Ashley Martínez Ortega
Expediente 339/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 15 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 339/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 03/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Ashley Martínez Ortega
- Héctor Octavio Rosales Chávez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
El tres de abril de dos mil diecinueve, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 4466. Conste. Zacatecas, Zacatecas, tres de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta que remite el secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Zacatecas, en funciones de juez de Distrito; en atención a su contenido y como lo solicita remítasele copia certificada de las constancias que precisa en su comunicado. Asimismo, se le hace de su conocimiento que en el presente juicio se celebró la audiencia constitucional el seis de junio de dos mil diecisiete, dictándose la sentencia correspondiente el seis de septiembre de ese mismo año, en la cual se decretó el sobreseimiento, misma que causó ejecutoria el cuatro de octubre siguiente, ordenándose su archivo definitivo por tratarse de un asunto totalmente concluido; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. *Amci
- Principal
El licenciado Juan García Trejo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA QUE: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió para la quejosa del doce al veintisiete de septiembre del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el seis del propio mes y año, dentro del juicio de amparo número 339/2017; Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que sí existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; En el incidente de suspensión relativo al juicio que nos ocupa, se negó la suspensión definitiva solicitada por el amparista; La parte quejosa no exhibió billete de depósito por no haberse fijado garantía alguna. No existe en el incidente de suspensión recurso alguno pendiente de resolver. No existen documentos por devolver a las autoridades responsables. Lo que se hace constar para los efectos legales correspondientes. Zacatecas, Zacatecas, cuatro de octubre de dos mil diecisiete. DOY FE. En la misma fecha, el Secretario da cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, cuatro de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el seis de septiembre del año en curso, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley reglamentaria en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En atención a lo anterior, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN y de igual forma el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, dado que este juzgado considera que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, primera parte, del citado acuerdo General, se declara que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN toda vez que se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, en virtud de que obra agregado documento exhibido por la quejosa; con fundamento en lo dispuesto por el punto décimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se pone a disposición de la quejosa dicho documento por el término de noventa días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que lo recoja, apercibida que de no hacerlo dentro de dicho término, será destruido, al realizarse la depuración de constancias que integran el juicio principal en que se actúa. Notifíquese; personalmente a la quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. Bjm
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: "El licenciado Juan García Trejo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA QUE: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió para la quejosa del doce al veintisiete de septiembre del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el seis del propio mes y año, dentro del juicio de amparo número 339/2017; Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que sí existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; En el incidente de suspensión relativo al juicio que nos ocupa, se negó la suspensión definitiva solicitada por el amparista; La parte quejosa no exhibió billete de depósito por no haberse fijado garantía alguna. No existe en el incidente de suspensión recurso alguno pendiente de resolver. No existen documentos por devolver a las autoridades responsables. Lo que se hace constar para los efectos legales correspondientes. Zacatecas, Zacatecas, cuatro de octubre de dos mil diecisiete. DOY FE. En la misma fecha, el Secretario da cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, cuatro de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el seis de septiembre del año en curso, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley reglamentaria en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En atención a lo anterior, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN y de igual forma el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, dado que este juzgado considera que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, primera parte, del citado acuerdo General, se declara que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN toda vez que se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, en virtud de que obra agregado documento exhibido por la quejosa; con fundamento en lo dispuesto por el punto décimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se pone a disposición de la quejosa dicho documento por el término de noventa días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que lo recoja, apercibida que de no hacerlo dentro de dicho término, será destruido, al realizarse la depuración de constancias que integran el juicio principal en que se actúa. Notifíquese; personalmente a la quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. Bjm"
