Arturo Magaña Mendoza

Expediente 684/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
684/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Juez Primero de Primera Instancia En Materia Civil, Zamora, Michoacán
  • Arturo Magaña Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    En veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, el secretario da cuenta al Juez, con tres escritos y un anexo, registrados bajo los folios 14827, 14836, 14842 y 14850. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. 1. PARTE QUEJOSA PROMUEVE INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIÓN. Agréguese a los autos el escrito y anexo de cuenta, registrados con los folios 14850 14842, signados electrónicamente por J. Jesús Valencia Guerrero apoderado legal de la parte quejosa Arturo Magaña Mendoza, carácter que se le reconoce, al tenor del poder general para pleitos y cobranzas, ratificado ante la fe del Notario Público 56, a cargo del licenciado Fernando Pulido Maciel, con ejercicio y residencia en Los Reyes, Michoacán, instrumento notarial que exhibe en copia simple y que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que es copia fiel, integra e inalterada de su original, mediante el cual, comparece a promover incidente de nulidad respecto de la notificación por lista publicada el día cuatro de octubre de dos mil veintitrés, relativa al auto de tres de octubre anterior, en que se previno al impetrante del amparo, para que aclarara su demanda, por tal motivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley de Amparo, se admite a trámite el incidente de nulidad de notificaciones planteado. Asimismo, se tiene el incidentista ofertando como medios de prueba en su favor, la documental que al efecto hizo llegar a este juicio, así como la presuncional legal y humana e instrumental de actuación, correspondiente a lo actuado en el presente juicio de amparo y que le favorezca, las cuales se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2 Ahora, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 66, de la Ley de amparo, por así permitirlo la naturaleza del asunto, pues se advierte una clara infracción a la formalidad legal que rige la notificación combatida, se estima viable resolver de plano la incidencia planteada, sin necesidad de dar vista al actuario judicial adscrito, responsable de la elaboración de la mencionada notificación; en consecuencia, se procede a resolver dicha incidencia planteada. RESULTANDO PRIMERO. TRÁMITE ANTE EL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD Del oficio 17774/2023 de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, signado por la secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, girado dentro del juicio de amparo número 555/2023, promovido por Arturo Magaña Mendoza, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en materia civil, con residencia en Zamora, Michoacán, y otras autoridades, se desprende lo siguiente. Que el nueve de septiembre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo que dio origen al juicio de amparo número 555/2023, del índice de ese órgano de control constitucional, en el cual se reclamó la inconstitucionalidad de los artículos 1052, 1054, 1055, 1061, 1063, 1077, 1079, 1168, 1169, 1170, a 1189, del Código de Comercio, así como todo lo actuado dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria, sobre retención de bienes, el cual quedó registrado bajo el número 340/2023, del índice del juzgado Segundo de primera Instancia en Materia civil, con residencia en Zamora, Michoacán, así como diversos actos. Que el veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el escrito signado por J. Jesús Valencia Guerrero autorizado en términos ampliaos del quejoso Arturo Magaña Mendoza, mediante el cual compareció a ampliar su demanda de amparo, contra actos del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia civil, con residencia en Zamora, Michoacán, de quien reclamó todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil número 409/2023. Atento a lo anterior, la titular del Juzgado de Distrito en cita, estimó que con el nuevo acto y autoridad precisados, materia de ampliación de demanda, no se cumplían con la exigencia de guardar estrecha relación con las diversos actos reclamados en la demanda inicial; por ende, ordenó remitir el referido libelo constitucional, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, a fin de que fuera registrada como una demanda nueva y se turnara al órgano de control constitucional correspondiente, a fin de que se provea lo conducente. SEGUNDO. TURNO DEL ESCRITO DE AMPLIACIÓN DE DEMANDA. De la boleta de turno con número de registro OCC 20230868032800111, se advierte que el escrito relativo a la ampliación de demanda en cita, el dos de octubre de este año, se turnó a este órgano de control constitucional. TERCERO. TRÁMITE ANTE ESTE ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL. Por auto de tres de octubre de dos mil veintitrés, este juzgado de Distrito tuvo por recibida dicha boleta de turno; se avocó al conocimiento de dicho libelo constitucional, lo registró bajo el número de juicio de amparo 684/2023; y, previo a proveer sobre su admisión o desechamiento, se previno a la parte promovente, para que acreditara la representación legal que ostentaba; asimismo, se le percibió qué, de no hacerlo, se tendría por no presentada la demanda; finalmente, se ordenó notificar a la parte quejosa por medio de lista, ese proveído, así como los subsecuentes, virtud a que no había señalado ningún domicilio donde oír y recibir notificaciones personales. CUARTO. INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES. Mediante escrito presentado el veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, a través del sistema electrónico del Portal del Poder Judicial de la Federación, y recibido en la oficialía de parte de este órgano de control constitucional el veintitrés de noviembre siguiente, J. Jesús Valencia Guerrero en su carácter de apoderado legal de la parte quejosa Arturo Magaña Mendoza, interpuso incidente de nulidad de notificaciones, en relación a la notificación practicada mediante lista, del auto de tres de octubre del año en curso, publicada el cuatro de octubre de dos mil veintitrés, por el actuario judicial de la adscripción. En auto de esta propia data, se proveyó la admisión de dicha incidencia y, sin necesidad de dar la vista correspondiente al funcionario judicial responsable de la notificación combatida, se ordenó resolver de plano la misma, al advertirse una clara infracción a la formalidad legal que rige la notificación materia de estudio. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, es competente para conocer y resolver el presente incidente, en conformidad con los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, toda vez que se trata del incidente de nulidad de notificaciones, promovido por la parte quejosa en el presente juicio de amparo. SEGUNDO. OPORTUNIDAD De las constancias que integran el presente asunto, se advierte que, a partir del dictado del auto de tres de octubre de dos mil veintitrés, la parte quejosa compareció hasta el veintidós de noviembre pasado, A promover la presente incidencia; de ahí que, se surte la hipótesis de procedencia prevista en el artículo 68 de la ley de la materia, dado que el planteamiento del incidente de nulidad de notificaciones hecho valer por la quejosa, fue realizado en la siguiente actuación en que compareció al juicio. TERCERO. LEGITIMACIÓN. De las constancias que allegadas al presente sumario, permiten concluir que J. Jesús Valencia Guerrero tiene el carácter de apoderado legal de la parte quejosa Arturo Magaña Mendoza, por ende, se estima que se encuentra debidamente legitimado para interponer el incidente de nulidad que nos ocupa, en términos de lo dispuesto en el artículo 6, en relación con el numeral 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, pues se trata del apoderado legal de la parte quejosa, en el juicio de amparo en que se actúa. CUARTO. PRECISIÓN DE LA NOTIFICACIÓN IMPUGNADA. Por cuestión de método, primeramente conviene precisar que, en la presente incidencia se resolverá sobre la legalidad de la notificación de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, practicada a la parte quejosa, en relación al proveído de tres de octubre de este año, en que se le previno, a fin de que el promovente de la demanda de amparo, acreditara la representación legal del quejoso, que al efecto ostentó. QUINTO. MOTIVOS DE AGRAVIO. El promovente del incidente refiere como agravios, con motivo de la notificación combatida, los siguientes: Que la notificación correspondiente al auto de tres de octubre de dos mil veintitrés, no podía haber sido ordenada por lista y de manera personal, de manera simultánea, ya que en su caso, se debería practicar esa notificación en ambos lugares, esto es, en los estrados del juzgado, así como de manera personal; sin que se hubiera hecho así, pues sólo se practicó en la forma mencionada en primer término. Que practicar la notificación en forma personal al quejoso, se debió de haber investigado el domicilio de éste, ya sea en el juicio de amparo 555/2023, del índice del Juzgado octavo de distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, o bien, ante la autoridad responsable, virtud a que la primera notificación, no puede realizarse por lista. Que la notificación de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, publicada en la lista de acuerdos correspondiente, no cumple con los requisitos previstos por los numerales 27, 29 a 32 de la Ley de Amparo, pues no obra asentado el nombre del quejoso, en el apartado correspondiente; lo cual, se corrobora con la documental ofertada, correspondiente a la impresión digital de la publicación de dicha lista de acuerdos; de ahí que esa circunstancia, le impidió identificar la radicación del nuevo asunto, así como imponerse del contenido del acuerdo de tres de octubre del año en curso. SEXTO. DECISIÓN SOBRE LA INCIDENCIA. En principio cabe precisar que, la notificación es el acto procesal a través del cual se entera a las partes o terceros, de las actuaciones realizadas en el proceso, a fin de que surtan sus efectos. Su importancia radica en que las partes deben tener conocimiento de las actuaciones realizadas en el juicio, a efecto de que tengan preciso su contenido y las consecuencias inherentes y, en su caso, estén en aptitud de cumplir con cualquier requerimiento que se les formule, o bien, impugnarlas si las consideran contrarias a sus intereses. Así, los actos de comunicación en el proceso constituyen un derecho fundamental para las partes o terceros, a fin de que se impongan de las actuaciones procesales y, de ser el caso, se opongan a ellas por medio de los recursos procesales conducentes, es decir, dichos actos vienen a responder a la garantía de una adecuada defensa. Luego, el incidente de nulidad de notificaciones tiene por objeto anular una notificación realizada con infracción a las formalidades que exige la ley; y, su efecto, radica en que se reponga el procedimiento desde el punto en que se incurrió en la nulidad. