Assurim Nimrod Sánchez Valenzuela

Expediente 1474/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 9 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1474/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
09/02/2023

Partes del expediente

  • Assurim Nimrod Sánchez Valenzuela

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    El nueve de febrero de dos mil veintitrés, el secretario de juzgado, certifico que: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé el artículo 3, fracción XVIII del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito del veintisiete de diciembre de dos mil veintidós al nueve de enero del año en curso. No ha lugar a computar el plazo a la autoridad responsable, pues carece de legitimación para interponer recurso de revisión contra la referida sentencia, acorde con el párrafo segundo del artículo 87 de la ley citada. No existen constancias por devolver a la autoridad responsable. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, nueve de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia en la que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en tal virtud, con apoyo en lo previsto por los numerales 86 de la Ley de la Materia, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En el caso resulta innecesario requerir a la junta responsable para que otorgue cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que con el oficio recibido en este juzgado el diecisiete de enero del presente año, informó sobre el cumplimiento dado al indicado fallo; por tanto, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el oficio de que se trata y anexo; para que dentro del término de tres días hábiles legalmente computados manifiesten lo que en su derecho corresponda, apercibidos que de no hacer manifestación alguna, de oficio, este órgano jurisdiccional resolverá sobre el referido cumplimiento, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Bere En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del diez de febrero de dos mil veintitrés, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.

  2. Principal

    ... Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos la promoción de cuenta remitida por los integrantes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado, con sede en esta ciudad, por medio de la cual manifiesta dar cumplimiento a la sentencia dictada en el presente sumario. Sin embargo, del estado que guardan los autos se advierte que se encuentra transcurriendo el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, a efecto de que las partes se encuentren en aptitud de interponer recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; por tanto, resérvese acordar lo conducente en cuanto a su contenido, hasta en tanto transcurra el término previsto en ese numeral. Notifíquese. ...

