Aurelia del Rosario Jimenez
Expediente 619/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 619/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 18/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Aurelia del Rosario Jimenez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes de los cuales se advierte que el diez de septiembre de dos mil veintiuno, causó estado la sentencia emitida el veinticuatro de agosto del mismo año, en el presente juicio de amparo; por lo que, se ordenó el archivo del expediente en que se actúa por tratarse de un asunto concluido. En ese sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación en Acatzingo de Hidalgo, Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvasele el anexo I, requiriéndola para que en el término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, acuse el recibo de estilo correspondiente. Apercibida que de no hacerlo en el término concedido, se le impondrá una multa de cincuenta veces, el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y Cúmplase.Así lo acordó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Rafael Torres Campos, Secretario(a) que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, misma que sobreseyó en el juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese por lista a la parte quejosa y tercera interesada; por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público Federal adscrito.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante la secretaria Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe.
- Principal
V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 619/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, promovido por Aurelia del Rosario Jiménez, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el treinta de junio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, enviado físicamente el uno de julio siguiente a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, Aurelia del Rosario Jiménez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos que señaló en su demanda. La parte quejosa narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violadas las contenidas en los artículos 1º, 8º, 17 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Prevención, desahogo, admisión y trámite del juicio. En acuerdo de uno de julio de dos mil veintiuno (fojas 10 a 14), se registró la demanda con el número de juicio de amparo indirecto 619/2021, y se previno a la parte quejosa para que precisara el acto reclamado, e indicara con precisión qué reclama del Fiscal General del Estado de Puebla. Por escrito recibido en este órgano jurisdiccional el trece de julio de dos mil veintiuno, Aurelia del Rosario Jiménez, desahogó la prevención aludida pues indicó que el acto reclamado consiste en la negativa por parte del Ministerio Público responsable de recibir su escrito de solicitud de copias certificadas, y que al Fiscal General del Estado de Puebla, lo señaló como autoridad responsable debido a que tiene el carácter de superior jerárquico de la representación social que se negó a recibir su libelo. Atento a lo anterior, en acuerdo de catorce de julio de dos mil veintiuno (fojas 17 a 20), se admitió a trámite la demanda de amparo, sin incidente de suspensión; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados y se dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público Federal adscrito (foja 28). TERCERO. Parte tercera interesada. En auto de treinta de julio de la presente anualidad (fojas 114 y 115), se reconoció el carácter de terceros interesados a 1. Natalia González Carrera, 2. Bernardo Almeida Torres y 3. René Pestaña García, quienes fueron emplazados el cuatro de agosto del presente año (foja 127) y, de los mencionados, solo los identificados con los arábigos uno (1) y tres (3), se apersonaron al presente sumario, mediante escrito presentado el diez de agosto de dos mil veintiuno. CUARTO. Cita para sentencia. En acuerdo de seis de agosto de dos mil veintiuno, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional (foja 130 vuelta), la cual, en sus dos primeras etapas, se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar el acto reclamado que se advierte del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que la quejosa Aurelia del Rosario Jiménez, esencialmente reclama: La negativa a recibir los escritos mediante los cuales pretende solicitar copia certificada de las actuaciones que obran en la carpeta de investigación 94/2020/ACATZINGO. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primero se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." La parte quejosa atribuye los actos reclamados a las autoridades responsables siguientes: Número AUTORIDAD RESPONSABLE. SENTIDO DEL INFORME. FOJA 1 Fiscal General del Estado de Puebla Negó 24 2 2. Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Acatzingo, Puebla, Iris Luna Calatayud, Negó 29 Inexistencia de los actos reclamados. Tal y como se advierte de la tabla que antecede, las autoridades responsables negaron la existencia del acto reclamado, pues el primero, afirmó que no está dentro de sus funciones integrar carpetas de investigación y, la segunda, explicó que en los autos de la carpeta de investigación de origen, no obra solicitud alguna de la parte quejosa para que le expida copias certificadas. En efecto, de las constancias remitidas por la representante social responsable, consistente en reproducción autorizada de la carpeta de investigación 94/2020/ACATZINGO (fojas 30 a 113 y anexo I), que merecen pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, no se aprecia escrito o constancia de la que se advierta que la quejosa formuló solicitud alguna. Ahora, en la especie, sucede que la quejosa se duele precisamente de que la agente del Ministerio Público responsable, se negó a recibir el escrito de solicitud de copias, pues afirmó en su demanda de amparo que el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, Aurelia del Rosario Jiménez, se presentó en las instalaciones que ocupa la responsable 2. Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Acatzingo, Puebla, Iris Luna Calatayud, y que intentó presentar el escrito solicitando copias, pero la citada representante social se negó a recibirlo debido a que no indicó para qué trámite las necesitaba. Refiere también, que el dos y dieciséis de junio del presente año, nuevamente se constituyó en las oficinas de la responsable con la misma intención de presentar escrito petitorio de copias, pero en esas ocasiones -afirma- la autoridad se negó a recibirlo porque no indicaba ante quien se exhibirían. No obstante, la quejosa no aportó prueba idónea para acreditar tales aseveraciones, pues si bien acompañó a su demanda tres documentales, consistentes en: a) escrito signado por la quejosa, fechado el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, dirigido a la Fiscalía General del Estado, Unidad de Investigación de Acatzingo, relativo a la carpeta de investigación 94/2020/ACATZINGO (foja 7). b) Escrito signado por la quejosa, sin fecha de suscripción, dirigido a la Fiscalía General del Estado, Unidad de Investigación de Acatzingo, relativo a la carpeta de investigación 94/2020/ACATZINGO (foja 8); y, c) escrito fechado el 16 de junio de dos mil veintiuno, dirigido a la Fiscalía General del Estado, Unidad de Investigación de Acatzingo, relativo a la carpeta de investigación 94/2020/ACATZINGO (foja 9) Las cuales, se aprecian a la luz de los artículos 133, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; no obstante, el valor probatorio que merecen dichos documentos como indicio, únicamente son eficaces para demostrar que la quejosa firmó tales ocursos, pero no lo son para demostrar que acudió ante la autoridad responsable y que intentó presentarlos ni que la agente del Ministerio Público se negó a recibirlos, pues los documentos privados que exhibe, solo tienen el alcance de demostrar que la quejosa expresó su voluntad en términos de lo que en ellos se consigna, pero no resultan suficientes ni idóneos para acreditar el resto de sus aseveraciones. Pues para ello, resultaba necesario que la quejosa ofertara y desahogara diversa prueba que tuviera como finalidad directa demostrar los hechos que aduce, ello en virtud de que las autoridades responsables a quienes se atribuyó la negativa, rindieron informe justificado dentro del término legal concedido y negaron el acto reclamado, específicamente la 2. Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Acatzingo, Puebla, Iris Luna Calatayud, adujo que no recibió solicitud alguna por parte de Aurelia del Rosario Jiménez. De ese modo, correspondía a la quejosa la carga de la prueba para demostrar que efectivamente intentó formular solicitud ante las responsables y que éstas se negaron a recibirla y, al no haber cumplido con tal carga procesal, esta autoridad no se encuentra en aptitud de establecer la certeza de la negativa reclamada y, por ende, tampoco resulta procedente realizar el estudio de su legalidad. Se afirma lo anterior pues si bien el artículo 8º constitucional prevé la garantía conocida como derecho de petición que consistente, en esencia, que a toda petición formulada ante autoridad por escrito, en forma pacífica y respetuosa debe recaer una respuesta que atienda lo efectivamente solicitado, y que tal respuesta debe darse a conocer en breve término al solicitante. Sin embargo, para que dicha garantía constitucional opere, es requisito indispensable acreditar, primero, que se formuló la solicitud correspondiente, en este caso, que se presentó en las instalaciones de la responsable, y que ésta se negó a recibirla. En las relatadas circunstancias, ante la inexistencia del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio de amparo. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, 74 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo indirecto, promovido por Aurelia del Rosario Jiménez, por las razones expuestas en el considerado tercero de la presente resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia de conformidad con el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista a la parte quejosa y los terceros interesados, por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público Federal adscrito...
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de agosto de dos mil veintiuno. Intégrense los escritos signados por 1. Natalia González Carrera y 3. René Pestaña García; y, visto sus contenidos, téngaseles apersonando a este sumario constitucional con el carácter de terceros interesados, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refieren en los escritos de cuenta, y autorizando con las facultades restringidas previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que citan, lo anterior en razón de que no proporcionan dato alguno que permita corroborar que las personas que autorizan cuentan con la calidad de licenciados en derecho; lo anterior, sin perjuicio de que con posterioridad lo hagan y este órgano de control constitucional, se encuentre en aptitud de verificar tal circunstancia. Por otro lado, respecto a los correos electrónicos que indican como medio para recibir notificaciones, no ha lugar a tenerlos como medio para recibir notificaciones, toda vez que la Ley de Amparo no los prevé como tal; sin embargo, de conformidad con los artículo 5, fracción I, y 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid19, se tienen como medios para establecer contacto para comunicaciones no procesales, en caso de que ello se estime necesario. Por otro lado, vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días que se concedió mediante auto treinta de julio del año en curso, al tercero interesado 2. Bernardo Almeida Torres, para que señalara domicilio para recibir notificaciones en esta localidad o en la ciudad de Puebla, sin que lo haya hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en tal proveído y, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena notificarle el presente auto y los subsecuentes por medio de lista, incluso los de carácter personal. Notifíquese por lista a las partes...
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