Aurora Pérez Ramos
Expediente 629/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 629/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 31/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Aurora Pérez Ramos
Actuaciones
- Principal
PRAL 629/2019 MESA 6-B°San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de julio de dos mil diecinueve. ... Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA AURORA PÉREZ RAMOS (PREVIO CITATORIO) PRAL.629/2019-6B* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de julio de dos mil diecinueve. 1. Demanda de amparo y registro. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y turnada a este órgano jurisdiccional el quince de julio del año en curso, promovida por la quejosa Aurora Pérez Ramos, por propio derecho, contra actos del presidente de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado; por tanto, con la boleta de turno de amparos indirectos, con el escrito de demanda y con este proveído, fórmese el expediente, mismo que deberá quedar registrado con el número 629/2019. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que llevará el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Desechamiento. De la lectura integral del escrito de que se trata, se advierte que la quejosa Aurora Pérez Ramos demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acuerdo de diecinueve de junio del año en curso, dictado en el toca familiar 281/2019, del índice de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en el que declaró mal admitido el recurso de apelación interpuesto por la referida quejosa, contra el acuerdo de la juez de primera instancia, en la que no admitió la excepción de litisconsorcio pasivo necesario. En ese contexto, se estima que debe desecharse de plano la demanda de amparo, en estricta observancia a lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, pues, conforme a la lectura integral del escrito y en específico de la narración de los antecedentes, queda de manifiesto que el medio de control constitucional que intenta por la vía indirecta, es evidente e indudable improcedente, por lo que se actualiza la causa prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, el numeral citado en último término establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano" La anterior disposición legal es el fundamento con el cual este órgano de control constitucional estima que se debe desechar la demanda de amparo; además, es ineludible precisar que por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho; esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable, es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; por lo que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta, es operante en el caso concreto; de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Tiene aplicación la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 180663, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." En el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierten los siguientes antecedentes del acto reclamado que, bajo protesta de decir verdad, narró la parte quejosa, los cuales sucintamente se describen: 1. La quejosa Aurora Pérez Ramos dice tener el carácter de demandada, ya que ante el Juzgado Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, se tramita el juicio 1294/2018, promovido por Mario Pérez Díaz o Mario Javier Pérez Díaz, en su contra. 2. Manifiesta que en proveído de doce de septiembre de dos mil dieciocho, se le tuvo contestando la demanda; asimismo, oponiendo las excepciones de litisconsorcio pasivo necesario y la de obligación compartida, al considerar que debían ser llamados a juicio Mario y Alejandro, ambos de apellidos, Pérez Ramos y compartir la obligación alimentaria con su progenitor. 3. El dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, se celebró la audiencia de pruebas y alegatos dentro del expediente 1294/2018, en la que respecto a la excepción de litisconsorcio pasivo necesario, se estableció que no había lugar a admitir la misma. 4. Inconforme con esa determinación (dieciocho de octubre de dos mil dieciocho), interpuso recurso de apelación, con lo cual se formó el toca familiar 281/2019, del índice de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca; por lo que el diecinueve de junio del año en curso se dictó un acuerdo en el que se tuvo por mal admitido el recurso de apelación contra la diligencia de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho. Hecha la anterior narración, como se dijo con anterioridad, se ve actualizada la causa prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado no causa en los derechos fundamentales de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, al no afectar derechos sustantivos. Los referidos artículos prevén lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.)" V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Del artículo y fracción citados en último término, se advierte que la Ley de Amparo no contempla la procedencia del juicio de amparo respecto de violaciones procesales predominantes o en grado superior, o exorbitantes, sino que, de manera específica, acota esa procedencia, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación; entendiéndose por ellos, únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte; de tal modo que esa afectación, no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación reclamada, distinguiéndolos de los que producen efectos meramente intraprocesales, al afectar derechos adjetivos, ya que éstos pueden ser reparados al dictarse una resolución favorable a la quejosa, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica, pues la razón de dichos derechos encuentra su fin último, precisamente, en la obtención de una sentencia a su favor; por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen de la realidad; estableciéndose así los lineamientos básicos que han de tomarse en cuenta siempre que se estudie la procedencia