Aureliano Peña Esparza

Expediente 501/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
501/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
28/09/2022

Partes del expediente

  • Aureliano Peña Esparza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    S E N T E N C I A VISTOS, para resolver el juicio de amparo número 501/2022, promovido por Aureliano Peña Esparza, contra actos de la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán y otras autoridades; y, RESULTANDO PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante ocurso presentado el veintidós de agosto de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad y turnado en esa misma data al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, Aureliano Peña Esparza, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra los actos de las autoridades que hizo consistir en: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE.- Jueza Tercero Familiar de éste distrito Judicial de Uruapan, Michoacán con domicilio en la Avenida Juárez número 1080 mil ochenta, colonia La Magdalena de ésta Ciudad de Uruapan, Michoacán. Actuario adscrito al Juzgado Familiar de éste distrito Judicial de Uruapan, con domicilio en la Avenida Juárez número 1080 mil ochenta, colonia La Magdalena de ésta Ciudad de Uruapan, Michoacán. Secretario de acuerdos del Juzgado Tercero Familiar de éste Distrito Judicial con domicilio en la Avenida Juárez número 1080 mil ochenta, colonia La Magdalena de ésta Ciudad de Uruapan, Michoacán. IV.- ACTOS RECLAMADOS DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES.- De la autoridad Responsable marcada en el inciso a) y c).- Se le reclama la ilegalidad de las medidas precautorias, ordenadas y autorizadas en el auto de fecha 6 seis de julio del presente año 2022, dictado dentro del expediente 421/2022, relativo al juicio ORDINARIO ORAL FAMILIAR que promueve MARIA ESTELA ALVAREZ MENDOZA, en contra del suscrito. Ya que el mismo no se encuentra debidamente fundamentado; todo esto en clara violación a los derechos y garantía de Audiencia, Legalidad y Seguridad Jurídica que consagra el artículo 1°, 14 y 16 de la Carta Magna. Máxime que el suscrito soy adulto mayor y a la responsable le basto la sola manifestación de la actora para autorizar diversas medidas cautelares, entre ellas los alimentos provisionales a favor de la tercero perjudicada, por la cantidad de $5,186.10 cinco mil ciento ochenta y seis pesos 10/100 M.N. de forma mensual y a cargo del suscrito; así como la anotación preventiva de la demanda y auto que la admite. Respecto de la autoridad marcada con el inciso b), reclamó la posible ejecución de las medidas cautelares que se autorizaron en auto de fecha 6 seis de julio del presente año 2022, dictado dentro del expediente 421/2022, relativo al juicio ORDINARIO ORAL FAMILIAR que promueve MARIA ESTELA ALVAREZ MENDOZA, en contra del suscrito, mismas que no se encuentran apegadas a derecho y de ejecutarse se violan los derechos del suscrito". La promovente expuso que se violaron los derechos humanos reconocidos en los artículos 1º, 4o, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado, señaló la existencia de la tercera interesada; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Radicación y admisión de la demanda. En auto de veintidós de agosto de dos mil veintidós, se radicó la demanda de amparo con el número 501/2022, y se admitió a trámite, se requirieron los informes de ley, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada, dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que una vez realizados los trámites de ley, se llevó a cabo en esta misma data al tenor del acta que antecede, por lo que se procede a emitir la siguiente determinación. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, en virtud de que en el caso se reclama actos de autoridad, con ejecución en el municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo, ubicado dentro de la circunscripción territorial en la cual ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Previamente, debe destacarse que la demanda de amparo es un todo, por lo que su análisis no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos y anexos que se acompañan. Cobra aplicación, la jurisprudencia 40/20001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese sentido, es obligación de los juzgadores de amparo analizar e interpretar la demanda respectiva en su integridad, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal y prescindiendo de los calificativos que se hagan sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos. Establecido lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la parte quejosa reclama: De la Juez y Secretaria adscritas al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo. El acuerdo de seis de julio de dos mil veintidós, emitido en el juicio ordinario oral familiar 421/2022, sobre Divorcio sin expresión de causa, promovido por María Estela Álvarez Mendoza, contra Aureliano Peña Esparza, que decreta medida cautelar sobre fijación de alimentos provisionales y ordena la anotación preventiva de la demanda en el Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio del estado de Michoacán de Ocampo. Del Actuario adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo. La posible ejecución de las medidas cautelares que se autorizaron en auto de seis de julio del presente año 2022, dictado dentro del expediente 421/2022, relativo al juicio ordinario oral familiar que promueve Maria Estela Alvarez Mendoza. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Son ciertos los actos reclamados a la titular, Secretaria y Actuario adscritos al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo, pues al momento de rendir su informe de ley, reconocieron la existencia de los actos que se les reclaman. Certeza que se corrobora con las constancias que adjuntó la primera de las autoridades responsables a su informe, consistente en las que integran juicio ordinario oral familiar 421/2021, sobre Divorcio sin expresión de causa, las cuales tienen pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º., atendiendo a su naturaleza de documental pública. Ilustra, la jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". En tal virtud, se encuentra probada la existencia de los actos impugnados, al tenor de la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 917812, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. ESTUDIO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Conforme a la técnica reconocida para la elaboración de las sentencias de amparo, antes de proceder al estudio de los motivos de disenso que atañen el fondo del asunto, deben analizarse las causales de improcedencia cuya materialización aleguen las partes o se aprecian actualizadas oficiosamente, ya que ello implica una cuestión