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha interpretado el artículo 32, de la Ley de Amparo, en el sentido de que el incidente de nulidad de notificaciones procede en los siguientes casos: a) Contra notificaciones realizadas antes del dictado de la sentencia definitiva y; b) Contra notificaciones que se han llevado a cabo con posterioridad al dictado de la sentencia definitiva. Una vez expuesto lo anterior, respecto a la nulidad de la notificación practicada el cuatro de octubre de dos mil veintitrés, el presente incidente resulta procedente, ello en razón de que se trata de una notificación que se llevó a cabo con posterioridad al dictado del auto en que se tuvo por no interpuesta la demanda de amparo, cuyos efectos se equiparan a la sentencia, en el sentido de que, ambos pone fin a la instancia, así que la notificación de que se trata, fue combatida con posterioridad a ese supuesto procesal. Ahora, en el agravio identificado en el inciso c), el promovente aduce que la notificación correspondiente del auto de tres de octubre de dos mil veintitrés, que lo previno para que aclarara su demanda, en relación a la representación legal con la cual compareció a instar la protección constitucional, se realizó por medio de los estrados; empero, que no estuvo en aptitud de identificar el asunto en la publicación correspondiente, virtud a que la lista de acuerdos publicada, carecía de la precisión del nombre del quejoso. El anterior motivo de inconformidad expuesto por el incidentista, es fundado y suficiente para reponer el procedimiento en el presente juicio biinstancial, como se verá. Ahora, a efecto de justificar dicha calificación, deben señalarse son los supuestos que la Ley de Amparo contempla respecto a la notificación a la parte quejosa cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Los artículos 26, fracción I, inciso c), 27, fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: Artículo 26. Las notificaciones en los juicios de amparo se harán: III. En forma personal: c) Los requerimientos y prevenciones; Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: a) Las notificaciones personales al quejoso se efectuarán por lista. . Artículo 29. Las notificaciones por lista se harán en una que se fijará y publicará en el local del órgano jurisdiccional, en lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. La fijación y publicación de esta lista se realizará a primera hora hábil del día siguiente al de la fecha de la resolución que la ordena y contendrá: I. El número del juicio o del incidente de suspensión de que se trate; II. El nombre del quejoso; III. La autoridad responsable; y IV. La síntesis de la resolución que se notifica. El actuario asentará en el expediente la razón respectiva." (Lo resaltado es propio). Del contenido de los numerales recién transcritos, se evidencia que: Las notificaciones en relación a las prevenciones, deberán practicarse de manera personal. Cuando no conste en autos algún domicilio donde oír y recibir notificaciones, o bien, el proporcionado resulte inexistente, las notificaciones personales ordenadas para el quejoso, se efectuarán por medio de lista. Las notificaciones por lista se harán en una que se fijará y publicará en el local del órgano jurisdiccional, en un lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. La fijación y publicación de la lista se realizará a primera hora del hábil siguiente al de la fecha de la resolución que la ordena, la cual, deberá contener como requisitos, entre otros, el nombre de quejoso. Por su parte, de la consulta de la lista de acuerdos correspondiente al día cuatro de octubre de dos mil veintitrés, tanto en la versión impresa que fue publicada en los estados de este recinto judicial, así como la electrónica que se generó en la plataforma digital del Portal del Poder Judicial de la Federación, se aprecia que son coincindentes; al igual que la documental que el incidentista ofertó, con motivo de la presente incidencia, como a continuación se transcribe No. consecutivo Tipo Número de Expediente Nombre del quejoso o Recurrente Autoridad(es) Fecha del Acuerdo Síntesis Ver acuerdo completo Principal 684/2023 JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL, ZAMORA, MICHOACÁN JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL, ZAMORA, MICHOACÁN 03/10/2023 En tres de octubre de dos mil veintitrés, el secretario da cuenta al Juez, con un oficio y un escrito de demanda de amparo recibida vía interconexión, registrados bajo los folios 12503 y 12504. Conste. Uruapan, Michoacán de Ocampo, tres de octubre de dos mil veintitrés. 1. D. . . Ver acuerdo completo De dicha transcripción se puede apreciar que, en la lista publicada el cuatro de octubre de dos mil veintitrés, en lo relativo al juicio de amparo 684/2023, específicamente en la columna respectiva al nombre del quejoso, aparece "Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, Zamora, Michoacán", que corresponde a la autoridad responsable. De ahí que, si en la referida lista de acuerdos no se precisó en la columna relativa al nombre del quejoso, el nombre del impetrante del amparo, tal como lo refiere el incidentista, la publicación de la lista de cuatro de octubre de do mil veintitrés, no cumple con los requisitos de las notificaciones por lista, en términos de la fracción II del artículo 29 de la Ley de Amparo, al haberse precisado un dato incorrecto, esto es, la denominación de la autoridad responsable, en lugar de la del quejoso, por lo que, no surte efectos legales para el quejoso dicha notificación. En tales condiciones, lo que se impone es declarar procedente y fundado el incidente que nos ocupa y, con fundamento en los numerales 32 y 69 de la ley de la materia, declarar nula la notificación del auto de tres de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo en que se actúa, que se hizo a la parte quejosa por medio de lista de acuerdos, publicada el cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Asimismo, en vía de consecuencia, se ordena dejar insubsistentes los autos de dieciséis de octubre y trece de noviembre de dos mil veintitrés, mediante los cuales, en el primero, se tuvo por no presentada la demanda de amparo; y, en el segundo, se declaró firme este último proveído, ordenándose el archivo del presente expediente, así como sus respectivas notificaciones, practicadas por medio de lista de acuerdos, publicadas el dieciocho de octubre y catorce de noviembre pasado, al tener como base la notificación que se declaró ilegal. Asimismo, se ordena reponer el procedimiento en el juicio de amparo en que se actúa, a partir de la actuación declarada nula. En apoyo a lo anterior, por las razones sustanciales que los exponen, se citan los siguientes criterios NULIDAD DE NOTIFICACIONES. ES PROCEDENTE EL INCIDENTE RELATIVO, INCLUSO SI YA FUE DICTADO EL AUTO QUE DECLARÓ EJECUTORIADA LA SENTENCIA. Si se parte de la interpretación que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo del artículo 32 de la Ley de Amparo en la jurisprudencia P./J. 5/94, y se toma en cuenta que durante la sustanciación del juicio de garantías se presentan diversas hipótesis relacionadas con las notificaciones que deben practicarse para hacer del conocimiento de las partes las decisiones emitidas en cada etapa procesal, debe aceptarse la procedencia del incidente de nulidad de notificaciones no sólo contra aquellas que se practiquen antes de que el Juez de Distrito dicte sentencia, pues en atención al espíritu del citado artículo y a las directrices que ha establecido el Tribunal Pleno, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte que se considere afectada, es procedente el mencionado incidente en contra de la notificación de la sentencia del Juez de Distrito, aun en el caso de que ésta ya se hubiese declarado ejecutoriada, y en el supuesto de que aquél resultara fundado deberá reponerse el procedimiento desde el punto en que se incurrió en la nulidad, tal como lo ordena el referido precepto legal; sin que lo anterior contravenga el principio de cosa juzgada, en virtud de que los efectos jurídicos de la tramitación y resolución del referido incidente no afectan la decisión del Juez de Distrito plasmada en su sentencia, pues en caso de resultar fundado, sólo tendría como consecuencia ordenar que la notificación de la sentencia se practique de manera legal, subsanando las deficiencias que motivaron su impugnación, pero la sentencia misma queda intocada NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL AMPARO DIRECTO. EN EL INCIDENTE RESPECTIVO DEBEN ESTUDIARSE TANTO LOS VICIOS PROPIOS DE LA NOTIFICACIÓN, COMO LA FORMA EN LA QUE ÉSTA SE ORDENÓ. El incidente de nulidad de notificaciones previsto en el artículo 68 de la Ley de Amparo, es el medio idóneo para verificar que éstas se hayan realizado conforme a la ley, debiendo analizarse en dicha vía tanto los vicios propios de la notificación, como los de la forma en la que ésta se ordenó, es decir, si se hizo en términos de las reglas establecidas en los artículos 24 a 31, así como en el diverso 188, párrafo cuarto, todos de la ley citada. En ese sentido, será insuficiente que se estudie si el desahogo de la diligencia de notificación se realizó correctamente por el actuario judicial, pues también debe analizarse en el incidente respectivo la forma en la que el Tribunal Colegiado de Circuito ordenó que se efectuara la notificación de que se trate NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL AMPARO. CASO EN EL QUE, POR EXCEPCIÓN, PUEDE CONTROVERTIRSE, A TRAVÉS DEL INCIDENTE RELATIVO, LA ORDEN DE NOTIFICACIÓN CONTENIDA EN UN ACUERDO DE PRESIDENCIA DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. A través del incidente de nulidad de notificaciones puede controvertirse, por excepción, la orden de notificación contenida en un acuerdo de presidencia de un Tribunal Colegiado de Circuito, no obstante que la materia de análisis de aquél se circunscriba a la notificación que se tacha de ilegal y que contra aquella orden proceda el recurso de reclamación previsto en el artículo 104 de la Ley de Amparo, a efecto de no privar al gobernado de un recurso idóneo y