Aurora Santiago García
Expediente 742/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 18 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 742/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Aurora Santiago García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
PRAL 742/2023 MESA 7 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las once horas con siete minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, hora y fecha señalados para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo 742/2023, como se ordenó en acuerdo de treinta de octubre del año en curso, Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, asistido de Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrarla, sin asistencia de las partes de manera física o a través de algún medio electrónico. Apertura de audiencia. Abierta la audiencia, la secretaria hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran: a) la demanda de amparo promovida por **********, en representación de **********, b) auto de uno de agosto de dos mil veintitrés, en el que se decretó la suspensión de oficio y de plano, c) auto admisorio de once de agosto de esta anualidad, e d) informes de suspensión de plano y justificados de las autoridades responsables. Asimismo, hace constar que: a) no existe documento con el que deba darse cuenta, y b) que las partes no manifestaron su oposición de manera expresa, para que la consulta de la sentencia que se pronuncie en este juicio de amparo sea omitiendo sus datos personales como se les previno en auto de uno de agosto del año en curso. Enseguida, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. II. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse sentencia. Etapa probatoria. Acto continuo, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se hace relación de las documentales remitidas por la autoridad responsable, jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos del Hospital Regional de Alta Especialidad en el Estado de Oaxaca, como anexo de sus informes de suspensión de plano y justificado, respectivamente, consistentes en: Nota clínica de cinco de abril de dos mil veintitrés, de la que se advierte que el diagnóstico de la quejosa es paciente con artrosis severa y deformidad en valgo de la rodilla derecha, quien, además, se encuentra en el programa de enfermedades crónico degenerativas. Oficio con terminación 193-2023, de nueve de agosto de este año, en el que el director médico del Hospital Regional de Alta Especialidad en Oaxaca comunicó que la quejosa acudió a su cita programada y, previa entrevista, se le agendó una nueva cita para el quince de agosto de este año al servicio de traumatología y ortopedia. Oficio terminación 202-2023, de quince de agosto de esta anualidad, por medio del que el director médico del Hospital responsable informó que la quejosa acudió a su cita programada para el quince de agosto de esta anualidad; empero, el especialista en traumatología y ortopedia no acudió a laborar; por ende, se le programó nueva cita para el veintidós de agosto de este año. Oficio HRAEO-DG-DM-251-2023 de tres de octubre de este año, por el cual el director médico del citado hospital informó que la quejosa acudió a su cita programada para el veintidós de agosto del año en curso. Nota médica de veintidós de agosto de esta anualidad. Por tanto, se acuerda: Ténganse por desahogadas las documentales remitidas por la autoridad responsable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de Ley de Amparo. No existiendo medios de convicción pendientes de desahogar, se cierra esta fase. Etapa de alegatos. Se hace constar que las partes no los formularon ni la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita formuló pedimento; por lo que se cierra esta etapa y quedan vistos los autos para dictar la siguiente: Sentencia. Vistos, para resolver el juicio de amparo 742/2023; y, R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante demanda de amparo depositada el uno de agosto del año en curso en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y recibida en este órgano jurisdiccional en la misma fecha, ***********, en representación de **********, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra un acto del presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y de otras autoridades; mismo que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Registro y admisión. En auto de uno de agosto del año en curso se registró la demanda de amparo con el número de expediente 742/2023, se concedió la suspensión de oficio y de plano del acto reclamado, y se previno a la directa quejosa para que ratificara la demanda de amparo. En auto de once de agosto del año que transcurre, previa ratificación de demanda por la directa quejosa, se admitió a trámite la demanda, se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se citó a las partes a la audiencia constitucional; misma que, previos diferimientos, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 49, 50 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el diverso 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación y los Juzgados de Distrito, en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta, y, en el caso, se trata de un asunto de naturaleza administrativa. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Acorde con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado, que se advierta del análisis integral de la demanda de amparo. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: 1) Analizar en su integridad la demanda de amparo y anexos, con un criterio de liberalidad y no restrictivo, sin cambiar su alcance y contenido; y, 2) Prescindir de los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad al expresarse los actos reclamados. En ese entendido, de un análisis integral de la demanda de amparo y de las constancias de autos, se advierte que las autoridades responsables y los actos reclamados se hacen consistir en los siguientes: Autoridades responsables: Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Secretario de Salud del Gobierno Federal. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Secretario de Salud del Gobierno del Estado de Oaxaca. Director del Hospital Regional de Alta Especialidad en Oaxaca. Trabajadora Social del Hospital Regional de Alta Especialidad en Oaxaca. Traumatólogo ortopedista del Hospital Regional de Alta Especialidad en Oaxaca. Camilleros del Hospital Regional de Alta Especialidad en Oaxaca. Enfermeras del Hospital Regional de Alta Especialidad en Oaxaca. Acto reclamado: La falta de atención médica especializada para la quejosa *********, para efecto de operarla de su rodilla derecha. Se precisa que la parte quejosa señala también como actos reclamados la tortura psicológica y violación al derecho de salud por no prestarle la atención médica especializada, al negarle medicamentos, cuidados y omitir los protocolos para personas de la tercera edad; que la quieren matar por ser pobre, ignorante y no tener familiares influyentes ni políticos de primer nivel., aspectos que, se estima, no constituyen verdaderos actos reclamados, sino que forma parte de las manifestaciones de inconformidad, vía conceptos de violación; ya que derivan de la negativa de atención medica anteriormente precisada, motivo por el que, ante la obligación que tiene este órgano jurisdiccional de resolver la verdadera cuestión planteada, tales argumentos se abordarán, de ser procedente el juicio, como parte de dichos conceptos y no como acto destacado. Es aplicable la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2014, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 181810, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados al 1) secretario de Salud del Gobierno del Estado de Oaxaca, ya que en su informe justificado negó la existencia del acto que se le reclama; sin que la parte quejosa hubiere desvirtuado dicha negativa. Por su parte, las diversas autoridades responsables 2) presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 3) secretario de Salud del Gobierno Federal, y 4) gobernador del Estado libre y Soberano de Oaxaca, no rindieron sus informes justificados; empero, en autos no existe constancia de la que se advierta que hayan tenido participación o, en su caso, se les hubiere hecho de su conocimiento el tratamiento médico que reclama la quejosa; por tanto, no estaban en posibilidad de atender los actos que de ellos se reclaman; máxime que en autos obran sus informes de acatamiento a la suspensión de oficio y de plano decretada en este asunto del representante legal del Gobierno del Estado de Oaxaca, director de los Servicios de Salud del Gobierno del Estado de Oaxaca, y director contencioso de la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud, de los que se desprende que, efectivamente, no tuvieron participación alguna en los actos que se les atribuyen; no obstante, acataron esa suspensión. En esas condiciones, se estima que a nada práctico conduce tener por cierto el acto que se les reclama a dichas autoridades. Sirve de apoyo por su contendido la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, correspondiente a la Décima Época cuyo rubro y cuyo texto se trascribe a continuación: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO.- Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." En consecuencia, procede sobreseer este juicio de amparo respecto de las autoridades precisadas en este apartado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional...". CUARTO. Existencia del acto reclamado. El jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos y apoderado Legal del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, el rendir el informe justificado en representación de las autoridades responsables 5) directora general, 6) trabajadora social, 7) traumatólogo ortopedista, 8) camilleros y 9) enfermeras, todos adscritos a dicho nosocomio, negó la existencia del acto reclamado. Al respecto, manifestó que, contrario a lo que refiere la parte quejosa, si se le está brindando atención médica, de conformidad con la capacidad de dicho hospital, pues es el único de tercer nivel en el Estado, lo que genera que las agendas de los médicos especialistas se encuentren sobresaturadas; además, refirió, que la directa quejosa se encuentra en circuito quirúrgico para la programación electiva de sustitución de rodilla. Al margen de tales manifestaciones, en la especie, debe tenerse por cierto el acto que se atribuye a las autoridades