Azael Ramos Calan

Expediente 798/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 22 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
798/2018
Año
2018
Actuaciones
22
Última actuación
27/05/2019

Partes del expediente

  • Azael Ramos Calan

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, se acuerda: agréguense a este expediente para los efectos legales que correspondan, el oficio y el anexo de cuenta del Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, que remite en relación con el cumplimiento de la sentencia ejecutoria dictada en este juicio, sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento al respecto, en virtud de que el diecisiete de mayo en curso, se declaró cumplido el fallo protector y se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto y la cuenta que antecede, se aprecia que mediante proveído de ocho de mayo en curso, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada con lo informado por la autoridad responsable y la vinculada en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna en el término concedido para tal efecto, este juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La notificación del acuerdo de mérito se realizó personalmente a ambas partes, siendo al quejoso el nueve de mayo actual, mientras que a los terceros interesados Gabriel Antonio Cruz y Dzul y Roberto del Carmen Cruz y Dzul, el diez siguiente, sin que a la fecha hubieran hecho manifestación alguna al respecto. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días hábiles que les fue otorgado, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable y la vinculada, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En sentencia dictada el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, en el primer punto resolutivo se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, con sede en esta capital, para el efecto siguiente: "...que el Gobernador Constitucional de esta entidad, de inmediato, acuerde lo conducente respecto del auxilio de la fuerza pública que le fue solicitado por la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y lo haga del conocimiento del aquí quejoso." Inconformes con dicha sentencia los terceros interesados Gabriel Antonio Cruz y Dzul y Roberto del Carmen Cruz y Dzul, interpusieron recurso de revisión. Posteriormente, mediante ejecutoria de fecha veinte de marzo de dos mil diecinueve, el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, confirmó la resolución recurrida. El veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, se tuvo por recibida dicha ejecutoria y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. A fin de cumplir con la sentencia de amparo, la Delegada del Gobernador Constitucional del Estado, mediante misiva relacionada en proveído de veintiséis de abril último, comunicó que por oficio de dos de octubre de dos mil dieciocho el titular del ejecutivo estatal acordó lo conducente respecto a la solicitud que le hizo el Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, ordenando al Secretario de Seguridad Pública del Estado que de inmediato proporcionara el auxilio de la fuerza pública a su cargo y en las condiciones que fueron requeridas (fojas 260 a 262). Determinación que conforme a lo ordenado en la ejecutoria de amparo, hizo del conocimiento del quejoso, según se advierte de la constancia de notificación que obra al reverso de la copia certificada del oficio de dieciséis de abril pasado que la responsable remitió (foja 262). Y, en el propio auto de veintiséis de abril último, por los motivos ahí expuestos, conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo se vinculó al cumplimiento de la ejecutoria al Secretario de Seguridad Pública del Estado, quien a través del director jurídico de la dependencia a su cargo, mediante oficio relacionado en auto de ocho de mayo en curso, informó que programó las diez horas con treinta minutos del veintidós de mayo actual para que con auxilio de la fuerza pública tenga verificativo la diligencia ordenada por el referido juez en el expediente natural (fojas 272 a 274). En tales condiciones, como se advierte de las constancias remitidas, el Gobernador Constitucional acordó lo conducente respecto del auxilio de la fuerza pública que le fuera solicitado por la juez del conocimiento y lo hizo del saber del quejoso, mientras que el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado programó la fecha y hora para que con el apoyo de la fuerza pública se llevara a cabo la diligencia ordenada, lo que así realizaron y acreditaron. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la ley de la materia, se advierte que las nombradas autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de ahí que se consideren destruidos los actos que se les atribuyeron, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo. Por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este Tribunal, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el Libro de Gobierno respectivo, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan estos autos, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes, el oficio signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con residencia en esta ciudad, y anexo que acompaña, que remite en relación con el cumplimiento de la sentencia pronunciada en este juicio. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y a la parte tercero interesada con el oficio de cuenta y con el diverso CJ/DCLP/OD/264/2019 de la Delegada del Gobernador Constitucional del Estado, glosado en autos (foja 260), por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la legal notificación de este acuerdo, para que manifiesten lo que a sus derechos convenga. Apercibidos que de no hacerlo dentro del plazo que para tal fin se les confiere, este Juzgado Federal resolverá lo conducente sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por la autoridad responsable y la vinculada. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a la parte tercero interesada y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, dos de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, se acuerda: agréguense a este expediente para los efectos legales que correspondan, el oficio y el anexo de cuenta del Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. Que remite en relación con el cumplimiento de la sentencia ejecutoria dictada en este juicio, del que se advierte que el mismo se encuentra en vías de ejecución. Notifíquese y cúmplase.

Quedan 18 actuaciones en este expediente

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