Augusto Fernando Cabrera Mc Gregor
Expediente 367/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 367/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Augusto Fernando Cabrera Mc Gregor
Actuaciones
- Principal
Agréguese a sus antecedentes el oficio remitido electrónicamente a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, por la Actuaria adscrita al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato, mediante el cual acusa recibo del diverso comunicado por el que se remitió el juicio de amparo 367/2019-II e informa que dicho Tribunal aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por **********. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. De conformidad con lo previsto en el punto vigésimo, fracción I del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente cuaderno, será susceptible de destrucción una vez que transcurran seis meses de haberse ordenado su archivo.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que se le concedió al quejoso ********** en auto de siete de mayo de dos mil diecinueve, para que cumpliera con el requerimiento que se le formuló en dicho auto, sin que lo haya hecho; por tanto, se provee: Tomando en consideración que la competencia legal constituye un presupuesto de orden público, primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo recibida. Para tal efecto, es necesario traer a contexto el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que textualmente establece: "Artículo 37.- Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. c) La tercera previsión normativa que se contiene en el comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la regla anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda. Pues bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso sustancialmente reclama: Las órdenes de detención, comparecencia, presentación o investigación. Bajo dicha guisa: Este Juzgado estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda que se estudia, dado que el acto reclamado tendrá ejecución en el domicilio particular del quejoso. Lo anterior se considera, ya que no obstante que el quejoso en su libelo constitucional refirió como domicilio particular el ubicado en: "********** número **********, fraccionamiento **********, en esta ciudad"; de una búsqueda minuciosa en el mapa de la ciudad (Guía Roji), no se localizó dicho domicilio en esta municipalidad, circunstancia que fue corroborada por el Asistente de Catastro Municipal **********, quien después de hacer una investigación dentro de la cartografía de esta localidad, confirmó lo antes expuesto. Asimismo, de una consulta a la página oficial del Instituto Municipal de Planeación del Estado de Guanajuato, se corroboró que dicho domicilio pertenece a Irapuato, Guanajuato. Aunado a que ninguna de las autoridades que señala como responsables ejecutoras tienen su sede en la jurisdicción donde ejerce competencia este órgano federal. Además de que aún y cuando se le previno para que aclarara su domicilio y señalara como autoridad responsable a alguna que tuviera residencia en esta ciudad, o bien el alguna urbe sobre la cual ejerciera jurisdicción este juzgado a efecto de poder fincar la competencia de este tribunal, no fue cumplida, lo anterior, acorde al criterio jurisprudencial 52/2013, (10°), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita ahora por analogía, bajo el rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE." Por ello, y conforme al punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, los Juzgados de Distrito que se ubican en Irapuato, Guanajuato, ejercen jurisdicción territorial en dicho distrito judicial. Consecuentemente, ante las consideraciones expuestas, en términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 3/2013, se ordena: a. Remitir los autos originales del presente juicio, así como sus copias respectivas, al Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato en turno, con residencia en Irapuato, para lo que a bien tenga determinar. b. Solicitar atentamente remita el acuse de recibo correspondiente; y c. Formar el cuaderno de antecedentes respectivo, con copia de la demanda y un tanto más en original del presente proveído, así como realizar las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno correspondiente.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE SIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo presentada por ***********, por su propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales de Salamanca, Guanajuato, y otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 367/2019-II. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto a los requisitos establecidos en la fracción II del artículo 114, en relación con el diverso 108, fracción III, todos de la ley de Amparo, por los motivos que enseguida se expondrán. La irregularidad surge a partir de lo establecido en la fracción III del numeral 108 de la Ley de Amparo, que dice: Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios.". Como se advierte de la trascripción anterior, la parte quejosa tiene la insoslayable obligación de señalar en su demanda de amparo a las autoridades responsables, las cuales fungen en el juicio de amparo como la parte demandada, por lo que es indispensable que haga correctamente su designación, para que estén en posibilidades de defender los actos que se tachan de inconstitucionales, y evitar que si éstas tienen facultades para ejecutarlo, lo lleven adelante, argumentando no haber sido señaladas como responsables en la demanda respectiva. Lo anterior se justifica si se toma en cuenta que el artículo 5, fracción II de la ley de la materia, señala que es autoridad responsable: la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas (.)" En el caso concreto, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso refiere que el tres de los actuales, personas del sexo masculino quienes se identificaron como elementos de la Policía Ministerial del Estado, se presentaron a su domicilio particular, a ejecutar los mandatos de captura que reclama; sin embargo, del capítulo atinente al nombre y domicilio del quejoso, precisó como tal: ************; del cual se advierte que existe incertidumbre si dicho domicilio se encuentra en la ciudad de Irapuato o bien dentro de la jurisdicción territorial que corresponde a este juzgado federal. Por tanto, como el acto reclamado tendrá ejecución en el domicilio en el que se desenvuelve el impetrante, es necesario que lo aclare y acredite con documento fehaciente. En la inteligencia que de acreditar que tal ubicación se encuentra en esta localidad, deberá señalar como responsable ejecutora a alguna autoridad que tenga su sede en esta ciudad, o bien, en alguna urbe sobre la cual ejerza jurisdicción el suscrito. Dato que resulta necesario para que el suscrito esté en condiciones de determinar el ámbito de competencia de este Tribunal, ya que ninguna de las autoridades señaladas como ejecutoras en su líbelo constitucional tienen su sede en la jurisdicción donde ejerce competencia éste órgano federal; y de conformidad con la jurisprudencia 52/2013 (10°), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita ahora por analogía Conclusivamente, ante la irregularidad incurrida, con fundamento en el artículo 108, fracción III, en relación con el numeral 114, fracción II, ambos de la ley de Amparo, prevéngase al promovente para que, dentro del término de CINCO DÍAS legalmente computado, por escrito y con copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes, bajo protesta de decir verdad: Precise en qué ciudad se encuentra el domicilio que precisó y lo acredite con documento fehaciente. Y de ser el caso, manifieste si desea señalar como autoridad responsable ejecutora a alguna que tenga su residencia dentro de la ubicación territorial en que se pretende ejecutar. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se acordará lo que en derecho corresponda de las autoridades ya señaladas como responsables. Por otro lado, tomando en consideración que el quejoso manifestó su deseo de señalar como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, lo que, al no ser técnicamente posible, con fundamento en el numeral 26, fracción III, de la ley de la materia, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este juzgado federal. Asimismo, se le tiene designado como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a **********, al contar con su cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal; a ********, en términos de la última parte del segundo párrafo del citado numeral, por así haberlo señalado. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
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