de orden público, tal y como se establece en el artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Son aplicables, las jurisprudencias, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Realizado el examen oficioso de las constancias, se desprende que respecto del acto reclamado a la Secretaria adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII en relación con los diversos artículos 1° fracción I, 5° fracción II y 108° fracción III, todos de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que respecto a la Secretaria no se ubica dentro de las hipótesis previstas por el artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo, que dispone: "Son partes en el juicio de amparo: II La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.", dado que sus funciones se circunscriben a autorizar, en su calidad de fedatario, sin imperio ni facultad decisoria, toda clase de acuerdos y resoluciones dictadas por los jueces en su carácter de titular y responsables de dicho órgano jurisdiccional. Es aplicable, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que a la letra dice: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. Si bien es cierto que de acuerdo a los artículos 64, fracción III, 79 y 80 de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, entre las facultades del secretario de acuerdos se encuentra la de autorizar toda clase de resoluciones dictadas por el juez; empero, dicha función asignada no implica que resuelva conjuntamente con el juzgador, quien es el único responsable de su fallo, y solamente, el referido secretario autoriza, en función de fedatario, sin imperio ni facultad decisoria; consecuentemente, esa autoridad, en forma autónoma, no puede adquirir la jerarquía de responsable para los efectos de juicio de garantías, por lo que es improcedente dicho juicio por el acto que se le reclama". Por lo tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en comento, procede sobreseer en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V del artículo 63, de la propia Ley de Amparo vigente. Sin que se advierta causa de improcedencia que hagan valer las partes o de oficio advierta este órgano de control constitucional, procede al estudio de fondo del asunto. QUINTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Procede entrar al estudio del fondo del asunto planteado, al tenor de los conceptos de violación hechos valer, sin que sea necesario transcribirlos, con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer" SEXTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Para dar mejor comprensión del problema jurídico planteado, resulta necesario hacer una narración de los antecedentes más destacados del acto reclamado, que se advierten de las constancias que remitió la autoridad responsable: El uno de julio de dos mil veintidós, María Estela Álvarez Mendoza, presentó demanda sobre divorcio sin expresión de causa frente a Aureliano Peña Esparza, así como el pago de alimentos; demanda que correspondió conocer a la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo, quien la radicó con el número 421/2021 y en auto de seis de julio de dos mil veintidós, la admitió a trámite, ordenó el emplazamiento de la parte demandada y fijó como pensión alimenticia provisional a favor de la allá actora la cantidad de $5,186.10 cinco mil ciento ochenta y seis pesos 10/100, de forma mensual, consistente en un salario mínimo. En dicho proveído ordenó al actuario adscrito al Juzgado a efecto que al momento de la diligencia de emplazamiento, requiriera al demandado para que realizara el pago de la primera mensualidad por la cantidad fijada como pensión alimenticia provisional y en caso de no hacerlo, procediera a trabar embargo en bienes de su propiedad. Asimismo, ordenó al Jefe Regional del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio en el Estado, para que realice la anotación preventiva en la demanda y auto que la admite. Determinación que constituye el acto reclamado. SÉPTIMO. ESTUDIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD O INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. El promovente, refiere en sus conceptos de violación, que la determinación, de la Juez responsable trasgrede los artículos 1º, 4º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por las razones siguientes: No se encuentra debidamente fundada ni motivada, pues a pesar que reconoce que existen cuestiones inherentes a adultos mayores, e incluso ordena dar vista al Agente del Ministerio Público adscrito, actúa en contravención con lo dispuesto por los artículos 452, 462, 464 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, ya que fija una medida provisional mensual equivalente a la suma de $5,186.10 (cinco mil ciento ochenta y seis pesos 10/100 m.n.), tomando como base el salario mínimo general vigente en el Estado a razón de $172,87 (ciento setenta y dos pesos 87/100 m.n.), no así la unidad de medida y actualización, equivalente a $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 M.N.), lo que lesiona además el derecho al debido proceso. Afirma que de ejecutarse el acto reclamado le ocasionará daño a su patrimonio, derecho tutelado por el artículo 14 constitucional que prohíbe la privación de derechos sin previo juicio, lo que vinculaba al juez a considerar que es adulto mayor, que no obra prueba que justifique que tenga un empleo que le genere ingresos con el cual pueda solventar los alimentos de la tercera interesada; que existen igualdad de circunstancias al ser ambos adultos mayores con bienes para sufragar sus alimentos y que específicamente la acreedora cuenta con ingresos y bienes inmuebles propios los que describe y acredita en esta instancia constitucional con la copia certificada que exhibe de las escrituras, inscritos en el Registro Público de la Propiedad; que asimismo, cuenta con bienes ejidales con cultivos de huerta de aguacate en producción, de los que obtiene ingresos más que suficientes y de sobra para sufragar sus alimentos; que tiene la profesión de licenciada en administración de empresas y posee cuentas en diversas instituciones bancarias. Además, que en el último de los casos puede pedir alimentos a cualquiera de sus tres hijos mayores de edad, a quienes en su momento les proporcionó alimentos y quienes tienen trabajo propio. En apoyo de sus argumentos citó la jurisprudencia P./J.40/96, del Pleno, publicada en la página 5 del tomo IV, Julio de 1996, de rubro "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA, ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN". Refiere que no debe soslayarse que la institución jurídica de los alimentos descansa en las relaciones familiares y surge como consecuencia del estado de necesidad en que se encuentran algunas personas, a las que la les reconoce la posibilidad de solicitar lo necesario para