del Hospital Regional de Alta Especialidad en Oaxaca; lo anterior, en primer término, porque la simple afirmación sobre la inexistencia de esos actos, es insuficiente para revertir la carga probatoria, ya que no se trata de una negativa lisa y llana, sino que conlleva implícito un hecho positivo consistente en la prestación adecuada y eficiente del servicio médico; y, en el caso, el análisis que se realice respecto a la prestación del servicio médico brindado a la peticionaria de amparo será materia de estudio en el apartado en el que se analice el fondo de este asunto. Sustenta lo expuesto la tesis aislada: IV.2o.A.23 A (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, Pag. 2467, Décima Época, registro 2001893, que dice: "DERECHO HUMANO A LA SALUD. LA SIMPLE AFIRMACIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SOBRE LA INEXISTENCIA DE LOS ACTOS EN SU INFORME JUSTIFICADO, RELATIVOS A OTORGAR INCAPACIDADES Y MEDICAMENTOS, ES INSUFICIENTE PARA REVERTIR LA CARGA DE LA PRUEBA Y, POR TANTO, DICHA ACTUACIÓN CONTRAVIENE AQUÉL. El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos coincidentemente, entre otros tratados internacionales, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, consagra el derecho humano a la salud, que se traduce en la obligación del Estado de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población, entendiéndose por tales servicios, las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona. Por tanto, si la quejosa demuestra ante la instancia constitucional, mediante los documentos relativos que ha presentado un padecimiento de salud que está siendo atendida en la institución de salud pública correspondiente, y le atribuye a ésta la negativa de otorgarle las incapacidades y medicamentos necesarios; entonces la simple afirmación de las autoridades responsables sobre la inexistencia de esos actos en su informe justificado, es insuficiente para revertir la carga probatoria, ya que no se trata de una negativa lisa y llana, sino que conlleva implícito un hecho positivo consistente en la prestación adecuada y eficiente del servicio médico, pues por estar de por medio el irreductible derecho humano a la salud del derechohabiente, la discrecionalidad en la prescripción de incapacidades y medicamentos a ella, no puede convertirse en una arbitrariedad libre de control de constitucionalidad. En tal virtud, si las citadas autoridades no esclarecen y justifican la constitucionalidad de la negativa que se les atribuye, no obstante que tienen a su alcance los medios documentales adecuados para ello, su actuación contraviene el referido derecho humano a la salud." En segundo término, porque cuando el juzgador de amparo advierta que la norma general, acto u omisión reclamada de la autoridad responsable vulnera derechos humanos del quejoso, debe abordarse el estudio de esa violación, con independencia de que las partes invoquen o no dicha infracción en sus conceptos de violación, pues de esa manera se favorece el acatamiento de los principios señalados y se resguarda el efecto útil del juicio de amparo como medio para proteger y garantizar los derechos fundamentales, sin soslayar los presupuestos necesarios para suplir la deficiencia de argumentos, tales como que el juzgador tenga competencia, que el juicio sea procedente y que se respete la litis planteada. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Sea que las partes lo aleguen o no, en el caso, se examinará si, en la especie, opera alguna causa de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, al haberse analizado y valorado previamente todas y cada una de las constancias que conforman este juicio, se concluye que no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia obvia y objetiva que deba estudiarse de oficio, ni se advierte que las partes hubieran hecho valer alguna otra, por lo que procede el estudio de fondo del asunto. SEXTO. Análisis del asunto. La parte quejosa expresó su respectivo concepto de violación, el cual se tiene por reproducido como si a la letra se insertaran, en aras del principio de economía procesal, toda vez que no es necesaria su transcripción, ni existe precepto alguno de la Ley de Amparo que obligue a este Juzgado Federal a transcribirlos, sin que ello conlleve a incumplir con los principios de exhaustividad y congruencia que toda sentencia de amparo debe observar. Concepto de violación. En este punto es preciso señalar que de conformidad con el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, en suplencia de la queja deficiente, verificará el estudio del acto reclamado, al margen de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa. Lo anterior, porque constituye obligación del juzgador de amparo, de conformidad con el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, analizar las disposiciones legales aplicables y atender al mayor beneficio que pudiera corresponder al quejoso. El artículo 4°, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su última reforma, efectuada el ocho de mayo de dos mil veinte, respecto al derecho a la salud, establece: "Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social." Constitución cuyos artículos transitorios disponen: "Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. El