Aurea Leticia Garces Rodriguez
Expediente 1143/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1143/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Aurea Leticia Garces Rodriguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de diciembre de dos mil veintidós. De acuerdo a la certificación secretarial que antecede, se advierte que a la fecha feneció el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que Aurea Leticia Garcés Rodríguez, interpusiera recurso de queja en contra el auto de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo, sin que lo hayan hecho valer. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. Por lo tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de amparo, no es de relevancia documental, por lo que, el expediente es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído. Finalmente, se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente físico, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese por lista a la promovente.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós.A sus autos, el escrito signado por la promovente Aurea Leticia Garcés Rodríguez, a través del cual, en atención a los requerimientos formulados en autos de veinticinco de octubre y once de noviembre, ambos del actual, manifiesta toralmente, que tanto la demanda como los escritos aclaratorios, se encaminan a combatir el segundo párrafo, del acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintidós, dictado por el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, dentro del proceso penal 18/2015 de su estadística. Ahora, en mencionado auto, se precisa que la resolución combatida refiere a "declarar desierta la prueba de audio admitida a la quejosa", además que los conceptos de violación que hace valer se encuentran encaminados a combatir el referido auto, en el cual se provee en relación a las pruebas ofertadas en dicho proceso. Por lo tanto, se provee: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que el juez de distrito que conozca del juicio de amparo indirecto, deberá examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual imposibilita dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán sobreseídos.San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. A sus autos, el escrito signado por la promovente Aurea Leticia Garcés Rodríguez, a través del cual, en atención a los requerimientos formulados en autos de veinticinco de octubre y once de noviembre, ambos del actual, manifiesta toralmente, que tanto la demanda como los escritos aclaratorios, se encaminan a combatir el segundo párrafo, del acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintidós, dictado por el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, dentro del proceso penal 18/2015 de su estadística. Ahora, en mencionado auto, se precisa que la resolución combatida refiere a "declarar desierta la prueba de audio admitida a la quejosa", además que los conceptos de violación que hace valer se encuentran encaminados a combatir el referido auto, en el cual se provee en relación a las pruebas ofertadas en dicho proceso. Por lo tanto, se provee: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que el juez de distrito que conozca del juicio de amparo indirecto, deberá examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual imposibilita dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán sobreseídos.San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós.A sus autos, el escrito signado por la promovente *****, a través del cual, en atención a los requerimientos formulados en autos de veinticinco de octubre y once de noviembre, ambos del actual, manifiesta toralmente, que tanto la demanda como los escritos aclaratorios, se encaminan a combatir el segundo párrafo, del acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintidós, dictado por el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, dentro del proceso penal 18/2015 de su estadística. Ahora, en mencionado auto, se precisa que la resolución combatida refiere a "declarar desierta la prueba de audio admitida a la quejosa", además que los conceptos de violación que hace valer se encuentran encaminados a combatir el referido auto, en el cual se provee en relación a las pruebas ofertadas en dicho proceso. Por lo tanto, se provee: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que el juez de distrito que conozca del juicio de amparo indirecto, deberá examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual imposibilita dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán sobreseídos.En atención a lo anterior, se debe señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, fija el imperativo consistente en que para desechar una demanda de amparo no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable Del anterior criterio, se concluye que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Con base en un análisis integral de la demanda y de los escritos donde cumple con el auto de prevención, este juzgador advierte un motivo de improcedencia que reúne las diversas características exigibles para su desechamiento por ser manifiesto e indudable. En efecto, debe precisarse que los peticionarios de amparo acuden a esta contienda constitucional, y, reclaman del Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, en la causa penal 18/2015, el acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintidós, dictado por el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, dentro del proceso penal 18/2015 de su estadística, en donde provee en relación a las pruebas ofertadas en dicha causa. De lo anterior, se traduce que la parte quejosa reclama un acto llevado dentro de un procedimiento penal. Acto respecto del cual, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, en relación con el diverso 107, fracción v, esta última interpretada a contrario sentido, ambos preceptos de la Ley de Amparo. Los artículos referidos disponen: (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.