su subsistencia, que en el caso se indicó que para fijar una pensión alimenticia debe atenderse tres supuestos: I) el estado de necesidad, II) Vínculo familiar entre el acreedor y deudor y III) la capacidad económica del obligado, circunstancias que no se cumplen en el caso, ya que la acreedora no tiene necesidad de recibir alimentos, precisamente porque cuenta con los bienes y medios suficientes para sufragar los mismos, que el nivel de vida al que está acostumbrada lo puede seguir teniendo y que de autos no se desprende que exista acuerdo alguno al respecto, que no se tomaron en cuenta la edad y estado de salud de ambos, su calificación profesional, experiencia laboral, la posibilidad de acceso a un empleo, la duración del matrimonio, la dedicación pasada y futura a la familia, o cualquiera que el juez estime relevante para fijar el momento de la pensión, que únicamente fijó una pensión provisional y de "pilón", en salarios mínimos por una cantidad que la tercera tiene a su alcance y de sobra para cubrir los gastos de sus alimentos. Destaca que el control de convencionalidad de una norma, de ninguna manera autoriza a que el juez pueda pasar por alto la naturaleza de ciertos derechos, así como las vías o presupuestos procesales que el legislador estableció para su debido ejercicio, pues por razones de seguridad jurídica, así como para la correcta y funcional administración de justicia y efectiva protección de los derechos humanos, los Estados pueden y deben establecer parámetros que deben ser observados, los cuales no pueden pasarse por alto, ni aun bajo la invocación del principio pro persona, pues la invocación de ese principio, no implica que siempre y en cualquier caso los órganos jurisdiccionales deban resolver de fondo el asunto que les es planteado, ni mucho menos en favor de quien lo hace, ya que la intención es precisamente que el juez tome en cuenta los ingresos y bienes suficientes para cubrir sus alimentos, al no existir una situación de desequilibrio económico que en la última instancia afecte a la tercero perjudicada, así como la capacidad para hacerse de los medios suficientes para cubrir sus necesidades, y por ende, no pueda acceder a un nivel de vida adecuado, ya que no se encuentra en un estado de necesidad extrema que afecte su dignidad y su derecho de acceder a un nivel de vida adecuado. Motivos de disenso que resultan infundados, los cuales por su íntima relación serán analizados de manera conjunta. El artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. (.) El referido numeral constitucional contiene, substancialmente, el reconocimiento del derecho fundamental a la seguridad jurídica, que se traduce en mandatos formales dirigidos, fundamentalmente, a la actuación del Estado y de los órganos que lo integran, que implican la sujeción de éstos a determinadas reglas, con el fin de preservar las prerrogativas de los gobernados. Además, el primer párrafo del citado artículo constitucional contiene las garantías instrumentales de mandamiento escrito, autoridad competente y fundamentación y motivación. En cuanto a la obligación de toda autoridad de fundar y motivar sus actos, tiene como finalidad que el afectado pueda conocer con precisión de qué autoridad proviene, así como el contenido y las consecuencias. Al respecto, la Segunda Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en forma reiterada que por fundamentación del acto de autoridad se entiende que éste debe sustentarse en una disposición normativa de carácter general, es decir, que se cite la ley que prevea una situación concreta para la cual resulte procedente realizar el acto de autoridad. En cambio, la motivación debe entenderse en el sentido de exponer las razones de hecho que actualizan la hipótesis normativa; de tal suerte que la motivación implica que se citen las circunstancias y modalidades del caso particular que encuadren dentro del marco general correspondiente. Además, debe existir adecuación entre las normas aplicables y los motivos aducidos, es decir, que se configuren las hipótesis normativas previstas en la ley. En el caso, la autoridad responsable, al emitir el acuerdo de seis de julio de dos mil veintidós, determinó: "Uruapan, Michoacán, a 6 seis de julio del año 2022 dos mil veintidós. Visto el escrito inicial y documentos anexos que presenta María Estela Álvarez Mendoza, quien gestiona por si propio derecho; con tal carácter se le tiene promoviendo en la vía Ordinaria Oral Familiar, demanda sobre Divorcio sin Expresión de Causa y otras prestaciones, frente a Aureliano Peña Esparza. Ahora bien, y no obstante que no se encuentran involucrados derechos de menores de edad; sin embargo, la ahora actora es adulto mayor también su aún cónyuge, pero con las documentales que adjunta la ocursante se advierte que es solvente, por lo que atendiendo a su vulnerabilidad y a lo que dispone el artículo 5º de la Ley de Adultos Mayores, se decretan las siguientes medidas cautelares: Con fundamento en los artículos 452, 462, 464 del Código Familiar para el Estado: I. Se fija como medida provisional y a favor de la actora María Estela Álvarez Mendoza, ello en forma provisional y de manera mensual, por un importe equivalente a 30 treinta veces el salario mínimo general vigente en el Estado, a razón de 172.87 ciento setenta y dos pesos con ochenta y siete centavos, por la cantidad de $5,186.10 cinco mil ciento ochenta y seis pesos con diez centavos, en virtud de que la obligación alimentaria que se fija tomando como base el salario mínimo general vigente, no así la Unidad de Medida y Actualización (UMA), dado que entre ambas existe discrepancia en su valor, pues mientras que el salario mínimo general vigente asciende a $172.87 ciento setenta y dos pesos con ochenta y siete centavos 87/100 moneda nacional, la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivale a 96.22 noventa y dos pesos con veintidós centavos 22/100 moneda nacional, existiendo una diferencia con efecto perjudicial y en detrimento para el acreedor alimentista; dado que, no hay que soslayar que la naturaleza misma del "salario mínimo" es que sea un ingreso suficiente para satisfacer las necesidades del jefe de familia, como de sus hijos, por ende, se procede a fijar la pensión alimenticia definitiva o provisional, basada en esa medida económica que fija la menor riqueza que se genera por el esfuerzo del trabajo. Orienta lo anterior, la tesis VII.1º. C.46 C, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con número de registro 2016514, con el rubro: "PENSION ALIMENTICIA, DEBE FIJARSE EN LOS CASOS QUE ASÍ PROCESA, TOMANDO COMO BASE O REFERENCIA EL SLARIO MÍNIMO Y NO LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION (UMA)". Por ende, se faculta al actuario adscrito al juzgado, que al momento de la diligencia de emplazamiento, requiera