Auditoría Superior del Estado de Michoacán

Expediente 574/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 21 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
574/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
21/08/2023

Partes del expediente

  • Auditoría Superior del Estado de Michoacán

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, este órgano jurisdiccional emite las determinaciones, siguientes: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. RECEPCIÓN. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Daniel Alejandro García Castillón, contra actos de la Auditoría Superior del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, y otra autoridad; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y regístrese en el libro de gobierno bajo el juicio de amparo número 574/2023. 1.2. DESECHAMIENTO. Ahora, a efecto de proveer respecto de la demanda de cuenta, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda, y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano Cobra aplicación, la jurisprudencia V.2.J/75 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Del precepto trascrito, se desprende que es obligación del Juez de Distrito examinar, ante todo, el escrito de demanda y anexos que se acompañan a ella y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia reguladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, estima que lo procedente es desechar de plano la demanda, atento a las siguientes consideraciones. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como autoridades responsables y acto reclamado el siguiente: III. Autoridades responsables: 1. Auditoría Superior del Estado de Michoacán 2. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán." IV. Actos reclamados: A la Dirección Substanciadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Michoacán, se le reclama: a) Las resoluciones emitidas en todos y cada uno de los procedimientos administrativos que se encuentre conociendo esa responsable y en los cuales al suscrito se me ha señalado como presunto responsable, por medio de las cuales, esa autoridad resuelve como sanción, inhabilitarme para ejercer cargos públicos de elección popular. . Sobre estas resoluciones el suscrito desconozco la data exacta, así como, el número de expediente en el que son emitidas [.] sin embargo, el suscrito he tenido conocimiento por parte del personal que labora al servicio de la responsable de que tales resoluciones existen . b) La resolución emitida por esa responsable y cuya fecha desconozco, pero se sabe que existe, por medio de la cual, ordenaron mantener en reserva la información concerniente a los procedimientos de responsabilidad administrativa que se encuentra conociendo dicha autoridad y en los cuales el suscrito soy presunto responsable de conductas que importan responsabilidad administrativa. . El suscrito desconozco dicha resolución pues no la he visto físicamente, de modo que no tengo forma de conocer de forma exacta sus fundamentos y motivos, pero personal que labora para la responsable me ha confirmado la existencia de dicha resolución. c). Todo lo actuado dentro de todos los expedientes que se encuentra conociendo esa responsable . A la Auditoría Superior del Estado de Michoacán se reclama: a) La instauración de todos y cada uno de los procedimientos administrativos que se están llevando a cabo sin que se le otorgue derecho de audiencia al suscrito y que tengan como finalidad la inhabilitación administrativa para efectos de no ocupar un cargo público, esto, sin que se esté respetando el derecho de audiencia al suscrito, por lo cual comparece como tercero extraño al procedimiento. Al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, se reclama: a) La instauración de todos y cada uno de los procedimientos administrativos que se están llevando a cabo sin que se le otorgue derecho de audiencia al suscrito y que tengan como finalidad la inhabilitación administrativa para efectos de no ocupar un cargo público, esto, sin que se esté respetando el derecho de audiencia al suscrito, por lo cual comparece como tercero extraño al procedimiento. b) La inminente emisión y ejecución de todas y cada una de las determinaciones en forma de resoluciones administrativas mediante la cual, de forma unilateral y sin mediar procedimiento en el que permita ejercer mi derecho de audiencia o defensa, se ordena inhabilitar al suscrito para que este no ocupe un cargo público. . De lo anterior, se desprende que, los actos reclamados se traducen en la posible existencia de procedimientos administrativos iniciados en contra del quejoso y la posible resolución de inhabilitación administrativa para que éste ejerza un cargo público de elección popular. Es así, dado que como antecedentes del acto reclamado, la parte promovente refiere bajo protesta de decir verdad, en esencia, que: . personal del Tribunal (desconozco de forma cierta cual sala) manifestó la elaboración de un proyecto de resolución en la cual se determina inhabilitarme de manera inmediata . . el pasado 10 de agosto del año 2023, mientras me encontraba en el local del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, fui informado por personal que labora en el propio Tribunal, de que en el Tribunal tenían procedimientos en los cuales se me señalaba como responsable . . el día 15 de agosto del año 2023 me informó personal de la Auditoria, tras solicitar informes sobe procedimientos seguidos en mi contra, que efectivamente existían procedimientos y que existían incluso resoluciones que habían impuesto sanción de inhabilitación para ejercer cargos públicos . Precisado lo anterior, se colige que los actos reclamados (la posible existencia de procedimientos administrativos iniciados