(.) Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) El artículo 107, fracción V, de la ley de la materia establece una regla de carácter general, que consiste en que tratándose de actos emanados de un procedimiento, el juicio de derechos fundamentales sólo es procedente contra actos que afecten materialmente derechos sustantivos. Además, de su interpretación se deducen dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Así mismo, establece que los actos de imposible reparación se entienden por los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en caso de que éste obtenga resolución favorable a sus intereses. Y, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V de la Ley de Amparo, los actos procesales, como ya se dijo, tienen una ejecución de imposible reparación cuando, como consecuencia de ellos, se afecta de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos protegidos por la Constitución, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trata, caso en que no debe esperar el agraviado a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación no desaparecerían en tales hipótesis, aunque aquélla obtuviese sentencia favorable a sus intereses.Así, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, que al momento de obtener una sentencia favorable, desaparecen en la realidad dejando intacta la esfera jurídica del gobernado. Sobre la base expuesta, es evidente que el acto reclamado sólo produce efectos meramente procesales que no causa un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos de la parte inconforme; pues sus consecuencias no revisten el carácter de imposible reparación, por no afectar derechos sustantivos, ya que sólo se traduce, en su caso, en violaciones de carácter adjetivo, al versar el agravio que hace valer, sobre el acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintidós, dictado por el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, dentro del proceso penal 18/2015 de su estadística, misma que refiere a "declarar desierta la prueba de audio admitida a la quejosa". Por tanto, es incuestionable que el acto reclamado, en esas porciones, no es de los denominados de imposible reparación; pues como se indicó, la actuación de la juez del proceso, no constituye un acto que cause un perjuicio irreparable a la parte quejosa, pues no afecta derecho sustantivo alguno y, por lo mismo, la demanda de amparo que se analiza contiene un motivo manifiesto e indudable de improcedencia.Toda vez que de obtener sentencia favorable a sus intereses, dentro del proceso de origen, las consecuencias jurídicas del acto aquí reclamado, quedarían sin efectos, dejando intacta su esfera jurídica y, en caso contrario, la parte quejosa podrá impugnar la posible violación que se hubiere cometido a través del juicio de amparo directo en contra de la sentencia que resuelva el proceso de origen reclamándolo como violación procesal. Por tanto, se reitera, esa resolución no constituye un acto que cause un perjuicio irreparable a la parte quejosa, pues no afecta derecho sustantivo alguno, toda vez que de obtener sentencia favorable a sus intereses, dentro de la causa penal de origen, las consecuencias jurídicas del acto aquí reclamado, quedarían sin efectos, dejando intacta su esfera jurídica y, en caso contrario, la parte quejosa podrá impugnar la posible violación que se hubiere cometido a través del juicio de amparo directo, en términos de lo dispuesto en los artículos 171 y 173, Apartado B, fracción X, ambos preceptos de la Ley de Amparo, Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO, POR SER NOTORIA E INDUDABLE SUIMPROCEDENCIA. En diverso aspecto, no se inadvierte, que la parte promovente, señala como acto reclamado las omisiones, negativas, "arbitrariedades" y la violación al derecho de petición por parte de la responsable; sin embargo, se considera que las mismas, se encuentran encaminadas, tal como lo aduce dicha parte procesal, al auto de veinte de veinte de septiembre de dos mil veintidós, dictado por el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, dentro del proceso penal 18/2015 de su estadística.Mismo acuerdo que, se recalca, se encuentra encaminado a declarar desierta la prueba admitida a la supra citada parte procesal. Finalmente, este operador jurídico no desatiende, que la parte promovente intenta reclamar No obstante, dicho acto no fue materia de prevención ni tampoco es materia del acto reclamado que en esta data, se desechó por las causas previamente expuestas. Asimismo, se destaca que en el auto de prevención en el punto tercero, se le requirió para que manifestara a qué se refiere el derecho de petición que reclama, de ser el caso, deberá indicar el escrito cuya omisión ha incurrido la autoridad responsable.De ahí que, no se haga mayor pronunciamiento en virtud de que la quejosa formula conceptos de violación encaminados a combatir el auto de veinte de septiembre de dos mil veintidós Notifíquese personalmente a la parte promovente.