al demandado para que realice el pago de la primera mensualidad por la cantidad fijada como pensión alimenticia provisional a favor de su aún esposa, por conducto de la ocursante, y en caso de no hacerlo se proceda a trabar embargo en bienes de su propiedad a fin de garantizar su pago. Observándose en lo conducente lo prevenido en el capítulo relativo al secuestro judicial, contenido en el Código de Procedimientos Civiles del Estado. II. Anotación preventiva en la demanda y auto que la admite, porque no obstante que exhibe copias certificadas de las escrituras de los bienes inmuebles que dice son propiedad del demandado no se tiene la certeza de que los mismos se encuentren registrados a nombre del ahora demandado; por tanto, como lo solicita, gírese atento oficio al Jefe Regional del Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio en el Estado, para que se sirva realizar anotación en la demanda y auto que la admite, lo anterior en virtud de que la ocursante está reclamando el pago indemnizatorio por el término que duró el matrimonio. Por otro lado, se le tiene por ofertando los siguientes medios de convicción: 1. Documental pública consistente en acta de matrimonio de Aureliano Peña Esparza y María Estela Álvarez Mendoza, con lo cual se acredita la existencia de círculo matrimonial que se pretende disolver. . 6. Documental pública consistente en las copias certificadas de la mayoría de los inmuebles adquiridos dentro de la vigencia del matrimonial". Determinación que se estima ajustada a derecho, a saber: Respecto al tema de alimentos, es necesario precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación concibe al derecho de alimentos como la facultad jurídica que tiene una persona denominada acreedor alimentista para exigir a otra, deudor alimentario, lo necesario para vivir como consecuencia del parentesco consanguíneo, de la adopción, del matrimonio, del divorcio y, en determinados casos, del concubinato. En ese orden, los alimentos se hacen consistir en proporcionar la asistencia debida para el adecuado sustento de una o varias personas por disposición imperativa de la ley, caracterizándose esta obligatoriedad legal por ser recíproca. Tal obligación tiene como base la solidaridad que debe manifestarse entre las personas con algún vínculo familiar, exigiéndose entre éstas un deber recíproco de asistencia. Su reconocimiento como obligación jurídica, la procuración de alimentos trasciende a los integrantes del grupo familiar, al ser su cumplimiento de interés social y orden público. Es decir, es deber del Estado el vigilar que entre las personas que se deben esta asistencia, se procuren de los medios de vida suficientes cuando alguno de los integrantes del grupo familiar carezca de los mismos y se encuentre en la imposibilidad real de obtenerlos. En la ley se ha previsto que tal deber de solidaridad lo tienen los integrantes del grupo familiar, entendiendo como parte del mismo, principalmente, a los hijos, padres, cónyuges y concubinos, así como, subsidiariamente, a los ascendientes y descendientes más próximos en grado. Los artículos 260, 445, 452 y 462 del Código Familiar del Estado de Michoacán de Ocampo, disponen: Artículo 260. Al admitirse la solicitud de divorcio, o antes, si hubiere urgencia, y solo mientras dure el procedimiento, el juez dictará las medidas cautelares que le sean requeridas y procedan, así como las que de manera oficiosa considere necesarias para la protección de los hijos menores de edad o con discapacidad, atendiendo siempre el interés superior de estos, como lo sería: I..; II. Fijar y asegurar los alimentos para el o los acreedores alimentistas; VI. Las demás que considere necesarias el juez. "Artículo 445. Los cónyuges y concubinos están obligados a proporcionarse alimentos. El hombre está obligado a proporcionar alimentos a la mujer aún cuando no estén unidos en matrimonio o concubinato, derivado de una relación sexual consensuada entre ambos y la mujer esté embarazada. El presunto progenitor tendrá la obligación de proporcionar alimentos desde que la mujer tenga conocimiento de que está embarazada y hasta seis semanas posteriores al parto o al aborto natural que tuviera la mujer". "Artículo 452. Los menores de edad, las personas con discapacidad, los sujetos a estado de interdicción y los adultos mayores, gozan de la presunción de necesitar alimentos". Artículo 462. Para decretar alimentos a quien tenga derecho de exigirlos, se necesita: I. Que se demuestre cumplidamente el título en cuya virtud se pidan; II. Que se justifique, aproximadamente cuando menos, el caudal del que deba darlos; y, III. Que se acredite la urgencia y necesidad que haya de los alimentos. Lo dispuesto en la fracción III que antecede, solo aplicará a aquellas personas no contempladas en el artículo 452 del presente ordenamiento". Los numerales recién transcritos, establecen que los cónyuges, están obligados a proporcionarse alimentos; así como, que los adultos mayores gozan de la presunción de necesitar alimentos. Asimismo, que en el juicio de divorcio, al admitirse la solicitud de divorcio, el juez dictará las medidas cautelares que le sean requeridas y procedan, así como las que de manera oficiosa considere necesarias para la protección de los hijos menores de edad o con discapacidad, entre otras, fijar y asegurar los alimentos para el o los acreedores alimentistas. Que dicho procedimiento, en modo alguno implica la existencia de un conflicto de intereses entre el acreedor y el deudor alimentista que requiere de intervención judicial, pues no contempla la notificación de quien se piden los alimentos al procedimiento, ni tampoco la posibilidad de ofertar pruebas, rendir alegatos ni impugnar la determinación que fije aquella obligación. Sin que la falta de prevención de las etapas formales hagan inconstitucional dichas normas pues no constituyen actos de privación de carácter definitivos e irreparables, sino que únicamente establecen medidas precautorias o de carácter provisional, encaminadas a garantizar el éxito de una reclamación, o a satisfacer provisionalmente una necesidad, que por su naturaleza, como ya se dijo, es de inaplazable atención. Es ilustrativa, la jurisprudencia P./J. 21/98, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 18, tomo VII, correspondiente al mes de marzo de 1998, Materia(s): Constitucional, Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto siguiente: "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia, establecida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, con existencia independiente, cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes; consecuentemente, para la imposición de las medidas en comento no rige la garantía de previa audiencia". Criterio que se estima aplicable al caso, pues el procedimiento que prevén los