Aurora Ramírez Guzmán y Otros.

Expediente 1110/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1110/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Aurora Ramírez Guzmán y Otros.
  • Gabriela López Gallegos
  • Laura Mariel Bautista Calderón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. AUTORIDAD INFORMA TRÁMITES Visto el oficio de cuenta que suscribe la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que en auto de veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés ordenó requerir al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para que de cumplimiento total al laudo dictado en favor de las trabajadoras actoras o manifieste el impedimento legal que tenga para su cumplimiento. De lo anterior toma nota este órgano jurisdiccional y tiene a la autoridad responsable citada con antelación, informando los trámites realizados a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Marbella Juárez García Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para que la interposición del recurso de revisión contra la sentencia de diez de octubre de dos mil veintitrés, en que se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ********************. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. REQUERIMIENTO. Ahora, tomando en consideración que se concedió el amparo a la parte quejosa, requiérase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, para que en términos del ordinal 192 párrafo segundo de la Ley de Amparo en vigor, dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente auto, informe sobre el cumplimiento dado al fallo protector, remitiendo copia certificada que acredite lo anterior. APERCIBIMIENTO Se apercibe a dicha autoridad que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, conforme al artículo 258 de la Ley de Amparo; y si aun así es omisa, se dará inicio al procedimiento previsto en el diverso ordinal 193 de la ley en aplicación. EFECTOS PARA LOS QUE SE CONCEDIÓ EL AMPARO Para tal efecto, con fundamento en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que la obligación que le fue impuesta en la ejecutoria de amparo es para los efectos siguientes: ".1) El Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, de manera inmediata provea respecto de la solicitud de imponer medidas de apremio y sobre la expedición de las copias certificadas del acuerdo emitido por el Tribunal, que reconoció el carácter de apoderadas de la parte actora a Erika Elizabeth Huerta Pérez y Jessica Dámaso Macedo, que fue solicitado en ocurso de diecisiete de agosto del año actual, en el juicio laboral 542/2017. 2) La autoridad responsable acredite que se giró y entregó el oficio a la parte demandada Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia (DIF), respecto del requerimiento ordenado en auto de ocho de septiembre del año actual, para instar la debida ejecución de lo condenado en el laudo dentro del juicio laboral en comento. En el entendido de que la sentencia de amparo se tendrá por cumplida cuando se reciba copia autorizada de la determinación en la que se acuerde lo relativo a la imposición de medidas de apremio y la expedición de las copias certificadas solicitadas; y, el acuse de entrega del oficio a la demandada del requerimiento ordenado en proveído de ocho de septiembre del año actual." NO TIENE SUPERIOR JERÁRQUICO Sin que en la especie sea el caso proceder en los términos precisados en los artículos 192 y 194 de la nueva Ley de Amparo, puesto que Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, no tiene superior jerárquico que le ordene cumplir con el fallo protector, y que sea por tanto su corresponsable por la falta de cumplimiento del mismo. SE ACUERDA OFICIO Finalmente, visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que en auto de treinta y uno de octubre del año en curso se ordenó reservar para acordar en el fondo el oficio remitido por la autoridad responsable, hasta en tanto causara ejecutoria la sentencia dictada en autos, lo que en especie ya aconteció, por lo que se provee lo conducente: Agréguese a los autos el oficio remitido por la autoridad responsable a través del cual informa los trámites realizados a fin de dar cumplimiento al fallo protector dictado en el juicio en que se actúa; por lo que se tiene cumpliendo parcialmente la sentencia. Lo anterior, debido a que la constancia remitida por la responsable consistente en copia autorizada del acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, en la que requiere a la demandada Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) por el término de tres días informe la respuesta dada al oficio EJ/314/2023 o bien den cumplimiento total al laudo dictado en favor de las trabajadoras actoras, o bien, manifieste el impedimento legal para dar cumplimiento, apercibiéndole que de no hacer manifestación alguna al respecto le será aplicado el artículo 41 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios. Por otro lado, en cuanto a la solicitud de las apoderadas de las trabajadoras actoras, en relación a que imponga las medidas de apremio, precisa que previo a imponer dichas medidas se debe de estar en el supuesto de que la autoridad tenga una actitud omisiva, por lo que una vez que ello acontezca será dicho tribunal que imponga los medios de apremio; asimismo, expide a costa de las actoras las copias certificadas de las constancias que solicitan. Sin embargo, es omisa en remitir el acuse del oficio girado a la autoridad demanda a fin que de cumplimiento con lo condenado en el laudo dictado dentro del juicio laboral de donde emana el acto reclamado; por lo que sólo se tiene a la autoridad cumpliendo parcialmente con el fallo protector. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. SE RESERVA CUMPLIMIENTO Agréguese a los presentes autos el oficio signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, a través del cual informa los trámites realizados a fin de dar cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio en que se actúa, mismo que se ordena reservar de proveer lo conducente, hasta en tanto dicha sentencia cause ejecutoria. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.svmCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario José Sierra Ortiz CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  4. Principal

    OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA, JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO, quien actúa con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza y da fe declara abierta la audiencia: Secretario, dé cuenta por favor.****************************************EL SECRETARIO: Juicio de amparo VII-1110/2023, promovido por ********************, por conducto de su apoderada Erika Elizabeth Huerta Pérez, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. ********************Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado.********************Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente.********************EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede.********************EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por:********************La Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado con sede en esta ciudad.********************EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia.********************Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas.********************Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes.********************EL SECRETARIO: Se hace constar que la autoridad responsable remitió copias certificadas relativo al juicio laboral ******************** de su índice; medios de convicción que se tienen por admitidos y desahogados en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo.********************EL JUEZ: Téngase por hecha tal relación de pruebas y al no existir pruebas que desahogar, se declara abierto el período de alegatos.********************Secretario, dé cuenta con los que hayan formulado las partes.********************EL SECRETARIO: Se hace constar que el Agente del Ministerio Público adscrita a este órgano jurisdiccional formuló manifestaciones 746/2023; y, la parte quejosa por conducto de sus apoderadas mediante ocurso presentado en la Oficialía de Partes de este juzgado el veinticinco de septiembre del año en curso.********************EL JUEZ: Se tienen por formulados los alegatos de la representante social adscrita y de la parte quejosa; y, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. ****************************************V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo VII-1110/2023, promovido por ********************, por conducto de su apoderada Erika Elizabeth Huerta Pérez, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad.****************************************R E S U L T A N D O********************PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y remitido el mismo día por razón de turno, a este Juzgado Federal, ********************, por conducto de su apoderada Erika Elizabeth Huerta Pérez, promovió demanda de amparo indirecto contra el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad.****************************************La quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.****************************************SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Mediante proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, se registró la demanda de amparo con el número de expediente VII-1110/2023; además se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; y, se dio la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.****************************************En el mismo proveído se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que fue celebrada en términos de la presente actuación previo diferimiento; y,****************************************C O N S I D E R A N D O:********************PRIMERO. Ley de Amparo aplicable. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad su entrada en vigor.****************************************No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece.****************************************SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito.****************************************En el presente caso, la parte quejosa reclama un acto de una autoridad laboral con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado, además de que el acto reclamado es de naturaleza omisiva cuyos efectos son de imposible reparación.****************************************TERCERO. Fijación del acto reclamado. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes:********************"Época: Novena Época ********************Registro: 181810 ********************Instancia: Pleno ********************Tipo de Tesis: Aislada ********************Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta ********************Tomo XIX, Abril de 2004 ********************Materia(s): Común ********************Tesis: P. VI/2004 ********************Página: 255 ********************ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.".****************************************En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas al sumario, se obtiene que el acto reclamado consiste en:****************************************1) La omisión de acordar y notificar lo proveído sobre los ocursos presentados ante la autoridad responsable en datas veintidós de junio, diez de agosto y diecisiete de agosto, todos del año en curso, por medio de los cuales en esencia, los aquí quejosos solicitaron se decretaran medidas de apremio eficaces a la parte demandada Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia (DIF) para lograr la ejecución del laudo dentro del juicio laboral ******************** de su índice, es decir, procurar que la autoridad demandada citada, dé cabal cumplimiento al laudo de quince de octubre de dos mil veintiuno, emitido en cumplimiento a la ejecutoria del juicio de amparo directo laboral 431/2020 relacionado con el diverso 25/2021 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad.****************************************Esto es, para expedir el nombramiento de base de los actores -hoy peticionarios de amparo- en el que deberá señalar la antigüedad de cada uno de ellos; y, el pago de $4,889,565.81 cuatro millones ochocientos ochenta y nueve mil quinientos sesenta y cinco pesos 81/100 moneda nacional, por concepto de diferencias salarial, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, fondo de previsión múltiple, apoyo para el desarrollo, capacitación, despensa, ajuste fiscal, pago de doce días anuales; pago anual de la cantidad de $2,417.00 dos mil cuatrocientos diecisiete pesos 00/100 moneda nacional (gratificación al desempeño) bono sindical, apoyo dental, complemento previsión múltiple, ayuda de transporte, útiles escolares, complemento bono sindical, apoyo economía familiar, cuesta de enero, siete días de sueldo base y canasta navideña, correspondiéndole a cada quejoso las cantidades señaladas.