en contra del quejoso y la posible resolución de inhabilitación administrativa para que éste ejerza un cargo público) no suponen una afectación real y actual a la esfera jurídica del quejoso, ya que de la narrativa de hechos que hace el promovente en su demanda de amparo, se observa que a la fecha de la presentación no existe la afectación que reclama, pues el mero temor de que se llevara a cabo la posible inhabilitación en su contra, de ninguna manera implica una afectación a sus derechos. Bajo esa tesitura, este juzgador estima que, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en los sus artículos 61, fracción XXIII, 1, 5 fracción I y 6, de la Ley de Amparo, los cuales establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Como se puede advertir, de la transcripción de los artículos anteriores, para que el juicio constitucional sea procedente, es necesario que se enderece contra actos de autoridad o bien, de particulares en los casos señalados por la propia ley, pues por su naturaleza jurídica las garantías constitucionales constituyen en la generalidad de los casos, limitaciones al poder público, ya que los actos que ejecuten y molesten en su persona, domicilio, papeles o familia a otros particulares, encuentran sus sanciones en las disposiciones del derecho común. En ese orden, la concepción del acto reclamado, es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para este medio de control constitucional, tal como lo disponen los artículos 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1 de la Ley de Amparo, preceptos en los que constantemente aparece el término de "actos u omisiones de autoridad". Dentro del campo del juicio de amparo, el acto reclamado, en general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. De la definición que antecede, se desprende que el acto debe de ser un hecho voluntario, no debido al azar, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin, es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico (o legítimo en los casos que así proceda) del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, las formas o maneras como se realiza la mencionada afectación. De ahí que conforme al artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, es quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, individual y colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la ley de la materia, y con ello se producirá una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por su parte, la autoridad responsable es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas, en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Como puede advertirse, los anteriores conceptos implican la idea de que el acto reclamado, por regla, debe existir al momento de la presentación de la demanda de amparo, pues solo en ese caso se estaría frente a la creación, modificación o extinción de una situación jurídica concreta, susceptible de generar una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, cuyo remedio se persigue mediante el juicio de amparo. En ese sentido, conforme al contenido del artículo 6 de la ley de la materia, se tiene que para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o jurídica que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, por lo que las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de suerte que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados, es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten de momento en forma real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En vía de consecuencia, la noción perjuicio para que proceda el juicio de amparo, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley misma, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurídico correspondiente, demandando el cese de esa trasgresión. Se invoca al respecto, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 704 del tomo XIV del Semanario Judicial de la Federación, julio de 1994, Octava Época, que dice: PERJUICIO, BASE DEL AMPARO. Al quejoso en el amparo, como actor en el juicio, al igual que en una contienda de carácter civil, le corresponde, de conformidad con el artículo 149 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, demostrar la procedencia de la acción constitucional; y para esto se requiere como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan. Por tanto no basta el reconocimiento, por las autoridades responsables, de la existencia del acto, para concluir que necesariamente el mismo perjudica al promovente del juicio de garantías, puesto que el perjuicio depende de que existan legítimamente amparados los derechos cuya garantía constitucional se reclama. Asimismo se cita la tesis XX. 308 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 138 del tomo XV-I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, de febrero de 1995, con registro 209001, que dispone: ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías Por consiguiente, el agravio futuro, sin proximidad temporal, no da lugar a que se pueda interponer el amparo, y si se promueve, en este supuesto habrá de producirse la causa de improcedencia en comento. Corrobora lo anterior el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo LXXV, página 2188, de rubro y texto: ACTOS FUTUROS. No es de revocarse el sobreseimiento dictado en el amparo, con respecto a infracciones que puedan levantarse en el futuro, porque esos actos, por su carácter de futuros e inciertos, no dan lugar al juicio de garantías, pues respecto de actos futuros, el juicio constitucional sólo es procedente cuando son de inminente realización." A efecto de verificar la procedencia de esta instancia constitucional, el quejoso debe probar de manera indiciaria que el acto de autoridad que