  3. Principal

    ... A lo que el Juez provee: con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse admitida las documentales ofrecidas por la autoridad responsable, la cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver. En el periodo de alegatos, el Secretario hace constar que ninguna de las partes los hizo valer. A lo que el Juez dispone: téngase por perdido el derecho de las partes para formularlos. Consecuentemente, sin diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente acta en términos del mencionado numeral 124 de la ley de la materia, y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1474/2022, promovido por Juan Pedro Durán Hernández, apoderado de Assurim Nimrod Sánchez Valenzuela; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. En escrito presentado el quince de noviembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Zacatecas, Juan Pedro Durán Hernández, apoderado de Assurim Nimrod Sánchez Valenzuela, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que más adelante se precisan. SEGUNDO. Admisión y trámite. Por razón de turno, dicha demanda fue del conocimiento de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado; en auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, se registró con el número 1474/2022 y se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe justificado; se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este tribunal federal, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se lleva a cabo al tenor de la presente acta; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Ello en razón a que se reclama un acto de naturaleza omisiva, carente de ejecución material, por lo que se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Precisión de los actos. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado al Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, que constituye el objeto de la litis efectivamente planteada en este juicio de derechos fundamentales, consiste en: La omisión de resolver el incidente de nulidad de notificaciones dentro del expediente 12/IV/2020. TERCERO. Existencia del acto. El Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, rindió informe justificado aceptando la existencia del acto atribuido. CUARTO. Procedencia del juicio. Previo al análisis de la litis constitucional, debe examinarse la procedencia del juicio de amparo, ya que constituye una cuestión de orden público en términos de la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo; máxime porque al actualizarse alguna causal de inejercitabilidad de la acción, se obstaculizaría el examen de los actos reclamados a la luz de los conceptos de violación propuestos. En esas condiciones, de oficio no se advierte la actualización de causal de improcedencia alguna y las partes tampoco hacen valer alguna en particular, por lo que se procede a analizar la inconstitucionalidad planteada por la parte quejosa, en su demanda de amparo. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del asunto, se narrarán los antecedentes del acto reclamado: 1. Mediante escrito presentado el ocho de enero de dos mil veinte, ante el Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, Assurim Nimrod Sánchez Valenzuela, por propio derecho, demandó al Grupo Constructor y Laboratorio AG, Sociedad de responsabilidad Limitada Capital Variable, las prestaciones derivadas de la relación laboral. 2. Por auto de veintisiete de enero de dos mil veinte de dos mil veintidós, la autoridad responsable radicó la demanda con el número de expediente 12/IV/2020, ordenó emplazar a la parte demandada y señaló fecha para la audiencia de demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas. 3. El doce de noviembre de dos mil veintiuno, dio inicio a la celebración de la audiencia. 4. El seis de diciembre la parte demanda Grupo Constructor y Laboratorio AG, Sociedad de responsabilidad Limitada Capital Variable, promueve incidente de nulidad de notificaciones y del cual el trece de enero de dos mil veintidós se desahogó la audiencia incidental reservándose el dictado de la resolución respectiva. SEXTO. Reproducción innecesaria de conceptos de violación. No se transcribirán los conceptos de violación vertidos, ya que para mayor claridad de la sentencia éstos se sintetizarán al realizarse el estudio de fondo del asunto y se emitirá una respuesta puntual sobre lo planteado, en atención a los principios de congruencia y exhaustividad. Sirve de criterio orientador, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SÉPTIMO. Análisis constitucional del acto reclamado. Los conceptos de violación ameritan el análisis siguiente; El quejoso argumenta, en esencia, que la omisión de dictar laudo trasgrede el artículo 17 constitucional. El motivo de inconformidad anterior resulta substancialmente fundado, conforme a lo siguiente: La administración de justicia, como derecho fundamental protegido por el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, comprende cuatro aspectos: 1. Justicia pronta. Consiste en que las autoridades encargadas de su impartición deben resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes correspondientes. Lo anterior, se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. 2. Justicia completa. Se integra con la obligación de la autoridad que conoce del asunto de resolverlo de manera plena, es decir, considerando todos los puntos debatidos cuyo estudio sea necesario. 3. Justicia imparcial. Consiste en que los órganos jurisdiccionales deben de resolver las controversias que ante ellos se planteen sobre bases razonables, es decir, sin que arbitrariamente se favorezca a una parte sobre la otra. 4. Justicia gratuita. Establece que por la administración de justicia los órganos jurisdiccionales y sus integrantes se encuentran impedidos para cobrar contraprestación alguna por ello. Es sustento de lo considerado, la jurisprudencia 2a. L/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Novena Época, mayo de dos mil dos, página doscientos noventa y nueve, que dice: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." De lo expuesto, resulta relevante el aspecto relativo a la administración de justicia de manera pronta. Sobre ese tópico, en lo conducente, el artículo 17 constitucional dispone: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". Del texto constitucional transcrito se advierte que la prontitud en la administración de justicia consiste en que las autoridades jurisdiccionales tramiten y resuelvan las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes. En consecuencia, este derecho comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. En ese contexto, en los juicios laborales, el retraso u omisión en la realización de los actos previos indefectiblemente ocasiona que los subsecuentes ya no se efectúen con puntualidad, afectando el desarrollo normal y oportuno del juicio, es decir, ocurre un desfase en el procedimiento que ocasiona que la dilación subsista con independencia de que ya se hayan realizado aquéllos. Es ilustrativa de lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 44/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 373: "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS. El juicio ordinario laboral se conforma por etapas y actos concatenados entre sí, desarrollados en forma lógica y sistematizada, para obtener generalmente un laudo, los cuales deben realizarse dentro de los plazos y términos previstos en la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, debido a la conexión de esas etapas y actos, el retraso u omisión en la realización de los actos previos, indefectiblemente ocasiona que los subsecuentes ya no se efectúen con puntualidad, afectando el desarrollo normal y oportuno del juicio. De esta manera, si en el amparo se reclama la dilación u omisión en el trámite de un juicio laboral