Aurelia Suárez Pedraza

Expediente 311/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
311/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
21/04/2022

Partes del expediente

  • Aurelia Suárez Pedraza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Incidental

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que en esta data se dictó un proveído en el juicio de amparo del que deriva este incidente, en el que se ordenó su archivo, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó la suspensión provisional y definitiva solicitada, los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción y carecen de relevancia documental, tal como lo dispone el artículo 21, inciso c), motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral 22 del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se destruirá el cuaderno original. Notifíquese.

  2. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el treinta de marzo de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Aurelia Suárez Pedraza; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero1 inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo2 del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se 1 Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; e) Medidas precautorias, siempre que no sean en materia penal. f) Impedimentos; g) Recusaciones; h) Excusas; i) Returnos; j) Incompetencias; k) Conflictos competenciales. En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. No serán valorados como destruibles aquellos expedientes que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en este Acuerdo General. 2 Artículo 22. Documentos necesarios para formalizar la destrucción de expedientes. En términos de lo dispuesto en los procedimientos y formatos señalados en el Manual, para la destrucción de los expedientes se deberán generar, por duplicado, los documentos siguientes: I. Acta firmada por el titular del órgano jurisdiccional y el servidor público designado para dar fe de la desintegración material. El acta de destrucción deberá incluir el acuerdo de desincorporación; y II. Listado en formato impreso y electrónico de los expedientes o constancias que se destruyen, firmada por el titular del órgano jurisdiccional y el servidor público designado para dar fe de la desintegración material. desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días hábiles a recoger el documento consistente en el escrito de recibido de fecha diez de enero de dos mil veinte, en original exhibido por la parte quejosa, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dicho documento podrá ser destruido. En ese orden, se le hace saber al promovente que deberá agendar su cita mediante la modalidad del programa "Agenda OJ", de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción I inciso e) del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; por lo que el promovente o las personas autorizadas para ello, deberá comparecer ante este órgano jurisdiccional con identificación oficial vigente, en la hora y día que para tales efectos se le señale, bajo el apercibimiento que de no acudir a la cita en el horario y fecha establecidos, no se le expedirá dicha copia. Ahora bien, de conformidad con el artículo 15 del citado acuerdo, el cual fue reformado mediante el diverso 7/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el dieciocho del presente mes y año, el horario presencial de este juzgado es de ocho horas con treinta minutos a quince horas con treinta minutos. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    NOTIFICACION ESTABLECIDA CONFORME A LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO A LA PARTE QUEJOSA. VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el treinta de marzo de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Aurelia Suárez Pedraza; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero1 inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo2 del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se 1 Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; e) Medidas precautorias, siempre que no sean en materia penal. f) Impedimentos; g) Recusaciones; h) Excusas; i) Returnos; j) Incompetencias; k) Conflictos competenciales. En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. No serán valorados como destruibles aquellos expedientes que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en este Acuerdo General. 2 Artículo 22. Documentos necesarios para formalizar la destrucción de expedientes. En términos de lo dispuesto en los procedimientos y formatos señalados en el Manual, para la destrucción de los expedientes se deberán generar, por duplicado, los documentos siguientes: I. Acta firmada por el titular del órgano jurisdiccional y el servidor público designado para dar fe de la desintegración material. El acta de destrucción deberá incluir el acuerdo de desincorporación; y II. Listado en formato impreso y electrónico de los expedientes o constancias que se destruyen, firmada por el titular del órgano jurisdiccional y el servidor público designado para dar fe de la desintegración material. desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días hábiles a recoger el documento consistente en el escrito de recibido de fecha diez de enero de dos mil veinte, en original exhibido por la parte quejosa, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dicho documento podrá ser destruido. En ese orden, se le hace saber al promovente que deberá agendar su cita mediante la modalidad del programa "Agenda OJ", de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción I inciso e) del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; por lo que el promovente o las personas autorizadas para ello, deberá comparecer ante este órgano jurisdiccional con identificación oficial vigente, en la hora y día que para tales efectos se le señale, bajo el apercibimiento que de no acudir a la cita en el horario y fecha establecidos, no se le expedirá dicha copia. Ahora bien, de conformidad con el artículo 15 del citado acuerdo, el cual fue reformado mediante el diverso 7/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el dieciocho del presente mes y año, el horario presencial de este juzgado es de ocho horas con treinta minutos a quince horas con treinta minutos. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 311/2022-8, promovido por Aurelia Suárez Pedraza, contra los actos que reclama del Secretario de Movilidad del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnado el mismo día al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, Aurelia Suárez Pedraza, solicitó el amparo y protección de la justicia federal respecto del acto y autoridades que a continuación se detallan: Autoridades responsables: Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco (ordenadora). Departamento de Sanciones de la Secretaria de Movilidad del Estado de Tabasco (ejecutora) Dirección Operativa de la Secretaria de Movilidad del Estado de Tabasco (ejecutora). Policía Estatal de Caminos (ejecutora). Acto reclamado: ( ".La Flagrante Violación a mis Garantías Constitucionales como consecuencia de la Violación a LA FALTA DE NOTIFICACIÓN Y ACUERDO AL ESCRITO DE PETICIÓN DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 Y POR CONSECUENCIA LA FALTA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN NO FUNDAR Y MOTIVAR LA NEGATIVA DE ACUERDO. Toda vez que la Autoridad Responsable Ordenadora no me notificó acuerdo alguno a mi petición fundando y motivando su negativa a mi escrito de petición de fecha 08 de septiembre del año 2021 y con fecha de recibido por parte de la Autoridad Responsable Ordenadora en 26 de octubre de 2021, mediante el cual le solicito a la Autoridad Responsable Ordenadora que el motocarro de 4 ruedas que pretenden imponerme de forma indebida resulta ser un auto compacto y que no reúne las características para prestar el servicio de motocarro de tres ruedas (pochimoviles) en nuestra entidad federativa (tabasco).". SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En proveído de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco admitió a trámite la demanda de amparo, registrándola con el expediente 1657/2021-III-1; solicitó a las autoridades responsables rindieran informe justificado, otorgó la legal intervención al Fiscal Federal adscrito; y fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. DECLARACIÓN DE IMPEDIMENTO. En proveído de cinco de enero de dos mil veintidós, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, se declaró impedido para conocer del presente asunto, por lo que turno los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, con sede en esta Ciudad, a fin de que resolviera el impedimento planteado. CUARTO. ACEPTACIÓN DE COMPETENCIA. Por oficio signado por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, con transcripción del proveído de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, por el cual informó que el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, declaró fundado el impedimento por el cual se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Aurelia Suárez Pedraza. Por lo cual en proveído de once de marzo de dos mil veintidós, se aceptó la competencia declinada, registrándose el juicio de amparo con el expediente 311/2022-8; y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tiene verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917- septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registro 1003226, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, materia común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 181810, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Si bien los criterios invocados se generaron con base en la interpretación del precepto 77 de la Ley de Amparo abrogada, actualmente también son aplicables en tanto que no se oponen a las normas previstas en la Ley de la materia vigente, pues el contenido normativo de ese numeral se reproduce en el 74 de la ley en cita. En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa señaló sustancialmente como acto reclamado: La omisión de dar respuesta al escrito de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, recibido por la autoridad responsable el cinco de noviembre de ese mismo año. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO A LA POLICÍA ESTATAL DE CAMINOS DEL ESTADO DE TABASCO. No es cierto el acto reclamado porque, además de haberlo negado el Encargado de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en representación de la Dirección General de la Policía Estatal de Caminos, así como de las constancias que obran en autos se advierte que el escrito de referencia fue dirigido al Secretario de Movilidad del Estado de Tabasco. Al respecto, resulta aplicable la tesis 2a. CXLI/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo: VI, diciembre de 1997, página 366, con registro digital: 197269, del siguiente rubro y texto: "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última. Asimismo, sirve de apoyo a lo expuesto, por analogía, lo establecido en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, Décima Época, con registro digital 2018110, que dice: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos. En las relatadas circunstancias, se considera inexistente el acto reclamado