- Principal
atro de enero de dos mil diecisiete V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 339/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Ashley Martínez Ortega demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos y autoridades que enseguida se describen: Autoridades responsables: Congreso del Estado de Zacatecas. Gobernador del Estado de Zacatecas. Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas. Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas. Oficina Recaudadora de Rentas de Juan Aldama, Zacatecas. Acto reclamado: - La aprobación, expedición, promulgación, orden de publicación y refrendo de los artículos 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 62 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, que prevén, el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos vigente en dos mil diecisiete. - La aplicación de los mencionados numerales, que se traduce en el pago de realizado en el recibo V 8419083 (21 E). Actos que, a su parecer, resultan violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16, 28 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de derechos de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas y, en proveído de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, se previno al quejoso para que manifestara si era su deseo señalar también como autoridad responsable al Jefe de la Oficina de Rentas del Municipio de Juan Aldama, Zacatecas; una vez que se dio cumplimiento a dicha prevención, en auto de seis de abril del actual, se desechó respecto del Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas, y por el resto de las autoridades y actos señalados en el escrito inicial y aclaratorio, se admitió a trámite, por lo que se solicitó el informe justificado; se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en los términos de la acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción I, inciso d, de la Ley de Amparo y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que se reclama una norma general que tiene como ámbito de aplicación el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en los actos siguientes: De la LXII Legislatura del Estado de Zacatecas y del Gobernador del Estado de Zacatecas, respectivamente, la aprobación, expedición, promulgación y orden de publicación de: Los normativos 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 62 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, publicada el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, vigente a partir del uno de enero de dos mil diecisiete, que regulan el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos. Del Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas, y Jefe de la Oficina Recaudadora de Rentas de Juan Aldama, Zacatecas, la aplicación de: Los artículos 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 62 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, que se refieren al pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La LXII Legislatura del Estado de Zacatecas aceptó la aprobación y expedición de la norma general combatida (foja 54). Por su parte, el Gobernador del Estado de Zacatecas aceptó la promulgación y orden de publicación de la ley reclamada (foja 42). Además, la existencia de las disposiciones legales reclamadas se acredita en términos de los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en cuanto disponen que sólo los hechos estarán sujetos a prueba, y los notorios pueden ser invocados de oficio por el propio órgano jurisdiccional, de modo que la existencia del ordenamiento legal reclamado constituye un hecho notorio que no es objeto de prueba. Sustenta lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260, agosto de 2000, tomo XII, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBL ICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". También resulta aplicable a la consideración precedente, la tesis aislada V.2°.214 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página 205, febrero de 1995, tomo XI-I, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas". Por su parte, el Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas y el Jefe de la Oficina Recaudadora de Rentas de Juan Aldama, Zacatecas, fueron omisos en rendir su informe con justificación, a pesar de que fueron requeridos para tal efecto (fojas 37 y 39); por tanto, en términos del cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierta la exacción que se le atribuye a dicha autoridad. Además, al estar involucrado el cobro de un impuesto (sobre tenencia o uso de vehículos) resulta indudable la participación del secretario y recaudador de rentas responsables en la exacción combatida, al no tratarse de la autoliquidación de un tributo, pues es el Estado quien calcula, cuantifica y determina el importe a pagar, ya que no existe la posibilidad de erogar una cantidad diversa y, mientras no se pague, no se presta el servicio. Sustenta lo anterior, por las razones que informa, la tesis IX.1o.2 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable a página 1701, Libro XX, mayo de 2013, tomo 3, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "AMPARO CONTRA LEYES. LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS ENCARGADAS DE DETERMINAR Y COBRAR LOS DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE PLANEACIÓN QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, AL TENER EL CARÁCTER DE EJECUTORAS DE LA LEY RECLAMADA DEBEN SER LLAMADAS A JUICIO. El artículo 11 de la Ley de Amparo establece que son autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, entre