****************************************Sin soslayar que a través del ocurso de diecisiete de agosto del año actual, también fue solicitada la expedición de copias certificadas del acuerdo emitido por el tribunal, que reconoció el carácter de apoderadas de la parte actora -aquí quejosos- a ********************; sin que la autoridad haya acordado lo conducente.****************************************CUARTO. Certeza del acto reclamado. Del contenido del informe justificado rendido por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado con sede en esta ciudad, se advierte que negó el acto reclamado consistente, bajo el argumento de que mediante auto de ocho de septiembre de dos mil veintitrés, acordó lo conducente de los tres escritos presentados ante la Oficialía de Partes e ese tribunal con datas veintidós de junio, diez y diecisiete de agosto de dos mil veintitrés.****************************************Sin embargo, dicha negativa debe desvirtuarse en razón de que de las constancias remitidas se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda -veinticuatro de agosto del año en curso-; no se había acordado lo conducente respecto de los ocursos que presentaron los quejosos ante la autoridad responsable en datas veintidós de junio, diez de agosto y diecisiete de agosto, todos del año en curso, lo cual aconteció hasta el ocho de septiembre de dos mil veintitrés, sin que se ignore que aún y cuando requirió a la parte demandada Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia (DIF) el cumplimiento de lo condenado bajo apercibimiento legal de aplicar el artículo 41 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, el tribunal responsable no acreditó que se giró el oficio respectivo de tal requerimiento y mucho menos que se haya entregado a la autoridad demandada.****************************************Por otra parte, tampoco se pierde de vista que aún y cuando se acordó el ocurso de diecisiete de agosto del año actual, en lo relativo a la solicitud de realizar gestiones que sean necesarias, para que se dicten y apliquen los medios legales de apremio a la parte demandada Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia (DIF), a fin de que cumpla con la condena que le fue impuesta, se advierte que el tribunal responsable fue omiso en pronunciarse respecto a la solicitud de la expedición de copias certificadas del acuerdo emitido por el tribunal, que reconoció el carácter de apoderadas de la parte actora -aquí quejosos- a ********************. ****************************************En esos términos lo procedente es considerar ciertos los datos asentados por la parte quejosa en su escrito de demanda, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que la omisión reclamada existe.********************Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes:********************Registro digital: 249047********************Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito********************Séptima Época********************Materias(s): Común********************Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 181-186, Sexta Parte, página 15********************Tipo: Aislada****************************************"ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL, AUNQUE LAS RESPONSABLES LO NIEGUEN, SI DE LA LECTURA DEL INFORME CON JUSTIFICACION SE DESPRENDE SU CERTEZA. Si las responsables niegan en sus informes con justificación la existencia de los actos reclamados, pero de la lectura de dichos informes se desprenden datos que desvirtúan tal negativa, aun cuando no existan pruebas a ese respecto, necesariamente deben tenerse como ciertos los actos reclamados, ya que procesalmente el reconocimiento que hacen las partes dentro de un juicio, surte efectos de confesión; en consecuencia, al equiparse las autoridades responsables a la parte demandada en el juicio constitucional, resulta lógico y jurídico concluir que el reconocimiento que hagan sobre algún punto de la litis que en sí los perjudique, surte efectos de una confesión, y por ende, dicho punto no está a debate y sí plenamente reconocido".****************************************Además, dicha existencia del acto reclamado se corrobora con las copias certificadas relativas al juicio laboral ********************, que la autoridad responsable allegó al sumario en que se actúa.********************Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública.****************************************Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: ****************************************Época: Quinta Época ********************Registro: 394182 ********************Instancia: Pleno ********************Tipo de Tesis: Jurisprudencia ********************Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN ********************Materia(s): Común ********************Tesis: 226 ********************Página: 153 ********************"DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.".****************************************QUINTO. Estudio de las causales de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede analizar si en el caso se actualiza alguna causa que torne improcedente el juicio constitucional, bien porque se advierta de oficio o la haga valer parte legítima.****************************************Así, debido a que este órgano jurisdiccional no advierte de manera oficiosa que se actualice alguna causa de improcedencia en el presente juicio de amparo, se procede al estudio del fondo de la cuestión planteada, dando respuesta a los conceptos de violación.****************************************SEXTO. Conceptos de violación. El promovente del amparo expresó como conceptos de violación los que se encuentran contenidos en su escrito inicial de demanda, mismos que se tienen por reproducidos sin necesidad de transcribirlos pues no existe precepto legal alguno en la Ley de Amparo que establezca tal obligación.