efectivo en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado conforme a los artículos 8, numeral 1 garantías judiciales) y 25, numeral 1 (protección judicial), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, si el justiciable se ostenta desconocedor de ese acuerdo, derivado de habérsele notificado por lista, cuando a su parecer debió ser personalmente, y al instar el incidente mencionado -momento en que dice conocer esa orden de notificación-, había transcurrido en exceso el plazo de tres días para dicha reclamación, por lo que, para ese efecto, conserva su posibilidad de impugnación NOTIFICACION POR LISTA. DATOS QUE DEBE CONTENER. La Ley de Amparo, en la fracción III de su artículo 28, establece una de las formas de hacer conocer a las partes en el juicio de garantías los proveídos dictados en su tramitación, especificando los datos que deben expresarse en la notificación por lista para una debida y correcta identificación de los juicios, tratando así de evitar cualquier confusión que pudiera dar lugar a un estado de indefensión, de tal manera que si no se cita en ella el número del juicio, el nombre del quejoso, las autoridades responsables y una síntesis de la resolución a notificar, no surte efectos legales para el quejoso dicha notificación NOTIFICACION POR LISTA DEL ACUERDO EN EL QUE SE CITA A LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CONFORME AL ARTICULO 28, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO, EN ESTA DEBE EXPRESARSE EL NOMBRE DEL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo, en las notificaciones que se efectúen por medio de lista se expresará el número de juicio de que se trate, el nombre del quejoso y de la autoridad o autoridades responsables, y una síntesis de la resolución que se notifique. Si el juez de Distrito ordenó se notificara el acuerdo en el que se admitió la demanda de garantías y a su vez fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, y en la lista correspondiente, en contravención al artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo, no se precisó el nombre de la sociedad quejosa, ello constituye una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio constitucional, que trascendió al resultado del fallo, y da lugar a que se ordene la reposición del procedimiento SÉPTIMO. EFECTOS DE ESTA RESOLUCIÓN. Consecuentemente, a fin de reparar la violación procedimental destacada, se comisiona al actuario de la adscripción para el efecto de que notifique por lista el acuerdo de tres de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el juicio en que se actúa, colmando todos y cada uno de los requisitos previstos en el citado artículo 29 de la ley de la materia. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 32, 66, 67, 68, 69 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE PRIMERO. Es PROCEDENTE Y FUNDADO el incidente de nulidad de notificaciones, promovido por J. Jesús Valencia Guerrero apoderado legal de la parte quejosa Arturo Magaña Mendoza, respecto de la notificación de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, precisada en el considerando cuarto, de esta determinación. SEGUNDO. Se deja sin efectos la notificación de tres de octubre de dos mil veintitrés, así como lo actuado con posterioridad, y se repone el procedimiento a partir del punto en que incurrió en nulidad, en los términos señalados en el considerando sexto de la presente resolución. TERCERO. Se ordena al actuario correspondiente, notifique personalmente al quejoso Arturo Magaña Mendoza el auto de tres de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo en que se actúa, en los términos señalados en el considerando séptimo, de esta resolución. 2. SE CUMPLE PREVENCIÓN Y AMPLIA DEMANDA DE AMPARO. Por otra parte, intégrese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito registrado bajo el folio 14827, firmado electrónicamente por J. Jesús Valencia Guerrero; en atención a su contenido; se le tiene cumpliendo con la prevención formulada en proveído de tres de octubre de dos mil veintitrés, al efecto, exhibe el poder general para pleitos y cobranzas, ratificado ante la fe del Notario Público 56, a cargo del licenciado Fernando Pulido Maciel, con ejercicio y residencia en Los Reyes, Michoacán, instrumento notarial que exhibe en copia simple y que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que es copia fiel, integra e inalterada de su original. Asimismo, amplia se demanda de amparo, respecto de las siguientes autoridades y actos reclamados: III.- La autoridad o autoridades responsables El Congreso de la Unión, compuesto por la cámara de Diputados y Senadores que aprobaron el Código de Comercio: El Titular del Poder Ejecutivo que ordenó publicar las normas que se reclaman. El Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil en el Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, como el secretario que figuran en el acuerdo que dictó admitiendo demanda manifiestamente improcedente, por no apoyarse en un documento que pueda cumplir con los requisitos de existencia de un pagare y por ello, ejercer los derechos respectivos en dicha vía y con los privilegios de la norma reclamada, al ser incobrable por las deficiencias que presenta documentos El Juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Los Reyes, Michoacán, como el secretario que firma el proveído, donde le ordena a la actuaria adscrita a dicho Juzgado, comunicar a mi representada, aplicando las normas reclamadas, vía emplazamiento que realizo a la acción del juez Primero Civil de Primera Instancia de Zamora, Michoacán, del juicio ejecutivo mercantil 409/2023, por hacer el requerimiento de pago y embargo; La Actuaria adscrita al juzgado Segundo de Primera instancia en Materia Civil de Los Reyes, Michoacán, notificando y requiriendo del pago, con base en las normas reclamadas IV ACTOS RECLAMADOS 1.- Los artículos 1393, 1394, 1395 y 1396 del Código de Comercio, entendidos como un sistema normativo que regula lo concerniente a un documento para su cobro, vía una demanda y su notificación, donde permite requerir el pago y en caso de no hacerlo, proceder al embargo de bienes, cuando no cumple los requisitos de un pagare; 2.-El acuerdo dictado el once de abril del 2023, en el juicio ejecutivo mercantil 409/2023, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil en Zamora, Michoacán, así como cualquier otra resolución que sea antecedente o consecuencia de las reclamadas, pero necesaria para examinar la inconstitucionalidad planteada, por quienes lo suscriben, esto es el H. Juez y secretario; la omisión de tener por contestada la demanda instaurada en contra de mi representado y acordar favorablemente las pruebas, excepciones y defensas expuestas, por haber trascurrido en exceso el lapso para ello, debiendo imponerle que en la subsecuentes, se ajuste a los términos y plazos que la ley adjetiva local regula, demandando las subsecuentes a la reclamadas. 3.- El acuerdo dictado por el Juez Segundo de Primera instancia en Materia Civil en Los Reyes, Michoacán, el 15 de agosto de 2023, lo que se le reclama a quienes lo suscriben y adjunto con la presente acción, con motivo de ordenar el emplazamiento a mi representado. 4.- El acta de emplazamiento, requerimiento de pago y embargo realizado el 28 de septiembre de 2023, por la H. Actuaria del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil en Los Reyes, Michoacán, con motivo de dar cumplimiento al exhorto acordado en la resolución descrita en el número que antecede, lo cual se demanda a la anterior funcionaria DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: ADMISIÓN. Con fundamento en los artículos 103 fracción I, 107 fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal, 1, fracción I, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA DE AMPARO Y SU AMPLIACIÓN, promovida por J. Jesús Valencia Guerrero, apoderado del quejoso Arturo Magaña Mendoza, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán de Ocampo y otras autoridades. SUSPENSIÓN. Por cuerda separada, y en un solo tanto, tramítese el incidente de suspensión. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En atención al segundo periodo vacacional de invierno, que gozará este Juzgado de Distrito consistente en la segunda quincena del mes de diciembre, cítese a las partes a la audiencia constitucional, que tendrá verificativo a LAS DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL OCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO. De lo anterior, captúrese el registro correspondiente, en la agenda institucional que obra electrónicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE INFORME JUSTIFICADO. Pídase informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán Rendirlo con la oportunidad necesaria para que sea tomado en cuenta en la audiencia constitucional; y, Remitir copia certificada legible de las constancias que sean necesarias para resolver el presente juicio. Apercibidas que, de no hacerlo, se le impondrá, a cada una, multa de doscientas unidades de medida y actualización, equivalente a $20,748.00 (veinte mil setecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I, 259 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo. MINISTERIO PÚBLICO. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación, la intervención que legalmente le corresponde, en términos del artículo 5, fracción IV, del ordenamiento legal en cita. TERCERO INTERESADO. Resérvese proveer sobre reconocer el carácter así como el emplazamiento de la parte tercero interesado, hasta en tanto obre en autos los informes justificados que al efecto rindan las autoridades responsables. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO. Solicítese a las partes que de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este juzgado, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo; apercibidas que, de no hacerlo, se les impondrá una multa de doscientas unidades de medida y actualización, a cada una, equivalente a 20,748.00 (veinte mil setecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), como lo dispone el numeral 251 del citado ordenamiento. DOMICILIO Y USUARIO. Por otra parte, se tiene al ocursante señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, el ubicado en la calle Aquiles Serdán, número 78-A, Barrio de San Juan Bautista, Centro. Asimismo, proporcionando el usuario "segna_3" para tener acceso al expediente electrónico del presente juicio; por lo que, se ordena al actuario de la adscripción, dar de alta dicho usuario para los fines precisados. PRUEBAS. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza jurídica las pruebas documentales que adjunta la parte quejosa a sus escritos de demanda y aclaratorio, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Ahora, tomando en consideración que exhibió copia simple para agregar al incidente de suspensión, de oficio realícese la compulsa correspondiente. En relación a las diversas documentales que refiere ofertar, de las cuales solicita se requiera a la parte tercera interesada, por encontrarse en poder de ésta, dígasele al ocursante que, una vez que se tenga por emplazado a juicio a la parte tercera interesada, se proveerá lo que en derecho corresponda. SE RESERVA PROVEER. Por otra parte, se tiene a la quejosa anunciando las diversa pruebas consistentes en: i) Testimonial a cargo de las tres personas que proporcionó sus nombres; y, ii) Pericial en materia de ingeniería agrícola; sin embargo, resérvese proveer lo que en derecho corresponda, hasta en tanto obren los informes justificados. 3. RECURSO DE QUEJA. En otro orden, intégrese a los autos, la copia del escrito registrado bajo el folio 14836, firmado electrónicamente por J. Jesús Valencia Guerrero apoderado legal de Arturo Magaña Mendoza, en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa, interponiendo recurso de queja contra los autos de tres y dieciséis de octubre y once (sic) de noviembre de dos mil veintitrés. Con apoyo en el numeral 100, de la ley antes citado, en relación con el 39 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se recabe constancia de la notificación a la parte quejosa, dentro del término de tres días, remítase el informe que refiere el artículo 101, de la Ley de Amparo, escrito de agravios, así como los autos originales, vía Estafeta, y póngase a disposición de la superioridad el expediente electrónico, para el ulterior trámite del recurso de que se trata. SE RESERVA JURISDICCIÓN A LA ALZADA. Ahora bien, por lo que respecta al acceso de las constancias con medios electrónicos, usuario y domicilio para recibir notificaciones, que el promovente realiza, resérvese jurisdicción al Tribunal Colegiado al que por razón de turno conozca del mencionado recurso. NO HA LUGAR A SUSPENDER LA PROSECUCIÓN DEL JUICIO. En otro tenor, del artículo 102 de la Ley de la Amparo, se desprende que, al Juez de Distrito se encuentra facultado para suspender o no la tramitación del juicio constitucional ante la interposición del recurso de queja. Así, dicha potestad no es irrestricta, pues, el precepto invocado prevé que la suspensión podrá darse en dos supuestos: Cuando las resoluciones en contra de las cuales se interponga el medio de defensa, por su naturaleza, puedan causar un perjuicio no reparable a alguna de las partes, porque lo que se resuelva en el recurso puede incidir directamente en el fondo del asunto; y, De resolverse en lo principal, es decir, el juicio constitucional, sin que se suspenda el procedimiento, se pudieran hacer nugatorios los derechos del recurrente en el acto de la audiencia. En ese sentido, si el recurso de queja se interpone contra los autos de tres y dieciséis de octubre y once (sic) de noviembre de dos mil veintitrés, por el cual se le tuvo por no cumplida la demanda de amparo en que se actúa; el suscrito estima que no debe suspenderse el procedimiento, pues, el pronunciamiento que emita el Tribunal Colegiado competente, no podría influir en el dictado de la sentencia que resuelva el presente asunto, dado que como se advierte del presente proveído, este órgano jurisdiccional se tuvo por cumplida la prevención realizada al quejoso en auto de tres de del año en curso, y se admitió a trámite la demanda de amparo y su ampliación. De ahí que, no es procedente suspender el procedimiento del juicio de amparo en que se actúa. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 102 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, NO SE SUSPENDE EL PROCEDIMIENTO DEL PRESENTE JUICIO BIINSTANCIAL. Lo anterior, hágase del conocimiento a las partes para los efectos legales que haya lugar. Notifíquese personalmente en los términos indicados. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.

  2. Incidental

    En veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, el secretario da cuenta al Juez, con dos copias de los escritos de demanda y escrito aclaratorio, para formar el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 684/2023. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA MEDIDA SUSPENSIONAL. Estas son las que se toman enseguida: APERTURA DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Como está ordenado con esta fecha en el expediente principal y con fundamento en el artículo 128, de la Ley de Amparo, con una copia simple del libelo constitucional y del escrito aclaratorio, tramítese por separado y en un solo tanto el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 6842023, promovido por ********************, autorizado del quejoso ******************** ********************, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán de Ocampo y otras autoridades. INFORME PREVIO. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 138 y 140 de la ley de la materia, pídase informe previo a las autoridades señaladas como responsables, quienes deberán rendirlo por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, enviándole al efecto copia simple del libelo constitucional. AUDIENCIA INCIDENTAL. Hágase saber a las partes que se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para el verificativo de la audiencia incidental. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En este apartado, cabe precisar que la quejosa se ostenta como tercera extraña a juicio de origen y reclama: Escrito de demanda: "III.- La autoridad o autoridades responsables: 1. El Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil en el Distrito Judicial de Zamora, Michoacán. IV ACTOS RECLAMADOS: 1.-El juicio ejecutivo mercantil ********************/2023, del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil en Zamora, Michoacán. Escrito de ampliación de demanda. "III.- La autoridad o autoridades responsables: El Congreso de la Unión, compuesto por la cámara de Diputados y Senadores que aprobaron el Código de Comercio: El Titular del Poder Ejecutivo que ordenó publicar las normas que se reclaman. El Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil en el Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, como el secretario que figuran en el acuerdo que dictó admitiendo demanda manifiestamente improcedente, por no apoyarse en un documento que pueda cumplir con los requisitos de existencia de un pagare y por ello, ejercer los derechos respectivos en dicha vía y con los privilegios de la norma reclamada, al ser incobrable por las deficiencias que presenta documentos El Juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Los Reyes, Michoacán, como el secretario que firma el proveído, donde le ordena a la actuaria adscrita a dicho Juzgado, comunicar a mi representada, aplicando las normas reclamadas, vía emplazamiento que realizo a la acción del juez Primero Civil de Primera Instancia de Zamora, Michoacán, del juicio ejecutivo mercantil ********************/2023, por hacer el requerimiento de pago y embargo; La Actuaria adscrita al juzgado Segundo de Primera instancia en Materia Civil de Los Reyes, Michoacán, notificando y requiriendo del pago, con base en las normas reclamadas: IV ACTOS RECLAMADOS: 1.- Los artículos 1393, 1394, 1395 y 1396 del Código de Comercio, entendidos como un sistema normativo que regula lo concerniente a un documento para su cobro, vía una demanda y su notificación, donde permite requerir el pago y en caso de no hacerlo, proceder al embargo de bienes, cuando no cumple los requisitos de un pagare; 2.-El acuerdo dictado el once de abril del 2023, en el juicio ejecutivo mercantil ********************/2023, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil en Zamora, Michoacán, así como cualquier otra resolución que sea antecedente o consecuencia de las reclamadas, pero necesaria para examinar la inconstitucionalidad planteada, por quienes lo suscriben, esto es el H. Juez y secretario; la omisión de tener por contestada la demanda instaurada en contra de mi representado y acordar favorablemente las pruebas, excepciones y defensas expuestas, por haber trascurrido en exceso el lapso para ello, debiendo imponerle que en la subsecuentes, se ajuste a los términos y plazos que la ley adjetiva local regula, demandando las subsecuentes a la reclamadas. 3.- El acuerdo dictado por el Juez Segundo de Primera instancia en Materia Civil en Los Reyes, Michoacán, el 15 de agosto de 2023, lo que se le reclama a quienes lo suscriben y adjunto con la presente acción, con motivo de ordenar el emplazamiento a mi representado. 4.- El acta de emplazamiento, requerimiento de pago y embargo realizado el 28 de septiembre de 2023, por la H. Actuaria del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil en Los Reyes, Michoacán, con motivo de dar cumplimiento al exhorto acordado en la resolución descrita en el número que antecede, lo cual se demanda a la anterior funcionaria". INTERÉS SUSPENSIONAL. La parte quejosa acredita su interés suspensional con la manifestación bajo protesta de decir verdad, de que es parte demandada en el Juicio de Origen número ********************/2023, del cual emanan los actos reclamados. PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De conformidad con el artículo 147 de la Ley de amparo, en los casos en que la suspensión sea procedente, se deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomando las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo, ordenando que las cosas se mantengan en el estado que guarden, restableciendo provisionalmente a la parte quejosa en el goce del derecho violado, hasta la terminación de esta instancia. Ahora, a fin de proveer sobre la suspensión provisional solicitada, se debe de tomar en cuenta el contenido de la fracción X del artículo 107 constitucional, así como los artículos 128, 138, 139, 146, 147, 150 y 157 de la Ley de Amparo, para lo cual se deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, cuando la naturaleza del acto lo permita, y la no afectación del interés social, para que sea dable pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión del acto reclamado, a fin de establecer los requisitos y efectos de la medida cautelar, o bien, la ejecución del acto, por parte de la autoridad responsable. Así, el artículo 128, de la Ley de Amparo, dispone que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: La petición de parte; La existencia de los actos reclamados; La naturaleza de los actos reclamados; La afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión de los actos reclamados; y La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público. El peligro en la demora. Ahora, en cuanto al primero de los citados requisitos, se encuentra satisfecho porque existe petición expresa de la parte incidentista, ya que solicitó la suspensión del acto reclamado. Por lo que se refiere al segundo, consistente en que haya certidumbre sobre la existencia de los actos reclamados cuya suspensión se solicita; debe tenerse por satisfecho, en atención a las manifestaciones expuestas por la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, de modo que hasta esta etapa procesal se tiene la certidumbre de la existencia de los actos reclamado. En relación con el tercero, este órgano de control constitucional estima que los actos reclamados son susceptibles de ser suspendidos, de acuerdo a su naturaleza. Por lo que hace al cuarto de los requisitos, la afectación a su interés jurídico o legítimo, también se encuentra colmado en base al dicho del quejoso, quien bajo protesta de decir verdad manifiesta tener el carácter de demandado en el juicio que da origen a los actos reclamados. En relación al quinto y sexto de los presupuestos para el otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados, se considera que en un proceso se pueda afectar a la parte demandada sin haberse dictado sentencia, conciliando la eficacia (tutela efectiva) y el debido proceso legal. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación define al peligro en la demora como la posible frustración de los derechos del solicitante de la medida cautelar, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo, aunque ésta fuere en sentido favorable. La apariencia del buen derecho se basa en un conocimiento superficial, dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad, respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Tal presupuesto resulta ser una valoración positiva, jurídicamente aceptable, respecto de la posición adoptada por el impetrante del amparo, la cual constituye una estimación del derecho que no prejuzga sobre el fondo del asunto, ya que solamente es una valoración rápida y no pormenorizada de que éste tiene derecho a que se le otorgue la medida cautelar; asimismo, se trata de una apariencia lo suficientemente consistente para otorgar en el proceso cautelar, la protección provisional solicitada en relación con ese derecho, por tanto existe un juicio de probabilidad y verosimilitud. Ahora, es de tomarse en consideración que la parte quejosa reclama actuaciones emitidas dentro del juicio Ejecutivo Mercantil ********************/2023, así como la ilegalidad de los numerales del Código de Comercio, en que se fundamentan las mismas. De ahí que, como se dijo, se estime que se tiene por acreditado el interés suspensional que les asiste para la concesión de la medida cautelar que peticionan. Por tanto, con fundamento en los artículos 139 y 150 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL de los actos combatidos para el efecto de que el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Zamora, Michoacán, sin paralizar el procedimiento del juicio Ejecutivo Mercantil ********************/2023, se abstenga de dictar la sentencia definitiva correspondiente. GARANTÍAS Y CONDICIONES. En el caso se concede la medida cautelar solicitada, sin necesidad de otorgar garantía para que pueda surtir efectos la misma, pues si bien en términos del artículo 132 de la Ley de Amparo, cuando la concesión de la suspensión se puedan afectar derechos a terceros que no sean estimables en dinero, la autoridad que conozca del amparo fijará discrecionalmente el importe de la garantía; sin embargo, en el caso, no se tiene dato de la parte tercera interesa que pudiera resentir un perjuicio con la presente medida suspensional, Pues la parte quejosa, se ostenta desconocedora del procedimiento. Lo anterior sin perjuicio, que durante la tramitación del presente incidente, una vez que se tenga noticia de ese hecho, se estará en aptitud de fijar la garantía correspondiente. En el entendido, que dicha medida cautelar, no surtirá sus efectos, si: a) fue objeto de diversa medida cautelar derivada de sumario de amparo diverso; b) ya fue oído y vencido en juicio; c) deriva de responsables diversas. DETERMINACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DEL PERSONAL JUDICIAL Y LAS PARTES. La actuación del personal judicial y de las partes dentro del presente incidente, así como la integración del expediente físico, deberán llevarse a cabo en los términos y condiciones establecidos en el juicio principal de donde deriva el presente cuaderno. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.

  3. Principal

    R-En veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, el secretario da cuenta al Juez, con tres escritos y un anexo, registrados bajo los folios 14827, 14836, 14842 y 14850. Conste. Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. 1. PARTE QUEJOSA PROMUEVE INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIÓN. Agréguese a los autos el escrito y anexo de cuenta, registrados con los folios 14850 14842, signados electrónicamente por J. Jesús Valencia Guerrero apoderado legal de la parte quejosa Arturo Magaña Mendoza, carácter que se le reconoce, al tenor del poder general para pleitos y cobranzas, ratificado ante la fe del Notario Público 56, a cargo del licenciado Fernando Pulido Maciel, con ejercicio y residencia en Los Reyes, Michoacán, instrumento notarial que exhibe en copia simple y que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que es copia fiel, integra e inalterada de su original, mediante el cual, comparece a promover incidente de nulidad respecto de la notificación por lista publicada el día cuatro de octubre de dos mil veintitrés, relativa al auto de tres de octubre anterior, en que se previno al impetrante del amparo, para que aclarara su demanda, por tal motivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley de Amparo, se admite a trámite el incidente de nulidad de notificaciones planteado. Asimismo, se tiene el incidentista ofertando como medios de prueba en su favor, la documental que al efecto hizo llegar a este juicio, así como la presuncional legal y humana e instrumental de actuación, correspondiente a lo actuado en el presente juicio de amparo y que le favorezca, las cuales se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2 Ahora, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 66, de la Ley de amparo, por así permitirlo la naturaleza del asunto, pues se advierte una clara infracción a la formalidad legal que rige la notificación combatida, se estima viable resolver de plano la incidencia planteada, sin necesidad de dar vista al actuario judicial adscrito, responsable de la elaboración de la mencionada notificación; en consecuencia, se procede a resolver dicha incidencia planteada. RESULTANDO PRIMERO. TRÁMITE ANTE EL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD Del oficio 17774/2023 de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, signado por la secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, girado dentro del juicio de amparo número 555/2023, promovido por Arturo Magaña Mendoza, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en materia civil, con residencia en Zamora, Michoacán, y otras autoridades, se desprende lo siguiente. Que el nueve de septiembre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo que dio origen al juicio de amparo número 555/2023, del índice de ese órgano de control constitucional, en el cual se reclamó la inconstitucionalidad de los artículos 1052, 1054, 1055, 1061, 1063, 1077, 1079, 1168, 1169, 1170, a 1189, del Código de Comercio, así como todo lo actuado dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria, sobre retención de bienes, el cual quedó registrado bajo el número 340/2023, del índice del juzgado Segundo de primera Instancia en Materia civil, con residencia en Zamora, Michoacán, así como diversos actos. Que el veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el escrito signado por J. Jesús Valencia Guerrero autorizado en términos ampliaos del quejoso Arturo Magaña Mendoza, mediante el cual compareció a ampliar su demanda de amparo, contra actos del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia civil, con residencia en Zamora, Michoacán, de quien reclamó todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil número 409/2023. Atento a lo anterior, la titular del Juzgado de Distrito en cita, estimó que con el nuevo acto y autoridad precisados, materia de ampliación de demanda, no se cumplían con la exigencia de guardar estrecha relación con las diversos actos reclamados en la demanda inicial; por ende, ordenó remitir el referido libelo constitucional, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, a fin de que fuera registrada como una demanda nueva y se turnara al órgano de control constitucional correspondiente, a fin de que se provea lo conducente. SEGUNDO. TURNO DEL ESCRITO DE AMPLIACIÓN DE DEMANDA. De la boleta de turno con número de registro OCC 20230868032800111, se advierte que el escrito relativo a la ampliación de demanda en cita, el dos de octubre de este año, se turnó a este órgano de control constitucional. TERCERO. TRÁMITE ANTE ESTE ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL. Por auto de tres de octubre de dos mil veintitrés, este juzgado de Distrito tuvo por recibida dicha boleta de turno; se avocó al conocimiento de dicho libelo constitucional, lo registró bajo el número de juicio de amparo 684/2023; y, previo a proveer sobre su admisión o desechamiento, se previno a la parte promovente, para que acreditara la representación legal que ostentaba; asimismo, se le percibió qué, de no hacerlo, se tendría por no presentada la demanda; finalmente, se ordenó notificar a la parte quejosa por medio de lista, ese proveído, así como los subsecuentes, virtud a que no había señalado ningún domicilio donde oír y recibir notificaciones personales. CUARTO. INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES. Mediante escrito presentado el veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, a través del sistema electrónico del Portal del Poder Judicial de la Federación, y recibido en la oficialía de parte de este órgano de control constitucional el veintitrés de noviembre siguiente, J. Jesús Valencia Guerrero en su carácter de apoderado legal de la parte quejosa Arturo Magaña Mendoza, interpuso incidente de nulidad de notificaciones, en relación a la notificación practicada mediante lista, del auto de tres de octubre del año en curso, publicada el cuatro de octubre de dos mil veintitrés, por el actuario judicial de la adscripción. En auto de esta propia data, se proveyó la admisión de dicha incidencia y, sin necesidad de dar la vista correspondiente al funcionario judicial responsable de la notificación combatida, se ordenó resolver de plano la misma, al advertirse una clara infracción a la formalidad legal que rige la notificación materia de estudio. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, es competente para conocer y resolver el presente incidente, en conformidad con los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, toda vez que se trata del incidente de nulidad de notificaciones, promovido por la parte quejosa en el presente juicio de amparo. SEGUNDO. OPORTUNIDAD De las constancias que integran el presente asunto, se advierte que, a partir del dictado del auto de tres de octubre de dos mil veintitrés, la parte quejosa compareció hasta el veintidós de noviembre pasado, A promover la presente incidencia; de ahí que, se surte la hipótesis de procedencia prevista en el artículo 68 de la ley de la materia, dado que el planteamiento del incidente de nulidad de notificaciones hecho valer por la quejosa, fue realizado en la siguiente actuación en que compareció al juicio. TERCERO. LEGITIMACIÓN. De las constancias que allegadas al presente sumario, permiten concluir que J. Jesús Valencia Guerrero tiene el carácter de apoderado legal de la parte quejosa Arturo Magaña Mendoza, por ende, se estima que se encuentra debidamente legitimado para interponer el incidente de nulidad que nos ocupa, en términos de lo dispuesto en el artículo 6, en relación con el numeral 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, pues se trata del apoderado legal de la parte quejosa, en el juicio de amparo en que se actúa. CUARTO. PRECISIÓN DE LA NOTIFICACIÓN IMPUGNADA. Por cuestión de método, primeramente conviene precisar que, en la presente incidencia se resolverá sobre la legalidad de la notificación de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, practicada a la parte quejosa, en relación al proveído de tres de octubre de este año, en que se le previno, a fin de que el promovente de la demanda de amparo, acreditara la representación legal del quejoso, que al efecto ostentó. QUINTO. MOTIVOS DE AGRAVIO. El promovente del incidente refiere como agravios, con motivo de la notificación combatida, los siguientes: Que la notificación correspondiente al auto de tres de octubre de dos mil veintitrés, no podía haber sido ordenada por lista y de manera personal, de manera simultánea, ya que en su caso, se debería practicar esa notificación en ambos lugares, esto es, en los estrados del juzgado, así como de manera personal; sin que se hubiera hecho así, pues sólo se practicó en la forma mencionada en primer término. Que practicar la notificación en forma personal al quejoso, se debió de haber investigado el domicilio de éste, ya sea en el juicio de amparo 555/2023, del índice del Juzgado octavo de distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, o bien, ante la autoridad responsable, virtud a que la primera notificación, no puede realizarse por lista. Que la notificación de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, publicada en la lista de acuerdos correspondiente, no cumple con los requisitos previstos por los numerales 27, 29 a 32 de la Ley de Amparo, pues no obra asentado el nombre del quejoso, en el apartado correspondiente; lo cual, se corrobora con la documental ofertada, correspondiente a la impresión digital de la publicación de dicha lista de acuerdos; de ahí que esa circunstancia, le impidió identificar la radicación del nuevo asunto, así como imponerse del contenido del acuerdo de tres de octubre del año en curso. SEXTO. DECISIÓN SOBRE LA INCIDENCIA. En principio cabe precisar que, la notificación es el acto procesal a través del cual se entera a las partes o terceros, de las actuaciones realizadas en el proceso, a fin de que surtan sus efectos. Su importancia radica en que las partes deben tener conocimiento de las actuaciones realizadas en el juicio, a efecto de que tengan preciso su contenido y las consecuencias inherentes y, en su caso, estén en aptitud de cumplir con cualquier requerimiento que se les formule, o bien, impugnarlas si las consideran contrarias a sus intereses. Así, los actos de comunicación en el proceso constituyen un derecho fundamental para las partes o terceros, a fin de que se impongan de las actuaciones procesales y, de ser el caso, se opongan a ellas por medio de los recursos procesales conducentes, es decir, dichos actos vienen a responder a la garantía de una adecuada defensa. Luego, el incidente de nulidad de notificaciones tiene por objeto anular una notificación realizada con infracción a las formalidades que exige la ley; y, su efecto, radica en que se reponga el procedimiento desde el punto en que se incurrió en la nulidad. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha interpretado el artículo 32, de la Ley de Amparo, en el sentido de que el incidente de nulidad de notificaciones procede en los siguientes casos: a) Contra notificaciones realizadas antes del dictado de la sentencia definitiva y; b) Contra notificaciones que se han llevado a cabo con posterioridad al dictado de la sentencia definitiva. Una vez expuesto lo anterior, respecto a la nulidad de la notificación practicada el cuatro de octubre de dos mil veintitrés, el presente incidente resulta procedente, ello en razón de que se trata de una notificación que se llevó a cabo con posterioridad al dictado del auto en que se tuvo por no interpuesta la demanda de amparo, cuyos efectos se equiparan a la sentencia, en el sentido de que, ambos pone fin a la instancia, así que la notificación de que se trata, fue combatida con posterioridad a ese supuesto procesal. Ahora, en el agravio identificado en el inciso c), el promovente aduce que la notificación correspondiente del auto de tres de octubre de dos mil veintitrés, que lo previno para que aclarara su demanda, en relación a la representación legal con la cual compareció a instar la protección constitucional, se realizó por medio de los estrados; empero, que no estuvo en aptitud de identificar el asunto en la publicación correspondiente, virtud a que la lista de acuerdos publicada, carecía de la precisión del nombre del quejoso. El anterior motivo de inconformidad expuesto por el incidentista, es fundado y suficiente para reponer el procedimiento en el presente juicio biinstancial, como se verá. Ahora, a efecto de justificar dicha calificación, deben señalarse son los supuestos que la Ley de Amparo contempla respecto a la notificación a la parte quejosa cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Los artículos 26 fracción I, inciso c), 27, fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente Artículo 26. Las notificaciones en los juicios de amparo se harán: III. En forma personal c) Los requerimientos y prevenciones; Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto a) Las notificaciones personales al quejoso se efectuarán por lista. Artículo 29. Las notificaciones por lista se harán en una que se fijará y publicará en el local del órgano jurisdiccional, en lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. La fijación y publicación de esta lista se realizará a primera hora hábil del día siguiente al de la fecha de la resolución que la ordena y contendrá: I. El número del juicio o del incidente de suspensión de que se trate; II. El nombre del quejoso; III. La autoridad responsable; y IV. La síntesis de la resolución que se notifica. El actuario asentará en el expediente la razón respectiva." (Lo resaltado es propio). Del contenido de los numerales recién transcritos, se evidencia que: Las notificaciones en relación a las prevenciones, deberán practicarse de manera personal. Cuando no conste en autos algún domicilio donde oír y recibir notificaciones, o bien, el proporcionado resulte inexistente, las notificaciones personales ordenadas para el quejoso, se efectuarán por medio de lista. Las notificaciones por lista se harán en una que se fijará y publicará en el local del órgano jurisdiccional, en un lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. La fijación y publicación de la lista se realizará a primera hora del hábil siguiente al de la fecha de la resolución que la ordena, la cual, deberá contener como requisitos, entre otros, el nombre de quejoso. Por su parte, de la consulta de la lista de acuerdos correspondiente al día cuatro de octubre de dos mil veintitrés, tanto en la versión impresa que fue publicada en los estados de este recinto judicial, así como la electrónica que se generó en la plataforma digital del Portal del Poder Judicial de la Federación, se aprecia que son coincindentes; al igual que la documental que el incidentista ofertó, con motivo de la presente incidencia, como a continuación se transcribe No. consecutivo Tipo Número de Expediente Nombre del quejoso o Recurrente Autoridad(es) Fecha del Acuerdo Síntesis Ver acuerdo completo Principal 684/2023 JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL, ZAMORA, MICHOACÁN JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL, ZAMORA, MICHOACÁN 03/10/2023 En tres de octubre de dos mil veintitrés, el secretario da cuenta al Juez, con un oficio y un escrito de demanda de amparo recibida vía interconexión, registrados bajo los folios 12503 y 12504. Conste. Uruapan, Michoacán de Ocampo, tres de octubre de dos mil veintitrés. 