Ava Villar Chávez
Expediente 1208/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1208/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 16/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ava Villar Chávez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA, JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe declara abierta la audiencia: Secretario, dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo V-1208/2023, promovido por ********************, por conducto de su apoderada Ava Villar Chávez, contra actos del Delegado en Michoacán, del Registro Agrario Nacional con sede en esta ciudad; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: a) El Encargado de Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en Michoacán. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Ahora, no pasa inadvertido que no ha transcurrido el plazo de ocho días que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, con la vista del informe justificado rendido por la autoridad responsable, pues en el caso no existe fin práctico que pudiera desfavorecer a la parte quejosa, ya que no se advierte que la presente resolución, una vez transcurrido el mismo le genere perjuicio, ya que en esta fecha o en aquélla el contenido del informe justificado permite establecer que el sentido sería el mismo. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la parte quejosa adjuntó documentales al libelo constitucional; medios de convicción que se tienen por admitidos y desahogados en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. EL JUEZ: Téngase por hecha tal relación de pruebas y al no existir pruebas que desahogar, se declara abierto el período de alegatos. Secretario, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que EL Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional formuló manifestaciones mediante escrito de alegatos 844/2023. EL JUEZ: Se tienen por formulados los alegatos de la representante social adscrita; y, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo V-1208/2023, promovido por ********************, por conducto de su apoderada Ava Villar Chávez, contra actos del Delegado en Michoacán, del Registro Agrario Nacional con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito depositado el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y remitido el mismo día por razón de turno, a este Juzgado Federal, ********************, por conducto de su apoderada Ava Villar Chávez, promovió demanda de amparo indirecto contra el Delegado en Michoacán, del Registro Agrario Nacional con sede en esta ciudad. La parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 8° y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Mediante proveído de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, se registró con el número de expediente V-1208/2023; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; y, se dio la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. En el mismo proveído se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que fue celebrada en términos de la presente actuación; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad su entrada en vigor. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Toda vez que se reclama un acto formal y materialmente administrativo cuya ejecución acontece dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano federal con competencia mixta ejerce su jurisdicción. TERCERO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas al sumario, se obtiene que el acto reclamado consiste en: La omisión de dar respuesta a la solicitud 16220016509 presentada el catorce de septiembre de dos mil veintidós, ante el Registro Agrario Nacional en el Estado, con sede en esta ciudad, en las que solicitó el servicio denominado "TRANSMISIÓN DE DERECHOS POR SUCESIÓN. INSCRIPCIÓN". CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Por otro lado, del contenido del informe justificado rendido por el Encargado del Despacho del Registro Agrario Nacional en el Estado, Michoacán, con sede en esta ciudad, se advierte que expresamente aceptó la existencia de las omisiones reclamadas. Por su aplicación, es de invocarse la jurisprudencia, del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza de que se habla se corrobora con las documentales aportadas por el quejoso. Documentales públicas que se valoran en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2. De modo que la parte quejosa acreditó fehacientemente la presentación de la solicitud mencionada ante la autoridad responsable, sin que ésta hubiere allegado alguna documental con la que acreditada que efectivamente dio contestación y la notificó. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."; esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. Sin embargo, de autos no se obtiene que se actualice alguna causa de improcedencia prevista por la ley de la materia, ni las partes alegaron lo anterior; por lo que se impone, es abordar el estudio del fondo del asunto. SEXTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La parte promovente del amparo expresó como concepto de violación el que se encuentra contenido en su escrito inicial de demanda, mismo que se tiene por reproducido sin necesidad de transcribirlo pues no existe precepto legal alguno en la Ley de Amparo que establezca tal obligación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 50/2010, la cual es del siguiente tenor: "Tesis: 2a./J. 58/2010 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 164618 Segunda Sala Tomo XXXI, Mayo de 2010 Página 830 Jurisprudencia (Común) "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. " SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. El único concepto de violación que hace valer la parte quejosa es fundado y suficiente para acceder a la protección constitucional solicitada, por los motivos que a continuación se expondrán: En efecto, en su primer concepto de violación, el quejoso aduce que la omisión por parte del Registro Agrario Nacional, Delegación Michoacán, con sede en esta ciudad, dar seguimiento a la solicitud 16220016509 presentada el catorce de septiembre de dos mil veintidós, ante el Registro Agrario Nacional en el Estado, con sede en esta ciudad, en las que solicitó el servicio denominado "TRANSMISIÓN DE DERECHOS POR SUCESIÓN. INSCRIPCIÓN", vulnera en su perjuicio su derecho de petición consagrado en el artículo 8° de la Constitución Federal. Lo anterior en consideración a que conforme a lo dispuesto en el artículo 52, último párrafo, del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, la responsable contaba con un plazo máximo de sesenta días para emitir el acuerdo correspondiente; sin embargo han transcurrido aproximadamente más de un año desde la fecha de su solicitud, sin que le hubiese emitido la respuesta correspondiente; y, por ende notificado lo que haya recaído a tal solicitud. Lo anterior, como ya se dijo, es fundado, por los motivos que a continuación se expondrán. El artículo 8° Constitucional establece: "Artículo 8º. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". Del normativo antes transcrito, se desprende que es un deber ineludible de los funcionarios y empleados públicos dar respuesta a las peticiones que por escrito, de manera pacífica y respetuosa les formule todo gobernado, por ser éstos los titulares de la potestad jurídica del derecho de petición conferido por el dispositivo constitucional en comento, obligación que debe satisfacerse mediante un acuerdo escrito que se dé a conocer en breve término al peticionario. Ciertamente, el derecho de petición previsto en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece dos requisitos formales que toda autoridad debe observar a fin de cumplir íntegramente con la garantía en él consagrada, a saber: Dictar el acuerdo correspondiente; y, Comunicarlo en breve término al interesado conforme a las disposiciones legales que rigen el acto. Requisitos que las autoridades señaladas como responsables deben demostrar fehacientemente haber cumplido, para poder estimar satisfecha la garantía de que se trata. Por su parte, los artículos 22, fracción III, inciso i), 51, 52, 60 y 62 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional estipulan: "Artículo 22. Las Delegaciones tendrán las siguientes atribuciones: (.) III. Calificar e inscribir: (.) i) La transmisión de derechos ejidales o comunales por sucesión, la enajenación de derechos parcelarios y la cesión de derechos sobre tierras de uso común; (.) Artículo 51. El Registro garantizará en sus procedimientos registrales que se salvaguarden en lo conducente, los principios registrales de rogación, buena fe, legalidad, prelación, tracto sucesivo, celeridad y publicidad. El procedimiento registral inicia con la presentación de la solicitud en las Delegaciones o en los Centros de Atención que correspondan, debiéndose invariablemente registrar el número de entrada progresivo, fecha y hora para los efectos legales correspondientes, atendiendo a los Manuales de procedimientos que correspondan. Artículo 52. Los registradores examinarán bajo su responsabilidad, cada uno de los documentos y actos jurídicos que en ellos consten, para determinar si los mismos reúnen los requisitos de forma y fondo exigidos por la normativa que los rija, con el fin de garantizar los principios de legalidad y certeza jurídica. El registrador deberá cerciorarse de que no se ha presentado con anterioridad documento alguno que contenga actos inscribibles que se opongan al que se solicita. El Registrador no calificará la legalidad de las sentencias o resoluciones presentadas a inscripción, pero si a su juicio existe alguna imposibilidad material o legal por la que ésta no pueda practicarse, pondrá el caso en conocimiento del Delegado y del Director General de Asuntos Jurídicos, para que por su conducto se dé cuenta