Auditoría Superior del Estado de Puebla

Expediente 443/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
443/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
19/02/2021

Partes del expediente

  • Auditoría Superior del Estado de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la resolución dictada el diez de diciembre de dos mil veinte, mediante la cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, ha sido notificada a todas las partes y que el término genérico de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de inconformidad ha fenecido para todas ellas. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo, no es de relevancia documental, pero sí es susceptible de depuración después de transcurridos tres años. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente físico, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese por lista a las partes quejosa y tercera interesada (debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020); por oficio a la autoridad responsable, y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito...

  2. Principal

    (publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL PROVEÍDO DE 10 DE diciembre DE 2020, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, diez de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, de lo que se advierte que mediante proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, se dio vista a la parte quejosa por tres días, para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera, respecto del cumplimiento que la responsable dio al fallo protector y que transcurrido dicho término, sin que hubiere realizado pronunciamiento al respecto. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada en sus términos, atendiendo a los elementos que obran en autos. En primer término, se precisa que mediante sentencia de veintidós de octubre de dos mil veinte (fojas 157 a 169), se concedió el amparo a Rafael Cepeda Morales, en su carácter de Director General Jurídico de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para los siguientes efectos: "1. Deberá pronunciarse, con libertad de decisión, respecto a la oportunidad o no de la presentación del escrito de oposición, hecha valer por la peticionaria de garantías, en su ocurso que ingresó el diecisiete de marzo de dos mil veinte, sin tomar en consideración en el respectivo cómputo, los días inhábiles que han quedado previamente identificados. 2. Su determinación la deberá hacer del conocimiento del ente fiscalizador quejoso. 3. Remitirá a éste órgano de control constitucional las constancias que justifiquen el cumplimiento de la sentencia protectora". En acuerdo de once de noviembre de dos mil veinte, se declaró que el fallo de referencia había causado ejecutoria, por lo que se requirió, en el término de tres días su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 183 a 185). Así, una vez seguidos los trámites tendentes al cumplimiento de la sentencia protectora, el veintitrés de noviembre de dos mil veinte (foja 202), se tuvo por recibido en este juzgado federal, el oficio 143/2020, de diecisiete de noviembre último, signado por la Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción del Sistema de Investigación de Hechos de Corrupción del Sistema Tradicional, en funciones de la Primera Mesa Investigadora, al que anexó copia certificada de la determinación de treinta de octubre de dos mil veinte, dictada en la averiguación previa 20/2010/ANTIC/DGSP/UIHCST-I de su índice, así como de la constancia de envío de la notificación de dicho auto al aquí quejoso (fojas 196 a 201). Constancias con las que se ordenó dar vista a la parte quejosa, por el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surtiera sus efectos la notificación de ese proveído, para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera. Documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En ese sentido, se estima que se han cumplido cabalmente con las consideraciones apuntadas en la ejecutoria de amparo, pues: a) En determinación de treinta de octubre de dos mil veinte, el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción del Sistema de Investigación de Hechos de Corrupción del Sistema Tradicional, en funciones de la Primera Mesa Investigadora, tuvo por recibido el escrito de oposición hecho valer por Rafael Cepeda Morales, en su carácter de Director General Jurídico de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, y en virtud que se encuentra dentro del término legal establecido en el artículo 30 Ter del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, ordenó girar oficio al Coordinador General de Asuntos jurídicos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, para que realice el estudio y análisis de la indagatoria a fin de que determine la procedencia o improcedencia de la declaratoria de NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, emitida en esa pesquisa y remitió en efecto devolutivo el original de la averiguación previa 20/2010/ANTIC/DGSP/UIHCST-1 (fojas 197 y 198). b) Notificó tal determinación al Auditor Superior del Estado de Puebla, el tres de noviembre de dos mil veinte (foja 200). c) Hizo llegar a este juzgado federal las constancias conducentes al cumplimiento dado al fallo amparador. En tal virtud, es evidente que se acataron cabalmente los efectos de la sentencia amparadora emitida en este juicio de garantías, de ahí que al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria pronunciada, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y al tercero interesado, por oficio a la autoridad responsable, así como a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita..."