del juicio de amparo indirecto. De la interpretación anterior se deducen las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, a saber: ? La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y, ? La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 189, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 154, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Así, para que un acto de autoridad pueda ser calificado como irreparable necesita producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad, que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no, necesariamente, llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, en la actual redacción de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, no se recogió el concepto jurisprudencial de afectación en grado predominante o superior como un criterio para la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta. En ese orden, atendiendo a la naturaleza, contenido y momento procesal en que se emitió el acto que se reclama, se estima que no es de aquellos actos que contempla el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Así se estima, porque el acto reclamado consiste en el acuerdo de diecinueve de junio del año en curso, dictado en el toca familiar 281/2019, del índice de la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en el que se declaró mal admitido el recurso de apelación promovido por la quejosa, contra el acuerdo de la juez de primera instancia, en la que no se admitió la excepción de litisconsorcio pasivo necesario. Al respecto, debe decirse que la actualización de un litisconsorcio en el juicio, ya sea activo o pasivo, voluntario o necesario, tiene por objeto que intervengan en el procedimiento todas aquéllas personas que se encuentren vinculadas con el derecho litigioso a fin de que exista una única sentencia que resuelva la controversia planteada, ya que de lo contrario pudiera afectarse a aquélla que no haya comparecido a juicio sin la oportunidad de acreditar su propia pretensión u oponer las defensas y excepciones que estime pertinentes. Es decir, el objeto de la figura del litisconsorcio pasivo necesario consiste en que se dicte una única sentencia respecto de todas las partes involucradas, ya que dado el vínculo existente entre ellas no es posible absolver o condenar a una parte sin que esa resolución alcance a la otra; de ahí que resulte necesario otorgar a cada una de las personas vinculadas con el derecho litigioso, la posibilidad de intervenir en el juicio para que queden obligadas por la sentencia que al efecto llegue a pronunciarse, lo que no podría hacerse de forma independiente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C. J/41, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 825, Tomo XVII, junio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 184096, del rubro y texto siguientes: "LITISCONSORCIO. SU NATURALEZA JURÍDICA. Es una figura jurídico-procesal sui generis que evita difusión y contradicción en la autoridad procesal y se materializa cuando en un proceso existen diversos actores o demandados, o cuando la resolución que recaiga en el mismo necesariamente afecte a una persona extraña, es decir, cuando varias personas deducen una acción contra un solo demandado, cuando una persona demanda a varias, y cuando dos o más incoan a su vez un juicio en contra de dos o más. Así también, dicha figura es activa cuando se refiere a los actores y pasiva cuando se trata de los llamados a juicio y de igual modo podrá ser voluntaria o necesaria, dándose el primer caso cuando las partes litisconsortes, tanto activas como pasivas, en ejercicio de una facultad que la ley les confiere, invocan la figura procesal en comento, y litisconsorcio necesario por disposición expresa, o bien, cuando materialmente existe imposibilidad legal de emitir autónomamente diversas sentencias en relación con varias personas en que éstas tuvieren interés." Hechas esta precisiones, como se estableció con anterioridad, la determinación que constituye el acto reclamado, no afecta derecho sustantivo alguno de la ahora quejosa, sino corresponde a la gama de los derechos de naturaleza adjetiva o procesal, que surgen y se generan durante el trámite del juicio, de tal forma que aquéllos pueden ser reparados al dictarse una resolución favorable a la parte agraviada; en caso contrario, de ser adversa y esas violaciones procesales trascendieran al resultado del fallo, podrían reclamarse a través del juicio de amparo directo, en términos del artículo 171 de la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis (X Región) 4o.2 C (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, visible en la página 2488, Libro 47, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octubre de 2017, Décima Época, Registro 2015272, del contenido siguiente: "LITISCONSORCIO NECESARIO. CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRAR A LOS LITISCONSORTES A LA RELACIÓN JURÍDICA PROCESAL, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO POR NO CONSTITUIR UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. A partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo, existen dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los cuales la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse efectivamente. Ahora bien, el litisconsorcio necesario se actualiza cuando hay necesidad de que dos o más personas tengan intervención en el proceso, en virtud de que la cuestión litigiosa la constituye cierta relación jurídica en la que aquéllas están interesadas en forma indivisible y que, por ello, no admite resolverse por separado sin audiencia de todos ellos y en un mismo juicio, pues la sentencia que se dicte les puede deparar perjuicio, esto es, el objetivo de que exista dicha institución se concreta en que sólo pueda haber una sentencia válida cuando se llama a todos los litisconsortes, pues no sería posible resolver respecto de una parte, sin que lo decidido