artículos reclamados relativos a la ministración de alimentos provisionales, no encierra un proceso de privación definitiva de derechos patrimoniales del deudor, por lo que, contrario a lo expresado por el quejoso dicho criterio no apoya sus argumentos, de ahí lo infundado de su concepto de violación, pues contrario a lo aducido por el quejoso la determinación reclamada no es violatoria del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, precisada la naturaleza de la medida cautelar sobre alimentos provisionales es inexacto e infundado que la juez responsable estuviera compelida a tomar en consideración circunstancias que no están previstas en el Código Familiar, tales como su calificación profesional, experiencia laboral, la posibilidad de acceso a un empleo, la duración del matrimonio, la dedicación pasada y futura a la familia, o cualesquiera que estimara relevante para fijar el momento de la pensión, pues como se dijo, no hay controversia entre partes, ni existe sentencia que dirima alguna controversia que amerite su ejecución. Además, para cumplir el derecho fundamental de legalidad, la juez natural únicamente estaba obligada a cumplir los requisitos establecidos en el artículo 462 del referido Código Familiar; esto es, a verificar que se demuestre cumplidamente el título en cuya virtud se pidan, el cual, de acuerdo con la prueba documental pública que exhibió la actora en el juicio principal; y, solicitante de la medida, quedó demostrado con el acta de matrimonio. Igualmente, se justificó la capacidad económica del obligado, pues con la prueba documental pública que exhibió la actora consistente en escrituras públicas que acreditan la titularidad de diversos inmuebles, se advierte su caudal. Ahora, por lo que respecta a la condición de acreditar la urgencia y necesidad que haya de los alimentos, tal presupuesto por disposición expresa de la fracción III del referido numeral 462, no le es aplicable a la actora, pues es adulto mayor y está contemplada en el supuesto de excepción previsto en el artículo 452 del presente ordenamiento. Se advierte además, que sí tomó en consideración la circunstancia que el demandado es adulto; sin embargo, atendiendo a que de las constancias que se exhibieron en el sumario se advirtió su solvencia y tomando en cuenta su vulnerabilidad, decretó la medida provisional de manera mensual por un importe de treinta veces el salario mínimo general vigente en el Estado, equivalente a $5,186.10, (cinco mil ciento ochenta y seis pesos 10/100 moneda nacional). Determinación que se estima ajustada a derecho, pues se tomó como base el salario mínimo y no la unidad de medida y actualización, tema sobre el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de los tribunales colegiados ha integrado jurisprudencia que establece que la pensión alimenticia debe fijarse bajo dichos parámetros atendiendo a que la naturaleza del salario mínimo es la de un ingreso destinado a satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social, cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos (ámbito en el cual entran, sin lugar a dudas, sus propios alimentos), a más de que esa propia disposición señala específicamente que el salario mínimo puede ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines acordes a su naturaleza y, en esa tesitura, la base o referencia para establecer una pensión alimenticia, en los casos que así proceda, no es la Unidad de Medida y Actualización, sino el salario mínimo, pues éste, dado lo expuesto, va más acorde con la propia naturaleza y finalidad de dicha pensión, la cual es obligatoria de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo. Cobra puntual aplicación, la Jurisprudencia VII.1o.C. J/17 (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, fue publicada en la página 863, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época y es de rubro y texto siguiente: "PENSIÓN ALIMENTICIA. DEBE FIJARSE, EN LOS CASOS QUE ASÍ PROCEDA, TOMANDO COMO BASE O REFERENCIA EL SALARIO MÍNIMO Y NO LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA). El artículo 26, apartado B, penúltimo párrafo, de la Constitución General de la República establece a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. Sin embargo, dicha unidad no es aplicable tratándose de la fijación de pensiones alimenticias, toda vez que acorde con el artículo 123, apartado A, fracción VI, de la Carta Magna, la naturaleza del salario mínimo es la de un ingreso destinado a satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social, cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos (ámbito en el cual entran, sin lugar a dudas, sus propios alimentos y los de su familia), a más de que esa propia disposición señala específicamente que el salario mínimo puede ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines acordes a su naturaleza y, en esa tesitura, la base o referencia para establecer una pensión alimenticia, en los casos que así proceda, no es la Unidad de Medida y Actualización, sino el salario mínimo, pues éste, dado lo expuesto, va más acorde con la propia naturaleza y finalidad de dicha pensión". Bajo ese esquema, si conforme a la ley, la situación particular de la actora presume la necesidad de alimentos y atendiendo a la naturaleza de la medida cautelar no existe controversia entre partes, entonces no era obligación de la juzgadora verificar si existía igualdad de circunstancias tanto de la acreedora alimentaria como de su parte; o bien, que aquélla cuenta con bienes suficientes para cubrir sus necesidades alimentarias, si tiene capacidad para hacerse de los medios suficientes para cubrir sus necesidades, si se encuentra en un estado de necesidad extrema que afecte su dignidad y su derecho a un nivel de vida adecuado, pues tales circunstancias no se encuentran previstas como requisitos que debiera atender la juez responsable para otorgar la medida cautelar. De ahí que, la resolución reclamada no trasgrede el derecho al debido proceso, pues del estudio se aprecia que para la emisión de la medida cautelar se siguieron las formalidades esenciales de procedimiento establecidas por el legislador ordinario en el Código Familiar del Estado de Michoacán; además de observarse los requisitos establecidos en la ley. Aunado a lo anterior, es de precisarse que no existe dado que indique para decretar la medida se haya aplicado el control de convencionalidad, por tanto, tampoco bases para considerar que bajo el amparo del estudio del referido control se haya vulnerado algún derecho del quejoso pues tal medida no constituye una resolución de fondo del asunto, ni que se haya emitido de manera parcial en favor de la actora, pues como ya se vio, del estudio de la legalidad de la medida se llegó a la conclusión que se hizo bajo las normas establecidas al caso concreto. En