otras, aquellas que ejecutan la ley reclamada. En ese supuesto se encuentran las autoridades administrativas que determinan y cobran los derechos por los servicios de planeación previstos en el artículo 13, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Luis Potosí, para el ejercicio fiscal 2012, toda vez que son ellas quienes ejecutan dicha norma cuando fijan el monto a pagar por el servicio, pues a diferencia de lo que sucede con el pago de impuestos, cuya recepción no es un acto imputable a las autoridades receptoras del tributo, tratándose del cobro de derechos no existe autodeterminación o autoliquidación alguna por parte de la persona que solicita el servicio, pues es el Estado quien calcula, cuantifica y determina el importe a pagar, y mientras no se pague, no presta el servicio. Por ese motivo, es necesario llamarlas a juicio con el carácter de autoridades responsables ejecutoras, sin que sea obstáculo a lo anterior, que no se reclame el acto de aplicación por vicios propios, ya que la razón por la que debe emplazárseles obedece a que su participación en el procedimiento puede ser relevante, al estar en aptitud de hacer valer motivos que impliquen la actualización de alguna causa de improcedencia." CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. El estudio de la procedencia del juicio es una cuestión de orden público y preferente a la materia de fondo de la litis constitucional, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En principio, debe señalarse, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el juzgador de garantías debe analizar, en primer término, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada. Tiene apoyo a tal precisión, la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos treinta y cinco, del tomo XII, agosto de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada". En el caso, la suscrita resolutora advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XII del artículo 61, en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la mencionada Ley de Amparo vigente, del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia ". Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; ..." Lo anterior es así, toda vez que de los artículos 107, fracción I, constitucional y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se obtiene que el juicio es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, estableciéndose que tiene tal carácter, aquel que aduce ser titular de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la propia ley y con ello se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica, ya sea de manera directa o con motivo de su especial situación frente al orden jurídico, sin que pueda, en ningún caso, invocarse el interés simple como legítimo; así, el precepto constitucional invocado establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos constitucionales y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o con motivo de su especial situación frente al ordenamiento jurídico. En efecto, esa norma constitucional dispone como presupuesto procesal de la acción, que la parte actora sea titular de un derecho o interés jurídico, o bien, un interés legítimo; ese interés legítimo se vincula con la exigencia de alegar una violación a un derecho humano y resentir una afectación en su esfera jurídica, por la especial situación que el quejoso ocupa frente al ordenamiento jurídico. Ahora bien, el peticionario del amparo reclama de las autoridades responsables, LXII Legislatura del Estado de Zacatecas y Gobernador del Estado de Zacatecas, respectivamente, la aprobación, expedición, promulgación y orden de publicación de los artículos 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 62 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, publicada el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, vigente a partir del uno de enero de dos mil diecisiete, que regulan el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos. Asimismo, del Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas, y Jefe de la Oficina Recaudadora de Rentas dependiente de dicha secretaría, residente en Juan Aldama, Zacatecas la aplicación de los normativos 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 62 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, publicada el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, vigente a partir del uno de enero de dos mil diecisiete, que regulan el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos. Además, como acto concreto de aplicación de los mencionados preceptos, el quejoso, en el capítulo de antecedentes, señala que lo constituyó el pago que realizó el ocho de marzo del año en curso, por la cantidad de nueve mil trescientos noventa y dos pesos, por concepto del mencionado impuesto y otros que se especifican en el recibo que acompaña a su demanda. Razón por la cual, la causal de improcedencia que ahora se invoca, será analizada en relación con el acto de aplicación de los mencionados numerales. Bajo ese contexto, con el propósito de establecer la naturaleza de la norma combatida, conviene destacar el contenido de los artículos 1 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo vigente: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; Conforme a los preceptos transcritos, el juicio de amparo indirecto, procede contra leyes federales y locales, tratados internacionales y reglamentos expedidos por el Presidente de la República con fundamento en la fracción I del artículo 89 constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los Gobernadores de los Estados, que por su sola entrada en vigor, o con motivo del primer acto de aplicación, causen perjuicio personal y directo contra