1. D. Ver acuerdo completo De dicha transcripción se puede apreciar que, en la lista publicada el cuatro de octubre de dos mil veintitrés, en lo relativo al juicio de amparo 684/2023, específicamente en la columna respectiva al nombre del quejoso, aparece "Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, Zamora, Michoacán", que corresponde a la autoridad responsable. De ahí que, si en la referida lista de acuerdos no se precisó en la columna relativa al nombre del quejoso, el nombre del impetrante del amparo, tal como lo refiere el incidentista, la publicación de la lista de cuatro de octubre de do mil veintitrés, no cumple con los requisitos de las notificaciones por lista, en términos de la fracción II del artículo 29 de la Ley de Amparo, al haberse precisado un dato incorrecto, esto es, la denominación de la autoridad responsable, en lugar de la del quejoso, por lo que, no surte efectos legales para el quejoso dicha notificación. En tales condiciones, lo que se impone es declarar procedente y fundado el incidente que nos ocupa y, con fundamento en los numerales 32 y 69 de la ley de la materia, declarar nula la notificación del auto de tres de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo en que se actúa, que se hizo a la parte quejosa por medio de lista de acuerdos, publicada el cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Asimismo, en vía de consecuencia, se ordena dejar insubsistentes los autos de dieciséis de octubre y trece de noviembre de dos mil veintitrés, mediante los cuales, en el primero, se tuvo por no presentada la demanda de amparo; y, en el segundo, se declaró firme este último proveído, ordenándose el archivo del presente expediente, así como sus respectivas notificaciones, practicadas por medio de lista de acuerdos, publicadas el dieciocho de octubre y catorce de noviembre pasado, al tener como base la notificación que se declaró ilegal. Asimismo, se ordena reponer el procedimiento en el juicio de amparo en que se actúa, a partir de la actuación declarada nula. En apoyo a lo anterior, por las razones sustanciales que los exponen, se citan los siguientes criterios NULIDAD DE NOTIFICACIONES. ES PROCEDENTE EL INCIDENTE RELATIVO, INCLUSO SI YA FUE DICTADO EL AUTO QUE DECLARÓ EJECUTORIADA LA SENTENCIA. Si se parte de la interpretación que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo del artículo 32 de la Ley de Amparo en la jurisprudencia P./J. 5/94, y se toma en cuenta que durante la sustanciación del juicio de garantías se presentan diversas hipótesis relacionadas con las notificaciones que deben practicarse para hacer del conocimiento de las partes las decisiones emitidas en cada etapa procesal, debe aceptarse la procedencia del incidente de nulidad de notificaciones no sólo contra aquellas que se practiquen antes de que el Juez de Distrito dicte sentencia, pues en atención al espíritu del citado artículo y a las directrices que ha establecido el Tribunal Pleno, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte que se considere afectada, es procedente el mencionado incidente en contra de la notificación de la sentencia del Juez de Distrito, aun en el caso de que ésta ya se hubiese declarado ejecutoriada, y en el supuesto de que aquél resultara fundado deberá reponerse el procedimiento desde el punto en que se incurrió en la nulidad, tal como lo ordena el referido precepto legal; sin que lo anterior contravenga el principio de cosa juzgada, en virtud de que los efectos jurídicos de la tramitación y resolución del referido incidente no afectan la decisión del Juez de Distrito plasmada en su sentencia, pues en caso de resultar fundado, sólo tendría como consecuencia ordenar que la notificación de la sentencia se practique de manera legal, subsanando las deficiencias que motivaron su impugnación, pero la sentencia misma queda intocada NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL AMPARO DIRECTO. EN EL INCIDENTE RESPECTIVO DEBEN ESTUDIARSE TANTO LOS VICIOS PROPIOS DE LA NOTIFICACIÓN, COMO LA FORMA EN LA QUE ÉSTA SE ORDENÓ. El incidente de nulidad de notificaciones previsto en el artículo 68 de la Ley de Amparo, es el medio idóneo para verificar que éstas se hayan realizado conforme a la ley, debiendo analizarse en dicha vía tanto los vicios propios de la notificación, como los de la forma en la que ésta se ordenó, es decir, si se hizo en términos de las reglas establecidas en los artículos 24 a 31, así como en el diverso 188, párrafo cuarto, todos de la ley citada. En ese sentido, será insuficiente que se estudie si el desahogo de la diligencia de notificación se realizó correctamente por el actuario judicial, pues también debe analizarse en el incidente respectivo la forma en la que el Tribunal Colegiado de Circuito ordenó que se efectuara la notificación de que se trate NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL AMPARO. CASO EN EL QUE, POR EXCEPCIÓN, PUEDE CONTROVERTIRSE, A TRAVÉS DEL INCIDENTE RELATIVO, LA ORDEN DE NOTIFICACIÓN CONTENIDA EN UN ACUERDO DE PRESIDENCIA DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. A través del incidente de nulidad de notificaciones puede controvertirse, por excepción, la orden de notificación contenida en un acuerdo de presidencia de un Tribunal Colegiado de Circuito, no obstante que la materia de análisis de aquél se circunscriba a la notificación que se tacha de ilegal y que contra aquella orden proceda el recurso de reclamación previsto en el artículo 104 de la Ley de Amparo, a efecto de no privar al gobernado de un recurso idóneo y efectivo en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado conforme a los artículos 8, numeral 1 garantías judiciales) y 25, numeral 1 (protección judicial), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, si el justiciable se ostenta desconocedor de ese acuerdo, derivado de habérsele notificado por lista, cuando a su parecer debió ser personalmente, y al instar el incidente mencionado -momento en que dice conocer esa orden de notificación-, había transcurrido en exceso el plazo de tres días para dicha reclamación, por lo que, para ese efecto, conserva su posibilidad de impugnación NOTIFICACION POR LISTA. DATOS QUE DEBE CONTENER. La Ley de Amparo, en la fracción III de su artículo 28, establece una de las formas de hacer conocer a las partes en el juicio de garantías los proveídos dictados en su tramitación, especificando los datos que deben expresarse en la notificación por lista para una debida y correcta identificación de los juicios, tratando así de evitar cualquier confusión que pudiera dar lugar a un estado de indefensión, de tal manera que si no se cita en ella el número del juicio, el nombre del quejoso, las autoridades responsables y una síntesis de la resolución a notificar, no surte efectos legales para el quejoso dicha notificación NOTIFICACION POR LISTA DEL ACUERDO EN EL QUE SE CITA A LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CONFORME AL ARTICULO 28, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO, EN ESTA DEBE EXPRESARSE EL NOMBRE DEL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo, en las notificaciones que se efectúen por medio de lista se expresará el número de juicio de que se trate, el nombre del quejoso y de la autoridad o autoridades responsables, y una síntesis de la resolución que se notifique. Si el juez de Distrito ordenó se notificara el acuerdo en el que se admitió la demanda de garantías y a su vez fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, y en la lista correspondiente, en contravención al artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo, no se precisó el nombre de la sociedad quejosa, ello constituye una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio constitucional, que trascendió al resultado del fallo, y da lugar a que se ordene la reposición del procedimiento SÉPTIMO. EFECTOS DE ESTA RESOLUCIÓN. Consecuentemente, a fin de reparar la violación procedimental destacada, se comisiona al actuario de la adscripción para el efecto de que notifique por lista el acuerdo de tres de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el juicio en que se actúa, colmando todos y cada uno de los requisitos previstos en el citado artículo 29 de la ley de la materia. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 32, 66, 67, 68, 69 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE PRIMERO. Es PROCEDENTE Y FUNDADO el incidente de nulidad de notificaciones, promovido por J. Jesús Valencia Guerrero apoderado legal de la parte quejosa Arturo Magaña Mendoza, respecto de la notificación de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, precisada en el considerando cuarto, de esta determinación. SEGUNDO. Se deja sin efectos la notificación de tres de octubre de dos mil veintitrés, así como lo actuado con posterioridad, y se repone el procedimiento a partir del punto en que incurrió en nulidad, en los términos señalados en el considerando sexto de la presente resolución. TERCERO. Se ordena al actuario correspondiente, notifique personalmente al quejoso Arturo Magaña Mendoza el auto de tres de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo en que se actúa, en los términos señalados en el considerando séptimo, de esta resolución. 2. SE CUMPLE PREVENCIÓN Y AMPLIA DEMANDA DE AMPARO. Por otra parte, intégrese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito registrado bajo el folio 14827, firmado electrónicamente por J. Jesús Valencia Guerrero; en atención a su contenido; se le tiene cumpliendo con la prevención formulada en proveído de tres de octubre de dos mil veintitrés, al efecto, exhibe el poder general para pleitos y cobranzas, ratificado ante la fe del Notario Público 56, a cargo del licenciado Fernando Pulido Maciel, con ejercicio y residencia en Los Reyes, Michoacán, instrumento notarial que exhibe en copia simple y que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que es copia fiel, integra e inalterada de su original. Asimismo, amplia se demanda de amparo, respecto de las siguientes autoridades y actos reclamados: III.- La autoridad o autoridades responsables El Congreso de la Unión, compuesto por la cámara de Diputados y Senadores que aprobaron el Código de Comercio: El Titular del Poder Ejecutivo que ordenó publicar las normas que se reclaman. El Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil en el Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, como el secretario que figuran en el acuerdo que dictó admitiendo demanda manifiestamente improcedente, por no apoyarse en un documento que pueda cumplir con los requisitos de existencia de un pagare y por ello, ejercer los derechos respectivos en dicha vía y con los privilegios de la norma reclamada, al ser incobrable por las deficiencias que presenta documentos El Juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Los Reyes, Michoacán, como el secretario que firma el proveído, donde le ordena a la actuaria adscrita a dicho Juzgado, comunicar a mi representada, aplicando las normas reclamadas, vía emplazamiento que realizo a la acción del juez Primero Civil de Primera Instancia de Zamora, Michoacán, del juicio ejecutivo mercantil 409/2023, por hacer el requerimiento de pago y embargo; La Actuaria adscrita al juzgado Segundo de Primera instancia en Materia Civil de Los Reyes, Michoacán, notificando y requiriendo del pago, con base en las normas reclamadas IV ACTOS RECLAMADOS 1.- Los artículos 1393, 1394, 1395 y 1396 del Código de Comercio, entendidos como un sistema normativo que regula lo concerniente a un documento para su cobro, vía una demanda y su notificación, donde permite requerir el pago y en caso de no hacerlo, proceder al embargo de bienes, cuando no cumple los requisitos de un pagare; 2.