Congreso de la Unión deberá armonizar el marco jurídico en la materia para adecuarlo al contenido del presente Decreto en un plazo que no excederá de 365 días a partir de la entrada en vigor del mismo, debiendo incluir disposiciones que determinen los alcances y permitan dar cumplimiento gradual conforme a lo que se apruebe en los presupuestos de egresos correspondientes, así como la concurrencia de los tres órdenes de gobierno para garantizar los derechos derivados del presente Decreto." Disposiciones que son aplicables en favor de la parte quejosa, porque, la demanda de amparo se presentó el uno de agosto de dos mil veintitrés, es decir, ya en la vigencia de las normas constitucionales invocadas - sustantivas-, de las que se advierte, en lo sustancial, que: Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud; La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Así, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece para toda persona la protección al derecho a la salud, pero también se advierte la participación de diversas dependencias que forman parte integrante de ese derecho, como lo es el Hospital Regional de Alta Especialidad en el Estado de Oaxaca. Antecedentes del caso: **********, en representación de *********, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que hizo consistir, en esencia, en la falta de atención médica especializada para efecto de operar a la directa quejosa de su rodilla derecha; acto que atribuyó, entre otras autoridades, al director general, trabajadora social, traumatólogo ortopedista, camilleros y enfermeras, todos adscritos al Hospital Regional de Alta Especialidad en el Estado de Oaxaca. Argumentos de la parte quejosa. La directa quejosa es una persona mayor de edad quien, a decir del promovente, en la fecha de presentación de la demanda se encontraba sufriendo en los pasillos del hospital al no brindarse la atención médica que requiere por ser mujer, pobre, no tener familia influyente y no ser de la alta sociedad. Argumentos de la autoridad responsable. El jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos y apoderado Legal del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, en representación de la 5) directora general, 6) trabajadora social, 7) traumatólogo ortopedista, 8) camilleros y 9) enfermeras, todos adscritos a dicho hospital, manifestó que: Si se está brindando atención médica a la directa quejosa, de conformidad con la capacidad de dicho hospital, ya que al ser el único de tercer nivel en el Estado, genera que las agendas de los médicos especialistas se encuentren sobresaturadas. La directa quejosa se encuentra en circuito quirúrgico para la programación electiva de sustitución de rodilla. Litis constitucional. Establecido lo anterior, el debate central en esta contienda constitucional estriba en determinar si se está brindando, o no, la atención medica correspondiente a la quejosa de acuerdo a su padecimiento, a fin de que la operen de la rodilla derecha. Para determinar lo anterior, en principio, debe señalarse que constitucionalmente los derechos a la vida y a la salud se encuentran consagrados en los artículos 1° y 4°, que dicen: "Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas." "Artículo 4º. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia." Además, jurisprudencialmente se ha establecido también que el derecho a la salud, al tratarse de un derecho prestacional de los denominados DECS (derechos económicos, sociales y culturales), ha sido desarrollado paulatinamente a través de los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los que se ha concluido que ese derecho -a la salud- entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, así como el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Por su parte, la Enciclopedia Jurídica Mexicana del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Tomo XII, página siete, define el derecho a la salud como "el conjunto de normas de derecho público que regulan las actividades de las instituciones del Estado y los sujetos públicos, privados y sociales que tengan por objeto común proteger la salud.". Por tanto, ese derecho subjetivo implica un cúmulo de facultades de los órganos estatales cuyo ejercicio permite, entre otras cuestiones, garantizar las condiciones necesarias para que la salud de los gobernados esté protegida a través de la emisión y aplicación de reglas de carácter general. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cuatrocientos cincuenta y siete del Tomo XXVIII, Julio de dos mil ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que sostiene: "DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. Este Alto Tribunal ha señalado que el derecho a la protección de la salud previsto en el citado precepto constitucional tiene, entre otras finalidades, la de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población, y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Así, lo anterior es compatible con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que destacan el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que alude al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y refiere que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho; y