y durante la sustanciación de aquél, la autoridad responsable no agota cabalmente el procedimiento ni dicta laudo, sino que esa condición de retraso u omisión persiste también respecto de los actos subsecuentes a los reclamados y se proyecta a etapas ulteriores del proceso, no se actualizan las causales de improcedencia del juicio previstas en las fracciones V, X, XVI y XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque el quejoso conserva su interés jurídico para solicitar la tramitación expedita del juicio, cuya demora afecta directamente su esfera de derechos; no opera un cambio de situación jurídica que tenga por consumadas irreparablemente las violaciones, porque sigue existiendo el estado de las cosas prevaleciente al momento de pedir el amparo, consistente en la falta de prontitud en la tramitación y resolución del juicio; no cesan los efectos de las dilaciones y omisiones reclamadas ni éstos quedan destruidos como si se hubiera otorgado la protección constitucional, sino que perduran hasta en tanto el juicio laboral continúe y concluya. Las dilaciones u omisiones subsecuentes a las reclamadas no son actos futuros de realización incierta, sino inminentes, porque al producirse momento a momento, una vez sobrevenida la tardanza u omisión en la tramitación del juicio, es ineludible que ya no se desarrollará con prontitud. Además, la autoridad responsable no queda indefensa, porque las infracciones subsecuentes, además de que compartirían la misma naturaleza que las reclamadas, al tratarse de dilaciones u omisiones en la tramitación y resolución oportuna de la controversia, se generarían en el mismo expediente laboral, respecto del cual se promovió el juicio de garantías, del que ya tuvo noticia y manifestó lo conducente al rendir su informe con justificación y este conocimiento de los hechos, inclusive, le permitirá actuar con celeridad para no incurrir en mayores dilaciones". Por tanto, en el juicio de amparo es posible analizar las dilaciones acontecidas en los actos subsecuentes al reclamado. Lo anterior con la precisión de que, en su caso, la concesión de amparo debe delimitarse en función del acto reclamado y de la etapa procesal en la que se determinó la existencia de la dilación. Tiene aplicación la tesis 2a.CV/2013 (10ª.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en el Libro1, tomo I, Décima Época, diciembre de dos mil trece, página setecientos treinta y dos, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". En consecuencia, la reparación de la dilación que se determine en los juicios laborales no puede exceder de la etapa procesal involucrada en el acto reclamado, es decir, la concesión no podría extenderse a fases subsecuentes del proceso. Ahora, con relación al incidente en el procedimiento laboral los artículos 761, 762 y 763 de la Ley Federal de Trabajo, establecen lo siguiente: "Artículo 761.- Los incidentes se tramitarán dentro del expediente principal donde se promueve, salvo los casos previstos en esta Ley. 762.- Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las siguientes cuestiones. I. Nulidad; II. Competencia; III. Personalidad; IV. Acumulación; y V. Excusas. Artículo 763. Cuando en una audiencia o diligencia se promueva incidente de falta de personalidad, se sustanciará de inmediato oyendo a las partes y se resolverá, continuándose el procedimiento. En los demás casos a que se refiere el artículo anterior, se señalará día y hora para la celebración de la audiencia incidental, que se realizará dentro de las veinticuatro horas siguientes, en la que las partes podrán ofrecer y desahogar pruebas documentales e instrumentales para que de inmediato se resuelva el incidente, continuándose el procedimiento. Lo establecido en los párrafos anteriores no aplica en lo que se refiere al juicio individual ordinario previsto en el capítulo XVII del presente Título. Al promoverse un incidente, se señalarán los motivos de este y acompañarse las pruebas en que lo funde; de no cumplir con dichos requisitos, el tribunal lo desechará de plano. Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial en esta Ley se resolverán de plano oyendo a las partes." De cuyo contenido con los artículos transcritos se advierte que al promoverse un incidente de nulidad se señalará día y hora para la celebración de la audiencia incidental, que se realizará dentro de las veinticuatro horas siguientes, en la que las partes podrán ofrecer y desahogar pruebas documentales e instrumentales para que de inmediato se resuelva el incidente, continuándose el procedimiento. De este modo si en el juicio laboral 12/IV/2020, se promovió el incidente de nulidad de notificación por la demanda Assurim Nimrod Sánchez Valenzuela y de cual el trece de enero de dos mil veintidós, se desahogó la audiencia respectiva, sin que la misma ni hasta la fecha de estas resoluciones dictara la interlocutoria. Actitud omisión de la responsable con la que se dilatado el procedimiento y con ello se trasgrede el derecho fundamental de administración de justicia contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal. Lo anterior, trae como consecuencia el desfasamiento del procedimiento natural, retardándose, por consecuencia, la conclusión del juicio, ya que se demoró injustificadamente la emisión de resolver el incidente de nulidad de notificaciones. En suma, al ser patente el retardo en la etapa procesal de resolución del procedimiento de origen; es inconcuso que de suyo retardo la administración de justicia en perjuicio del quejoso y ante lo cual resulta procedente otorgar la protección de la Justicia Federal solicitada. OCTAVO. Efectos del amparo: En conclusión de lo hasta aquí expuesto y en acatamiento a las disposiciones contenidas en los artículos 74, fracción V, y 77, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se determinan con precisión los efectos de la concesión de amparo, especificando las medidas que la responsable debe adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En esa tesitura, se concede la protección de la Justicia de la Unión solicitada para los efectos de que la junta responsable: De inmediato dicte la resolución del Incidente de nulidad notificación que corresponda dentro del expediente 12/IV/2020 y ordene la notificación a las partes. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Assurim Nimrod Sánchez Valenzuela, contra la omisión del Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, por los motivos expuestos considerando séptimo y para los efectos precisados en la diversa considerativa ultima de esta resolución. Notifíquese. ...

  4. Principal

    .... Zacatecas, Zacatecas, a ocho de diciembre de dos mil veintidós. Vistos el oficio signado por el Presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse a la citada autoridad, rindiendo su informe justificado, sin perjuicio de relacionarlo al celebrarse la audiencia constitucional, con su contenido dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 119 de la legislación en consulta, téngase como pruebas de las citadas autoridades, las documentales que adjuntan a su informe de ley, con las que se ordena dar vista a las partes, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente y valorarlas en la etapa procesal que corresponda. Finalmente, para facilitar el manejo y estudio de este expediente, se ordena la integración de un tomo con las constancias de referencia, conservando su folio, entre sello y respectiva certificación; por tanto, las mismas no se agregarán al expediente impreso ni a su versión electrónica, lo anterior con fundamento en lo previsto en los artículos 91 y 92 del acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; hágase del conocimiento las partes que las constancias referidas podrán consultarlas en este Juzgado. Notifíquese. ...

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