Auditor Superior del Estado de Guanajuato
Expediente 443/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 443/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Auditor Superior del Estado de Guanajuato
Actuaciones
- Principal
Agréguese en autos el escrito signado por *********, quien se ostenta mandatario Judicial del Auditor Superior del Estado de Guanajuato; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, téngasele cumpliendo con el requerimiento que se le hizo en proveído de veinte de los actuales, toda vez que: Allega copia certificada de la comparecencia de tres de agosto de dos mil quince, que obra dentro del juicio C-128/2015, del índice del Juzgado Primero Civil de Partido de Salamanca, Guanajuato, mediante el cual pretende acreditar el mandato judicial que le fue otorgado. Señala como autoridad responsable al Juez Primero Civil de Partido de Salamanca, Guanajuato, en su carácter de autoridad ejecutora. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la demanda, debe decirse que la competencia constituye un presupuesto de orden público, por lo que, primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional tiene competencia para conocer de la demanda de cuenta. Para tal efecto, es necesario traer a contexto el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que en lo conducente dispone: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se pretende la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. c) La tercera previsión normativa que se contiene en el comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la regla anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda. Así las cosas, en cuanto a la competencia de un Juez de Distrito para conocer del juicio de amparo es indispensable determinar, en principio, si el acto reclamado requiere ejecución material o no, hecho lo cual, resultará aplicable alguna de las tres hipótesis competenciales referidas en el artículo 37 de la ley de la materia. En relación con lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que un acto será de carácter positivo cuando consista en una conducta comisiva, es decir, en una acción de hacer que impone al quejoso una carga a la que no se está obligado, o le priva o limita algún derecho que figura en su patrimonio jurídico; mientras que el acto será de naturaleza negativa cuando consista en una conducta omisiva o en una abstención de dejar de hacer lo que la ley ordena o en dejar de reconocer u otorgar lo que la norma impone. En la especie, debe decirse que el promovente del amparo reclama: La resolución de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, emitida por el Magistrado Propietario de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, dentro del toca civil 219/2017 de su índice, la cual confirmó la interlocutoria del incidente de cuantificación de gastos y costas, dictada el trece de febrero de dos mil diecisiete, por la Juez Primero Civil de Partido de Salamanca, Guanajuato, en el expediente C-128/2015, misma que lo condena al pago de gastos y costas por la cantidad de $16,221.97 (dieciséis mil doscientos veintiún pesos 97/100 M.N.). En ese contexto, se advierte que el acto reclamado es de carácter positivo, puesto que trae aparejado un acto de ejecución, consistente en el cumplimiento que deberá realizar la Juez Primero Civil de Partido de Salamanca, Guanajuato, de la condena emitida en contra del quejoso dentro del incidente de cuantificación de gastos y costas promovido en el expediente C-128/2015 de su índice, en virtud de la confirmación que de la misma realizó el Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato; por lo que, es válido colegir que sí tiene ejecución. En este orden de ideas, el siguiente paso consiste en determinar el lugar en que dicho acto tiene ejecución. Al respecto, cabe señalar que el juicio que dio origen al acto reclamado y la autoridad encargada de llevar a cabo su cumplimiento, radican en Salamanca, Guanajuato, por lo que, se presume que su ejecución tendrá lugar precisamente en el municipio de Salamanca, Guanajuato, lugar que se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. En ese sentido, atendiendo a que el acto reclamado es de carácter positivo, ya que implica la ejecución de una resolución condenatoria, por confirmación, que se origina en la ciudad de Salamanca, Guanajuato, este Juzgado Federal estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda que se estudia. Lo anterior es así dado que, conforme al punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, se considera que la competencia para conocer del presente asunto se surte a favor del Juez de Distrito en turno, con residencia en Irapuato, Guanajuato, ya que el mismo ejerce jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado, entre otros, por la ciudad de Salamanca, Guanajuato, lugar de ejecución del acto reclamado. Consecuentemente, ante las consideraciones expuestas, en términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 3/2013, se ordena: a. Remitir el presente asunto, así como las copias de la demanda y del escrito aclaratorio, al Juez de Distrito en turno en Irapuato, Guanajuato, para lo que a bien tenga ordenar. b. Se solicita comedidamente remita el acuse de recibo correspondiente; y c. Formar el cuaderno de antecedentes respectivo, con copia de la demanda y un tanto más en original del presente proveído, así como realizar las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno correspondiente.
