Ausencio Aguilar Solórzano
Expediente 714/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 714/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ausencio Aguilar Solórzano
Actuaciones
- Principal
POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. PARTE TERCERO INETERSADO REALIZA MANIFESTACIONES Visto el escrito signado por Víctor Manuel Herrejón Gutiérrez, apoderado del tercero interesado Óscar Alejandro Zacarías, atento a su contenido, téngasele por hechas las manifestaciones a que hace referencia. SE LEVANTA LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO En consecuencia, como lo solicita, con fundamento en el artículo 16, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se levanta la suspensión del procedimiento de este juicio, por lo cual se fijan las DIEZ HORAS DEL ONCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional. SE HACE REQUERIMIENTO Así mismo, se requiere a la Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, y a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, ambos con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos la legal notificación de este auto, informen a este Juzgado Federal si denunciaron la sucesión intestamentaria a bienes de Ofelia Herrejón Fraga, o si tienen conocimiento de que alguna persona la denunció y por tanto se encuentre en trámite algún juicio sucesorio, de ser así, deberá hacer saber ante cuál autoridad jurisdiccional y con qué número se encuentra radicado, así como el estado procesal en el cual se encuentre y el nombre y domicilio de la albacea. Con independencia de lo anterior, hágasele saber al Fisco del Estado, el fallecimiento de la quejosa Ofelia Herrejón Fraga, asimismo se le requiere para que en el mismo término antes mencionado manifieste si dicha institución realizó la denuncia de la sucesión a bienes de la referida amparista y de ser así, manifieste si conoce el nombre y domicilio de la respectiva albacea de la sucesión. Es de invocarse la tesis siguiente: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2020983 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Constitucional, Civil Tesis: I.3o.C.375 C (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo III, página 2420 Tipo: Aislada JUICIO SUCESORIO. LA NOTICIA DE LA MUERTE DE UNA PERSONA PARA SU APERTURA PUEDE PROVENIR DE CUALQUIER FUENTE, INCLUSO, DE LA DENUNCIA DE UNA AUTORIDAD JURISDICCIONAL QUE HAYA TOMADO CONOCIMIENTO DE ESE HECHO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, CUANDO ÉSTA CONSTITUYA UNA MEDIDA NECESARIA PARA GARANTIZAR EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). De conformidad con lo dispuesto en los artículos 769, 771, 772 y 836 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, cuando un tribunal, con motivo de sus funciones, tenga conocimiento de la muerte de una persona cuya sucesión deba intervenir en un juicio y, aparentemente, no cuente con una representación para tal efecto, debe comunicar la defunción al Juez familiar competente, a fin de que éste, en su caso, pueda designar al albacea o interventor facultado para representar judicialmente los intereses de la sucesión. Ello es así, en virtud de que la noticia de la muerte de una persona, para efectos de la apertura de un juicio sucesorio puede provenir de cualquier fuente, incluso, de la denuncia de una autoridad jurisdiccional que haya tomado conocimiento de ese hecho en el ejercicio de sus funciones. Lo anterior cobra especial relevancia cuando la denuncia de la sucesión constituya una medida necesaria para garantizar el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, tanto de la propia sucesión como de la persona que haya de litigar en su contra. Esto, conforme al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la propia Carta Maga y en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de junio de dos mil veintitrés. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. SE RECIBE DEMANDA. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida ********************, por propio derecho, contra actos del Magistrado de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y otra, con residencia en esta ciudad. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO De la lectura de la demanda se desprende que el acto reclamado consiste en: ESTE JUZGADO DE DECLARA INCOMPETENTE PARA CONOCER DE LA DEMANDA PLANTEADA Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, considera carecer de competencia legal para conocer de la demanda de que se trata, conforme a lo dispuesto por el artículo 37, de la Ley de Amparo, como se pondrá de manifiesto a continuación. El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De lo anterior se desprende, que el precepto legal transcrito, establece tres hipótesis para que se surta la competencia en favor de los Juzgados de Distrito, mismas que son las siguientes: a) La primera, refiere a la competencia que tiene el juez de Distrito, en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) La segunda, establece que si el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, c) La tercera, contempla que es competente el juez de Distrito, donde se haya presentado la demanda, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material. En ese sentido, cabe hacer notar que de acuerdo a sus efectos existen tres tipos de sentencias: De condena. Declarativas. Constitutivas La primera de dichas resoluciones (de condena), conlleva por sí misma una ejecución, entendiéndose por ésta, aquélla actividad de adecuación del entorno fáctico a la exhortación judicial; la actividad del órgano jurisdiccional tendente a poner en marcha un aparato coactivo, capaz de llevar a efecto los términos de sus resoluciones, incluso prescindiendo de la voluntad del obligado. Así, una decisión jurisdiccional implica un principio de ejecución material, cuando sea necesaria la realización efectiva del mandato jurídico, a través de un conjunto de actos judiciales dirigidos a ese fin, a efecto de que lo ordenado por el juzgador encuentre reflejo material en la realidad. La sentencia de condena es aquélla en que por una parte se declara un derecho a alguna de las partes, el que precisa ser puesto en práctica a través de una ejecución; es decir, reconoce la existencia de un derecho, que puede consistir en una prestación de dar, hacer o no hacer, y por otra parte ordena una ejecución forzosa dentro de un plazo determinado, haciendo efectivo el derecho declarado, en contra de la parte condenada. En cambio, la segunda y tercera resoluciones que se clasifican (declarativas y constitutivas), carecen de ejecución material, ya que no requieren la realización de acto alguno posterior a la declaración o constitución del derecho obtenido por la parte interesada. De esa forma, se entiende por sentencia