otro orden, es inoperante el concepto de violación expresado por el quejoso en el que sostiene que la actora en todo caso debió solicitar pensión alimentaria a sus hijos; lo anterior, pues no debe olvidarse que la determinación proviene de un juicio de divorcio, de donde emana la obligación del juez de decretar las medidas que legalmente procedan. Misma calificación amerita su argumento de que se vulnera lo dispuesto por los preceptos 151, 196, 260, 272 y 273 del Código Familiar vigente en el Estado; al igual que lo dispuesto por el artículo 5o, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores; así como el diverso 5º de la Ley de Protección Integral a las Personas Adultas Mayores del Estado de Michoacán de Ocampo; además, que al momento de resolver se deberá aplicar el control difuso de convencionalidad. Lo anterior, pues se concreta a invocar y transcribir disposiciones legales, sin expresar las razones que conduzcan a demostrar que el acto se dictó en contravención a las hipótesis que contienen las normas. Y, respecto a la aplicación del control difuso de convencionalidad, cabe señalar que la expresión "ex officio" que se predica del control judicial significa que los Jueces tienen la facultad de controlar las normas que van a aplicar de cara a la Constitución y a los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que el Estado Mexicano sea Parte, por el simple hecho de ser Jueces o Juezas, pero no que necesariamente deban hacer ese control en tres pasos (interpretación conforme en sentido amplio, interpretación conforme en sentido estricto e inaplicación) en todos los casos, sino en aquellos en los que, de forma incidental, sea solicitado por las partes o adviertan que la norma amerita dicho control, sin hacer a un lado los presupuestos formales y materiales de admisibilidad. Al respecto, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que: "No implica que ese control deba ejercerse siempre, sin considerar otros presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de ese tipo de acciones" y en el caso, no basta señalar que debe aplicarse dicho control, pues el quejoso no menciona respecto de qué normas debe hacerse dicho ejercicio. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia 1a./J. 85/2022 (11a.), de la Primera Sala, publicada en el Libro 14, Junio de 2022, Tomo V, página 4078, Undécima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. NO IMPLICA QUE DEBA EJERCERSE SIEMPRE, SIN CONSIDERAR PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES INTENTADAS. Hechos: En un juicio ordinario civil se demandó, entre otras cuestiones, la nulidad de un contrato de prestación de servicios profesionales que involucró el acto traslativo de dominio de un bien inmueble, en tanto que el demandado reconvino la acción pro forma. El Juez de primera instancia desestimó ambas pretensiones. En contra de esa resolución, ambas partes interpusieron sendos recursos de apelación, y al resolverlos el Tribunal de Alzada modificó la sentencia recurrida. En contra de esa resolución, el demandado promovió juicio de amparo directo en el que formuló diversos conceptos de violación, entre ellos, el relativo a la inconstitucionalidad del artículo 2150 del Código Civil para el Estado de Baja California, cuya resolución constituye la materia de estudio en el presente amparo directo en revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que los Jueces y las Juezas, en el ámbito de su competencia, antes de proceder al control ex officio de constitucionalidad y convencionalidad, deben resolver cualquier problema relacionado con los presupuestos de procedencia o de admisibilidad de las acciones que las partes promueven. Justificación: La expresión "ex officio" que se predica del control judicial significa que los Jueces tienen la facultad de controlar las normas que van a aplicar de cara a la Constitución y a los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que el Estado Mexicano sea Parte, por el simple hecho de ser Jueces o Juezas, pero no que necesariamente deban hacer ese control en tres pasos (interpretación conforme en sentido amplio, interpretación conforme en sentido estricto e inaplicación) en todos los casos, sino en aquellos en los que, de forma incidental, sea solicitado por las partes o adviertan que la norma amerita dicho control, sin hacer a un lado los presupuestos formales y materiales de admisibilidad. Al respecto, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que: "No implica que ese control deba ejercerse siempre, sin considerar otros presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de ese tipo de acciones". Sin que proceda la suplencia de la queja deficiente, pues si bien el quejoso es persona adulta mayor; el solo hecho de ser un adulto mayor es insuficiente para considerar que en automático opera la suplencia de la queja a su favor; ya que, ello sólo acontece cuando se demuestra que el envejecimiento que conlleva el ser un adulto mayor ha colocado a la persona en un estado de vulnerabilidad y, que esa situaciòn realmente le imposibilita acceder de forma efectiva al sistema de justicia; lo que en la especie no acontece. Pues, la peticionaria de amparo se limitó a manifestar que es un adulto mayor, sin acreditar que esa especial condición la ubica en un estado de vulnerabilidad por la disminución de su capacidad motora e intelectual, ser víctima de discriminación social, familiar, laboral y económica, sujeto de desempleo o de condiciones de trabajo precarias y que sufre de carencias económicas y de seguridad social, o que presente especiales dificultades en razón de su capacidad funcional para ejercer sus derechos. Así como, la tesis 1a. CXXXIV/2016 (10a.), de la Primera Sala, publicada en la página 1104, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "ADULTOS MAYORES. EL ENVEJECIMIENTO NO NECESARIAMENTE CONDUCE A UN ESTADO DE VULNERABILIDAD QUE HAGA PROCEDENTE EL BENEFICIO DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. No se puede negar que cada vez es más amplia la gama de grupos que se ven beneficiados por esa institución, pero en esa gama no se encuentra el grupo relativo a los adultos mayores, porque el envejecimiento no necesariamente conduce a un estado de vulnerabilidad; y cuando ello acontece, es necesario advertir que la vulnerabilidad puede obedecer a diversos aspectos, como son la disminución de la capacidad motora y la disminución de la capacidad intelectual, que a su vez puede conducir a una discriminación social, familiar, laboral y económica. En ese orden de ideas, el solo hecho de manifestar que se es un adulto mayor, es insuficiente para considerar que en automático opera la suplencia de la queja, pues ello sólo acontece cuando se demuestra que el envejecimiento que conlleva el ser un adulto mayor, ha colocado a la