-El acuerdo dictado el once de abril del 2023, en el juicio ejecutivo mercantil 409/2023, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil en Zamora, Michoacán, así como cualquier otra resolución que sea antecedente o consecuencia de las reclamadas, pero necesaria para examinar la inconstitucionalidad planteada, por quienes lo suscriben, esto es el H. Juez y secretario; la omisión de tener por contestada la demanda instaurada en contra de mi representado y acordar favorablemente las pruebas, excepciones y defensas expuestas, por haber trascurrido en exceso el lapso para ello, debiendo imponerle que en la subsecuentes, se ajuste a los términos y plazos que la ley adjetiva local regula, demandando las subsecuentes a la reclamadas. 3.- El acuerdo dictado por el Juez Segundo de Primera instancia en Materia Civil en Los Reyes, Michoacán, el 15 de agosto de 2023, lo que se le reclama a quienes lo suscriben y adjunto con la presente acción, con motivo de ordenar el emplazamiento a mi representado. 4.- El acta de emplazamiento, requerimiento de pago y embargo realizado el 28 de septiembre de 2023, por la H. Actuaria del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil en Los Reyes, Michoacán, con motivo de dar cumplimiento al exhorto acordado en la resolución descrita en el número que antecede, lo cual se demanda a la anterior funcionaria DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida ADMISIÓN. Con fundamento en los artículos 103 fracción I, 107 fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal, 1, fracción I, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA DE AMPARO Y SU AMPLIACIÓN, promovida por J. Jesús Valencia Guerrero, apoderado del quejoso Arturo Magaña Mendoza, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán de Ocampo y otras autoridades. SUSPENSIÓN. Por cuerda separada, y en un solo tanto, tramítese el incidente de suspensión. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En atención al segundo periodo vacacional de invierno, que gozará este Juzgado de Distrito consistente en la segunda quincena del mes de diciembre, cítese a las partes a la audiencia constitucional, que tendrá verificativo a LAS DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL OCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO. De lo anterior, captúrese el registro correspondiente, en la agenda institucional que obra electrónicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE INFORME JUSTIFICADO. Pídase informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán Rendirlo con la oportunidad necesaria para que sea tomado en cuenta en la audiencia constitucional; y, Remitir copia certificada legible de las constancias que sean necesarias para resolver el presente juicio. Apercibidas que, de no hacerlo, se le impondrá, a cada una, multa de doscientas unidades de medida y actualización, equivalente a 20,748.00 (veinte mil setecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I, 259 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo. MINISTERIO PÚBLICO. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación, la intervención que legalmente le corresponde, en términos del artículo 5, fracción IV, del ordenamiento legal en cita. TERCERO INTERESADO. Resérvese proveer sobre reconocer el carácter así como el emplazamiento de la parte tercero interesado, hasta en tanto obre en autos los informes justificados que al efecto rindan las autoridades responsables. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO. Solicítese a las partes que de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este juzgado, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo; apercibidas que, de no hacerlo, se les impondrá una multa de doscientas unidades de medida y actualización, a cada una, equivalente a 20,748.00 (veinte mil setecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), como lo dispone el numeral 251 del citado ordenamiento. DOMICILIO Y USUARIO. Por otra parte, se tiene al ocursante señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, el ubicado en la calle Aquiles Serdán, número 78-A, Barrio de San Juan Bautista, Centro. Asimismo, proporcionando el usuario "segna_3" para tener acceso al expediente electrónico del presente juicio; por lo que, se ordena al actuario de la adscripción, dar de alta dicho usuario para los fines precisados. PRUEBAS. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza jurídica las pruebas documentales que adjunta la parte quejosa a sus escritos de demanda y aclaratorio, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Ahora, tomando en consideración que exhibió copia simple para agregar al incidente de suspensión, de oficio realícese la compulsa correspondiente. En relación a las diversas documentales que refiere ofertar, de las cuales solicita se requiera a la parte tercera interesada, por encontrarse en poder de ésta, dígasele al ocursante que, una vez que se tenga por emplazado a juicio a la parte tercera interesada, se proveerá lo que en derecho corresponda. SE RESERVA PROVEER. Por otra parte, se tiene a la quejosa anunciando las diversa pruebas consistentes en: i) Testimonial a cargo de las tres personas que proporcionó sus nombres; y, ii) Pericial en materia de ingeniería agrícola; sin embargo, resérvese proveer lo que en derecho corresponda, hasta en tanto obren los informes justificados. 3. RECURSO DE QUEJA. En otro orden, intégrese a los autos, la copia del escrito registrado bajo el folio 14836, firmado electrónicamente por J. Jesús Valencia Guerrero apoderado legal de Arturo Magaña Mendoza, en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa, interponiendo recurso de queja contra los autos de tres y dieciséis de octubre y once (sic) de noviembre de dos mil veintitrés. Con apoyo en el numeral 100, de la ley antes citado, en relación con el 39 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se recabe constancia de la notificación a la parte quejosa, dentro del término de tres días, remítase el informe que refiere el artículo 101, de la Ley de Amparo, escrito de agravios, así como los autos originales, vía Estafeta, y póngase a disposición de la superioridad el expediente electrónico, para el ulterior trámite del recurso de que se trata. SE RESERVA JURISDICCIÓN A LA ALZADA. Ahora bien, por lo que respecta al acceso de las constancias con medios electrónicos, usuario y domicilio para recibir notificaciones, que el promovente realiza, resérvese jurisdicción al Tribunal Colegiado al que por razón de turno conozca del mencionado recurso. NO HA LUGAR A SUSPENDER LA PROSECUCIÓN DEL JUICIO. En otro tenor, del artículo 102 de la Ley de la Amparo, se desprende que, al Juez de Distrito se encuentra facultado para suspender o no la tramitación del juicio constitucional ante la interposición del recurso de queja. Así, dicha potestad no es irrestricta, pues, el precepto invocado prevé que la suspensión podrá darse en dos supuestos: Cuando las resoluciones en contra de las cuales se interponga el medio de defensa, por su naturaleza, puedan causar un perjuicio no reparable a alguna de las partes, porque lo que se resuelva en el recurso puede incidir directamente en el fondo del asunto; y, De resolverse en lo principal, es decir, el juicio constitucional, sin que se suspenda el procedimiento, se pudieran hacer nugatorios los derechos del recurrente en el acto de la audiencia. En ese sentido, si el recurso de queja se interpone contra los autos de tres y dieciséis de octubre y once (sic) de noviembre de dos mil veintitrés, por el cual se le tuvo por no cumplida la demanda de amparo en que se actúa; el suscrito estima que no debe suspenderse el procedimiento, pues, el pronunciamiento que emita el Tribunal Colegiado competente, no podría influir en el dictado de la sentencia que resuelva el presente asunto, dado que como se advierte del presente proveído, este órgano jurisdiccional se tuvo por cumplida la prevención realizada al quejoso en auto de tres de del año en curso, y se admitió a trámite la demanda de amparo y su ampliación. De ahí que, no es procedente suspender el procedimiento del juicio de amparo en que se actúa. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 102 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, NO SE SUSPENDE EL PROCEDIMIENTO DEL PRESENTE JUICIO BIINSTANCIAL. Lo anterior, hágase del conocimiento a las partes para los efectos legales que haya lugar. Notifíquese personalmente en los términos indicados. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.

  4. Principal

    En trece de noviembre de dos mil veintitrés, el secretario CERTIFICA: - Que de la circular 28/2023, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de octubre del año en curso, se desprende fueron declarados inhábiles los días dieciséis, diecisiete y dieciocho, así como del diecinueve al veinticuatro, todos del mes de octubre del año en curso; sin que corrieran los plazos y términos procesales. - Que de los Avisos, signados por la Coordinación de Jueces de Distrito, con residencia en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, se advierte que fueron declarados como inhábiles los días veinticinco, veintiséis y veintisiete de octubre del año en curso, suspendiéndose labores en dichas datas; sin que corrieran los plazos y términos procesales. -Que a consecuencia de lo anterior, el plazo de que disponía la parte quejosa para recurrir el auto que tuvo por no presentada la demanda de amparo, transcurrió del seis al diez de noviembre de este año, sin que lo hubiere hecho, toda vez que fue notificado por medio de lista el dieciocho de octubre pasado. - Que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado, se advierte que obra la versión digitalizada del expediente. Lo anterior se asienta para efectos legales a que haya lugar. Doy Fe. Cuenta. En esta misma fecha se da cuenta al Juez, con lo anterior y con el estado que guardan los autos. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, trece de noviembre de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO. Toda vez que no fue impugnado el auto que tuvo por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha CAUSADO ESTADO. ORDEN DE ARCHIVO. En consecuencia, se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. VALORACIÓN. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, que entró en vigor el ocho de junio del mismo año, el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN y no es de relevancia documental. De conformidad con el artículo 20, párrafo segundo, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el juicio principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.

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