a la autoridad ordenadora; si a pesar de ello ésta insiste en que se cumpla su mandato, se procederá conforme a lo ordenado, tomándose razón del hecho en el asiento correspondiente. Las calificaciones positivas o negativas deberán producirse en un plazo que no excederá de sesenta días naturales, contado a partir de la fecha de presentación de la documentación de que se trate. Será positiva cuando resuelva autorizar la inscripción solicitada y será negativa cuando resuelva denegar el servicio registral. (.)" "Artículo 60. Las prevenciones y las calificaciones registrarles negativas deberán ser notificadas al interesado en los términos señalados en el Capítulo VII de este Reglamento. (.)" "Artículo 62. Las notificaciones se podrán realizar: Al interesado, representante legal o autorizado para oír notificaciones, sí se presentan en las oficinas del Registro; Por correo certificado con acuse de recibo, si se señala domicilio; Por correo electrónico, si se señala como medio para recibir notificaciones; Por edicto publicado en uno de los periódicos de mayor circulación de la Entidad Federativa de que se trate, o en el Diario Oficial de la Federación cuando transcurridos más de tres meses sin que el promovente se haya dado por notificado de la resolución que corresponda o se ignore el domicilio de la persona que se vaya a notificar, y A través de la Procuraduría Agraria cuando el promovente haya autorizado a ésta en su solicitud de trámite. (.)" De los preceptos reproducidos se desprende, para lo que al caso interesa, lo siguiente: El procedimiento registral, inicia con la presentación de la solicitud en las Delegaciones o en los Centros de Atención que correspondan, al que se asignará un número de entrada progresivo, así como la hora y fecha de ésta. Las calificaciones positivas o negativas deberán producirse en un plazo que no excederá de sesenta días naturales, contado a partir de la fecha de presentación de la documentación de que se trate. Será positiva cuando resuelva autorizar la inscripción solicitada y será negativa cuando resuelva denegar el servicio registral. Siendo dicho término de sesenta días naturales aplicable al trámite que se reclama en esta instancia constitucional, contrario a lo que aduce la responsable, pues únicamente es correcto que sostenga que la autoridad responsable no puede calificar la legalidad de las sentencias o resoluciones presentadas a inscripción, empero la calificación que se refiere ese numeral concierne a que la autoridad registral solamente examine cada uno de los documentos y actos jurídicos que en ellos consten, para determinar que los solicitantes hayan cumplido con los requisitos requeridos para el trámite que gestionen. De ahí que, el término de sesenta días naturales para emitir la calificación del trámite denominado "TRANSMISIÓN DE DERECHOS POR SUCESIÓN. INSCRIPCIÓN", sea aplicable para que la autoridad en ese lapso emita una respuesta. Tratándose de prevenciones y las calificaciones registrarles negativas deberán ser notificadas: Al interesado, representante legal o autorizado para oír notificaciones, si se presentan en las oficinas del Registro; Por correo certificado con acuse de recibo, si se señala domicilio; Por correo electrónico, si se señala como medio para recibir notificaciones; Por edicto publicado en uno de los periódicos de mayor circulación de la Entidad Federativa de que se trate, o en el Diario Oficial de la Federación cuando transcurridos más de tres meses sin que el promovente se haya dado por notificado de la resolución que corresponda o se ignore el domicilio de la persona que se vaya a notificar, y A través de la Procuraduría Agraria cuando el promovente haya autorizado a ésta en su solicitud de trámite. En la especie, para acreditar su interés jurídico en el presente juicio, el requirente constitucional ******************** acompañó a su libelo constitucional, el cotejo notarial del acuse de recibo de solicitud de trámite 16220016509 presentada el catorce de septiembre de dos mil veintidós, ante el Registro Agrario Nacional en el Estado, con sede en esta ciudad, en las que solicitó el servicio denominado "TRANSMISIÓN DE DERECHOS POR SUCESIÓN. INSCRIPCIÓN" y en el que se encuentra estampado el sello con la fecha mencionada. Anteriores constancias con la que se encuentra acreditado que el peticionario de amparo ejerció el derecho de petición que consagra el artículo 8º Constitucional, pues realizó sus solicitudes ante la Delegación Estatal en Michoacán del Registro Agrario Nacional, en esta ciudad; cumpliendo esta última con lo dispuesto en el artículo 51, párrafo segundo del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, pues a dicha solicitud le asignó el número 16220016509, para su correspondiente seguimiento. Ahora, el encargado del Despacho de la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, adujo medularmente que en el procedimiento administrativo