el gobernado. Para determinar sobre la procedencia del juicio de garantías, contra leyes que se estimen inconstitucionales, debe distinguirse entre normas legales que con su sola vigencia causen un agravio personal y directo a los particulares, de aquéllas que requieren de un acto concreto de aplicación para que afecten la esfera jurídica de los gobernados. Sobre el particular, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó el criterio visible en las páginas novecientos sesenta y cinco y novecientos sesenta y seis, primera parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete, mil novecientos noventa y ocho, que precisa: "LEYES AUTOAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. El elemento primordial que caracteriza a una ley autoaplicativa lo es el de que sus disposiciones resultan obligatorias desde el momento mismo en que entran en vigor, o sea, que desde ese preciso instante obligan al particular cuya situación jurídica prevén, a hacer o dejar de hacer, sin que sea necesario acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad y, por lo tanto, es evidente que cuando no se da dicho elemento esencial no se está en presencia de una ley de esa naturaleza, sino que en ese caso debe concluirse que se trata de una ley heteroaplicativa, que, por lo mismo, únicamente puede reclamarse a través del juicio de amparo hasta que se realice el acto de autoridad que vincula al particular al cumplimiento de la norma. La Ley de Amparo distingue, en su artículo 73, fracción V (sic), entre las leyes que por su sola expedición entrañan violación de garantías y aquéllas que para realizar las violaciones requieren, además de la expedición, un acto posterior de autoridad; por tanto, esta distinción no se basa en que al momento de expedirse la norma existan individuos colocados en su hipótesis, sino en la manera como se ejecuta el mandamiento; si para realizar éste debe intervenir la autoridad, la ley no es autoaplicativa ni se le puede combatir en amparo por su sola expedición; si, en cambio, basta el imperativo de la norma para que el particular no pueda dejar de cumplirla, y, por lo mismo, la actividad de los órganos del Estado es meramente pasiva ante la realización del mandato de observancia general, se está frente a disposiciones que por su sola expedición pueden atacarse en el juicio constitucional de garantías, si se les estima anticonstitucionales y se pretende no sufrir su aplicación. Para que proceda la acción de garantías, es necesario que, desde la iniciación de la vigencia de la ley combatida, el particular se encuentre en la situación prevista por la norma y que no se exija, para que esté obligado a hacer o dejar de hacer, ningún acto ulterior de autoridad. Para determinar si una ley es o no autoaplicativa, no hay que atender solamente a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino a los términos concretos del mandato legal, pues basta con que se ordene a los particulares de que se trate un hacer o un no hacer, y que no se supedite su ejecución a la conducta que deba llevar a cabo una autoridad para que tenga aquel carácter". Esta doble distinción de ordenamientos legales que la doctrina y la jurisprudencia han denominado, leyes autoaplicativas y heteroaplicativas, parte del supuesto formal de la obligatoriedad de la norma legal en relación con los gobernados, pues si una norma no produce por sí sola perjuicio, en su contra es improcedente el ejercicio de la acción de amparo, por la ausencia del perjuicio o daño individual, concreto y directo. En relación con la existencia del agravio personal y directo de las leyes, para determinar sobre la procedencia del juicio constitucional en su contra, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia sustentó el criterio contenido en la jurisprudencia 55/97, visible en la página ciento veintitrés, del Tomo III, correspondiente a abril de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento". De manera que la ley tiene el carácter de autoaplicativa, cuando por su sola expedición es de observancia obligatoria y causa un perjuicio real que afecta la esfera jurídica del gobernado, sin que sea necesario un acto posterior de autoridad o personal para que el gobernado se encuentre en la situación prevista en la norma que por su sola vigencia lo obliga. Lo anterior, de conformidad además con el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia ciento ochenta y siete, visible en la página ciento ochenta y cinco, Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete, mil novecientos noventa y cinco, del contenido siguiente: "LEY AUTOAPLICATIVA. Para considerar una ley como autoaplicativa deben reunirse las siguientes condiciones: a) que desde que las disposiciones de la ley entren en vigor, obliguen al particular, cuya situación jurídica prevé, a hacer o dejar de hacer, y b) que no sea necesario un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad". Por exclusión, la ley tiene el carácter de heteroaplicativa cuando el solo inicio de su vigencia, no coloca al gobernado en la situación prevista por la norma, sino que exige un acto posterior de aplicación ya sea de la autoridad o particular, para que se genere la afectación a la esfera jurídica del destinatario. Sentado lo anterior, se estima necesario transcribir los artículos 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 62 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, publicada el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, que disponen: "CAPÍTULO CUARTO Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos DEL OBJETO ARTÍCULO 53. Es objeto del Impuesto a que se refiere este capítulo, la tenencia o uso de vehículos aéreos, terrestres y marítimos o fluviales que