Aureliano Alejandro Nicolás Cortés
Expediente 631/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 631/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 07/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Aureliano Alejandro Nicolás Cortés
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
PRAL.631/2022 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de julio de dos mil veintidós. 1. Tribunal acepta competencia. Agréguense a los autos los oficios 4146/2022 y 4309/2022, de la actuaria adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, de los que se advierte, en lo sustancial, que: a) Acusa recibo del oficio por el que se le remitió, por incompetencia, el 1) original del expediente 631/2022 y 2) dos tomos anexos; e b) Informa que aceptó la competencia declinada por este Juzgado para conocer del juicio de amparo promovido por ****, registrando su ingreso con el número de toca 70/2022, de su índice. De lo anterior se toma nota para los efectos legales procedentes. 2. Archivo del expediente. Como no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso j), 24 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 3. Destino. Como en este expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes, en razón de la competencia aceptada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito; con fundamento en el artículo 21, inciso j, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, ESTE EXPEDIENTE ES DESTRUIBLE, por lo cual, transcurridos tres años a partir de la fecha en que se ordenó el archivo como asunto concluido, procédase a su destrucción dentro de los treinta días siguientes, y remítase en su momento el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. 4. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo2 y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal3, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 5. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda que el mismo es destruible. 6. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.
- Principal
NOTIFICACIÓN PREVIO AVISO Número de expediente: 631/2022 Acuerdo: PRAL 631/2022 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de junio de dos mil veintidós. 1. Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo agréguese el oficio número 142/2022, del magistrado presidente de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, mediante el que rinde informe justificado. 1.1. Prueba y tomos de pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene como prueba de la citada autoridad responsable la consistente en: 1) los autos originales del toca civil 70/2022 y 2) el expediente civil 390/2021. Debido a la voluminosidad de las constancias que remite la referida autoridad, con las mismas se ordena formar los tomos de pruebas I y II, que quedan a disposición de las partes, respetando el folio y entresello correspondientes. 2. Incompetencia legal. Ahora, por ser un presupuesto procesal que trasciende al orden público, se analiza, en primer término, el relativo a la competencia; al respecto, se estima que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer del asunto, en atención a lo siguiente: En la demanda de amparo origen de este asunto, el quejoso señaló como acto reclamado el siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: de la autoridad señalada como responsable reclamó la resolución de fecha diez de mayo de dos mil veintidós, dictada en el Toca Civil número 70/2022, que declaró improcedente por infundada la queja planteada, la que me fue notificada el doce de mayo del presente año". (Lo resaltado es propio de este Juzgado) Mismo que atribuye a la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Y, en el informe justificado de cuenta, la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, a través del magistrado presidente, convino en la existencia del acto reclamado, en los siguientes términos: (Imagen escaneada) De lo anterior se precisa que lo reclamado en esta instancia constitucional es la resolución de fecha diez de mayo de dos mil veintidós, dictada en el toca civil número 70/2022, que declaró improcedente, por infundada, la queja planteada por el quejoso Aureliano Alejandro Nicolás Cortes, contra el acuerdo de trece de enero de este año, mediante el cual el juez de origen determinó no admitir su demanda instada en la vía civil, en ejercicio de la acción de suspensión definitiva de obra nueva y demolición de lo construido. Así, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, se estima que, en términos de la fracción I del artículo 107 de la Ley de Amparo, se trata de una resolución que puso fin al juicio. Cobra aplicación al caso el criterio sustentado por el Pleno del Octavo Circuito, al resolver la contradicción de tesis 5/2018, que dio origen a la jurisprudencia PC.VIII. J/9 K (10a.), con número de