****************************************Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia registrada con la clave 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 50/2010, de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". ****************************************SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. Suplido en su deficiencia, el concepto de violación aducido es esencialmente fundado y por ende, suficiente para conceder la protección constitucional solicitada.****************************************En su demanda la quejosa medularmente refiere que la omisión en que incurrió la autoridad responsable consistente en no proveer las medidas de apremio necesarias para lograr la ejecución del laudo que resolvió el juicio laboral de origen, vulnera en su perjuicio el derecho a una justicia expedita previsto en el artículo 17 de la constitución; así como la omisión de acordar lo relativo a la expedición de copias certificadas del acuerdo emitido por el tribunal, que reconoció el carácter de apoderadas de la parte actora -aquí quejosos- a ********************.****************************************Motivo de disenso que, como ya se adelantó, resulta esencialmente fundado, suplido en su deficiencia.****************************************En principio, debe invocarse el contenido de los artículos 17 de la Constitución Federal y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los que se encuentra consagrado el derecho de acceso a la justicia, numerales de contenido siguiente:****************************************"Artículo 17. [.]. ********************Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales". ****************************************"Artículo 8. Garantías Judiciales ********************1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter"****************************************Sobre el derecho de acceso efectivo a la justicia en su vertiente de justicia pronta, la Suprema Corte de Justicia al resolver amparo en revisión 522/2007 estableció que se traduce en la obligación de las autoridades de resolver la controversia sometida a su jurisdicción dentro de los plazos que para tal efecto se establezca en las leyes, a fin que los actos que integran el procedimiento judicial, no se prolonguen indefinidamente, lo cual implica exigir que la solución de un asunto se produzca en un plazo razonable.****************************************Por ello, las autoridades formal o materialmente judiciales tienen el deber de actuar en favor del gobernado, en el sentido de despachar los negocios en que éste intervenga en forma expedita de conformidad con los plazos procesales establecidos en la ley.****************************************De tal suerte que la finalidad de este derecho no se logra si entre su ejercicio y su obtención se generan retardos injustificados en los plazos previstos en el texto constitucional, así como en las leyes secundarias.****************************************Las consideraciones anteriores se reflejaron en la Jurisprudencia 2a./J. 192/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto:****************************************"ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales".************************************************************En conclusión, el artículo 17 constitucional, tutela la garantía individual de acceso a la jurisdicción, entre cuyas calidades está la que se refiere a que los tribunales deben impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, lo cual significa que el precepto interpretado protege al gobernado al establecer que los tribunales deben resolver las controversias de su competencia, conforme a las reglas señaladas en las leyes orgánicas respectivas.****************************************Precisado lo anterior, conviene señalar el contenido del artículo 114 de la vigente Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo.****************************************"Artículo 114. Cualquier término no especificado en esta Ley, será de tres días hábiles."****************************************También resulta necesario transcribir el contenido de los artículos 120 y 121 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios:****************************************"Artículo 120. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje deberá proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean conducentes.****************************************Artículo 121. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que asociado en la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla el mismo, apercibiéndola que, de no hacerlo, se procederá a realizar la diligencia de embargo correspondiente, sujetándose ésta y el procedimiento de remate de los bienes a lo que establece la Ley Federal del Trabajo, aplicada supletoriamente."****************************************De los preceptos transcritos, se desprende toralmente que del contenido del artículo trascrito, se colige que en el trámite del derecho laboral, cuando no exista un término para la realización o práctica de alguna diligencia o ejercicio de un derecho, invariablemente el término será de tres días; y, que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, está obligado a proveer la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, deberá dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean conducentes para el cumplimiento efectivo de sus laudos, y, que una vez que se solicite la ejecución de un laudo, el tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que asociado con la parte solicitante, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla el mismo.****************************************En otro sentido, de las constancias procesales remitidas por la autoridad responsable se obtiene que aún y cuando los ocursos presentados en datas veintidós de junio, diez de agosto y diecisiete de agosto, todos del año en curso, fueron acordados en auto el ocho de septiembre de dos mil veintitrés, en lo relativo a requerir a la parte demandada Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia (DIF) el cumplimiento de lo condenado bajo apercibimiento legal de aplicar el artículo 41 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, lo cierto es que no acreditó que para tal requerimiento se giró el oficio respectivo y mucho menos que se haya entregado.