reclama afecta de forma real y actual su esfera jurídica, ya que el sólo temor de que se lleve a cabo un acto de autoridad que lesione sus derechos fundamentales, o bienes, en modo alguno constituye una afectación a los derechos tutelados por la norma jurídica, ni la faculta para incoar el juicio de amparo en defensa de sus intereses, pues ese derecho nace a partir de la fecha en que efectivamente se tiene conocimiento de la existencia de un acto de autoridad que vulnera su esfera de derechos y que objetivamente le cause agravios, no únicamente de una suposición, o de un cometido de una persona; pues ello no actualiza la presunción de su existencia o la posibilidad de que surja en un futuro. En el caso concreto, de las manifestaciones vertidas en el escrito constitucional y anexos, se advierte que la parte quejosa refiere actos futuros, de realización incierta, que incluso, no se han materializado y causado una afectación real y actual a su esfera jurídica, pues únicamente señala como actos reclamados la aparente existencia de procedimientos administrativos iniciados en su contra y la posible resolución de inhabilitación administrativa para que ejerza un cargo público. Ello, porque el propio solicitante del amparo manifestó que acude al juicio de amparo indirecto porque se enteró por personal adscrito al Tribunal de Justicia Administrativa y Auditoria Superior del Estado de Michoacán de Ocampo, que existen procedimientos administrativos en su contra, e incluso, el hecho de que pudiera ser inhabilitado para ejercer un cargo público, solo es una posibilidad, toda vez que la circunstancia de que, según su dicho "personal del Tribunal" le informó que existen procedimientos administrativos en su contra y la elaboración de un proyecto de resolución en la cual se determinará su inhabilitación de manera inmediata, ello no significa ni garantiza que tal acontecimiento ocurrirá en un futuro. Lo anterior, evidencia una "suposición subjetiva; y apreciación personal", evento en el que el solicitante del amparo sustenta su reclamo, en la posible afectación de sus intereses por futuros actos de autoridad. En ese tenor, resulta claro que los actos que por esta vía intenta combatir no existen en el orden jurídico real y actual, por tanto, no puede afirmar le irrogan algún perjuicio a su esfera de derechos; máxime, que no tiene elementos que le permitan presumir que en realidad los actos que combate le irrogarán algún perjuicio personal y directo; lo cual evidencia que lo que el quejoso intenta es prevenir actos futuros de realización incierta, en contra de los cuales deviene improcedente el juicio de amparo. Por tanto, es válido concluir que el peticionario del amparo no ha sufrido algún perjuicio real y actual en su esfera jurídica con motivo de los actos que se examinan, lo cual hace improcedente la presente instancia constitucional, en virtud de que el juicio de amparo tiene como objeto resolver controversias que se susciten por leyes o actos de la autoridad que violen derechos fundamentales del gobernado y sus efectos son restituir al agraviado en el goce éstos, lo que se colige de la interpretación de los artículos 1 y 73 de la Ley de Amparo, y por ello es necesario que, se demuestre la existencia misma del acto de afectación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda, de modo que se pueda apreciar el perjuicio irrogado al quejoso de manera real y actual, ya que, como se adelantó, este constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de amparo, supuesto que evidentemente, no se acredita en la especie. La determinación que aquí se adopta se justifica, porque la demanda de amparo tiene como fin obtener la protección de la justicia federal, a efecto de que se restituya a los solicitantes de amparo en el goce del derecho fundamental violentado, y no para prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la hipótesis de que el perjuicio no exista al momento de ejercitar la acción, sino durante la tramitación del juicio. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 19 de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, parte SCJN, página 13, que establece lo siguiente ACTOS FUTUROS, NO LO SON LOS INMINENTES. Son futuros aquellos actos en que sea remota la ejecución de los hechos que se previenen, pues de otro modo se estimarían como no futuros sólo los que ya se han ejecutado. No pueden simplemente considerarse actos futuros aquellos en los que existe la inminencia de la ejecución del acto, desde luego, o mediante determinadas. Por tanto, como ya quedó establecido que el acto reclamado no causa de momento un perjuicio a la parte impetrante del amparo, pues su constitución resulta futura e incierta, se torna indudable y notoria la improcedencia del juicio de derechos humanos que promueve ante este juzgado de Distrito, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 1, 5, fracción I y 6 todos de la Ley de Amparo; por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el diverso arábigo 113 de la invocada Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. 1.3. DOMICILIO Y SE DA DE ALTA USUARIO. Se le tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el usuario "GCALEJANDRO", así como para que se imponga del expediente electrónico; por tanto, se ordena dar de alta dicho usuario. 2. DETERMINACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DEL PERSONAL JUDICIAL Y LAS PARTES. Se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; o bien, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueden entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y PUBLICIDAD. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese; y, personalmente al quejoso.

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