Aura Lilia García Martínez

Expediente 759/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 7 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
759/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
03/08/2022

Partes del expediente

  • Aura Lilia García Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, TRES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista; la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el quince de julio de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Aura Lilia García Martínez; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al Secretario que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    AUDIENCIA Y SENTENCIA CONSTITUCIONAL En Villahermosa, Tabasco, a las diez horas con cinco minutos del quince de julio de dos mil veintidós, en audiencia pública Rocío de los Ángeles Pérez Pérez, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, en funciones de Jueza de Distrito, autorización que le fue otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el nueve de agosto de dos mil veintiuno, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2840/2021, a partir del dieciséis de agosto del mencionado año y hasta en tanto dicha Comisión lo determine o el Pleno del Consejo adscriba titular en el referido órgano jurisdiccional, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, quien actúa asistida de Emilio Morales Hernández, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 759/2022-6, promovido por *************. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Al respecto, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las ofrecidas por la parte quejosa, consistente en: ? La presuncional, en su doble aspecto, legal y humana. ? Copia simple del escrito de treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, recibido por la autoridad responsable el trece de mayo de dos mil veintiuno, relativo al expediente laboral 940/2010 de su índice. ? Copia simple del escrito de once de agosto de dos mil veintiuno, recibido por la autoridad responsable el uno de diciembre de dos mil veintiuno, relativo al expediente laboral 940/2010 de su índice. ? La Instrumental de actuaciones consistente en las constancias que el tribunal responsable anexó a su informe justificado e informe complementario relativa a la copia certificada de los acuerdos de trece de junio de dos mil veintidós y dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, ambos dictados dentro del juicio laboral 940/2010, de su índice, y constancias de notificación del acuerdo citado en último término. Asimismo, con las documentales que remitió el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, al rendir su informe justificado y complementario, consistente en copia certificada de los acuerdos de trece de junio de dos mil veintidós y dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, ambos dictados dentro del juicio laboral 940/2010, de su índice, y constancias de notificación del acuerdo citado en último término. Al respecto, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: De conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho a las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 759/2022-6, promovido por por Aura Lilia García Martínez, contra los actos que reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, por estimarlos violatorios de los artículos 8° y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito de demanda recibido el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada por la Oficina de Correspondencia Común el dieciocho siguiente y turnada a este órgano jurisdiccional el diecinueve del mismo mes y año, por Aura Lilia García Martínez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS a) La omisión del tribunal responsable de acordar el escrito de once de agosto de dos mil veintiuno signado por el apoderado legal del quejoso el cual fue presentado ante la responsable el uno de diciembre de dos mil veintiuno relativo al expediente laboral 940/2010, de su índice, mediante el cual solicitó continuara con la ejecución del laudo condenatorio y en consecuencia se señale nuevamente fecha y hora para el desahogo de la diligencia de requerimiento de pago en contra de la entidad pública demandada, y la falta de notificación del mismo. b) La omisión del tribunal responsable de acordar el escrito de treinta y uno de diciembre de dos mil veinte signado por el apoderado legal del quejoso el cual fue presentado ante la responsable el trece de mayo de dos mil veintiuno relativo al expediente laboral 940/2010, mediante el cual solicitó se señale nuevamente fecha y hora para el desahogo de la diligencia de requerimiento de pago de laudo condenatorio en contra de la entidad pública demandada y la falta de notificación del mismo AUTORIDADES RESPONSABLES Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. Actuario adscrito al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de veinte de mayo de dos mil veintidós, se admitió la demanda con el expediente 759/2022-6; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 , fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917, septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: a) La omisión del tribunal responsable de acordar el escrito de once de agosto de dos mil veintiuno signado por el apoderado legal del quejoso el cual fue presentado ante la responsable el uno de diciembre de dos mil veintiuno relativo al expediente laboral 940/2010, de su índice, mediante el cual solicitó continuara con la ejecución del laudo condenatorio y en consecuencia se señale nuevamente fecha y hora para el desahogo de la diligencia de requerimiento de pago en contra de la entidad pública demandada, y la falta de notificación del mismo. b) La omisión del tribunal responsable de acordar el escrito de treinta y uno de diciembre de dos mil veinte signado por el apoderado legal del quejoso el cual fue presentado ante la responsable el trece de mayo de dos mil veintiuno relativo al expediente laboral 940/2010, mediante el cual solicitó se señale nuevamente fecha y hora para el desahogo de la diligencia de requerimiento de pago de laudo condenatorio en contra de la entidad pública demandada y la falta de notificación del mismo. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es inexistente el acto reclamado al actuario adscrito al tribunal en cuestión, consistente en la omisión de notificar el acuerdo recaiga a su escrito presentado ante la responsable el uno de diciembre de dos mil veintiuno; toda vez que el mismo se trata de una omisión, por tanto, resulta evidente que el fedatario no se encontraba en aptitud legal para notificar el acuerdo al referido acto omisivo por ser inexistente. Sobre el particular, es de tomar en cuenta, en lo conducente, lo expuesto en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, del siguiente rubro y texto: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá´ dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos". También sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 2a./J. 3/94, formulada por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 79, Julio de 1994, página 15, cuy rubro y texto es: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO´ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó´ la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". Por otra