se efectúe en el Territorio del Estado. Para efectos de este impuesto se entiende por vehículos, los terrestres y marítimos o fluviales, entre otros, los automóviles, ómnibus, vehículos pick up, camiones, minibuses, microbuses, autobuses integrales, tractores no agrícolas tipo quinta rueda, motocicletas, bicimotos, cuatrimotos, motonetas y triciclos automotores, embarcaciones, veleros, esquís acuáticos motorizados, motocicletas acuáticas, tablas de oleaje con motor, vehículos con motor de combustión interna o con motor accionado por hidrógeno, eléctricos, mixtos o híbridos y automóviles blindados. Así mismo, para efectos de este impuesto, se considera que la tenencia o uso de los vehículos señalados en el párrafo anterior se efectúan dentro de la circunscripción territorial del Estado, en los siguientes casos: a) Cuando se inscriba en el Registro Vehicular del Estado; b) Cuando el domicilio fiscal en materia federal del tenedor o usuario del vehículo se localice en el Estado; o c) En su defecto, cuando el domicilio del contribuyente se encuentre en el Estado. Para los efectos de esta Ley se presume que el propietario es el tenedor o usuario del vehículo. DEL SUJETO ARTÍCULO 54. Están obligados al pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, las personas físicas y morales, así como las unidades económicas tenedoras o usuarias de los vehículos a que se refiere el artículo anterior. Para los efectos de este impuesto, la Federación, la Ciudad de México, los Estados, los Municipios, los Organismos Descentralizados o cualquier otra persona física, moral o unidades económicas, deberán pagar el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos que se establece en este Capítulo, con las excepciones que en el mismo se señalan, aun cuando de conformidad con otras leyes o decretos no estén obligados a pagar contribuciones federales o estatales, o estén exentos de ellos. ARTÍCULO 55. Para efectos de este Capítulo, se considera por: I. Vehículo nuevo: a) El que se enajena por primera vez al consumidor por el fabricante, ensamblador, distribuidor o comerciante en el ramo de vehículos; y b) El importado definitivamente al país que corresponda al año modelo posterior al de aplicación de este capítulo, al año modelo en que se efectúe la importación, o a los nueve años modelos inmediatos anteriores al año de la importación definitiva; II. Valor total del vehículo: el precio de enajenación del fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado, importador, empresas comerciales con registro ante la Autoridad competente como empresa para importar autos usados o comerciante en el ramo de vehículos, según sea el caso, al consumidor, incluyendo el equipo que provenga de fábrica o el que el enajenante le adicione a solicitud del consumidor, incluyendo las contribuciones que se deban pagar con motivo de la importación, a excepción del impuesto al valor agregado; III. En el valor total del vehículo a que hace referencia el párrafo anterior, no se incluirán los intereses derivados de créditos otorgados para la adquisición del mismo; IV. Marca: las denominaciones y distintivos que los fabricantes de automóviles y camiones dan a sus vehículos para diferenciarlos de los demás; V. Año Modelo: el año modelo de fabricación o ejercicio automotriz, comprendido por el periodo entre el primero de octubre del año anterior al 30 de septiembre del año que transcurre; VI. Modelo: Todas aquellas versiones de la carrocería básica con dos, tres, cuatro o cinco puertas que se deriven de una misma línea. Por carrocería básica se entenderá, el conjunto de piezas metálicas, o de plástico que configuran externamente a un vehículo y de las que derivan los diversos modelos; VII. Versión: Cada una de las distintas presentaciones comerciales que tiene un modelo; VIII. Línea: a) Automóviles con motor de gasolina o gas hasta de 4 cilindros. b) Automóviles con motor de gasolina o gas de 6 u 8 cilindros. c) Automóviles con motor de diésel. d) Camiones con motor de gasolina, gas o diésel. e) Tractores no agrícolas tipo quinta rueda. f) Autobuses integrales. g) Automóviles eléctricos e híbridos. h) Automóviles con motor de uso de biocombustibles. Para efectos de este Capítulo se entenderá como automóvil híbrido, aquellos automóviles eléctricos, que además cuenten con motor de combustión interna. IX. Comerciantes en el ramo de vehículos: A las personas físicas y morales, así como las unidades económicas cuya actividad sea la importación y venta de vehículos nuevos o usados; X. Vehículo: A los automóviles como ómnibus, camiones y tractores no agrícolas tipo quinta rueda, las aeronaves, embarcaciones, veleros, esquís acuáticos motorizados, motocicletas acuáticas, tabla de oleaje con motor, automóviles eléctricos, automóviles híbridos y motocicletas; XI. Índice Nacional de Precios al Consumidor, que aplicará para efectos de este impuesto, el publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en los términos de los artículos 20 segundo párrafo y 20 Bis del Código Fiscal de la Federación; y XII. Factores de actualización, los que determine la Secretaría de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables. DEL CÁLCULO, BASE, TASA, TABLA O TARIFA ARTÍCULO 56. En el caso de vehículos nuevos el impuesto se calculará conforme a lo siguiente: I. Tratándose de aeronaves nuevas, el impuesto será la cantidad que resulte de multiplicar el peso máximo, incluyendo la carga de la aeronave expresada en toneladas, por la cantidad de $7,313.00, para aeronaves de pistón, turbohélice y helicópteros, y por la cantidad de $7,877.00, para aeronaves de reacción; II. Para los vehículos destinados al transporte de hasta 15 pasajeros y automóviles blindados, así como los vehículos