Azael Ramos Calan

Expediente 331/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
331/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
27/04/2018

Partes del expediente

  • Azael Ramos Calan

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de abril de dos mil dieciocho. Vista la certificación del Secretario que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de la Materia, en contra del acuerdo de diecisiete de abril del presente año, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo. En tal virtud, se declara que el referido proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que sin haberse decidido en lo principal, se dio por concluido y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, cinco de abril de dos mil dieciocho. Vista la constancia levantada el veintitrés de marzo del año en curso, por la actuaria de la adscripción, en la que plasmó, por los motivos que expone, no pudo notificar a la parte promovente, el requerimiento de veintidós del citado mes, SE ACUERDA: Toda vez que de la revisión de la demanda de amparo, no se aprecia un diverso domicilio donde dirigir notificaciones al promovente; por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hágasele la notificación de dicho acuerdo, así como las subsecuentes que se dicten en estos autos, incluso las que sean de carácter personal, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado; lo anterior, sin perjuicio de que eventualmente señale nuevo domicilio en esta ciudad para tales efectos o que haga la solicitud a que se refiere la fracción IV del artículo 26 de la ley de la materia. Notifíquese como corresponda y cúmplase. Mérida, Yucatán, veintidós de marzo de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por su propio y personal derecho y además como endosatario en procuración de ********************, contra el acto que reclama del Gobernador del Estado, con sede en esta ciudad, que hace consistir en: La falta de respuesta a la solicitud realizada por la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, mediante oficio 345/2018, de seis de febrero de dos mil dieciocho, en autos del expediente ********************. Al respecto, SE ACUERDA: Fórmese expediente, regístrese con el número 331/2018-VI-B y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Ahora bien, a fin de estar en aptitud de acordar sobre la admisión o desechamiento de la demanda, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 11, 108, 112 y 114, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente, para que dentro del término de cinco días hábiles contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, aclare su escrito de demanda, esto es: 1. Exhiba a este Juzgado Federal, documento idóneo que acredite la representación que tiene respecto de ********************, dado que también promueve este juicio en su calidad de endosatario en procuración, y al resultar el acreditamiento de la personalidad un requisito indispensable para que la demanda de amparo sea admitida, ello hace necesario el requerimiento que en el presente auto se efectúa. Con relación a lo anterior, debe decirse que el acreditamiento de la personalidad no es una cuestión que sólo incumba al peticionario y al juzgador de amparo o que no trascienda a la litis constitucional, sino que por el contrario, al ser uno de los requisitos de la demanda (en términos de lo dispuesto en el artículo 108 fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales), incide en la defensa de las demás partes, en la medida en que tienen derecho de conocer si quien se ostenta como sujeto de válida expresión de otro -para excitar la actividad jurisdiccional con el propósito de resolver un conflicto- efectivamente cuenta con dicha facultad, y este derecho de las demás partes a conocer el contenido del escrito de la demanda, por disposición expresa del artículo 110 de la Ley de la materia, se logra a través de las copias respectivas, carga que corresponde al propio quejoso. Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, la jurisprudencia número P./J. 43/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la contradicción de tesis número 30/90, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Único en Materia Administrativa del Primer y Tercer Circuitos respectivamente y el Segundo del Décimo Sexto Circuito, visible en la página 48, del tomo IV, del mes de julio de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto señalan: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." De igual forma resulta aplicable, la Jurisprudencia número 37/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la contradicción de tesis número 9/2000, entre las sustentadas por el Séptimo y Octavo Tribunales Colegiados, ambos en Materia del Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 125, del tomo XIII, del mes de abril del año dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época que a la letra dice: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO INDIRECTO. ES APLICABLE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO AL ESCRITO ACLARATORIO QUE LA ACREDITA. De lo dispuesto por la jurisprudencia número P./J. 43/96 de este Tribunal Pleno, de rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.", así como de la ejecutoria que la originó se infiere, por una parte, que el Juez de Distrito debe pronunciarse indefectiblemente sobre la personalidad del promovente cuando provee acerca de la demanda y, si no está acreditada, se encuentra obligado a prevenirlo, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo y, por otra parte, que el acreditamiento de dicha personalidad no es una cuestión que únicamente incumba al peticionario y al juzgador de amparo, o que no trascienda a la litis constitucional sino que, por el contrario, al ser uno de los requisitos de la demanda (en términos de lo dispuesto en el artículo 116, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales), incide en las defensas de las demás partes, en la medida en que tienen derecho de conocer si quien se ostenta como sujeto de válida expresión de otro, para excitar la actividad jurisdiccional con el propósito de resolver un conflicto, efectivamente cuenta con dicha facultad, y este derecho a conocer el contenido del escrito de la demanda, por disposición expresa del artículo 120 de la ley de la materia, se logra a través de una copia del referido ocurso, carga que corresponde al propio quejoso, debiendo entenderse que si dicha personalidad no la acredita el peticionario del amparo con el escrito inicial de demanda, sino que la comprueba con el escrito aclaratorio, es indiscutible que debe exhibir copias de este escrito, en el número previsto en el artículo 120 de la Ley de Amparo." 2. Bajo protesta de decir verdad, precise si los hechos o abstenciones que relaciona en la demanda de amparo que señala como antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, los hace bajo protesta de decir verdad, ya que carece de ese requisito formal; pues del escrito de demanda, se advierte que hace mención a los requisitos que prevé el artículo 166 de la Ley de Amparo y no al 108 que rige la vía indirecta. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia número P./J. 127/99, visible en la página 32, del Tomo X, Noviembre de 1999, Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas." Así como la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Cuarto Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Agosto de 1999, Materia(s): Común, Tesis: IV.3o.A.T.24 K, Página: 717 y Registro: 193508, que dice: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE ÚNICAMENTE POR PLANTEARSE COMO AMPARO DIRECTO, SI CUMPLE CON LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO. El hecho de que la demanda de amparo indirecto, se hubiere planteado cumpliendo con los requisitos que el artículo 166 de la Ley de Amparo contempla para la procedencia de la demanda de amparo directo, no trae como consecuencia necesaria que se requiera su aclaración por el Juez de Distrito, al considerarse que la vía correcta es la indirecta, si cumple la petición de garantías, con las exigencias del diverso numeral 116 del mismo cuerpo de leyes, y no existen irregularidades u omisiones en la misma". 3. Proporcione el domicilio del tercero interesado ********************, a fin de emplazarlo a juicio. Lo anterior, ya que, como se ve, el promovente no es ajeno al juicio natural, por lo que está en aptitud de proporcionar la información que se le pide. Asimismo, hágase saber a la parte impetrante, que de igual forma deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio de demanda y anexos que adjunte, para cada una de las partes en este asunto, en razón de que será parte integrante de la misma, en términos de lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley de Amparo y con apoyo en la Tesis Jurisprudencial 36/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la contradicción de tesis 9/2000, entre las sustentadas por el Séptimo y Octavo Tribunales Colegiados, ambos en Materia del Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 79, del Tomo XIII, del mes de abril, del año dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, misma que no se contrapone a las nuevas disposiciones de la actual legislación de la materia, cuyo rubro es del tenor literal: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." Se hace el apercibimiento a la parte promovente que de no cumplir con lo anterior, se tendrá por no presentada la demanda de amparo; lo anterior, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala para tal fin en su demanda de amparo y como autorizado para tales efectos, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, y los demás en forma restringida, hasta que acrediten estar debidamente autorizados para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho, debiendo no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización, si no proceder a su registro en los términos establecidos en el Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobado en sesión de veintinueve de junio de dos mil cinco, que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Como solicita el quejoso, de conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Por último, fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Notifíquese personalmente.

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