el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", según el cual toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. En ese sentido y en congruencia con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano. Así, el derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Asimismo, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia; de ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud" Asimismo, la tesis aislada P. XV/2011, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, Pag. 31, registro 161331, Novena Época, que dice: "DERECHO A LA SALUD. SU NATURALEZA NORMATIVA. Nuestro país atraviesa una etapa de intensa transformación en la manera de identificar la sustancia normativa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus consecuencias para la mecánica del funcionamiento del juicio de amparo. Una de las manifestaciones específicas de este fenómeno es la alteración de la comprensión, hasta ahora tradicional, de derechos como el relativo a la salud o a la educación. Esto es, a pesar de su consagración textual en la Carta Magna, estos derechos han sido tradicionalmente entendidos como meras declaraciones de intenciones, sin mucho poder vinculante real sobre la acción de ciudadanos y poderes públicos. Se ha entendido que su efectiva consecución estaba subordinada a actuaciones legislativas y administraciones específicas, en cuya ausencia los Jueces Constitucionales no podían hacer mucho. Ahora, en cambio, se parte de la premisa de que, aunque en un Estado constitucional democrático el legislador ordinario y las autoridades gubernamentales y administrativas tienen un margen muy amplio para plasmar su visión de la Constitución y, en particular, para desplegar en una dirección u otra las políticas públicas y regulaciones que deben dar cuerpo a la garantía efectiva de los derechos, el Juez Constitucional puede contrastar su labor con los estándares contenidos en la propia Ley Suprema y en los tratados de derechos humanos que forman parte de la normativa y vinculan a todas las autoridades estatales." Así, el derecho a la protección de la salud tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población; por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Para arribar a una conclusión, resulta oportuno precisar que en el sumario obran las siguientes documentales: Pruebas que obran en el expediente. Nota clínica de cinco de abril de dos mil veintitrés, de la que se advierte que el diagnóstico de la quejosa es paciente con artrosis severa y deformidad en valgo de la rodilla derecha, quien, además, se encuentra en el programa de enfermedades crónico degenerativas. Oficio con terminación 193-2023, de nueve de agosto de este año, en el que el director médico del Hospital Regional de Alta Especialidad en Oaxaca comunicó que la quejosa acudió a su cita programada y, previa entrevista, se le agendó una nueva cita para el quince de agosto de este año al servicio de traumatología y ortopedia, con el fin de valorar e iniciar circuito quirúrgico con la intensión de integrarla a la jornada de ortopedia. Oficio terminación 202-2023, de quince de agosto de esta anualidad, por medio del que el director médico del Hospital responsable informó que la quejosa acudió a su cita programada para el quince de agosto de esta anualidad; empero, el especialista en traumatología y ortopedia no acudió a laborar; por ende, se le programó nueva cita para el veintidós de agosto de este año. Oficio HRAEO-DG-DM-251-2023 de tres de octubre de este año, por el cual el director médico del citado hospital informó que la quejosa acudió a su cita programada para el veintidós de agosto del año en curso, fecha en la que fue ingresada a circuito quirúrgico para intervención de recambio articular total de rodilla, precisando que la paciente es portadora de una patología articular que no compromete su vida y no amerita un tratamiento quirúrgico urgente, pues debe someterse a un protocolo estricto con múltiples valoraciones por diferentes médicos a fin de evitar complicaciones. Nota médica de veintidós de agosto de esta anualidad. Decisión. Como quedó establecido, el debate central de esta contienda constitucional, estriba en determinar si a la quejosa se le ha brindado o no la atención medica que requiere conforme a su padecimiento, pues lo que reclamó en esencia es, precisamente, la falta de atención médica especializada, con el fin de que se le opere de la rodilla derecha. Ahora, de las constancias que obran en autos y de las documentales remitidas por la autoridad responsable, descritas con anterioridad y con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, al tener el carácter de documentos públicos, expedidos en ejercicio de sus funciones, se advierte que, opuesto a lo aducido por la parte quejosa, el Hospital Regional de Alta Especialidad en Oaxaca no ha vulnerado el derecho a la salud; por el contrario, de acuerdo a la valoración del criterio subjetivo que deben realizar las autoridades responsables que prestan asistencia médica y tratamiento con alguna enfermedad -que estriba en que, de ser diagnosticada la paciente con una enfermedad crónico y/o degenerativa, el Estado deberá procurar la garantía del tratamiento necesario para el control de su sintomatología, así como el