Aurelia Rivera Jiménez

Expediente 794/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
794/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
12/12/2018

Partes del expediente

  • Aurelia Rivera Jiménez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Agréguense en autos el oficio y anexo que remite el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, mediante el cual envía testimonio de la ejecutoria pronunciada en el conflicto competencial 25/2018, suscitado entre el titular de este Juzgado y la Juez Décimo de Distrito en el Estado, con residencia en Irapuato, Guanajuato, en relación a la demanda de amparo promovida por **********, que en sus puntos resolutivos determinó: "PRIMERO. Sí existe conflicto competencial. SEGUNDO. El Juzgado Décimo de Distrito en el Estado con residencia en Irapuato es competente para conocer del juicio de amparo 794/2018-II-V, promovido por **********." En ese sentido, acúsese recibo al tribunal de alzada y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo anterior, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. En atención a lo previsto en el punto vigésimo, fracción I del citado Acuerdo General, se ordena la destrucción del presente cuaderno en el plazo de seis meses. Finalmente, en virtud que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en los artículos 3, 104, 113, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Agréguese a sus antecedentes el oficio de cuenta que remite el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, mediante el cual comunica que se admitió a trámite el conflicto competencial, suscitado entre este órgano jurisdiccional y la Jueza Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, para conocer del juicio de amparo promovida por **********.

  3. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, al que acompaña los autos originales del juicio de amparo 794/2018-ll del índice de este órgano jurisdiccional, así como cuatro copias de demanda y cuatro copias del escrito aclaratorio, en virtud de que la titular del Juzgado de su adscripción no aceptó la competencia planteada por este Tribunal, con base en las consideraciones siguientes: - Que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consistente en la resolución veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, emitida por la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, dentro del expediente 4299/16-10-01-2-OT de su índice, mediante la cual declaró infundado el recurso de queja por defecto en el cumplimiento a la sentencia dictada dentro del citado expediente interpuesto por la aquí quejosa: es un acto declarativo que carece de ejecución material. Ello es así, -manifiesta el homólogo federal- que contrario a lo afirmado por este tribunal, la resolución reclamada, es un acto meramente declarativo, el cual se limita a evidenciar una situación jurídica determinada, a saber, declarar infundada la queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia definitiva emitida dentro del juicio de nulidad de origen, sin que se derive acto de ejecución material alguno, y, por dente, debe aplicarse el contenido del artículo 37, último párrafo, de la Ley de Amparo en vigor; es decir, que es competente el juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Además de que no inadvierte que para llegar a la conclusión de incompetencia este tribunal apoyo su determinación en la jurisprudencia 2a./J. 152/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 95, Tomo XXX, Octubre de 2009, Materia Administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO.", al estimar que el acto reclamado implicaba la privación de una pensión correctamente cuantificada, puesto que como se dijo anteriormente, el acto reclamado consiste en la resolución de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, que declaró infundada la queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia dictada dentro del expediente 4299/16-10-01-2-OT, que es un acto meramente declarativo, y no conlleva ejecución material alguna, al limitarse a evidenciar una situación jurídica determinada, que fue únicamente declarar infundada la mencionada queja, por lo que no se está en el supuesto a que se refiere la jurisprudencia que se invoca, y por ello, no resulta aplicable al caso. Bajo ese contexto, el suscrito no comparte la opinión del Juez oficiante, e insiste en declinar la competencia a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato. Lo anterior es así, en virtud de que en la resolución reclamada de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, emitida por la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la que declararon infundada la queja interpuesta, lo que se está dilucidando se refiere precisamente a la indebida cuantificación de pensión por no aplicarse correctamente los aumentos que refiere tiene derecho. De modo y manera que las consecuencias del acto reclamado implicarán la privación de disfrutar de una pensión correctamente cuantificada y el pago de la pensión jubilatoria, lo que está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser el lugar donde la cobra y la disfruta; por lo que es inconcuso que la ubicación en la que se desenvuelve la quejosa será el lugar en el que resienta la ejecución de las consecuencias materiales del acto reclamado. Por ello, se reitera que el suscrito no coincide con las razones vertidas por la Juez requerida para considerar que el acto que se reclama es de carácter meramente declarativo, cuyos efectos no requieren ejecución material. De ahí que, como se dijo en auto de veintitrés de julio pasado, este Juzgado estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda que se estudia, dado que las consecuencias materiales de la resolución reclamada tendrá lugar en la ciudad de Salamanca, Guanajuato, lugar en donde cobra y disfruta su pensión la quejosa; por lo que, se insiste en declinar la competencia. Entonces, de conformidad con lo dispuesto en la segunda parte del párrafo segundo del artículo 48 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, y 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se ordena remitir los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en turno del Decimosexto Circuito, con residencia en la ciudad de Guanajuato, a efecto de que tenga a bien resolver el conflicto de competencia que por territorio se presenta entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato. Se ordena comunicar lo anterior al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato.