registro 2019370, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, página 1614, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "LITISCONSORCIO ACTIVO VOLUNTARIO EN EL JUICIO DE NULIDAD. LA CONFIRMACIÓN DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA RELATIVA POR LO QUE HACE A UNO DE LOS ACTORES, CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN A JUICIO Y, POR ENDE, ES IMPUGNABLE EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. Los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34, primer párrafo, 170, fracción I y 171 de la Ley de Amparo, regulan los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo y la competencia del órgano jurisdiccional a quien corresponde resolverlo. En tal virtud, cuando varios sujetos activos presentan sendas demandas de nulidad, en las que reclaman un mismo acto administrativo, sin que entre ellos exista un vínculo sustancial previo al juicio que los obligue a litigar en unidad, la confirmación del desechamiento de la demanda de uno de ellos constituye una resolución que pone fin a juicio y, por ende, es impugnable en el amparo directo." (Lo resaltado es propio de este Juzgado) En el citado precedente, el Pleno del Octavo Circuito hizo referencia a que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la diversa contradicción de tesis 21/99, indicó que, en materia agraria, el desechamiento de una demanda pone fin al juicio, pues si éste inicia, para los efectos del amparo, con motivo de la presentación de la demanda, el auto que la desecha en su integridad trae por consecuencia que concluya; además, acotó que es cierto que normalmente un juicio, en su etapa de conocimiento, se inicia con la presentación de la demanda y concluye con la sentencia; y si ésta es impugnable mediante la interposición de un recurso, la sentencia que resuelva el recurso será la que ponga fin al proceso. De ahí que, en la citada tesis, se concluyó que cuando varios sujetos activos presentan sendas demandas de nulidad, en las que reclaman un mismo acto administrativo, sin que entre ellos exista un vínculo sustancial previo al juicio que los obligue a litigar en unidad, la confirmación del desechamiento de la demanda de uno de ellos constituye una resolución que pone fin a juicio y, por ende, es impugnable en el amparo directo. Por tanto, en el caso, lo que puso fin al juicio, para la procedencia del juicio de amparo directo, es la determinación que en segunda instancia declaró improcedente por infundado el recurso de queja interpuesto por el ahora quejoso; como así lo ilustra la diversa tesis VI.1o.C.16 K (10a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, con número de registro 2015190, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 46, Septiembre de 2017, Tomo III, página 1815, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE LO CONFIRMA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO. De los artículos 107, fracciones III, inciso a) y V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo se advierte que el amparo directo procede, entre otros supuestos, contra resoluciones que pongan fin al juicio, entendiéndose por éstas, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes que rijan el acto no concedan un recurso ordinario, por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los medios de impugnación. Ahora bien, la determinación que confirma el desechamiento de una demanda, constituye una resolución que pone fin al juicio de origen pues, sin decidir el fondo de la controversia, necesariamente se da por concluido el juicio, por tanto, en su contra procede el juicio de amparo directo." (Lo resaltado es propio de este Juzgado) En consecuencia, al haberse declarado improcedente, por infundada, la queja interpuesta contra el auto que no admitió la demanda de origen presentada por el ahora quejoso ante el juez de Primera Instancia, se está ante una resolución que puso fin al juicio, misma que es impugnable en amparo directo. De ahí que, en términos del artículo 47 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito declara carecer de competencia legal para continuar conociendo del juicio de amparo 631/2022, promovido por Aureliano Alejandro Nicolás Cortes; por tanto, remítanse a) los autos originales del juicio de amparo en que se actúa y b) los dos tomos anexos, remitidos por el magistrado presidente de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, en turno, del Décimo Tercer Circuito, para que determine lo que en derecho corresponda y, en su caso, se avoque al conocimiento del asunto. 3. Se ordena formar cuaderno de antecedentes. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia certificada de este juicio de amparo. 4. Sin efectos audiencia. Por lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con cincuenta y siete minutos del treinta de junio de dos mil veintidós. 5. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 631/2022 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de junio de dos mil veintidós. 1. Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo agréguese el oficio número 142/2022, del magistrado presidente de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, mediante el que rinde informe justificado. 1.1. Prueba y tomos de pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene como prueba de la citada autoridad responsable la consistente en: 1) los autos originales del toca civil 70/2022 y 2) el expediente civil 390/2021. Debido a la voluminosidad de las constancias que remite la referida autoridad, con las mismas se ordena formar los tomos de pruebas I y II, que quedan a disposición de las partes, respetando el folio y entresello correspondientes. 2. Incompetencia legal. Ahora, por ser un presupuesto procesal que trasciende al orden público, se analiza, en primer término, el relativo a la competencia; al respecto, se estima que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer del asunto, en atención a lo siguiente: En la demanda de amparo origen de este asunto, el quejoso señaló como acto reclamado el siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: de la autoridad señalada como responsable reclamó la resolución de fecha diez de mayo de dos mil veintidós, dictada en el Toca Civil número 70/2022, que declaró improcedente por infundada la queja planteada, la que me fue notificada el doce de mayo del presente año". (Lo resaltado es propio de este Juzgado) Mismo que atribuye a la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Y, en el informe justificado de cuenta, la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, a través del magistrado presidente, convino en la existencia del acto reclamado, en los siguientes términos: (Imagen escaneada) De lo anterior se precisa que lo reclamado en esta instancia constitucional es la resolución de fecha diez de mayo de dos mil veintidós, dictada en el toca civil número 70/2022, que declaró improcedente, por infundada, la queja planteada por el quejoso Aureliano Alejandro Nicolás Cortes, contra el acuerdo de trece de enero de este año, mediante el cual el juez de origen determinó no admitir su demanda instada en la vía civil, en ejercicio de la acción de suspensión definitiva de obra nueva y demolición de lo construido. Así, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, se estima que, en términos de la fracción I del artículo 107 de la Ley de Amparo, se trata de una resolución que puso fin al juicio. Cobra aplicación al caso el criterio sustentado por el Pleno del Octavo Circuito, al resolver la contradicción de tesis 5/2018, que dio origen a la jurisprudencia PC.VIII. J/9 K (10a.), con número de registro 2019370, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, página 1614, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "LITISCONSORCIO ACTIVO VOLUNTARIO EN EL JUICIO DE NULIDAD. LA CONFIRMACIÓN DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA RELATIVA POR LO QUE HACE A UNO DE LOS ACTORES, CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN A JUICIO Y, POR ENDE, ES IMPUGNABLE EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. Los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34, primer párrafo, 170, fracción I y 171 de la Ley de Amparo, regulan los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo y la competencia del órgano jurisdiccional a quien corresponde resolverlo. En tal virtud, cuando varios sujetos activos presentan sendas demandas de nulidad, en las que reclaman un mismo acto administrativo, sin que entre ellos exista un vínculo sustancial previo al juicio que los obligue a litigar en unidad, la confirmación del desechamiento de la demanda de uno de ellos constituye una resolución que pone fin a juicio y, por ende, es impugnable en el amparo directo." (Lo resaltado es propio de este Juzgado) En el citado precedente, el Pleno del Octavo Circuito hizo referencia a que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la diversa contradicción de tesis 21/99, indicó que, en materia agraria, el desechamiento de una demanda pone fin al juicio, pues si éste inicia, para los efectos del amparo, con motivo de la presentación de la demanda, el auto que la desecha en su integridad trae por consecuencia que concluya; además, acotó que es cierto que normalmente un juicio, en su etapa de conocimiento, se inicia con la presentación de la demanda y concluye con la sentencia; y si ésta es impugnable mediante la interposición de un recurso, la sentencia que resuelva el recurso será la que ponga fin al proceso. De ahí que, en la citada tesis, se concluyó que cuando varios sujetos activos presentan sendas demandas de nulidad, en las que reclaman un mismo acto administrativo, sin