control del deterioro de su integridad física y psiquica-, dicho nosocomio ha tomado en cuenta la salud actual de la quejosa, requerimientos clínicos y médicos, otorgando las citas para su valoración y soporte, de conformidad con lo previsto en el artículo 33 de la Ley General de Salud. Ello es así, porque el día veintidós de agosto del año en curso la aquí quejosa acudió a su cita programada con el especialista en traumatología y ortopedia, fecha en la que fue ingresada a circuito quirúrgico para intervención de recambio articular total de rodilla. Es de señalarse que la directora de Servicios Quirúrgicos del Hospital Regional de Alta Especialidad en el Estado de Oaxaca precisó en el comunicado HRAEO-DG-DM-251-2023, de tres de octubre de este año, que la paciente es portadora de una patología articular que no compromete su vida y no amerita un tratamiento quirúrgico urgente, pues debe someterse a un protocolo estricto con múltiples valoraciones por diferentes médicos a fin de evitar complicaciones. De lo anterior se colige que el especialista se encuentra siguiendo los protocolos establecidos para los pacientes que son candidatos a una cirugía, lo que implica tomar en cuenta desde la edad de la paciente, así como los diversos padecimientos que pudiese llegar a presentar; ello, con el fin de descartar cualquier situación que ponga en riesgo la vida de la paciente al someterse a cirugía. Entonces, si, previas citas y valoraciones programadas, la aquí quejosa ya fue ingresada a circuito quirúrgico el veintidós de agosto de este año, y únicamente debe seguir con las valoraciones que le sean requeridas previas a la cirugía, se estima infundado el concepto de violación propuesto por la parte quejosa, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de proporcionar atención médica especializada a la directa quejosa, para efecto de operarla de su rodilla; por tanto, se impone NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN de la justicia federal solicitado, toda vez que no se demostró que el acto reclamado infrinja en su perjuicio los derechos fundamentales consignados en los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; pues las autoridades responsables adscritas al Hospital Regional de Alta Especialidad en el Estado de Oaxaca, por el contrario, demostraron que se encuentran brindado la atención medica respectiva, aunado a que la quejosa actualmente se encuentra en circuito para operación. SÉPTIMO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. En relación con lo anterior, se instruye a la secretaria encargada de este expediente, verifique que la versión pública de la sentencia sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo solicitado por *********, respecto del acto reclamado consistente en la falta de atención médica especializada, para efecto de operarla de su rodilla derecha, acto atribuido al 1) secretario de Salud del Gobierno del Estado de Oaxaca, 2) presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 3) secretario de Salud del Gobierno Federal, y 4) gobernador del Estado libre y Soberano de Oaxaca, en términos del considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia Federal no ampara ni protege a ********* respecto del acto reclamado consistente en la falta de atención médica especializada, para efecto de operarla de su rodilla derecha, atribuido a la 5) directora general, 6) trabajadora social, 7) traumatólogo ortopedista, 8) camilleros y 9) enfermeras, todos adscritos al Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca; ello, de conformidad con los motivos y fundamentos expuesto en el considerando sexto de este fallo. TERCERO. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL 742/2023 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Diferimiento de la audiencia constitucional. Vistos los autos, se advierte que se encontraban señaladas las diez horas con diecisiete minutos del veinticuatro de octubre del año en curso, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo; misma que no pudo desahogarse, ya que los días dieciocho, diecinueve, veinte, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis y veintisiete de octubre de dos mil veintitrés fueron declarados inhábiles, en sesión extraordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado por el secretario Ejecutivo del Pleno mediante circular 28/2023, y a través del "AVISO DE SUSPENSIÓN DE LABORES" firmado por los coordinadores de a) magistrados de Circuito y b) jueces de Distrito, ambos del Decimotercer Circuito, de fecha veinticinco del mes actual, relacionado con la circular 29/2023 del referido secretario Ejecutivo del Pleno. En esas condiciones, se difiere la referida audiencia constitucional y se fijan las once horas con siete minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.Cshr