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de noviembre de dos mil veintidós. A sus autos, el escrito signado por la promovente Aurea Leticia Garcés Rodríguez, a través del cual, pretende dar cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Ahora, de dicho auto preventivo se requirió lo siguiente: PRIMERO. Precise si lo que pretende combatir en esta vía, es la notificación del acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintidós, o en su caso, dicha determinaciónSEGUNDO. Deberá precisar a qué se refiere con "omisiones, negativas y arbitrariedades", pues hace manifestaciones atinentes a combatir una resolución, sin que indique la fecha de esa determinación y el expediente de donde derivan dichos actos. TERCERO. Deberá precisar, a qué se refiere el derecho de petición que reclama, de ser el caso, deberá indicar el escrito cuya omisión ha incurrido la autoridad responsable. CUARTO. Deberá establecer de manera clara y precisa, a qué se refiere con lo que a continuación se precisa:(.) Es decir, no se establece con claridad a qué se refiere con: "(.) la REVOCACIÓN, ANULACIÓN, CANCELACIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS EN DEFINITIVA (.). Para que LA PRUEBA DE AUDIO ADMITIDA A LA QUEJOSA (.)" (Sic) QUINTO. Deberá precisar de manera clara, cuál es la sentencia que impugnó y que combate en esta instancia. Ya que en el apartado de puntos petitorios, la parte promovente expresa literalmente lo siguiente: "SEGUNDO. - Conceder la REVOCACIÓN, ANULACIÓN Y CANCELACIÓN sentencia recurrida COMBATIDA y de los actos reclamados (.)" (Sic). SEXTO. Precise si también reclama como acto destacado la omisión de dar contestación a los escritos presentados el veintidós de agosto y quince de septiembre del año en curso, dirigidos al Juzgado Primero de lo Penal del distrito judicial del centro, del Estado de Puebla, dirigidos en la causa penal 18/2015.Y, del escrito de cuenta, la parte promovente, refiere lo siguiente: Atinente al primer punto, aduce que sí combate la determinación de veinte de septiembre de dos mil veintidós, reclamado al Juez responsable, por lo que este punto, se tiene por desahogado. Respecto al segundo punto, manifiesta lo siguiente: Por lo tanto, en esta data, no se tiene certeza de cuáles son las omisiones o negativas que intenta combatir, ni tampoco se tiene certeza cual es el acto reclamado en concreto que reclama con esas manifestaciones, por lo que no subsana ese punto.Máxime que respecto esa manifestaciones mas adelante se realiza pronunciamiento al respecto.Por cuanto hace al tercer punto, tampoco se tiene claro cuál es el acto reclamado, si la omisión de contestar diverso escrito o la negativa de dicho acto, pues precisa: Tal como se aprecia, se limita a establecer una omisión, negativa y supresión; sin embargo, a efecto de establecer correctamente la litis en el presente juicio, es necesario precise dicho punto, deberá señalar a qué se refiere el derecho de petición que reclama, de ser el caso, indicar el escrito cuya omisión ha incurrido la autoridad responsable. Alusivo al cuarto punto, la parte promovente, únicamente se limita a establecer que, el auto combatido es el de veinte de octubre de dos mil veintidós, sin que aclare dicho punto, pues, como se aprecia, pretende encaminar dicha manifestación con lo requerido al primer punto. Además, refiere: De ahí que, deberá señalar con precisión si lo que reclama en esta instancia es la resolución de veinte octubre de dos mil veintidós, y si esas manifestaciones son parte de los conceptos de violación que hace valer para impugnar esa determinación. Respecto al quinto punto, refiere que la determinación combatida es la resolución de veinte de octubre de dos mil veintidós, por lo que se tiene por desahogado este punto. Por cuanto hace al sexto punto, refiere: Asimismo, en el mismo escrito de demanda manifestó: Por tanto, deberá precisar si se trata de una omisión de la autoridad de dar contestación a los escritos de veintidós de agosto y quince de septiembre de dos mil veintidós, los cuales se adjuntaron al escrito de demanda, o en su caso, si se trata de una negativa de la autoridad. Ello, porque refiere que la autoridad no acordó conforme a derecho, por lo que deberá precisar si reclama la falta de contestación a los escritos, o si reclama la contestación recaída, de ser así, deberá señalar la fecha de esa determinación, el contenido de la misma, la fecha en que tuvo conocimiento de esa determinación; por tanto, no se tiene por cumplido dicho punto. Bajo esa tesitura, es dable concluir que la promovente no desahoga íntegramente la prevención formulada en el referido auto, pues como se dijo, fue omiso en las cuestiones apuntadas con anterioridad. En ese sentido, comuníquese a la demandante constitucional que cuenta con el plazo de tres días contado a partir de la legal notificación de este acuerdo, para que dé cumplimiento íntegramente al requerimiento preventivo formulado por este órgano jurisdiccional, ya que en el proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, en el que se le otorgó el plazo de cinco días, le fue notificado, por lista -previo aviso- el cuatro de noviembre pasado, surte efectos el día hábil siguiente y la promoción de cuenta fue presentada el nueve de noviembre pasado, esto es, al segundo día de los cinco otorgados, por lo que, como se dijo, aún cuenta con tres días para desahogar íntegramente el requerimiento formulado en autos. Hágase del conocimiento de la peticionaria de amparo que subsiste el apercibimiento decretado en el referido proveído de veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente a la promovente.