a la autoridad en cuestión; con motivo de ello, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio en términos de la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 284, visible a página 236, Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del siguiente rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES". CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO A LAS RESTANTES AUTORIDADES. Es cierto el acto reclamado, por haberlo reconocido en el informe justificado, el apoderado legal de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco, en representación del titular de la misma, del Departamento de Sanciones y de la Dirección Operativa de esa misma dependencia, lo que se corrobora con las copias certificadas que remitió. Sobre el particular, sirve de apoyo la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 278, en el Apéndi ce 2000 al Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 231, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE AMPARO. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se procede a analizar si se actualiza una causa de improcedencia del juicio constitucional, porque éstas deben examinarse la aleguen o no las partes, previamente a cualquier otra cuestión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. El precepto en cita, a la letra dice: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Para que el órgano jurisdiccional que conoce del juicio de amparo pueda resolver el fondo de la cuestión planteada por la quejosa, es necesario estudiar previamente que la acción intentada sea procedente, es decir, que no exista un obstáculo que impida pronunciarse sobre el fondo del asunto. Estos obstáculos se denominan causas de improcedencia. Tiene aplicación al respecto la tesis II.1o. J/5, del entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo VII, Mayo de 1991, página 95, Tomo VI, Octava Época, materia común, con registro digital 222780, que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En ese tenor, la suscrita advierte que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado; por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". En efecto, el aludido ordinal dispone que el juicio de amparo sea improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, debe decirse que los efectos del acto reclamado cesan cuando las autoridades responsables lo derogan o revocan y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes de su nacimiento; o también, cuando las autoridades, sin revocarlo o dejarlo insubsistente, constituyen una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, con registro digital: 193758, del tenor: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En el caso, mediante escrito de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, la ahora quejosa solicitó al Secretario de Movilidad del Estado de Tabasco, lo siguiente: Como se puede observar, a través del escrito de mérito, la impetrante de amparo manifestó su inconformidad respecto del cambio de la unidad para la prestación del servicio público que le fue concesionado, por las razones que en el mismo expuso. Al respecto, el Director de Estudios y Proyectos de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco, respondió lo siguiente: Oficio que fue notificado a la interesada por conducto de su apoderada el seis de enero de dos mil veintidós, del que se advierte que la respuesta es congruente con el planteamiento hecho en el escrito en cuestión, pues la autoridad expuso los fundamentos legales y las consideraciones por las cuales se ordenó la autorización y sustitución de las unidades del servicio de transporte público mixto, con vehículos tipo "motocarros de cuatro ruedas". Así, por lo que hace a la omisión señalada a las autoridades responsables, de la constancia que acompañó a su informe, se advierte que mediante oficio SM/SSM/DEP/755/2021 de veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, dio contestación al escrito de petición de la quejosa de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, constancia con la cual se dio vista a la quejosa en la presente controversia mediante proveído de once de marzo de esta anualidad. En mérito de lo anterior, resulta evidente que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo que nos ocupa, esto es -diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno-, indudablemente existía la conducta omisiva de parte de la autoridad responsable ya que no había dado contestación a su escrito de mérito; sin embargo, en la fecha en que esta juzgadora resuelve este sumario constitucional, los efectos de dichos actos reclamados han cesado, en consideración a lo antes plasmado. En ese sentido, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia que prevé el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrito con antelación y procede sobreseer en el juicio conforme al diverso artículo 63, fracción V, de la misma Ley. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, materia común, página 210, con registro digital 196820, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquéllas. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Volumen 24, Tercera Parte, Séptima Época, materia común, página 49, con registro digital 239006, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de once de marzo de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por **********, contra el acto reclamado y las autoridades precisadas en el resultando PRIMERO, por las razones y fundamentos establecidos en los considerandos TERCERO y QUINTO de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

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