que entre ellos exista un vínculo sustancial previo al juicio que los obligue a litigar en unidad, la confirmación del desechamiento de la demanda de uno de ellos constituye una resolución que pone fin a juicio y, por ende, es impugnable en el amparo directo. Por tanto, en el caso, lo que puso fin al juicio, para la procedencia del juicio de amparo directo, es la determinación que en segunda instancia declaró improcedente por infundado el recurso de queja interpuesto por el ahora quejoso; como así lo ilustra la diversa tesis VI.1o.C.16 K (10a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, con número de registro 2015190, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 46, Septiembre de 2017, Tomo III, página 1815, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE LO CONFIRMA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO. De los artículos 107, fracciones III, inciso a) y V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo se advierte que el amparo directo procede, entre otros supuestos, contra resoluciones que pongan fin al juicio, entendiéndose por éstas, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes que rijan el acto no concedan un recurso ordinario, por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los medios de impugnación. Ahora bien, la determinación que confirma el desechamiento de una demanda, constituye una resolución que pone fin al juicio de origen pues, sin decidir el fondo de la controversia, necesariamente se da por concluido el juicio, por tanto, en su contra procede el juicio de amparo directo." (Lo resaltado es propio de este Juzgado) En consecuencia, al haberse declarado improcedente, por infundada, la queja interpuesta contra el auto que no admitió la demanda de origen presentada por el ahora quejoso ante el juez de Primera Instancia, se está ante una resolución que puso fin al juicio, misma que es impugnable en amparo directo. De ahí que, en términos del artículo 47 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito declara carecer de competencia legal para continuar conociendo del juicio de amparo 631/2022, promovido por Aureliano Alejandro Nicolás Cortes; por tanto, remítanse a) los autos originales del juicio de amparo en que se actúa y b) los dos tomos anexos, remitidos por el magistrado presidente de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, en turno, del Décimo Tercer Circuito, para que determine lo que en derecho corresponda y, en su caso, se avoque al conocimiento del asunto. 3. Se ordena formar cuaderno de antecedentes. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia certificada de este juicio de amparo. 4. Sin efectos audiencia. Por lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con cincuenta y siete minutos del treinta de junio de dos mil veintidós. 5. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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pra.631/2022 mesa 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de junio de dos mil veintidós. 1. Escrito de la parte quejosa y admisión. Visto el escrito del quejoso ***, y anexo, mediante el que, en cumplimiento a la prevención que se le hizo en auto de dos de junio de dos mil veintidós, manifiesta que es albacea intestamentario a bienes de su finado hermano *** en el asunto de donde deriva el acto reclamado. De donde se desprende que promueve la demanda de amparo por propio derecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 35, 37, 108, 110, 112, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo; misma con la que se ordenó formar este juicio de amparo 631/2022, en el que se continúa actuando. 2. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a formar incidente de suspensión, dado que la parte quejosa no lo solicita de manera expresa y tampoco se actualiza alguno de los supuestos previstos en el artículo 127 de la Ley de Amparo, que establece su tramitación de oficio. 3. Petición de informe justificado. Pídase informe justificado a la(s) autoridad(es) responsable(s), la(s) que deberá(n) rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba(n) la notificación correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115, 116 y 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Con apoyo en lo dispuesto en el cuarto párrafo del invocado numeral 117 de la Ley de Amparo, se solicita a la autoridad responsable, para que al rendir su informe justificado: a) acompañe(n) copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe; y b) que las copias sean íntegras y legibles. 