parte, el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado identificado en el inciso b), del considerando que antecede; lo cual se corrobora con el análisis de las constancias que adjuntó en copia certificada de las constancias inherentes al expediente laboral 940/2010, de su índice. Documentos que tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, al ser expedidos por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Se dice lo anterior, en razón de que, la autoridad responsable, al rendir su informe justificado complementario, manifestó que por auto de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 940/2010, proveyó respecto al escrito signado el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte por el apoderado legal del quejoso presentado ante la autoridad responsable el trece de mayo de dos mil veintiuno y en consecuencia, ordenó dar vista a la entidad pública demandada el escrito de actualización de planilla de liquidación para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y señaló las once horas del nueve de febrero de dos mil veintidós para la celebración de la audiencia incidental correspondiente, lo cual respectivamente notificó a las partes el treinta de noviembre de dos mil veintiuno y seis de diciembre de ese mismo año. Lo cual implica que, previo a la presentación de la demanda de amparo que nos ocupa -dieciséis de mayo de dos mil veintidós-, la omisión que constituye la materia del reclamo en la presente instancia constitucional era inexistente. Es de tomar en cuenta la jurisprudencia 2a./J. 3/94, formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 79, Julio de 1994, página 15, cuy rubro es: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA". Así como la tesis IV.3o.72 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 254, Tomo XIII, Enero de 1994, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." En ese sentido, lo procedente es sobreseer en el juicio en términos de la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, dada la inexistencia del acto génesis de la presente controversia constitucional. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio del concepto de violación formulado en la demanda de amparo, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la sustancia del mismo. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Sin que con tal determinación se viole derecho humano alguno de la parte quejosa, dado que como lo estimó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.) , si bien la reforma al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Es ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 325, libro 4, marzo de dos mil catorce, tomo I, materia constitucional, correspondiente a la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado identificado en el inciso a), del considerando segundo que antecede aun cuando lo haya negado el Presidente del Tribunal responsable en el informe justificado, ya que, de la copia certificada del proveído de trece de junio de dos mil veintidós, dictado en el recitado expediente laboral, se advierte que, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo -dieciséis de mayo del mismo año- no se había pronunciado respecto del contenido del escrito de mérito; lo cual constituye la fuente del reclamo en la presente controversia constitucional. Al respecto, sirve de apoyo la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, del tomo 97-102 Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. CUANDO QUEDA DESVIRTUADA". QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Tiene aplicación al respecto la Jurisprudencia 814, del entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En ese tenor, la suscrita advierte que en el presente caso han cesado los efectos de los actos reclamados; por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, que instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". En efecto, el aludido ordinal dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, debe decirse que los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes de su nacimiento; o también, cuando la autoridad, sin revocarlo o dejarlo insubsistente, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo anterior es así, porque de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se obtiene que, en proveído de trece de junio de dos mil veintidós, dictado en el juicio natural, acordó el escrito a que se refiere el quejoso, señalando las doce horas del trece de octubre de dos mil veintidós, para el desahogo de la diligencia de requerimiento de pago de laudo y en términos de la resolución incidental de liquidación emitida el veinticinco de abril de dos mil catorce. En mérito de lo anterior, resulta evidente que, a la fecha de presentación de la demanda de amparo que nos ocupa -dieciséis de mayo de dos mil veintidós-, indudablemente existía la conducta dilatoria de parte de la autoridad responsable, ya que no había acordado el escrito presentado por la parte quejosa. Sin embargo, en la fecha en que esta juzgadora resuelve este sumario constitucional, los efectos de dicho acto reclamado ya habían cesado, en consideración a lo antes plasmado. Por lo que, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia a la que alude la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, transcrito con antelación y procede sobreseer en el juicio conforme a la diversa fracción V del consecutivo 63 del mismo ordenamiento. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 210, del Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales e inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo." En las relatadas circunstancias, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio en términos de la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veinte de mayo de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por *********** contra los actos reclamados y las autoridades precisadas en el resultando primero, por las razones y fundamentos establecidos los considerandos tercero y quinto de este fallo. SEGUNDO. En atención a lo señalado en el último considerando de esta sentencia, elabórese versión pública de la misma con supresión de datos personales. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento realizado por este juzgado el diecisiete de los actuales, remite entre lo que destaca, copia certificada del proveído de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente laboral 940/2010, de su índice; por lo tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las copias certificadas de las constancias que anexó a su informe justificado, de las que se hará relación al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese.

  4. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos; téngase por recibido el oficio signado por el Coordinador de Actuarios del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, mediante el cual refiere que se adhiere al informe justificado rendido por el titular de su adscripción. Ahora, de la certificación de cuenta se advierte que en proveído de dieciséis de los actuales, se tuvo a la autoridad responsable Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado Tabasco, rindiendo su respectivo informe justificado; por lo anterior, dése vista a las partes para su conocimiento en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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