persona en un estado de vulnerabilidad, y que esa vulnerabilidad realmente le imposibilita acceder de forma efectiva al sistema de justicia, pues aunque es innegable el hecho de que en su gran mayoría, los adultos mayores enfrentan problemas económicos, de trabajo, seguridad social y maltrato, y que ello los coloca en desventaja respecto del resto de la población, lo cual ha llevado a considerar que los adultos mayores son vulnerables porque en un alto porcentaje son sujetos de desempleo o de condiciones de trabajo precarias y sufren, muy frecuentemente, carencias económicas y de seguridad social, lo que los convierte en personas dependientes y víctimas de un comportamiento adverso social hacia ellos; y que debido a esa vulnerabilidad merecen una especial protección, lo cual incluso se ve robustecido por el hecho de que los instrumentos internacionales y los regímenes jurídicos modernos han venido marcando una línea de protección especial a los adultos mayores, con el objeto de procurarles mejores condiciones en el entramado social, lo que pretende lograrse garantizándoles el derecho a: i) un estándar de vida adecuado, incluyendo alimentación, vivienda y vestimenta; ii) seguro social, asistencia y protección; iii) no discriminación en tratándose de empleo, acceso a vivienda, cuidado de la salud y servicios sociales; iv) servicios de salud; v) ser tratado con dignidad; vi) protección ante el rechazo o el abuso mental; vii) participar en los espacios sociales, económicos, políticos y culturales; y viii) participar enteramente en la toma de decisiones concernientes a su bienestar; se debe dejar en claro que la protección especial que se busca, debe ser a partir de un modelo social, en el que se tome conciencia de que la vulnerabilidad en que pueden encontrarse los adultos mayores, en su gran mayoría, obedece a las propias barreras que la organización social genera al no atender de manera adecuada la situación en que se encuentran; sin embargo, ello no conduce a considerar que por el simple hecho de ser un adulto mayor debe operar en su beneficio la suplencia de la queja, pues no todos los adultos mayores son vulnerables y la vulnerabilidad a que pueden enfrentarse, en especial desde el ámbito social, puede ser muy variada; de ahí que no basta con alegar que se es un adulto mayor para opere la suplencia de la queja". Por lo expuesto, se estima que la determinación reclamada, no es transgresora de las garantías de legalidad y seguridad jurídica, establecidas en los artículos 1º, 4, 14 y 16 Constitucionales, ya que la misma se encuentra debidamente fundada y motivada, virtud a que la Juez responsable, para decretar la medida precautoria, analizó las circunstancias del caso en particular, citando al respecto los numerales aplicables para sustentar su determinación y expresó las razones legales y humanas, por las cuales, estimó fijar el importe para el pago de alimentos. Por ende, al resultar infundados los conceptos de violación y por ende, lo procedente es negar la protección constitucional solicitada por Aureliano Peña Esparza. Negativa que se hace extensiva a los actos reclamados a la autoridad ejecutora Acuario adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, toda vez que no se reclaman por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Finalmente, resulta innecesario entrar al estudio de los alegatos que formularon el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y la parte tercero interesada, atento al sentido del presente fallo y por las razones que se dan la jurisprudencia 27/94, del rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". Se precisa, que las tesis y jurisprudencias citadas emitidas con anterioridad a la reforma de diez de junio de dos mil once, son válidamente aplicables en términos del Transitorio Sexto de la Ley de Amparo; así como de la jurisprudencia 2a./J. 10/2016 (10ª), la cual establece: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto." OCTAVO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena a la secretaria glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Aureliano Peña Esparza, contra el acto reclamado a la Secretaria adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo, en términos del considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Aureliano Peña Esparza, contra los actos reclamados a la Juez y Actuario adscritos al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo, precisados en el considerando tercero y por las razones expuestas en el considerando séptimo de este fallo. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando octavo de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, ante María Guadalupe Mateo Mendoza, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En trece de septiembre de dos mil veintidós, la Secretaria da cuenta al Juez, con un escrito, registrado bajo el número de folio 12173. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, trece de septiembre de dos mil veintidós.********************Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 16/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, en relación con el periodo de vigencia, se provee lo siguiente:********************ALEGATOS. Téngase al Fiscal de la Federación adscrito a este Juzgado, formulando los alegatos que a esa representación social corresponden, los cuales podrán ser tomados en consideración en el momento procesal oportuno.********************Notifíquese.

  3. Principal

    En siete de septiembre de dos mil veintidós, la Secretaria da cuenta al Juez, con tres oficios y anexo, registrados bajo los números de folios 11880, 11881 y 11882. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, siete de septiembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 16/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, en relación con el periodo de vigencia, se provee lo siguiente: INFORMES JUSTIFICADOS. Vistos los oficios y anexos de cuenta, que suscriben las autoridades responsables Jueza, Secretaria de Acuerdos y Actuario adscritos al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo; glósense a los autos y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendidos los informes con justificación y por hechas las manifestaciones vertidas en el mismo; con lo anterior, dese vista a las partes para los efectos legales conducentes y nueva cuenta en la audiencia constitucional. SE DIFIERE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL ANTICIPADAMENTE. Por tanto, para que sea respetado el plazo de ocho días a que alude el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere anticipadamente la celebración de la audiencia constitucional señalada para el veintidós de septiembre y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON ONCE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo Notifíquese.