- Principal
(publicación AVISO) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE 25 DE OCTUBRE DE 2022, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. PONDERACIONES PREVIAS, FORMACIÓN Y RADICACIÓN.Visto lo de cuenta, se advierte que ante la emergencia mundial sanitaria, derivada de la pandemia que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus que causa la enfermedad conocida como "Covid19", mediante el cual se reactivó el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reanudación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia, insistiendo en la utilización de tecnologías de la información y de comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las actividades productivas de los órganos jurisdiccionales. Esquema renovado que se estableció para el período comprendido del tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte, y que entró en vigor a partir del primer día de dicho período.Conforme al nuevo esquema implementado por el referido Acuerdo General, se reanudaron los plazos y términos procesales y reanudó la recepción, radicación y tramitación de promociones presentadas físicamente, así como el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptaron diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como la fijación de porcentajes máximos de asistencia para el personal jurisdiccional y su escalonamiento en turnos y horarios; la recepción de promociones físicas mediante buzones judiciales; la habilitación de oficialías de partes comunes a varios órganos jurisdiccionales; el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas; el uso de herramientas tecnológicas para eficientar la labor jurisdiccional; y la continuidad del trabajo a distancia como eje rector en la prestación del servicio público de impartición de justicia.-Que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 16/2022.- Que por Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, mediante el cual se amplió el periodo de vigencia del tres de agosto de dos mil veinte al seis de noviembre de dos mil veintidós, a efecto de dar continuidad a las acciones y medidas preventivas adoptadas en el contexto de la contingencia sanitaria.-Que la demanda, con la que se dará cuenta, fue presentada el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, mediante buzón judicial, y remitida en la misma fecha por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito, en archivo digital, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el apartado "Oficialía de partes", sub índice "Recursos o Demandas OCC".Atento a lo anterior, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 1143/2022, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado.PREVENCIÓN.Ahora bien, a efecto de acordar sobre su admisión, si en el caso procede o no, con fundamento en lo establecido por los artículos 108, fracciones IV y V; y, 114, fracciones I, II y IV de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente Aurea Leticia Garcés Rodríguez, para que dentro del plazo de cinco días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, dé cumplimiento a lo siguiente:PRIMERO. Precise si lo que pretende combatir en esta vía, es la notificación del acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintidós, o en su caso, dicha determinación.Lo anterior, ya que de la lectura de derechos fundamentales, la parte promovente no es clara en precisar dicho acto, ya que refiere lo siguiente: No obstante, en el siguiente punto, refiere lo siguiente:Es decir, no es concordante, ya que por un lado, reclama la notificación de dicho auto y por otro, reclama el contenido del mismo, por tanto, deberá aclarar ese aspecto. SEGUNDO. Deberá precisar a qué se refiere con "omisiones, negativas y arbitrariedades", pues hace manifestaciones atinentes a combatir una resolución, sin que indique la fecha de esa determinación y el expediente de donde derivan dichos actos. Lo anterior, ya que no se logra apreciar qué es lo que se intenta combatir, en razón a que no se es claro con el acto reclamado; y, para corroborar lo anterior, se insertan las siguientes capturas:No obstante lo anterior, de ser el caso, deberá precisar si reclama alguna omisión o negativa, para lo cual deberá aducir cual es la omisión en que incurrió la autoridad, o la negativa de que se trata, esto es, si combate alguna determinación en la cual se le negara lo que pretende. TERCERO. Deberá precisar, a qué se refiere el derecho de petición que reclama, de ser el caso, deberá indicar el escrito cuya omisión