****************************************De ahí que se advierta que el tribunal responsable no haya requerido debidamente a la parte demandada en dicho procedimiento el cumplimiento del laudo dictado, acorde al acuerdo de ocho de septiembre de dos mil veintitrés, por no acreditar debidamente que giró el oficio respectivo y que éste haya sido entregado. ****************************************Por otra parte, tampoco se pierde de vista que aún y cuando se acordó el ocurso de diecisiete de agosto del año actual, en lo relativo a la solicitud de realizar gestiones que sean necesarias, para obtener el cumplimiento del laudo, no proveyó sobre lo relativo a que se dicten y apliquen los medios legales de apremio a la parte demandada Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia (DIF), para que cumpla con la condena que le fue impuesta; incluso, fue omiso en pronunciarse respecto a la solicitud de la expedición de copias certificadas del acuerdo emitido por el tribunal, que reconoció el carácter de apoderadas de la parte actora -aquí quejosos- a ********************.****************************************Con esas bases, al adminicular las manifestaciones de la quejosa con el contenido del informe justificado es dable corroborar que efectivamente aun cuando en el juicio de origen existe una resolución definitiva firme, a la fecha la autoridad responsable ha omitido realizar los actos necesarios para velar por su eficaz e inmediata ejecución, aun cuando en términos del artículo 120 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo se encuentra obligado a ello; y, que en torno a la solicitud de la expedición de las copias certificadas ha sido omiso para acordar lo conducente dentro del término establecido en el artículo 114 de la ley burocrática estatal.****************************************En ese sentido, es claro que tal como lo refiere la quejosa, si a la fecha el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán no ha realizado las acciones eficaces para hacer cumplir los requerimientos realizados por el propio tribunal en la etapa de ejecución de laudo; y, la omisión de acordar lo relativo a la solicitud de imponer medidas de apremio y expedir las copias certificadas, dichas omisiones se traducen en una violación en su perjuicio del derecho de acceso a la justicia establecido en el artículo 17 Constitucional, relativa a la impartición de justicia pronta y expedita.****************************************Lo anterior, porque desde el día en que se dictó el laudo y las múltiples promociones realizadas por la parte quejosa para hacer solicitarle al tribunal responsable realice las gestiones pertinentes para requerir a la parte demandada que cumpla con lo condenado en el laudo del juicio natural, han transcurrido de manera injustificada un tiempo razonable, sin que se haya ejecutado cabalmente lo condenado, pues se insiste, hasta este momento la responsable no ha realizado eficazmente los actos necesarios para hacer cumplir sus propio requerimiento ordenado en auto de ocho de septiembre del año actual, así como la indebida omisión de proveer lo conducente en torno a la solicitud de las copias certificadas que fueron solicitados mediante escrito de diecisiete de agosto del año en curso.****************************************En consecuencia, con la finalidad de restituir a los quejosos ********************, en su derecho fundamental violado, lo conducente es otorgarle la protección constitucional solicitada, para el efecto de que:****************************************1) El Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, de manera inmediata provea respecto de la solicitud de imponer medidas de apremio y sobre la expedición de las copias certificadas del acuerdo emitido por el tribunal, que reconoció el carácter de apoderadas de la parte actora a ********************, que fue solicitado en ocurso de diecisiete de agosto del año actual, en el juicio laboral ********************.****************************************2) La autoridad responsable acredite que se giró y entregó el oficio a la parte demandada Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia (DIF), respecto del requerimiento ordenado en auto de ocho de septiembre del año actual, para instar la debida ejecución de lo condenado en el laudo dictado dentro del juicio laboral en comento.****************************************En el entendido de que la sentencia de amparo de tendrá por cumplida cuando se reciba copia autorizada de la determinación en la que se acuerde lo relativo a la imposición de medidas de apremio y la expedición de las copias certificadas solicitadas; y, el acuse de entrega del oficio a la demandada del requerimiento ordenado en proveído de ocho de septiembre del año actual.****************************************Es aplicable al caso, la Jurisprudencia establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de contenido literal siguiente:********************Tesis: 2a. CV/2013 (10a.)********************Gaceta del Semanario Judicial de la Federación********************Décima Época********************Número de identificación 2005150 ********************Segunda Sala********************Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I********************Página 732********************Tesis Aislada (Común)********************CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013."****************************************Finalmente, no se soslaya que la representante social adscrita a este órgano jurisdiccional formuló alegatos así como la parte quejosa; sin embargo, resulta innecesario pronunciarse de esas manifestaciones. ****************************************Como sustento de lo anterior se cita la jurisprudencia P./J. 27/94, que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14 del Tomo 80, de agosto de 1994, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO".****************************************Por lo expuesto y fundado, se ****************************************R E S U E L V E:********************ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, en contra del acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, con base a las razones expuestas y para los efectos precisados en el último considerando de la presente resolución.****************************************Notifíquese.********************Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza.- Doy fe.********************aeol********************

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