de carga de los denominados pick up, el impuesto se determinará aplicando al valor total del vehículo la siguiente: [N. DE E. VÉASE TABLA EN EL SUPLEMENTO DEL P.O. DE 31 DE DICIEMBRE DE 2016, PÁGINA 84.] III. Tratándose de vehículos nuevos destinados al transporte de más de quince pasajeros o de carga cuyo peso bruto vehicular sea de 1.5 toneladas o más, el impuesto se calculará multiplicando la cantidad que resulte de aplicar el 0.50% al valor total del automóvil. Para los efectos de esta fracción, peso bruto vehicular es el peso del vehículo totalmente equipado incluyendo chasis, cabina, carrocería, unidad de arrastre con el equipo y carga útil transportable; IV. Tratándose de vehículos marítimos o fluviales con motor nuevo, entre otros embarcaciones, veleros, esquís acuáticos motorizados, motocicletas acuáticas y tablas de oleaje con motor, el impuesto será la cantidad que resulte de aplicar al valor total de (sic) vehículo de que se trate el 1.5%; V. En la enajenación o importación de vehículos nuevos de año modelo posterior al de aplicación de este capítulo, se pagará el impuesto correspondiente al año de calendario correspondiente en el que se enajene o importe, según corresponda. El impuesto para dichos vehículos se determinará en el siguiente año de calendario de acuerdo con el procedimiento que corresponda al tipo de vehículo de que se trate, bajo el criterio de vehículo nuevo; VI. Tratándose de motocicletas nuevas o usadas, el impuesto se calculará aplicando al valor total de la motocicleta, la siguiente tarifa: [N. DE E. VÉASE TABLA EN EL SUPLEMENTO DEL P.O. DE 31 DE DICIEMBRE DE 2016, PÁGINA 85.] Las cantidades establecidas en las tarifas contenidas en este artículo, se actualizarán en el mes de enero de cada año, aplicando el factor que se obtenga de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre del año inmediato anterior a aquél en que se va aplicar la tarifa, entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de dos años inmediatos anteriores al año de aplicación. El Índice Nacional de Precios al consumidor que se aplicará para los efectos del párrafo anterior es el publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en los términos de los artículos 7, 8 y 9 del Código. ARTÍCULO 57. Para la aplicación de este impuesto se entiende por vehículos destinados al transporte de más de 15 pasajeros o para el transporte de efectos, los camiones diferentes a los denominados pick up, sin importar el peso bruto vehicular, tractores no agrícolas tipo quinta rueda, así como minibuses, microbuses y autobuses integrales, cualquiera que sea su tipo y peso bruto vehicular. DE LOS VEHÍCULOS USADOS ARTÍCULO 58. Tratándose de vehículos de fabricación nacional o importada de hasta nueve años de antigüedad, el impuesto se determinará conforme a lo siguiente: I. Tratándose de vehículos usados de fabricación nacional o importados, a que se refieren las fracciones I, III, IV y V del artículo 56 de esta Ley, el impuesto será el que resulte de multiplicar el importe del impuesto causado en el ejercicio fiscal inmediato anterior por el factor que corresponda conforme a los años de antigüedad del vehículo, de acuerdo con la siguiente: TABLA Años de antigüedad Factor 1 0.900 2 0.889 3 0.875 4 0.857 5 0.833 6 0.800 7 0.750 8 0.667 9 0.500 El resultado obtenido conforme al párrafo anterior, se actualizará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56 de esta Ley; II. Tratándose de vehículos de fabricación nacional o importados, de hasta nueve años modelo (sic) anteriores al de este Capítulo, destinados al transporte de hasta quince pasajeros y automóviles blindados, así como los vehículos de carga de los denominados pick up, el impuesto será el que resulte de aplicar el procedimiento siguiente: a) El valor total del vehículo se multiplicará por el factor de depreciación, de acuerdo al año modelo del vehículo, de conformidad con la siguiente: TABLA Años de Antigüedad Factor de Depreciación 1 0.850 2 0.725 3 0.600 4 0.500 5 0.400 6 0.300 7 0.225 8 0.150 9 0.075 b) La cantidad obtenida conforme al inciso anterior, se multiplicará por el factor de actualización a que se refiere el artículo 56 de esta Ley, y al resultado se le aplicará la tarifa a que hace referencia la fracción II, del artículo 56, de esta Ley. Para efectos de la depreciación y actualización a que se refiere este artículo, los años de antigüedad se calcularán con base en el número de años transcurridos a partir del año modelo al que corresponda el vehículo. III. Tratándose de embarcaciones, veleros, esquís acuáticos motorizados, motocicletas acuáticas y tablas de oleaje con motor, el impuesto será el que resulte de aplicar el procedimiento siguiente: a) El valor total del vehículo de que se trate se multiplicará por el factor de depreciación de acuerdo al año modelo, de conformidad con la siguiente: TABLA Años de Antigüedad Factor de Depreciación 1 0.9250 2 0.8500 3 0.7875 4 0.7250 5 0.6625 6 0.6000 7 0.5500 8 0.5000 9 0.4500 10 0.4000 11 0.3500 12 0.3000 13 0.2625 14 0.2250 15 0.1875 16 0.1500 17 0.1125 18 0.0750 19 y siguientes 0.0375 b) La cantidad obtenida conforme al inciso anterior, se multiplicará por el factor de actualización a que se refiere el artículo 56 de esta Ley; al resultado se le aplicará la tasa a que hace referencia la fracción IV, del artículo 56 de esta Ley. IV. Tratándose de aeronaves y helicópteros de más de diez años de fabricación anteriores al de aplicación de este Capítulo, el impuesto se pagará conforme a la siguiente: Tipo de Vehículos Importe AERONAVES: Hélice $507.00 Turbohélice $2,804.00 Reacción $4,050.00 HELICÓPTEROS: $624.00 V. Tratándose de motocicletas usadas de fabricación nacional o importadas, el impuesto