declarativa, aquella que únicamente tiene por objeto declarar la existencia o inexistencia de un derecho, sin que implique crear, modificar o extinguir una relación o situación jurídica en favor de determinada persona, ni mucho menos imponer condena alguna que traiga aparejada ejecución. En cambio, las sentencias constitutivas, son aquéllas que crean, modifican o extinguen una determinada relación, situación o estado jurídico, cuyos efectos se extienden hacia el futuro. Se caracterizan porque con ellas nace una nueva situación jurídica que determina la aplicación de nuevas normas de derecho, por ende, al igual que la sentencia declarativa, por regla general, no requiere ejecución, pues sus eventuales efectos, si bien derivan de la propia sentencia que crea, modifica o extingue la relación o situación jurídica correspondiente, ya no forman parte de un procedimiento de ejecución por parte del tribunal, sino del actuar o gestión propia del vencedor. De donde se colige que, la determinación de alzada, no es meramente declarativa, pues dicha sentencia de apelación tiene una ejecución material simultáneamente en dos ámbitos territoriales iguales, uno donde guarda reclusión el quejoso (Uruapan, Michoacán), y otro donde se instruye la causa penal (Uruapan, Michoacán); sin embargo, atendiendo a la naturaleza del auto a vinculación a proceso, sus efectos se trasladan al proceso, y por ello, se actualiza la primera de las hipótesis que contempla el artículo 37 de la Ley de Amparo; y que la competencia para conocer de la demanda se surte a favor de un Juez de Distrito en turno en el Estado de Michoacán, con sede Uruapan. Lo anterior se considera de esa manera, si se atiende a que, en la especie, se reclama la sentencia dictada dentro del toca penal XI-47/2023, por el Magistrado de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, mediante la cual se confirmó el auto de vinculación a proceso dictado por Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región Uruapan, Michoacán; y que la referida determinación que se pretende combatir, tiene ejecución material en dos ámbitos territoriales iguales, como ya explicó de tal forma que al trasladarse los efectos directamente al proceso y en donde se encuentra recluido, es ahí donde tiene su principal impacto y repercusión, y por tanto, es competente para conocer de la demanda, el Juez de Distrito del lugar en donde resida el juez de la causa y en donde se encuentra recluido el ahora quejoso. Tiene aplicación sobre el particular, la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 160608 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3 Materia(s): Común, Penal Tesis: 1a./J. 118/2011 (9a.) Página: 2183 COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad. Contradicción de tesis 187/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito. 24 de agosto de 2011. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Rosalba Rodríguez Mireles. Tesis de jurisprudencia 118/2011. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha cinco de octubre de dos mil once. Consecuentemente, como en la especie se actualiza la primera hipótesis a que alude el artículo 37 de la Ley de Amparo, para determinar que la competencia para conocer de la demanda de garantías que se analiza, se surte en favor del Juez de Distrito en turno en el Estado de Michoacán, con sede Uruapan, puesto que, como ya quedó evidenciado, la resolución que confirma el auto de vinculación a proceso, tiene ejecución material, la que tendrá lugar Uruapan, Michoacán, atento a que el promovente se encuentra a disposición del Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región Uruapan, Michoacán, lugar que, de conformidad a lo establecido por el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado en sesión ordinaria de veintitrés de enero de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de ese año, queda comprendido entre aquellos municipios en los que ejercen tienen sus residencia y ejercen jurisdicción los juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en turno en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan; lo anterior, no obstante que el quejoso refiera, se encuentra recluido en el Centro de Readaptación Social de esta ciudad. SE ORDENA REMITIR LA DEMANDA DE AMPARO AL JUEZ COMPETENTE En consecuencia, sin proveer sobre la admisión de la demanda, ni de la suspensión del acto reclamado, por no tratarse de alguno de los actos previstos en el artículo 48, de la Ley de Amparo, se ordena remitir la demanda de amparo y copias relativas, al Juez de Distrito en turno en el Estado de Michoacán, con sede Uruapan, que se considera competente, previo cuaderno de antecedentes que se forme con copia de la misma; con la atenta súplica de acusar el recibo correspondiente e informar acerca de lo que provea, referente a la competencia planteada. Las tesis o criterios jurisprudenciales que aparecen citados, se invoca aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. SE GIRA EXHORTO PARA NOTIFICAR AL QUEJOSO. Ahora, de la literalidad de la demanda se advierte que el quejoso se encuentra actualmente recluido en el Cereso Eduardo Ruiz de Uruapan, Michoacán, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el citado artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado, con residencia en Uruapan, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, se sirva comisionar al Actuario de su adscripción, para que se constituya en dicho centro, y notifique al quejoso el contenido del presente proveído. Se faculta al Juez exhortado para que en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, en caso de ser necesario, habilite días y horas inhábiles a efecto de que realice la diligencia. Hecho que sea deberá devolver la citada comunicación oficial adjuntando las constancias que acredite su cumplimiento. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Por otra parte, en atención a lo asentado en la certificación secretarial de cuenta, se tiene a la parte quejosa designando como autorizado, en términos del artículo 12 de Ley de Amparo a ********************; y solo se le tiene como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a ********************, dado que después de haber realizado una búsqueda en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no se encontró registro de las cédula profesional que acredite que se encuentra facultado para ejercer la profesión de licenciados en Derecho. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO. Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos en días hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de Trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE POR EXHORTO. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Erg.
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