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PRAL. 742/2023 MESA 3* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. 1. Glose de informe. Agréguese el oficio de cuenta con terminación 496/2023, suscrito por el jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos del Hospital Regional de Alta Especialidad en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio; mediante el que cumple con el requerimiento realizado en auto de veintiocho de septiembre del año en curso; al respecto, refiere lo siguiente: Se ha estado brindando la atención médica debida a la quejosa *****, conforme a su padecimiento, quien se encuentra en protocolo médico y bajo diversas valoraciones para la práctica de su cirugía. Remite el diverso oficio HRAEO-DG-DM-251-2023 de tres de octubre de este año, por el cual el director médico del citado hospital informó que la quejosa acudió a su cita programada para el veintidós de agosto del año en curso, fecha en la que fue ingresada a circuito quirúrgico para intervención de recambio articular total de rodilla, precisando que la paciente es portadora de una patología articular que no compromete su vida y no amerita un tratamiento quirúrgico urgente, pues debe someterse a un protocolo estricto con múltiples valoraciones por diferentes médicos a fin de evitar complicaciones. Asimismo, anexa la nota médica de veintidós de agosto de esta anualidad. De lo anterior se toma nota para los fines legales consiguientes y con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad de cuenta remitiendo las documentales respectivas como parte formal de su informe justificado, mismas que se tomarán en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL. 742/2023 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. De los mismos se advierte que en este asunto la parte quejosa reclama, en esencia, la falta de atención médica especializada, para efecto de operarla de su rodilla derecha; en tanto que de las documentales remitidas por el jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos del Hospital Regional de Alta Especialidad en Oaxaca, en cumplimiento a la suspensión de oficio y de plano concedida en este asunto, se advierte lo siguiente: Que la quejosa ******************** no se encuentra hospitalizada en ese nosocomio, pero se le ha bridado la atención médica respectiva (registro 8****************************************4). Mediante oficio ********************, de nueve de agosto de este año, el director médico del citado hospital informó que se le programó nueva cita a la quejosa para el quince de agosto de este año, a fin de ser valorada por el servicio de traumatología y ortopedia, e iniciar circuito quirúrgico con la intensión de integrarse a la jornada de ortopedia del mes de septiembre de este año. Mediante oficio ********************, de quince de agosto de este año, el director médico del hospital en mención informó que el médico especialista en traumatología y ortopedia no acudió a laborar el día quince de agosto de esta anualidad, fecha en la que la quejosa tenía señalada su cita; motivo por el cual se le programó nueva cita para el día veintidós de agosto de esta anualidad. 2. Requerimiento de acatamiento a la suspensión de oficio y de plano. En esas condiciones, se requiere a las responsables para que, dentro del término de veinticuatro horas, informen las nuevas medidas que hayan tomado a fin de acatar en sus términos la suspensión de oficio y de plano concedida a la quejosa ******************** en auto de uno de agosto de dos mil veintitrés. Se le(s) hace saber que para el caso de no hacerlo, será(n) sancionada(s) en los términos que señala el Código Penal Federal para el delito de abuso de autoridad, por cuanto a la desobediencia cometida, con independencia de cualquier otro delito en el que incurra(n), como lo dispone el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. 3. Requerimiento de constancias. No obstante, con fundamento en el artículo 7******************** de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, a fin de estar en condiciones de dictar una resolución apegada a derecho, requiérase a la autoridad responsable director general del Hospital Regional de Alta Especialidad en Oaxaca, a fin de que, dentro del término de tres días hábiles siguientes a su notificación, cumpla con lo siguiente: Informe si la quejosa ******************** acudió a su cita programada para el día veintidós de agosto de esta anualidad, en el servicio de traumatología y ortopedia, en la que se valoraría e iniciaría circuito quirúrgico para integrarla a la jornada de ortopedia de este mes de septiembre de este año y, en su caso, el resultado de esa cita. Informe el seguimiento al padecimiento de la referida quejosa. En el entendido que deberá remitir copia certificada completa y legible de las constancias que lo justifiquen. 3.1. Apercibimiento. Se le apercibe que, de no cumplir con lo anterior o de no manifestar el impedimento que tenga para ello, se le impondrá una multa equivalente a la suma de $********************,********************.00 (********************o mil ******************** pesos, 00/100, moneda nacional), relativa a ********************uenta días valores diarios de la unidad de medida y actualización, en relación con lo dispuesto por los preceptos 237, fracción I, y 238 de la Ley de Amparo. 4. Diferimiento de audiencia constitucional. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para esta fecha, se difiere, y se fijan las diez horas con diecisiete minutos del veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, para su verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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