que concierne a las solicitudes que se reclaman en esta instancia constitucional, participan diversas áreas de la Delegación Estatal; y, que los trámites se encuentran en el área correspondiente para su debida atención. En ese contexto, se advierte la vulneración al no haberse producido calificación positiva o negativa en el plazo de sesenta días naturales, contado a partir del catorce de septiembre de dos mil veintidós -fecha en que se presentó la documentación-, en la solicitud de atención 16220016509; es evidente la dilación que existe en el trámite administrativo, pues ha transcurrido un término excesivo para que la autoridad responsable emita la calificación positiva o negativa que legalmente correspondía en el plazo de sesenta días naturales siguientes a la presentación de la documentación. Entonces, es evidente que la responsable inobservó lo establecido en el artículo 8° de la Carta Magna, en cuanto refiere al derecho de petición, el cual para observarlo cabalmente se hace indispensable, hacer saber en breve término al peticionario la respuesta dada a la solicitud formulada. Sobre el particular se invoca, la jurisprudencia número 2a./J.98/2004, que a la letra reza: "DERECHO DE PETICIÓN. PARA EXIGIR A LA AUTORIDAD QUE DÉ A CONOCER SU RESOLUCIÓN AL PETICIONARIO EN BREVE TÉRMINO, ES NECESARIO QUE ÉSTE SEÑALE DOMICILIO PARA TAL EFECTO. Conforme al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo gobernado tiene la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad, formulando una solicitud escrita que puede tener el carácter de simple petición administrativa, acción, recurso o cualquier otro, y ante ella las autoridades están obligadas a dictar un acuerdo escrito que sea congruente con dicha solicitud, independientemente del sentido y términos en que esté concebido. Ahora bien, además de dictar el acuerdo correspondiente a toda petición, el referido precepto constitucional impone a la autoridad el deber de dar a conocer su resolución en breve término al peticionario; para cumplir con esta obligación se requiere el señalamiento de domicilio donde la autoridad pueda notificarla al gobernado, de ahí que cuando se omite señalar dicho domicilio podrá alegarse que el órgano del Estado no dictó el acuerdo correspondiente, mas no que incumplió con la obligación de comunicarle su resolución en breve término, pues si bien la falta de señalamiento de domicilio no implica que la autoridad pueda abstenerse de emitir el acuerdo correspondiente, estando obligada a comprobar lo contrario ante las instancias que se lo requieran, así como la imposibilidad de notificar su resolución al promovente, tampoco significa que deba investigar el lugar donde pueda notificar la resolución, ya que el derecho del particular de que la autoridad le haga conocer en breve término el acuerdo que recaiga a su petición, lleva implícita su obligación de señalar un domicilio donde esa notificación pueda realizarse." Así como el diverso el criterio sustentado por la anterior Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, que es del tenor literal siguiente: "PETICIÓN, DERECHO DE. NOTIFICACIONES QUE DEBEN HACERSE DE LOS ACUERDOS QUE RECAEN A LAS SOLICITUDES. SU PRUEBA. El amparo que se pide porque la autoridad responsable no proveyó y contestó determinada solicitud, debe concederse al quejoso, aunque dicha responsable acredite con un anexo de su informe que proveyó a ese escrito, si no demuestra haber notificado el proveído o acuerdo que al respecto hubiere dictado, y no es de considerarse que la falta de aquella notificación se subsana con el informe justificado, en virtud de que no existe algún precepto legal que autorice a las autoridades responsables a reparar la violación de garantías en que incurran, mediante tal informe. Por tanto, el artículo 8o. constitucional debe cumplirse no sólo proveyendo el escrito o solicitud respectivo, sino también haciendo conocer el proveído personalmente y en breve término, al interesado para que a partir de esa fecha pueda hacer valer las defensas que considere oportunas.". De lo anterior resulta evidente que la responsable transgredió en perjuicio de la quejosa, la garantía prevista por el artículo 8º de la Constitución Federal, dado que, si ésta acreditó que ejerció el derecho de petición que consagra el citado precepto constitucional, pues de manera pacífica y respetuosa realizó sus solicitudes de trámite ante la responsable Delegación Estatal en Michoacán del Registro Agrario Nacional, en esta ciudad, a la que incluso se le asignó número de folio. Entonces aquélla autoridad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, estaba obligada a dar respuesta y a notificarle al quejoso. Sin embargo, es el caso que la autoridad responsable en cita, refirió en su informe justificado, que en el procedimiento administrativo que concierne a las solicitudes que se reclaman en esta instancia constitucional, participan