alcanzara a la otra y, precisamente, por esa teleología, el litisconsorcio necesario constituye un presupuesto procesal que, incluso, debe analizarse de oficio por el juzgador. Así, se considera que la resolución de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento a fin de que sean llamados a juicio los litisconsortes que originalmente no fueron llamados, no constituye un acto que sea de imposible reparación, pues en la resolución reclamada no se emitió pronunciamiento que hubiese causado una afectación material a los derechos sustantivos de la quejosa, consistentes en el patrimonio, la vida, la libertad, la posesión o la propiedad, ya que, aun cuando es adversa a sus intereses, sólo ocasiona que el procedimiento se reponga a fin de que se integre a la relación jurídica procesal con las demás partes involucradas y prosiga el procedimiento hasta el dictado de la sentencia correspondiente lo que, en todo caso, sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que podrían extinguirse en la realidad, sin originar afectación alguna a sus derechos sustantivos, habida cuenta que la sentencia que llegare a pronunciarse en dicho procedimiento de origen, podría nuevamente serle favorable y, en caso contrario, se encontraría en aptitud de interponer en su contra el recurso ordinario procedente; por lo que se está en presencia de un acto cuya ejecución no es de imposible reparación para los efectos del amparo biinstancial, como lo exige el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo." Asimismo, es ilustrativa, la tesis aislada II.1o.C.4K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en la página 2075, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro 2006576, con rubro y texto siguientes: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA EL PROVEÍDO QUE DETERMINA QUE NO SE ACTUALIZA DICHA INSTITUCIÓN, CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 169/2012 (10a.)]. De conformidad con el artículo 107, fracción V, de la referida ley, el juicio de amparo indirecto procede "contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte", esto es, en dicho precepto se define el concepto de ese tipo de actos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar algunos de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados constitucional y convencionalmente, como son: la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, cuyos efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien sufre la afectación obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Ahora bien, el litisconsorcio pasivo necesario se actualiza cuando hay necesidad de que dos o más demandados tengan intervención en el proceso, en virtud de que la cuestión litigiosa la constituye cierta relación jurídica en la que aquéllos están interesados en forma indivisible y que, por ello, no admite resolverse por separado sin audiencia de todos ellos y en un mismo juicio, pues la sentencia que se dicte les puede deparar perjuicio, esto es, el objetivo de que exista dicha institución se concreta en que sólo pueda haber una sentencia válida cuando se llama a todos los litisconsortes, pues no sería posible condenar a una parte, sin que la condena alcanzara a la otra y, precisamente, por esa teleología, el litisconsorcio pasivo necesario constituye un presupuesto procesal que incluso debe analizarse de oficio por el juzgador. Así pues, se considera que la resolución que confirma la diversa por la cual se determina que no se actualiza el litisconsorcio pasivo necesario solicitado por el demandado, es una violación procesal que debe ser reclamable hasta que se dicte el fallo definitivo, a través del juicio de amparo directo, porque no constituye un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues los actos de ejecución de esta resolución son reparables, y sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, cuyas consecuencias se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. No es óbice a lo considerado la jurisprudencia 2a./J. 169/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Tomo 2, enero de 2013, página 1230, de rubro: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO EN EL JUICIO LABORAL. LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA QUE DETERMINA QUE NO SE ACTUALIZA DICHA INSTITUCIÓN ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO.", pues dicho criterio se considera inaplicable en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, debido a que se integró conforme a la ley de la materia vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, en donde se interpretaba el artículo 114, fracción IV, el cual no establecía lo que debía entenderse como un acto de ejecución de imposible reparación, mientras que en la ley vigente, el legislador decidió delimitar los alcances de ese término sólo para comprender los derechos sustantivos; además, si bien es cierto que en la jurisprudencia invocada se acepta que la figura del litisconsorcio pasivo necesario no sólo trasciende a aspectos procesales, sino que se extiende a la relación sustancial, también lo es que no se establece concretamente que se vulnere materialmente algún derecho sustantivo, por lo cual ya no resulta aplicable, al oponerse a la nueva legislación" Aunado a lo anterior, debe tenerse presente lo considerado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al explicar que los derechos sustantivos son de naturaleza antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, toda vez que la afectación de estos últimos no es actual sino que depende de que llegue o no a trascender al resultado del juicio, momento en el cual sus secuelas podrían consumarse en forma efectiva. Es aplicable, en lo conducente, la tesis aislada XXI.1o.28 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 768, Tomo IV, Septiembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 201562, con rubro y textos