será el que resulte de aplicar el procedimiento siguiente: El valor total de la motocicleta se multiplicará por el factor de depreciación de acuerdo al año modelo de la motocicleta, de conformidad con la siguiente: Años de Antigüedad Factor 1 0.9 2 0.8 3 0.7 4 0.6 5 0.5 6 0.4 7 0.3 8 0.2 9 0.1 La cantidad obtenida conforme al inciso anterior, se multiplicará por el factor de actualización a que se refiere el artículo 56 de esta Ley; y al resultado se le aplicará la tarifa a que hace referencia la fracción II, del artículo 56 de esta Ley. VI. El factor de actualización a que se refiere este artículo se determinará aplicando el factor que se obtenga de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre del año inmediato anterior a aquél en que se va aplicar la tarifa entre el mes de noviembre inmediato anterior al año de adquisición del vehículo. ARTÍCULO 59. Son solidariamente responsables del pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos establecidos en este Capítulo: I. Quienes por cualquier título adquieran la propiedad, tenencia o uso del vehículo, por el adeudo del impuesto que en su caso existiera, aun cuando se trate de personas que no están obligadas al pago de este impuesto; II. Quienes reciban en consignación o comisión para su enajenación vehículos, por el adeudo del impuesto que en su caso existiera; III. Las autoridades estatales, que autoricen el registro de vehículos, permisos provisionales para circulación en traslado, matrículas, altas, cambios o bajas de placas o efectúen la renovación de los mismos, sin haberse cerciorado que no existan adeudos por este impuesto, correspondiente a los últimos cinco años, salvo en los casos en que el contribuyente acredite que se encuentra liberado de esta obligación. Los contribuyentes comprobarán el pago del impuesto con la forma o recibo oficial original, por medio de la cual lo hayan efectuado; y IV. Las autoridades competentes que expidan los certificados de aeronavegabilidad o de inspección de seguridad a embarcaciones y los certificados de matrícula para las aeronaves, cuando al expedirlos el tenedor o usuario del vehículo no compruebe el pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos a que se refiere este Capítulo, a excepción de los casos en que se encuentre liberado de ese pago. De no comprobarse que se ha cumplido con la obligación de pago, dichas oficinas lo harán del conocimiento de la Secretaría. ARTÍCULO 60. Tratándose de vehículos usados de más de diez años y hasta veinte años de antigüedad al del año modelo de aplicación de este Capítulo; así como todo tipo de remolques, cualquiera que sea su año modelo, el impuesto se pagará de conformidad a los siguientes importes: Tipo de vehículos Importe Vehículos de motor $597.00 Remolques $149.00 Motocicletas y similares $149.00 DEL PAGO ARTÍCULO 61. Los contribuyentes pagarán por año calendario durante los tres primeros meses de cada año, salvo en el caso de vehículos cuya inscripción al Registro Estatal Vehicular se realice por primera vez, supuesto en el que el impuesto deberá calcularse y enterarse en el momento en el cual se realice la inscripción al referido Registro, se solicite permiso provisional para circulación en traslado, o dentro de los quince días siguientes al de enajenación del vehículo; lo que ocurra primero. El impuesto se pagará en los lugares y medios autorizados por la Secretaría y bajo las modalidades que se establecen en el Código. En caso de que no pueda (sic) comprobarse los años de antigüedad del vehículo, el impuesto a que se refiere este capítulo, se pagará como si éste fuese nuevo. Cuando la enajenación o importación de vehículos nuevos se efectúe después del primer mes del año calendario, el impuesto causado por dicho año se pagará en la proporción que resulte de aplicar el factor correspondiente al mes de adquisición de conformidad con la siguiente tabla: Mes de adquisición Factor aplicable al Impuesto Causado Febrero 0.92 Marzo 0.83 Abril 0.75 Mayo 0.67 Junio 0.58 Julio 0.50 Agosto 0.42 Septiembre 0.33 Octubre 0.25 Noviembre 0.17 Diciembre 0.08 Los contribuyentes tendrán derecho a solicitar la devolución de este impuesto, cuando ocurra la pérdida total del vehículo por siniestro. La devolución procederá siempre y cuando la solicitud se efectúe dentro de los 30 días hábiles siguientes de la determinación del siniestro por parte de la autoridad o instancia correspondiente, el impuesto a devolver será la parte proporcional del impuesto del ejercicio pagado correspondiente al período por el cual no se tuvo o usó el vehículo, iniciado a partir del mes en que ocurrió la pérdida total, hasta el último mes que se tenga cubierto el impuesto; pérdida que deberá de comprobarse a las autoridades fiscales. Cuando se determine la pérdida total del vehículo y no se haya efectuado el pago del impuesto, este se cobrará de acuerdo a los porcentajes establecidos en la siguiente tabla: Mes de adquisición Factor aplicable al Impuesto Causado Enero - Febrero 0.08 Marzo 0.17 Abril 0.25 Mayo 0.33 Junio 0.42 Julio 0.50 Agosto 0.58 Septiembre 0.67 Octubre 0.75 Noviembre 0.83 Diciembre 0.92 La cantidad que resulte a pagar se le agregará los accesorios legales por cubrir que en su caso corresponda. Cuando la solicitud se efectúe después de los 15 días hábiles siguientes de la terminación del siniestro por parte de la autoridad o instancia correspondiente, el monto del impuesto a pagar será igual al importe total que corresponda cubrir por el año fiscal. DE LAS OBLIGACIONES ARTÍCULO 62. Los sujetos al pago de este impuesto tendrán las siguientes obligaciones: I. Solicitar ante las autoridades fiscales competentes el Registro Estatal Vehicular que corresponda dentro de los plazos y los