diversas áreas de la Delegación Estatal; que los trámites se encuentran en el área correspondiente para su debida atención; y, que hay una excesiva carga de trabajo; de ahí que la responsable no haya dado cabal respuesta a la solicitud del requirente constitucional. Ahora, no se soslaya que conforme el artículo 52, último párrafo, del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, la responsable contaba con un plazo máximo de sesenta días para emitir el acuerdo correspondiente; y, de acuerdo con el diverso numeral 62, fracción I, del referido reglamento dispone que la notificación de la respuesta que recaiga a un trámite registral podrá notificarse en la propia Delegación del Registro Agrario Nacional a la interesada, representante legal o autorizado para recibir notificaciones y que de las constancias que obran en autos se desprenda que la autoridad responsable no ha emitido las respuestas concernientes a las solicitudes que reclama en esta instancia constitucional; y, por ende, tampoco ha notificado lo relativo. De ahí que al no haber emitido la respuesta a la solicitud que se reclama en este juicio, entonces la autoridad responsable transgredió en perjuicio de ésta, el derecho de petición consagrado en el artículo 8º Constitucional. Sirven de apoyo a lo antes expuesto, en lo conducente, las tesis pronunciadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que a la letra rezan: "PETICION, DERECHO DE. A LA AUTORIDAD CORRESPONDE LA PRUEBA DE QUE DICTÓ LA RESOLUCIÓN A LO SOLICITADO Y LA DIO A CONOCER AL PETICIONARIO.- La sola negativa de los actos reclamados por la autoridad responsable, tratándose de la violación al artículo 8° constitucional, fundada en que dio respuesta a la solicitud formulada por el quejoso, no es bastante para tenerlos por no ciertos, en virtud de que, dada la naturaleza propia de los actos reclamados, habiendo reconocido que se le formuló una solicitud por escrito, le corresponde a la propia autoridad demostrar el hecho positivo de que sí hubo la contestación respectiva, exhibiendo la resolución recaída a la petición y la constancia de que se hizo del conocimiento del peticionario, sin que sea admisible arrojar sobre éste la carga de un hecho negativo, como lo es el de que no hubo tal contestación"; "PETICIÓN. PRUEBA DE LA NOTIFICACIÓN.- El artículo 8° constitucional establece que las autoridades están obligadas a dictar acuerdo escrito a toda petición que se les hubiera dirigido en términos pacíficos y respetuosos y que, además, están obligadas a hacer conocer en breve término al peticionario, el acuerdo citado, así que, es necesario que las autoridades demuestren en autos que el acuerdo que hubieren dictado se hizo del conocimiento del solicitante. Si en el juicio de garantías las responsables afirman que ya se hizo una notificación, deben probarlo, atento el principio general de derecho en el sentido de que quien afirma está obligado a probar la certeza de su aseveración." Consecuentemente, al resultar fundado el concepto de violación que se analiza, procede conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita, para el efecto de que una vez que cause ejecutoria la presente resolución, el titular de la Delegación en el Estado de Michoacán, del Registro Agrario Nacional: Emita la respuesta respecto de la solicitud de atención con número de folio 16220016509, presentadas ante la autoridad responsable el catorce de septiembre de dos mil veintidós. En la inteligencia de que tal concesión no vincula a la autoridad a emitir alguna respuesta en determinado sentido, sino únicamente a dar contestación a la solicitud planteada; y, Notifique al quejoso ********************, la determinación que recayó a su solicitud con número de folio 16220016509, en el domicilio que señaló en su solicitud, siendo el ubicado en Avenida de la Pradera, número 478 del Fraccionamiento Campestre Tarímbaro, del municipio de Tarímbaro, Michoacán; o, en el domicilio y por conducto de la apoderada y/o autorizado señalados en esta instancia constitucional, siendo el ubicado en el número 539, planta baja de la Calzada Arnulfo Ávila de la Colonia Morelos en esta ciudad; y, en caso de no encontrar al peticionario de amparo, se podrá notificar por medio de su apoderada Ava Villar Chávez y/o su autorizado Rodolfo Cardona Topete. Hecho lo anterior, remita a este órgano de control constitucional, la constancia que así lo acredite. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 129, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "PETICION, DERECHO DE. FORMALIDADES Y REQUISITOS.