sentencia dictada el once de febrero de dos mil veintidós, en su primer punto, se sobreseyó en el juicio de amparo en relación al acto consistente en la omisión de emplazar a la persona moral demandada "COMERCIALIZADORA DE MATERIAL HOSPITALARIO GOES", Sociedad Anónima de Capital Variable al juicio laboral de origen 975/2020; y en su segundo punto, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto consistente en la omisión de emplazar a la diversa persona moral demandada "CONEXI INTEGRALES HM DE MÉXICO", Sociedad Anónima de Capital Variable al referido juicio laboral de origen, para el efecto siguiente: ". la autoridad responsable actuaria adscrita a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, realice el emplazamiento de la persona moral demandada "CONEXI INTEGRALES HM DE MÉXICO", Sociedad Anónima de Capital Variable, de conformidad con el artículo 750 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo o, en su caso, manifieste la imposibilidad que tenga para ello." Posteriormente, en auto de dos de marzo de dos mil veintidós, se tuvo por ejecutoriada la sentencia que amparó y protegió a la parte quejosa, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la misma. Seguidos los trámites de ejecución de sentencia, mediante oficio número 550/2022, el actuario responsable informó y acreditó que el día nueve de marzo de dos mil veintidós se constituyó en el domicilio señalado de la persona moral demandada "CONEXI INTEGRALES HM DE MÉXICO", Sociedad Anónima de Capital Variable, y procedió a levantar la razón actuarial correspondiente, toda vez que no pudo emplazar al juicio laboral de origen a la referida persona moral demandada por corresponder el domicilio a un predio cerrado, abandonado y desocupado; dando cumplimiento al requerimiento efectuado en la sentencia ejecutoriada de mérito. Luego, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77, de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que en el presente asunto se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el citado artículo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, catorce de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, agréguese a los mismos para los efectos legales correspondientes, el oficio número 550/2022, signado por el actuario adscrito a la Junta Especial Número Cuarto de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, que remite con relación al cumplimiento de la sentencia ejecutoria. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación que se le haga de este acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda. Con el apercibimiento que de no hacerlo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese personalmente cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, dos de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que la última notificación de la sentencia dictada el once de febrero de dos mil veintidós, se realizó a la autoridad responsable actuaria adscrita a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, el día quince de febrero siguiente, consecuentemente transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer recurso de revisión. En tal virtud, con apoyo en los numerales 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de aquella, se declara que la referida sentencia que en su primer punto, sobreseyó en el presente juicio y en su segundo, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a la autoridad responsable actuaria adscrita a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, para que cumpla con la ejecutoria de mérito, como lo dispone el artículo 77 del propio ordenamiento legal, lo que deberá informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días. Con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, en el término señalado, o de no manifestar el impedimento que tiene para ello, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, con cero centavos, moneda nacional) conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la ley de la materia y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Visto para resolver los autos del juicio de amparo 2295/2021-V-B, promovido por Azalia Beatriz Rodríguez Escamilla y Alma Guadalupe Rodríguez Escamilla, contra el acto que reclaman a la actuaria adscrita a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. A N T E C E D E N T E S PRIMERO. Recepción de la demanda. Mediante escrito presentado el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado el día veintiséis siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, comparecieron Azalia Beatriz Rodríguez Escamilla y Alma Guadalupe Rodríguez Escamilla, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclaman a la actuaria adscrita a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, la que quedó registrada con el número 2295/2021-V-B; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A C I O N E S PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 61, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, como de las constancias remitidas por la actuaria responsable, se tiene que la parte quejosa reclama: La omisión de emplazar a la parte demandada en autos del juicio laboral 975/2020 de su índice. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto consistente en la omisión de emplazar a la persona moral demandada "COMERCIALIZADORA DE MATERIAL HOSPITALARIO GOES", Sociedad Anónima de Capital Variable al juicio laboral de origen, reclamado a la autoridad responsable actuaria adscrita a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, pues aunque afirmó cierto el acto que la parte quejosa le reclamó, se desvirtúa dicha aseveración atendiendo a las manifestaciones vertidas en su informe justificado. Lo anterior, toda vez que de las documentales remitidas por la referida autoridad responsable como anexos a su informe de ley, a las que se les confiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; se advierte que el día veintiuno de abril de dos mil veintiuno, en cumplimiento a lo ordenado en acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veinte, el actuario responsable se constituyó en el domicilio de la persona moral demandada "COMERCIALIZADORA DE MATERIAL HOSPITALARIO GOES", Sociedad Anónima de Capital Variable y procedió a emplazarla al juicio laboral 975/2020, previo citatorio de veinte de abril anterior. Siendo que dicha circunstancia aconteció con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, que lo fue el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Lo anterior conlleva a que este órgano de control no pueda realizar el análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado por ser inexistente como ya se vio; de ahí que, con apoyo en lo dispuesto en el invocado numeral 63, fracción IV, de la citada ley de la materia, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio, en relación al referido acto reclamado. En este punto, igual debe precisarse, que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, ya que de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la misma. Es aplicable, por analogía de razón, la jurisprudencia número 10, consultable en la página 12, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 917544, así como el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que este Juzgador comparte, consultable en la página 254, Octava Época, Tomo XIII-Enero del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 213793, que en su orden indican: "AMPARO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja"; y "JUICIO DE AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." CUARTO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto consistente en la omisión de emplazar a la persona moral demandada "CONEXI INTEGRALES HM DE MÉXICO", Sociedad Anónima de Capital Variable al juicio laboral de origen, reclamado a la autoridad responsable actuaria adscrita a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." QUINTO. Análisis de las causales de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia prevista en el artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que lo procedente es analizar el fondo del asunto mediante el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción se estima innecesaria, ya que no existe algún precepto que obligue a ello, y además, porque dicha omisión no la deja en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, correspondiente a la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Análisis de la litis constitucional. Son fundados los conceptos de violación expresados por la parte quejosa. Pues bien, asiste razón a la parte impetrante, dado que la autoridad responsable debió emplazar a la persona moral demandada "CONEXI INTEGRALES HM DE MÉXICO", Sociedad Anónima de Capital Variable dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que se le ordenó, de conformidad con el artículo 750 de la ley de la materia, o dentro de un plazo razonable, tomando en cuenta sus cargas de trabajo, y al no hacerlo así, viola en su perjuicio el derecho fundamental tutelado en el artículo 17 constitucional, dado que la autoridad responsable no cumple con su función de administrar justicia de manera pronta, completa e imparcial, con apego a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. En efecto, el artículo 17 de nuestra Carta Magna, establece como derecho fundamental que la administración de justicia se imparta por los tribunales designados en los lapsos que establezcan las leyes, emitiendo las determinaciones de manera pronta, completa y expedita. En relación con los actos que nos ocupan, de los artículos 685, 771 y 750, de la Ley Federal del Trabajo, se desprende que el procedimiento laboral será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte, obligando a las autoridades, a tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez al tramitarlo. Asimismo, el numeral 771 reitera el criterio predominante en la materia laboral, en el sentido de que corresponde a la Junta o a sus miembros, proveer para que la justicia sea rápida y expedita y que los juicios no queden inactivos. Por tanto, de una interpretación adecuada de esos preceptos jurídicos, conviene establecer que en cualquier procedimiento que se ventile ante un órgano jurisdiccional, administrativo o del trabajo, se deben observar estrictamente las formalidades establecidas para el mismo, incluyendo los términos previstos en la ley de la materia de que se trate, ya que la necesidad de una justicia pronta es tan evidente que la propia Constitución Federal remite a la ley respectiva, en relación a los plazos y términos en que los tribunales deben impartir justicia. Así, el legislador no estableció plazos arbitrarios, sino que éstos son razonables, en función del necesario equilibrio que debe haber entre la celeridad del procedimiento y el tiempo suficiente para que las partes y el juzgador realicen las actividades y actuaciones procesales que le correspondan. En este orden, del segundo párrafo del artículo 17 Constitucional