  4. Incidental

    ". VISTOS: para resolver, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 501/2022; y RESULTANDO: PRIMERO. SOLICITUD DE SUSPENSIÓN. En su demanda de amparo AURELIANO PEÑA ESPARZA, por su propio derecho, solicitó la suspensión definitiva de los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en su escrito inicial de demanda SEGUNDO. TRÁMITE. El incidente se tramitó por su cauce legal y la audiencia de ley fue celebrada en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que deriva del juicio de amparo. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En el caso, la quejosa señala como acto reclamado: "(.) d).- ACTO RECLAMADO;. De la autoridad Responsable marcada en el inciso a) y c).- Se le reclama la ilegalidad de las medidas precautorias, ordenadas y autorizadas en el auto de fecha 6 seis de julio del presente año 2022, dictado dentro del expediente 421/2022, relativo al juicio ORDINARIO ORAL FAMILIAR que promueve MARIA ESTELA ALVAREZ MENDOZA, en contra del suscrito. Ya que el mismo no se encuentra debidamente fundamentado; todo esto en clara violación a los derechos y garantía de Audiencia, Legalidad y Seguridad Jurídica que consagra el artículo 1°, 14 y 16 de la Carta Magna. Máxime que el suscrito soy adulto mayor y a la responsable le basto la sola manifestación de la actora para autorizar diversas medidas cautelares, entre ellas los alimentos provisionales a favor de la tercero perjudicada, por la cantidad de $5,186.10 cinco mil ciento ochenta y seis pesos 10/100 M.N. de forma mensual y a cargo del suscrito; así como la anotación preventiva de la demanda y auto que la admite. Respecto de la autoridad marcada con el inciso b), reclamó la posible ejecución de las medidas cautelares que se autorizaron en auto de fecha 6 seis de julio del presente año 2022, dictado dentro del expediente 421/2022, relativo al juicio ORDINARIO ORAL FAMILIAR que promueve MARIA ESTELA ALVAREZ MENDOZA, en contra del suscrito, mismas que no se encuentran apegadas a derecho y de ejecutarse se violan los derechos del suscrito. (.)". TERCERO: INTERÉS SUSPENSIONAL. La parte incidentista acredita su interés suspensional, por ser parte dentro del expediente del que deriva el acto reclamado . CUARTO. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN CUYA EXISTENCIA QUEDÓ ACREDITADA. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables la Jueza, Secretaria de Acuerdos y el Actuario adscritos al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo, pues lo aceptaron al rendir sus informes previos. QUINTO. IMPROCEDENCIA SOBRE LA SUSPENSIÓN. Improcedencia de la medida suspensional peticionada. A efecto de proveer lo conducente en este apartado, es menester precisar que conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal, 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, en el análisis de la suspensión deben distinguirse diversos temas de estudio escalonado como son: Los requisitos de su procedencia que, en su conjunto, tendrán como resultado determinar si la medida cautelar debe o no concederse; Los efectos de dicha medida, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o abstenerse de realizar; Las medidas o garantías que, en su caso, se pidan al quejoso para que los efectos de la suspensión continúen; y, Las previsiones que el Juzgador tome para que no se abuse de los efectos de la suspensión. Respecto al primer tema, fuera de los casos en que proceda de oficio o de las regulaciones especiales, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos de procedencia en el orden que se señalan: La petición de parte; La existencia de los actos reclamados. La naturaleza de los actos reclamados. La afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión de los actos reclamados; y. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público en los términos desarrollados por el Más Alto Tribunal. Orienta a lo anterior, la tesis emitida por el Tercero Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, XXVII.3o.J/2., de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013". Ahora, en cuanto al primero de los citados requisitos, se encuentra satisfecho porque existe petición expresa de la parte incidentista, pues solicitó la suspensión del acto reclamado. Por lo que se refiere al segundo, consistente en que haya certidumbre sobre la existencia de los actos reclamados cuya suspensión se solicita; debe tenerse por satisfecho, en atención a las manifestaciones expuestas por la parte incidentista, bajo protesta de decir verdad y con la aceptación que de ellos hicieron las autoridades responsables al rendir sus informes previos, de modo que hasta esta etapa procesal se tiene la certeza de la existencia de los actos reclamados. En relación con el tercero, respecto a que los actos reclamados sean susceptibles de ser suspendidos conforme a su naturaleza, se encuentra colmado. En cuanto hace al cuarto, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, NO PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINTIVA, pues con su otorgamiento, se estima, se seguiría en perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, al impedirse al pago de alimentos. En relación a lo anterior el artículo 129, fracción IX de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando de concederse la suspensión: IX. Se impida el pago de alimentos; En el caso, de conceder la medida suspensional de los actos reclamados, se atentaría contra las disposiciones del derecho de familia que tienen la categoría de orden público, como son las que regulan las obligaciones y derechos que se derivan del parentesco, como acontece en la controversia que se plantea a este órgano jurisdiccional, por las razones siguientes: En efecto, el quejoso pretende paralizar una determinación en la cual se ordenó el pago de alimentos provisionales, en favor de su cónyuge MARÍA ESTELA ÁLVAREZ MENDOZA, aquí tercera interesada. En efecto, el acto reclamado emana de una controversia de orden familiar, toda vez que, dentro del juicio ordinario oral familiar 421/2022 sobre divorcio sin expresión de causa, se decretaron medidas cautelares en favor de la aquí tercera interesada consistente en la fijación de pago por concepto de alimentos de manera provisional y de conceder la suspensión se produciría perjuicio al interés social, al impedir el pago de alimentos a quien acreditó contar ese derecho en el juicio. De modo que, atendiendo a la naturaleza del orden público e interés social de la institución de los alimentos en la cual la sociedad está interesada en que se satisfagan, deviene improcedente la suspensión de los actos reclamados, puesto que de ser así se causarían daños y perjuicios de difícil reparación a la acreedora. En suma de lo expuesto, es improcedente conceder la suspensión respecto de los efectos o consecuencias de los referidos actos reclamados, pues, en la especie, no se satisface la condición a que se contrae el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece que la suspensión se decretará cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Además, la negativa de la medida cautelar solicitada, no debe considerarse que su consumación traiga como resultado que sus efectos se tornen de imposible reparación, pues de concederse el amparo al resolver el juicio en lo principal, se restituiría a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales que le hayan sido violados; por tanto, lo que procede es NEGAR LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: ÚNICO. Se NIEGA la suspensión definitiva a AURELIANO PEÑA ESPARZA, en los términos del considerando quinto de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente la licenciada Albina Alvarado Santos, secretaria encargada del despacho del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/3388/2022, de once de julio de dos mil veintidós, para actuar en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; de conformidad con el artículo 3°, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo, dando fe, bajo la misma forma de suscripción, la secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza."

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