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, de lo que se advierte que mediante proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, se dio vista a la parte quejosa por tres días, para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera, respecto del cumplimiento que la responsable dio al fallo protector y que transcurrido dicho término, sin que hubiere realizado pronunciamiento al respecto. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada en sus términos, atendiendo a los elementos que obran en autos. En primer término, se precisa que mediante sentencia de veintidós de octubre de dos mil veinte (fojas 157 a 169), se concedió el amparo a Rafael Cepeda Morales, en su carácter de Director General Jurídico de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para los siguientes efectos: "1. Deberá pronunciarse, con libertad de decisión, respecto a la oportunidad o no de la presentación del escrito de oposición, hecha valer por la peticionaria de garantías, en su ocurso que ingresó el diecisiete de marzo de dos mil veinte, sin tomar en consideración en el respectivo cómputo, los días inhábiles que han quedado previamente identificados. 2. Su determinación la deberá hacer del conocimiento del ente fiscalizador quejoso. 3. Remitirá a éste órgano de control constitucional las constancias que justifiquen el cumplimiento de la sentencia protectora". En acuerdo de once de noviembre de dos mil veinte, se declaró que el fallo de referencia había causado ejecutoria, por lo que se requirió, en el término de tres días su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 183 a 185). Así, una vez seguidos los trámites tendentes al cumplimiento de la sentencia protectora, el veintitrés de noviembre de dos mil veinte (foja 202), se tuvo por recibido en este juzgado federal, el oficio 143/2020, de diecisiete de noviembre último, signado por la Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción del Sistema de Investigación de Hechos de Corrupción del Sistema Tradicional, en funciones de la Primera Mesa Investigadora, al que anexó copia certificada de la determinación de treinta de octubre de dos mil veinte, dictada en la averiguación previa 20/2010/ANTIC/DGSP/UIHCST-I de su índice, así como de la constancia de envío de la notificación de dicho auto al aquí quejoso (fojas 196 a 201). Constancias con las que se ordenó dar vista a la parte quejosa, por el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surtiera sus efectos la notificación de ese proveído, para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera. Documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En ese sentido, se estima que se han cumplido cabalmente con las consideraciones apuntadas en la ejecutoria de amparo, pues: a) En determinación de treinta de octubre de dos mil veinte, el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción del Sistema de Investigación de Hechos de Corrupción del Sistema Tradicional, en funciones de la Primera Mesa Investigadora, tuvo por recibido el escrito de oposición hecho valer por Rafael Cepeda Morales, en su carácter de Director General Jurídico de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, y en virtud que se encuentra dentro del término legal establecido en el artículo 30 Ter del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, ordenó girar oficio al Coordinador General de Asuntos jurídicos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, para que realice el estudio y análisis de la indagatoria a fin de que determine la procedencia o improcedencia de la declaratoria de NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, emitida en esa pesquisa y remitió en efecto devolutivo el original de la averiguación previa 20/2010/ANTIC/DGSP/UIHCST-1 (fojas 197 y 198). b) Notificó tal determinación al Auditor Superior del Estado de Puebla, el tres de noviembre de dos mil veinte (foja 200). c) Hizo llegar a este juzgado federal las constancias conducentes al cumplimiento dado al fallo amparador. En tal virtud, es evidente que se acataron cabalmente los efectos de la sentencia amparadora emitida en este juicio de garantías, de ahí que al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria pronunciada, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y al tercero interesado, por oficio a la autoridad responsable, así como a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita...

  4. Principal

    CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE DIEZ DE DICIEMBRE DE 2020, QUE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, diez de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, de lo que se advierte que mediante proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, se dio vista a la parte quejosa por tres días, para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera, respecto del cumplimiento que la responsable dio al fallo protector y que transcurrido dicho término, sin que hubiere realizado pronunciamiento al respecto. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada en sus términos, atendiendo a los elementos que obran en autos. En primer término, se precisa que mediante sentencia de veintidós de octubre de dos mil veinte (fojas 157 a 169), se concedió el amparo a Rafael Cepeda Morales, en su carácter de Director General Jurídico de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para los siguientes efectos: "1. Deberá pronunciarse, con libertad de decisión, respecto a la oportunidad o no de la presentación del escrito de oposición, hecha valer por la peticionaria de garantías, en su ocurso que ingresó el diecisiete de marzo de dos mil veinte, sin tomar en consideración en el respectivo cómputo, los días inhábiles que han quedado previamente identificados. 2. Su determinación la deberá hacer del conocimiento del ente fiscalizador quejoso. 3. Remitirá a éste órgano de control constitucional las constancias que justifiquen el cumplimiento de la sentencia protectora". En acuerdo de once de noviembre de dos mil veinte, se declaró que el fallo de referencia había causado ejecutoria, por lo que se requirió, en el término de tres días su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 183 a 185). Así, una vez seguidos los trámites tendentes al cumplimiento de la sentencia protectora, el veintitrés de noviembre de dos mil veinte (foja 202), se tuvo por recibido en este juzgado federal, el oficio 143/2020, de diecisiete de noviembre último, signado por la Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción del Sistema de Investigación de Hechos de Corrupción del Sistema Tradicional, en funciones de la Primera Mesa Investigadora, al que anexó copia certificada de la determinación de treinta de octubre de dos mil veinte, dictada en la averiguación previa 20/2010/ANTIC/DGSP/UIHCST-I de su índice, así como de la constancia de envío de la notificación de dicho auto al aquí quejoso (fojas 196 a 201). Constancias con las que se ordenó dar vista a la parte quejosa, por el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surtiera sus efectos la notificación de ese proveído, para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera. Documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En ese sentido, se estima que se han cumplido cabalmente con las consideraciones apuntadas en la ejecutoria de amparo, pues: a) En determinación de treinta de octubre de dos mil veinte, el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción del Sistema de Investigación de Hechos de Corrupción del Sistema Tradicional, en funciones de la Primera Mesa Investigadora, tuvo por recibido el escrito de oposición hecho valer por Rafael Cepeda Morales, en su carácter de Director General Jurídico de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, y en virtud que se encuentra dentro del término legal establecido en el artículo 30 Ter del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, ordenó girar oficio al Coordinador General de Asuntos jurídicos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, para que realice el estudio y análisis de la indagatoria a fin de que determine la procedencia o improcedencia de la declaratoria de NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, emitida en esa pesquisa y remitió en efecto devolutivo el original de la averiguación previa 20/2010/ANTIC/DGSP/UIHCST-1 (fojas 197 y 198). b) Notificó tal determinación al Auditor Superior del Estado de Puebla, el tres de noviembre de dos mil veinte (foja 200). c) Hizo llegar a este juzgado federal las constancias conducentes al cumplimiento dado al fallo amparador. En tal virtud, es evidente que se acataron cabalmente los efectos de la sentencia amparadora emitida en este juicio de garantías, de ahí que al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria pronunciada, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y al tercero interesado, por oficio a la autoridad responsable, así como a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita...

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