  4. Principal

    Vista la ratificación de firma que antecede, de la que se advierte que la quejosa **********, cumplió con el requerimiento que se le efectuó en providencia de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, consistente en ratificar el contenido y firma del escrito presentado el tres del citado mes y año, en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito en esta ciudad, se acuerda: En relación al escrito de marras, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, téngasele cumpliendo el requerimiento, formulado el veintiséis de septiembre del año en curso, en los siguientes términos: Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que su domicilio se encuentra ubicado en calle ********** número **********, colonia ********** de Salamanca, Guanajuato. Anexa en copia simple: 1) credencial para votar; 2) un recibo del Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Guanajuato; y, 3) un recibo de Teléfonos de México, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable. Al respecto, se acuerda: Dado que la competencia constituye un presupuesto de orden público, primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional la tiene para conocer del presente juicio constitucional. Para tal efecto, es necesario traer a contexto el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo que textualmente establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. c) La tercera previsión normativa que se contiene en el comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la regla anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda. Bajo ese contexto legal, si la quejosa **********, esencialmente reclama la indebida cuantificación de pensión por no aplicarse correctamente los aumentos que refiere tiene derecho y en su escrito aclaratorio manifestó tener su domicilio en calle ********** número **********, colonia ********** de Salamanca, Guanajuato, lo que acreditó con copia simple de los recibos expedidos por el Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Guanajuato y Teléfonos de México, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, este Juzgado estima carecer de competencia legal, en razón de territorio, para conocer de la demanda que se estudia. Lo anterior, porque como el acto reclamado por la quejosa implica la privación de disfrutar de una pensión correctamente cuantificada, y el pago de la pensión jubilatoria esta intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar donde la cobra y la disfruta, es inconcuso que el domicilio en el que se desenvuelve la quejosa será el lugar en el que resienta la ejecución de las consecuencias materiales del acto reclamado. Además, esta conclusión es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atiende a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus derechos fundamentales. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 152/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 95, Tomo XXX, Octubre de 2009, Materia Administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente tenor: "PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. Si el acto reclamado en el juicio de garantías se hace consistir en la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria por no aplicarse los aumentos a los que el quejoso considera tiene derecho, derivados de las reformas al párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en vigor a partir del 5 de enero de 1993 y 1o. de enero de 2002, atribuida al Subdirector General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto mencionado, implica la privación del ejercicio del derecho como es a disfrutar de una pensión correctamente cuantificada, pues por virtud de esa negativa la autoridad afecta la esfera jurídica del quejoso al pagarle incompleta su pensión. Por otro lado, el pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, al ya no estar unido a su centro de trabajo. Bajo este tenor, cuando en el amparo se reclame la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos correspondientes, tal acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resientan su ejecución, por lo que conforme al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, sin importar que no se demande destacadamente la falta de pago porque tal situación es consecuencia natural del indicado acto reclamado. Este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado." Entonces, si el domicilio de la solicitante del amparo se localiza en Salamanca, Guanajuato, es incuestionable que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal, en razón de territorio, para conocer de la demanda, pues los actos de que se duele tiene ejecución en la referida localidad, que se encuentra fuera de la jurisdicción de este tribunal. Luego, conforme al punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, los Juzgados de Distrito que se ubican en Irapuato, Guanajuato, ejercen jurisdicción territorial, en dicha municipalidad. Consecuentemente, en términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 3/2013, se ordena: a. Remitir los autos originales del presente controvertido al Juez de Distrito, en turno, en el Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato, a quien se considera competente para conocer del presente juicio. b. Solicitarle comedidamente informe si acepta o no el conocimiento del mismo. c. Formar con copia de la aludida demanda el cuaderno de antecedentes respectivo; y, d. Realizar las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno correspondiente.

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