- Principal
Vista la demanda de amparo presentada por **********, quien se ostenta mandatario Judicial del **********, contra actos del Magistrado Propietario de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Guanajuato, Capital; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 443/2017-II. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto a los requisitos establecidos en la fracciones II y III del invocado numeral, en relación con los artículos 108, fracción I y III, ambos de la Ley de Amparo, como se verá a continuación: A) La primera irregularidad surge de la fracción I del aludido numeral 108 de la ley de la materia estatuye: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación;." El requisito en comento adquiere importancia y relevancia para la tramitación legal del juicio de amparo, además de ser necesario para saber quién es el gobernado que está promoviendo y con qué calidad jurídica lo hace. Este requisito de la demanda tiene estrecha relación con el numeral 6° de la legislación en consulta, que establece: "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita." Del análisis conjunto de los aludidos imperativos, se obtiene que la personalidad constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, el cual si está plenamente satisfecho el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio y en caso contrario prevenir a quien ocurra a nombre de otro a presentar la demanda de amparo, lo que obedece al imperativo 17 constitucional, así como a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal. Respecto a la personalidad en el juicio de amparo, nuestro Máximo Tribunal Constitucional ha establecido que: Al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir a la parte quejosa, en términos del artículo 114 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no presentada. Dicho proceder independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior no es una cuestión que únicamente incumba al peticionario y al juzgador de amparo, o que no trascienda a la litis constitucional sino que, por el contrario, al ser uno de los requisitos de la demanda (en términos de lo dispuesto en el artículo 108, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales), incide en las defensas de las demás partes, en la medida en que tienen derecho de conocer si quien se ostenta como sujeto de válida expresión de otro, para excitar la actividad jurisdiccional con el propósito de resolver un conflicto, efectivamente cuenta con dicha facultad, y este derecho a conocer el contenido del escrito de la demanda, por disposición expresa del artículo 110 de la ley de la materia, se logra a través de una copia del referido ocurso, carga que corresponde al propio quejoso. En ese orden, el suscrito advierte que la demanda que se provee es irregular en cuanto a sí quien reclama el acto está legitimado para hacerlo; lo anterior es así, dado que el promovente **********, manifiesta acudir al juicio de amparo en su carácter mandatario judicial del **********, toda vez que refiere contar con dicho carácter reconocido en el juicio de origen C-128/2015 del índice del Juzgado Primero Civil de Partido de Salamanca, Guanajuato, y dentro del toca civil 219/2017 de la estadística de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, por lo que comparece a solicitar el amparo y protección de la justicia federal en términos del artículo 11 de la Ley de la Materia; sin embargo, no allega a su libelo constitucional documento alguno con el que acredite dicha calidad, lo que torna obscuro el libelo constitucional, ya que no se tiene la certeza de si cuenta con el carácter debido para acudir a esta instancia constitucional en representación del **********; por lo que, se hace necesario que acredite con constancia fehaciente el carácter que alude tener reconocido ante la autoridad responsable, ello en virtud de que, como se anotó, al constituir la personería un presupuesto procesal de análisis oficioso debe quedar plenamente satisfecho desde la radicación de la demanda. B) La segunda irregularidad surge de lo estipulado en la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, como se verá a continuación. "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios.". Del precepto transcrito se desprende la insoslayable obligación que tiene la parte quejosa de señalar en su libelo constitucional a las autoridades responsables, las cuales fungen en el juicio de amparo como la parte demandada, por lo que es indispensable que haga correctamente su designación, para que estén en posibilidades de defender los actos que se tachan de inconstitucionales, y evitar que si éstas tienen facultades para ejecutarlo, lo lleven adelante, argumentando no haber sido señaladas como responsables en la demanda respectiva. Lo anterior se justifica si se toma en cuenta que el artículo 5, fracción II de la ley de la materia, señala que es autoridad responsable: "(.) la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas (.)" En la especie, el impetrante del amparo se duele de la resolución de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, emitida por el Magistrado Propietario de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, dentro del toca civil 219/2017 de su índice, la cual confirmó la interlocutoria del incidente de cuantificación de gastos y costas, dictada el trece de febrero de dos mil diecisiete, por la Juez Primero Civil de Partido de Salamanca, Guanajuato, en el expediente C-128/2015, misma que lo condena al pago de gastos y costas por la cantidad de $16,221.97 (dieciséis mil doscientos veintiún pesos 97/100 M.N.). Cabe señalar que el quejoso únicamente señaló como autoridad responsable al Magistrado Propietario de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato; sin embargo, al advertirse que la resolución reclamada trae aparejada un acto de ejecución atribuible a la Juez Primero Civil de Partido de Salamanca, Guanajuato, la cual no fue señalada como autoridad responsable; por tanto, es incuestionable que debió haber sido señalada por el quejoso con ese carácter, circunstancia que al no haber acontecido torna irregular el libelo constitucional. Conclusivamente, con fundamento en los artículos 108, fracciones I y III, en relación con el 114, fracciones II y III, todos de la ley de la materia, prevéngase al promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes: Exhiba, copia certificada de la constancia con la que acredite el carácter de mandatario judicial del **********, que dice tener reconocido ante la autoridad responsable. Señale como autoridad responsable a la Juez Primero Civil de Partido de Salamanca, Guanajuato. Anexando copia de la demanda de amparo para correr traslado. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Téngasele al promovente autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Israel David Rubalcava Elizalde, Federico Arroyo Vargas, Víctor Hugo Zamora Guerrero y Juan Christian Villegas Espinoza, al contar con sus cédulas profesionales números 7980216, 4874745, 4678392 y 5955484, registradas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal, y en términos de la última parte del segundo párrafo del citado numeral a las demás personas que menciona por no encontrarse registrada su cedula porfesional en el sistema computarizado mencionado. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 18 y 37 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se le autoriza el acceso al expediente electrónico que se lleva con motivo del presente juicio de amparo, así como para que se le practiquen las notificaciones que a su parte corresponde por esa vía; para tal efecto se le tiene proporcionando el nombre de usuario de su autorizado Ulises Rolando Gutiérrez Castillo, dado de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En términos del artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,190 expedientes
- Arturo Vargas Suárez48/2016
- Arturo Villanueva Ramírez238/2016
- Ashley Francini Carreño Ortiz665/2019
- Ashley Mari Mandujano Martínez y Otros.1023/2015
- Astrid Yurema Vázquez Bravo y Otros.715/2021
- Atenógenes Rodríguez López y Otros.810/2021
- Augusto Barrera Balleza y Otros.283/2022
- Augusto Camacho Zamudio726/2023
- Augusto Fernando Cabrera Mc Gregor367/2019
- Aurelia Neme Sastre865/2022
- Aurelia Rivera Jiménez794/2018
- Aureliano Jiménez Tapia900/2017