siguientes: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formalizarse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado; razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aun ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal, el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio éste que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a la infracción de derechos sustantivos." Asimismo, es ilustrativa, la tesis aislada 2a. XLVIII/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 1070, Libro 19, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Junio de 2015, Décima Época, Registro 2009478, con rubro y texto siguientes: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. La porción referida no eliminó un derecho ni restringió el nivel de protección alcanzado en la regulación de la Ley de Amparo abrogada, debido a que en ésta no se reconocía expresamente la posibilidad de que dentro de los "actos de imposible reparación" se entendiera a los procesales que afectan en grado predominante o superior, ya que ni siquiera existía disposición alguna que definiera ese concepto para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, antes bien constituía un aspecto indeterminado. Y aun cuando la Ley de Amparo vigente, construida bajo un nuevo esquema de protección a los derechos humanos, en su artículo 107, fracción V, define lo que debe entenderse por tal enunciado, ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen." En esa tesitura, el acto reclamado consistente en el auto de diecinueve de junio del año en curso, dictado en el toca familiar 281/2019, del índice de la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en el que se declaró mal admitido el recurso de apelación promovido por la quejosa, contra el acuerdo de la juez de primera instancia, en la que no se admitió la excepción de litisconsorcio pasivo necesario, no puede considerarse como un acto de imposible reparación, dado que la violación que aduce la parte quejosa, se generó precisamente, durante la tramitación del referido juicio civil, por lo que constituye una lesión jurídica de naturaleza adjetiva que no, necesariamente, llegará a trascender al resultado del fallo; pues como se precisó con antelación, puede ser reparado al dictarse una resolución favorable, en la que se determine que no corresponde sólo a ella otorgar alimentos a su progenitor, conforme a la prelación que establece el Código Civil del Estado de Oaxaca; y en caso contrario, de ser adversa y esas violaciones procesales trascendieran al resultado del fallo, podrían reclamarse a través del juicio de amparo directo, en términos del artículo 171 de la Ley de Amparo, como violación a las leyes del procedimiento, en términos de lo dispuesto por el artículo 172, fracciones V y XII, de la misma ley, en el que se establece que, en los juicios civiles, se consideran violadas las leyes del procedimiento, y que se afectan las defensas del quejoso, cuando se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad y en casos análogos, tal como se advierte de los numerales que a continuación se transcriben: "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad; XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo; (.). ". Es aplicable la jurisprudencia VI.2o.C. J/231, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, localizable en la página 1186, Tomo XVII, Mayo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 184249, cuyo rubro y texto establecen: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos." Por lo anterior, conforme a lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado contrario sensu, en relación con lo dispuesto en el numeral 113, todos de la Ley de Amparo; por evidente e indudablemente improcedente, se desecha de plano la demanda de amparo indirecto promovida por la quejosa Aurora Pérez Ramos. 4. Domicilio y personas autorizadas. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo; y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Aarón Sánchez Hernández (cédula 4900435 registro 71631) y Gerardo Martínez Ortega (cédula 5746300, registro 90484), por haberse encontrado registro de su cédula profesional en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales, mediante el acceso informático a la página ciber.cjf.gob.mx/RegProf/. Es aplicable al respecto, la tesis XXI.1o.P.A.50K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página 1384, del tomo XXIV, diciembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro: "PROFESIONALES DEL DERECHO. PARA TENERLOS COMO AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, BASTA QUE HAYAN REGISTRADO DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS, LA CÉDULA CORRESPONDIENTE EN EL SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO, ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O JUZGADOS DE DISTRITO". En tanto que a las restantes personas que indica, únicamente por autorizados en términos del artículo 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, por así haberso indicado la quejosa. 5. Publicación de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal, 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de resoluciones y sentencia que en su caso se llegue a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 6. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2º, para el caso de que exista causa justificada que impida la notificación en horas y días hábiles, desde ahora se habilita al actuario judicial adscrito, para que realice las notificaciones personales que se ordenen, en días y horas inhábiles. 7. Anotaciones. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno impreso y electrónico, siempre y cuando así proceda. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de nueve de julio de dos mil diecinueve, comunicado por el secretario técnico de dicha Comisión mediante oficio número CCJ/ST/3555/2019, de la misma fecha; y firma ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.
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