Aura Luz García López
Expediente 1855/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1855/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Aura Luz García López
Actuaciones
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS.********************Vista la cuenta secretarial, se acuerda:******************** Tomando en consideración el expediente administrativo 4/2022, del índice de este Juzgado, en el que se tuvo por recibido el oficio SEADS/720/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informó que la licenciada Beatriz Rojas Méndez, fue designada como Jueza de este órgano a partir del dieciséis de noviembre del año en curso, en sustitución del Juez Carlos Calderón Espíndola; información que se fijó en lugar visible de este Juzgado. Lo que se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Así, de autos se advierte que el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el proveído emitido el veintiocho de octubre del presente año, en el cual se desechó de plano la demanda de amparo intentada por ********************en representación de********************transcurrió del nueve al quince de noviembre actual, sin que haya interpuesto el recurso de queja que prevé el artículo 97, de la citada Ley; por tanto se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles, que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos el oficio signado por el Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco, a través del cual informa que el veintinueve de agosto pasado, recibió el diverso IFORTAB/DG/314/2022, suscrito por el Director General del Instituto de Formación para el Trabajo, mediante el cual le solicitó una ampliación presupuestal cuyo fin es el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente asunto; solicitud que refiere fue atendida el dos de septiembre siguiente, haciéndosele del conocimiento a dicho instituto que no existen recursos extraordinarios en el Presupuesto General de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, para atender ese tipo de requerimientos. No obstante, de las constancias que remite la autoridad vinculada, se advierte que mediante el oficio IFORTAB/DG/314/2022, el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco, le solicitó los recursos en relación a la partida 39401 "Erogaciones por Autoridad Competente", del proyecto 11050001 con fuente de financiamiento "Recursos Estatal" Ramo 28, con Cuenta de Origen del Gasto 42170 del programa presupuestario E062. / Al respecto, por oficio SF/SE/DPyGP/2232/2022, la Secretaría de Finanzas dio respuesta a la petición planteada por dicho instituto, en los siguientes términos: / De lo anterior, se obtiene que la contestación emitida por dicha secretaría no es congruente con el planteamiento que le hizo el precitado instituto, ya que de manera genérica refiere que no tiene recursos, sin establecer que carecía de los mismos en la partida a que se refiere la autoridad responsable. Además, debe tener en cuenta que la causa o causas que se invoquen como impeditivas de la ejecución del fallo protector, tienen que ser de importancia, es decir, causas graves y/o relevantes que permitan arribar al convencimiento de que existe una justificación al retraso en el cumplimiento de la ejecutoria. Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el incidente de inejecución de sentencia 114/2020, en donde, en lo que interesa, expuso lo siguiente: "[.] El incidente de inejecución de sentencia se circunscribe a determinar, si existe contumacia de las autoridades responsables para acatar el fallo protector, es decir, si éstas han incurrido en un incumplimiento injustificado y, por ende, si se han colocado en el supuesto de aplicar las sanciones previstas en esa norma; o bien, determinar si conforme a las circunstancias del caso, es factible estimar justificado el incumplimiento de la ejecutoria de amparo, sin perjuicio de que se continúe con la ejecución de la sentencia. El Pleno de este Alto Tribunal, al interpretar el texto del artículo 107, fracción XVI, constitucional, anterior a la reforma indicada, consideró que la decisión sobre la excusabilidad o inexcusabilidad del incumplimiento (hoy justificación o injustificación), debía atender necesariamente a las particularidades del caso concreto, y que la causa o causas que se invocaran como impeditivas de la ejecución, podrían ser planteadas por las partes o advertirse de oficio por este Tribunal Constitucional, pero en todos los casos, tendrían que ser de importancia, es decir, causas graves y/o relevantes que permitan arribar al convencimiento de que ha existido una justificación al retraso en el cumplimiento de la ejecutoria y es dable exonerar a la autoridad responsable de la consecuencia que la norma constitucional prevé por la inejecución de la sentencia de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la precitada autoridad vinculada, para que dentro del plazo de tres días hábiles, siguientes al en que quede notificado del presente acuerdo, en el ámbito de su competencia y facultades, auxilien al Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco y le brinde los medios necesarios para la obtención de recursos, mediante una ampliación presupuestal o como legalmente corresponda, a fin de que realice en favor del aquí quejoso, el pago de las condenas conforme a lo establecido en el fallo protector. Apercibido que, de no cumplir, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de amparo, se le impondrá multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $9,622.00. (nueve mil seiscientos veintidós pesos), la que se deduce de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, con efectos a partir del uno de febrero del presente año, al tenor de la parte conducente de los artículos 192, 193, 195, 197 y 258 de la Ley de Amparo, y se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, en turno, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pudiendo concluir con su inmediata separación del cargo y consignación ante el Juez de Procesos Federales por el delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia P./J. 54/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, noviembre de 2014, Tomo I, página 19, Décima Época, de rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Notifíquese.
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