invocado, se advierte: a) Un derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales o dependencias previamente establecidos para el efecto de obtener una resolución o respuesta sobre una pretensión, y en su caso, la ejecución forzosa de lo juzgado; b) Establece la obligación por parte de las autoridades de conocer, sustanciar y resolver los juicios o procedimientos que se diriman ante ellas; c) Dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso, es decir, que las resoluciones, ya sean autos o sentencias, pronunciados por los órganos jurisdiccionales o descentralizados, se deben realizar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales; y, d) La última parte del artículo en comento consagra la gratuidad en el desempeño de la actividad jurisdiccional; esto significa que las autoridades que realizan dicha función no deben percibir remuneración o percepción económica alguna, diversa a la que la misma ley les señala, estableciéndose así la prohibición constitucional de las costas judiciales, lo que persigue la finalidad de conseguir la imparcialidad de los tribunales, así como abatir la mercantilidad o venta de la justicia. Ahora bien, de lo manifestado por la parte quejosa y confirmado por las documentales remitidas por la actuaria responsable, se tiene que en audiencia de tres de noviembre de dos mil veintiuno, se comisionó al actuario de su adscripción a fin de que emplazara al juicio laboral de origen a la persona moral demandada "CONEXI INTEGRALES HM DE MÉXICO", Sociedad Anónima de Capital Variable. Por tanto, es claro, que la autoridad responsable viola en su perjuicio el derecho fundamental a la seguridad jurídica consagrada por el artículo 17 constitucional en análisis, habida cuenta que éste le ordena a las autoridades "hacer" algo, que en el presente asunto, no es otra cosa que cumplir con los términos y plazos fijados por la ley de la materia, lo que en el caso no ocurre como ha quedado demostrado. En efecto, en el caso, la parte quejosa se inconforma, en razón de que la autoridad responsable omite emplazar en los términos fijados por la ley a la parte demandada en autos del juicio de origen. Por tanto, es evidente que el actuar de la responsable, causa un perjuicio irreparable a las partes en el juicio laboral de referencia, con el subsecuente menoscabo de la impartición rápida y efectiva de la justicia, ya que infringe lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, en cuanto que éste consigna que la impartición de justicia deberá ser de manera pronta, completa y expedita. Ante tales circunstancias, al demostrarse la transgresión del derecho a la pronta y expedita impartición de justicia (artículo 17 Constitucional) conforme al precepto 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por Azalia Beatriz Rodríguez Escamilla y Alma Guadalupe Rodríguez Escamilla, para el efecto de que la autoridad responsable actuaria adscrita a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, realice el emplazamiento de la persona moral demandada "CONEXI INTEGRALES HM DE MÉXICO", Sociedad Anónima de Capital Variable, de conformidad con el artículo 750 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo o, en su caso, manifieste la imposibilidad que tenga para ello. Asimismo, por lo que hace a los alcances por los que se otorga la protección constitucional, estos deben delimitarse en función del acto que aquí se reclamó y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro de la propia secuela procesal, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias; de ahí que la presente concesión únicamente opera por lo que hace al acto reclamado por la parte quejosa en su escrito de demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a.CV/2013(10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN LIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respecto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." SÉPTIMO. Publicación de datos personales. Toda vez que la parte quejosa, manifestó estar anuente a que se publiquen los datos personales en la sentencia dictada en el presente asunto; lo cual fue acordado favorablemente mediante auto de veintinueve de noviembre último. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las demás partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. OCTAVO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. NOVENO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Azalia Beatriz Rodríguez Escamilla y Alma Guadalupe Rodríguez Escamilla, en contra del acto consistente en la omisión de emplazar a la persona moral demandada "COMERCIALIZADORA DE MATERIAL HOSPITALARIO GOES", Sociedad Anónima de Capital Variable al juicio laboral de origen, que reclamaron a la actuaria adscrita a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por los motivos señalados en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Azalia Beatriz Rodríguez Escamilla y Alma Guadalupe Rodríguez Escamilla, en contra del acto consistente en la omisión de emplazar a la persona moral demandada "CONEXI INTEGRALES HM DE MÉXICO", Sociedad Anónima de Capital Variable al juicio laboral de origen, que reclamaron a la actuaria adscrita a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando sexto de esta resolución. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando séptimo de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando octavo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.

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