ha incurrido la autoridad responsable. Lo anterior, ya que la parte promovente señala lo siguiente: Ello, porque no se puede advertir el acto que combate en esta instancia, para lo cual deberá precisar lo que reclama en la falta de contestación a su escrito de cinco de octubre de dos mil veintidós, que adjunta a su demanda, o en su caso, aclare ese aspecto. CUARTO. Deberá establecer de manera clara y precisa, a qué se refiere con lo que a continuación se precisa:Es decir, no se establece con claridad a qué se refiere con: "(.) la REVOCACIÓN, ANULACIÓN, CANCELACIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS EN DEFINITIVA (.). Para que LA PRUEBA DE AUDIO ADMITIDA A LA QUEJOSA (.)" (Sic)Por lo que no se tiene la certeza del acto jurídico que se intenta combatir, para lo cual deberá precisar ese aspecto. QUINTO. Deberá precisar de manera clara, cuál es la sentencia que impugnó y que combate en esta instancia. Ya que en el apartado de puntos petitorios, la parte promovente expresa literalmente lo siguiente: "SEGUNDO. - Conceder la REVOCACIÓN, ANULACIÓN Y CANCELACIÓN sentencia recurrida COMBATIDA y de los actos reclamados (.)" (Sic). Por lo tanto, dicha parte procesal deberá manifestar bajo protesta de decir verdad, cuál es la sentencia recurrida de la que actualmente se duele, y si la reclama en esta instancia. SEXTO. Precise si también reclama como acto destacado la omisión de dar contestación a los escritos presentados el veintidós de agosto y quince de septiembre del año en curso, dirigidos al Juzgado Primero de lo Penal del distrito judicial del centro, del Estado de Puebla, dirigidos en la causa penal 18/2015.Lo anterior, porque a foja 4, señala "Además se trasgredió el ARTÍCULO 8º CONSTITUCIONAL DE PETICIÓN.- que dice (.) QUE HASTA ÉSTA FECHA NO SE HA OTORGADO RESPUESTA LEGAL Y JUSTA mediante "Acuerdos" respectivos a la PARTE QUEJOSA, relativo a sus Escritos de fechas: 22 veintidós de septiembre de 2022 y 15 de septiembre de 2022, QUE SE ANEXARON AL PRESENTE RECURSO DE AMPARO INDIRECTO, con carácter de pruebas idóneas y fidedignas (sic)" De ahí que deberá manifestar esas circunstancias, dado que dicha información es un requisito tanto legal como jurisprudencial indispensable para activar el mecanismo Judicial.Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 161/2013 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son:"DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado."Esto es así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108, fracción V de la Ley de Amparo, pues es obligación de la parte inconforme manifestar los hchos o abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, lo cual debe hacer con sujeción a la verdad sin afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con la demanda de amparo que se estudia. Hágase del conocimiento de la parte promovente que la presente prevención es con el fin de que subsane la irregularidad ya precisada, sin que ello signifique que cambie o modifique su demanda, ni que la amplíe. APERCIBIMIENTO.Se apercibe a la parte promovente que de no dar cumplimiento a la presente prevención en el plazo señalado, se tendrá por no presentada la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo.También signifíquesele que, para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberá presentar su escrito aclaratorio signado por él mismo, y no por conducto de autorizado alguno.Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son:"AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." DOMICILIO.Téngase como domicilio procesal de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. AUTORIZADOS.Téngase como autorizado en términos restringidos a la persona que refiere.SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA.Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once.INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada.Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN.Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. EXHORTACIÓN PARA CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO "EN LÍNEA".Con fundamento en los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes para que: ( De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal.( Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. ( Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, comparezcan a las audiencias a partir de escritos presentados física o electrónicamente. Notifíquese personalmente a la parte promovente.
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