3.1 Medios habilitados a las responsables para remitir comunicaciones. Con fundamento en los artículos 4 y 17 de la Constitución Federal; 3, 15, 27, fracción II, y 28, fracción III, de la Ley de Amparo; 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus covid19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo las notificaciones y entrega de oficios de manera impresa en papel, así como presentar promociones físicamente, se requiere a las responsables que: a) envíen comunicaciones oficiales, b) reciban toda clase de notificaciones y c) acusen recibo de las que sean remitidas por este órgano jurisdiccional, mediante oficio con firma electrónica digitalizada, a través del siguiente correo electrónico institucional del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca: 10jdo13cto@correo.cjf.gob.mx 3.2. Apercibimiento. Con los propios fundamentos legales invocados, apercíbase a la(s) responsable(s) que, de no cumplir con lo anterior, se presumirán ciertos los actos reclamados, salvo prueba en contrario; además, de no rendirlo o no hacerlo en el término señalado (quince días) o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la resolución del juicio constitucional, o de no comunicar el cambio de situación jurídica de la parte quejosa, o de alguna causal notoria de sobreseimiento que se produzca, con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le(s) impondrá multa equivalente al importe de cincuenta días valores diarios de la unidad de medida y actualización, en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será el que tenga a la fecha de este auto. 3.3. Datos reservados. Con fundamento en los artículos 1, 9, 16, 17, 97, 99, 107, 110, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a la(s) autoridad(es) responsable(s) que, para el caso de exhibir documentación o información que tengan el carácter de reservada o confidencial, la envíe(n) en sobre cerrado con la leyenda respectiva, como parte de las medidas necesarias que le(s) corresponde tomar para asegurar su conservación, para lo cual expresará(n) las razones que lo justifiquen y el plazo de reserva; en tal caso, deberá(n) emitir la versión pública de las constancias que tomó (tomaron) en cuenta para emitir los actos reclamados. Y se hace del conocimiento de la parte quejosa que, para el caso de que exhiba alguna prueba documental, deberá indicar expresamente si contiene información confidencial o que deba tener un tratamiento especial, argumentando los motivos y fundamentos en los que se sustente su dicho, así como exhibirlas en sobre cerrado, a fin de proveer lo procedente. 3.4. Informe de diverso juicio de amparo. Asimismo, se solicita a la(s) responsable(s) comunique(n) si la parte quejosa promovió diverso juicio de amparo en relación con los actos reclamados o algún otro acto derivado del proceso penal del que deriva la resolución reclamada; en su caso, precise(n) el Juzgado que conoce o conoció del mismo, y el número de expediente. 3.5. Causa de improcedencia. Con fundamento en el numeral 64, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que comuniquen cuando cesen o hayan cesado los efectos del acto reclamado o se actualice alguna causa notoria de sobreseimiento. 4. Audiencia constitucional. Se señalan las nueve horas con cincuenta y siete minutos del treinta de junio de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115, párrafo primero, de la Ley de Amparo. 5. Prueba. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental de la parte quejosa la copia certificada del instrumento notarial cincuenta y nueve mil quinientos cincuenta y seis, volumen un mil ciento cinco, pasado ante la fe de ***, notaria público número Veintitrés del Estado de México, con residencia en Nezahualcóyot; misma que se desahoga en razón de su propia naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia respectiva. 5.1. Resguardo de instrumento. A fin de no dañar la copia certificada del instrumento notarial relacionado en el párrafo que antecede, con el número de identificación de este juicio de amparo, se ordena resguardar en la Secretaría de este Juzgado, la carpeta que contiene dicha documental. 6. Juicio en línea y notificaciones electrónicas. Como lo solicita el promovente en el escrito de cuenta, con fundamento en los artículos 35, 36 y 38 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos, se autoriza el acceso a la consulta del expediente electrónico relativo a este juicio de amparo en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del usuario "*** y de conformidad con el numeral 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se ordena realizar las notificaciones que le correspondan en este expediente vía electrónica, a dicho usuario. Por tanto, pese a que la parte quejosa designó un domicilio físico para recibir notificaciones en su escrito inicial constitucional, y un correo electrónico en ocurso de cuenta; se estima que su diversa petición de tramitar de este asunto mediante el esquema de "juicio en línea", impide la práctica de notificaciones de una manera diversa, pues la autorización de notificaciones electrónicas sustituye a las diversas (personales, por oficio, por lista). Se invoca en apoyo a lo anterior la tesis I.1o.P.34 K (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 58, septiembre de 2018, tomo III, de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. SUSTITUYEN A CUALQUIERA DE LAS EFECTUADAS POR LAS VÍAS TRADICIONALES (PERSONALES, MEDIANTE OFICIO Y POR LISTA), POR LO QUE EL ÓRGANO DE AMPARO DEBE PRACTICAR TODA CLASE DE COMUNICACIÓN CON LA PARTE QUE ASÍ LO DESIGNE, ÚNICAMENTE POR ESE MEDIO". En consecuencia, las notificaciones se harán vía electrónica únicamente en caso de que exista imposibilidad a través de ese medio, con fundamento en el numeral 27 de la Ley de Amparo, se podrán practicar en el domicilio físico proporcionado en la demanda de amparo. 7. Medios electrónicos. Se autoriza a la parte quejosa el uso de aparatos electrónicos para obtener la toma de acuerdos y captura de constancias, sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que haga la parte ocursante, quien estará obligada a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, y se hace de su conocimiento que este Juzgado podrá restringir el uso de dichos medios cuando se trate de documentos que tengan información reservada o confidencial, por lo que, ante este supuesto, las constancias no podrán ser transmitidas, copiadas, fotografiadas, escaneadas o reproducidas por cualquier medio. Lo anterior, acorde a la jurisprudencia 26/2015, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA". En el entendido que para efectuar la captura de constancias físicas, deberá agendar cita previa en el micrositio sobre "servicios jurisdiccionales", disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos del artículo 3 del acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19. Por ello, se indica al (a la) actuario (a) que cuando se lleve a cabo el uso de aparatos electrónicos por el promovente o sus autorizados, deberá solicitar la identificación de la persona respectiva. 8. Intervención de la fiscal federal adscrita. Dése la intervención que le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita con copia de la demanda de amparo. 9. Notificación a dicha representante social y a las autoridades. Se ordena que las notificaciones que le correspondan a la a) agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, b) autoridades responsables, c) autoridades que tengan el carácter de terceros interesados y d) autoridades que, sin tener este último carácter, deban tener intervención en este juicio de amparo, se realicen en las oficinas relativas, pero de existir imposibilidad para ello, practicarlas por vía correo electrónico, para lo cual, el (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado deberá enviar el oficio digitalizado mediante la utilización de la firma electrónica, y cerciorarse de las direcciones de correo electrónico de los destinatarios, para posteriormente elaborar la razón en la que conste nombre y cargo de la persona que reciba las comunicaciones oficiales que se envíen; en su caso, deberá observarse el "Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el intercambio de información oficial a través de correo electrónico institucional como medida complementaria de las acciones para el combate a la enfermedad generada por el virus sars-cov2 (covid 19)", emitido el diecisiete de abril de dos mil veinte por la Secretaría de la Función Pública. Así, se faculta al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que consulte el concentrado de correos electrónicos institucionales de las dependencias de las entidades federativas, publicado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para efectos de la práctica de notificaciones en términos de los artículos 28 y 30 de la Ley de Amparo. O, en su caso, para que verifique en el portal de servicios en línea si la autoridad responsable tiene celebrado convenio de interconexión pues, de ser así, podrá realizar la notificación por ese medio, como lo dispone el apartado B, número 12, de la circular SECNO/7/2020, de seis de mayo de dos mil veinte. 9.1. Precisión en la denominación de la(s) autoridad(es) responsable(s). Con apoyo en lo dispuesto por el numeral 108, fracción III, de la Ley de Amparo (que establece entre las obligaciones de la parte peticionaria de amparo, la de señalar con precisión a las autoridades responsables, tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo), se apercibe a la parte quejosa que si la(s) autoridad(es) responsable(s) no existe(n) con la denominación que indica en su demanda, previo requerimiento respectivo, se le(s) tendrá por inexistente(s), suspendiéndose toda comunicación con la(s) misma(s) y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o señalamiento corregido. 10. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese.
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