- La garantía que otorga el artículo 8° Constitucional no consiste en que las peticiones se tramiten y resuelvan sin las formalidades y requisitos que establecen las leyes relativas; pero sí impone a las autoridades la obligación de dictar a toda petición hecha por escrito, esté bien o mal formulada, un acuerdo también por escrito, que debe hacerse saber en breve término al peticionario." Así como la tesis de jurisprudencia número VIII.2o.3 K, del siguiente tenor: "PETICIÓN, DERECHO DE. DEBE EXISTIR CONSTANCIA DE QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NOTIFICÓ EL ACUERDO AL INTERESADO PARA QUE SE ESTIME AGOTADA LA GARANTIA QUE CONSAGRA EL ARTICULO 8o. DE LA CONSTITUCION. La garantía tutelada por el artículo 8o. constitucional contiene dos requisitos formales que toda autoridad debe observar a fin de cumplir cabalmente con el imperativo contenido en el precepto en cita, pues no se agota con el dictado del acuerdo relativo, con lo cual, se colma el primero de ellos, sino que es necesario, además, que la autoridad comunique al interesado en breve término su respuesta conforme a las disposiciones de la ley aplicable que rige el acto, con lo que se actualizaría el segundo de los supuestos nombrados; de ahí que si la responsable estima haber cumplido con la observancia al derecho de petición sólo con la emisión del acuerdo correspondiente y respecto del cual asegura que el interesado se hizo sabedor, es indudable que la violación a la citada garantía subsiste, al no haber dado a conocer al peticionario la determinación obsequiada de manera formal con base en los preceptos aplicables del ordenamiento legal que regula al acto que se reclama, de manera que el parcial proceder de la autoridad responsable conculca las garantías del quejoso, cuestión que amerita la concesión del amparo para el efecto de que se cumpla con el segundo de los requisitos mencionados." No se soslaya que el Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción, a través de su pedimento formuló los alegatos; sin embargo, como éstos constituyen simples opiniones o apreciaciones, no tienen la fuerza procesal que la ley reconoce a la demanda y al informe con justificación; por lo que resulta innecesario pronunciarse en torno a esas manifestaciones. Como sustento de lo anterior se cita la jurisprudencia P./J. 27/94, que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14 del Tomo 80, de agosto de 1994, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". Por lo expuesto, fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ******************** contra el acto y autoridad que quedaron precisados en esta resolución, por los motivos expuestos y para los efectos indicados del último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.
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Morelia, Michoacán, diez de octubre de dos mil veintitrés. REMITE INFORME JUSTIFICADO. Con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. SE SEÑALA DOMICILIO Y DELEGADO. Se tiene a la autoridad en cita señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona en su oficio de cuenta; y designando como delegado de su parte, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a la persona que refiere en el mismo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Leonel López Pérez CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
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Morelia, Michoacán, nueve de octubre de dos mil veintitrés. QUEJOSA SEÑALA DOMICILIO Y AUTORIZADO. Visto el escrito de cuenta signado por la quejosa Ava Villar Chávez, mediante el cual señala domicilio para oír y recibir notificaciones y autoriza a la persona que refiere en el mismo para imponerse de los autos. En tal virtud, se tiene a la promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en el escrito que se acuerda. SE AUTORIZA Por otra parte, se tiene como autorizado para recibir notificaciones e imponerse de los autos a que Rodolfo Cardona Topete, sin la plenitud de facultades a que se refiere el artículo 12, de la Ley de Amparo, toda vez que después de haber realizado una búsqueda en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se constató que no existe registro de la cédula profesional que acredite que dicha persona se encuentre facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Leonel López Pérez CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
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Morelia, Michoacán, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. PEDIMENTO MINISTERIAL. Por otro lado, agréguese a los presentes autos el pedimento de cuenta, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tiene a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado formulando alegatos, sin perjuicio de hacer relación de los mismos en la audiencia constitucional. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Expídase a la promovente copia certificada de la resolución que se dicte en el expediente en que se actúa, una vez que ello acontezca. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Leonel López Pérez Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Leonel López Pérez CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
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