lugares señalados para tal efecto; II. Conservar a disposición de las autoridades fiscales, acreditar y exhibir cuando lo soliciten la documentación comprobatoria del pago del impuesto que corresponda; y III. Conservar la documentación comprobatoria relacionada con el objeto de este impuesto durante el plazo a que se refiere el Código". Los preceptos anteriores regulan los elementos esenciales del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, establecido para el año dos mil diecisiete. Los preceptos de mérito constituyen una norma de índole heteroaplicativa, que no causa ningún perjuicio desde su entrada en vigor, esto es, que su solo imperativo, a diferencia de las leyes autoaplicativas, no crea, no transforma o extingue situaciones concretas de derecho, sino que para causarlas requiere de un acto que condicione su aplicación a situaciones jurídicas concretas. Ahora bien, como se destacó, el interés jurídico a que alude el artículo 61, fracción XII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio; es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo tiene como fin asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico o legítimo se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos, pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona. En ese contexto, se afirma que en lo que respecta al acto reclamado consistente en la aplicación de los artículos 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 62 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, publicada el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, vigente a partir del uno de enero de dos mil diecisiete, que regulan el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, se actualiza la causa de improcedencia a que se ha hecho alusión, toda vez que el quejoso no acredita el acto de aplicación de dicha norma, es decir, que realizó algún pago por el mencionado impuesto, mismo que, al igual que la ley en mención, se encuentra vigente a partir del uno de enero del año en curso. Lo anterior es así, pues es cierto que el quejoso exhibió con su demanda, entre otros documentos, el original del número de ticket folio V 8419083 (21 E), por la cantidad total de 9,392.00 (nueve mil trescientos noventa y dos pesos), correspondiente al pago de los conceptos siguientes: CONCEPTO IMPORTE ADICIONAL UAZ $482.00 MOTOCICLETA Y SIMILARES SIN ENTREGAR $ 0.00 TENENCIA MOTOCICLETAS 2015 $3,273.00 REC TENENCIA ESTATAL $695.00 IMPUESTO ADICIONAL PARA LA INFRAESTRUCTU $120.00 CONTROL VEHICULAR MOTOCICLETAS 2017 $360.00 VERIFICACIÓN DE DOC. EN ENTIDADES $400.00 TENENCIA MOTOCICLETAS 2017 $0.00 TENENCIA MOTOCICLETAS 2016 $3,135.00 MOTOCICLETAS $560.00 CRUZ ROJA MEXICANA $15.00 ACT TENENCIA ESTATAL DE MOTOCICLETAS $352.00 TOTAL $9,392.00 Sin embargo, como puede apreciarse de dicha documental, específicamente de la anterior relación, el quejoso no realizó pago alguno por concepto de impuesto sobre tenencia o uso de vehículo, a que se refieren los mencionados numerales, pues los mismos empezaron su vigencia, como ya se precisó, a partir del uno de enero del presente año, y en el documento a que se alude, el único pago por tenencia relativo a este propio año, es el que se asienta con el rubro "TENENCIA MOTOCICLETAS 2017", respecto del cual no hubo cobro alguno, dado que en cuanto al importe se asentó 0.00, por lo cual, la cantidad de nueve mil trescientos noventa y dos pesos que le fue cobrada por la Secretaría de Finanzas del Estado, a través de la Recaudación de Rentas de Juan Aldama, Zacatecas, corresponde a los diversos conceptos que ahí se asientan, pero no al del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos que establecen los artículos que tilda de inconstitucionales, es decir, la de dos mil diecisiete, ya que los diversos impuestos sobre tenencia, que son de los que se cobraron las cantidades más altas que se aprecian en la documental de que se trata, corresponden a los años dos mil quince y dos mil dieciséis, que son posteriores a la vigencia de los artículos cuya aplicación se analiza. Lo anterior, sin que el quejoso hubiera aportado ninguna otra prueba en el presente juicio; y, sin que por otra parte, los diversos impuestos que le fueron cobrados al impetrante del amparo hayan sido materia de los actos reclamados en el presente juicio de derechos fundamentales, como se aprecia de contenido de la demanda que dio origen al mismo. En razón de lo expuesto, ante la falta de certeza sobre la aplicación de las normas cuya constitucionalidad se impugna y, por ende, la falta de demostración de la afectación al interés jurídico de la parte quejosa, se impone concluir que la aludida probanza no constituye elemento probatorio que permita acreditar la aplicación en su perjuicio de lo dispuesto en los artículos 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 62 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, publicada el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, vigente a partir del uno de enero de dos mil diecisiete, ya que para efectos de la procedencia del amparo contra leyes, cuando se controvierte una disposición de observancia general con motivo de su primer acto de aplicación, resulta indispensable que se acredite fehacientemente que la respectiva hipótesis jurídica se concretó expresa o implícitamente en perjuicio del peticionario del amparo, lo que no puede derivar de presunciones o de las afirmaciones contenidas en la demanda de amparo, sino, en todo caso, del contenido del supuesto acto de aplicación. Sirve de apoyo el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito en la tesis visible en la página 413, del Tomo III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. DEBE SER SUSCEPTIBLE DE APRECIARSE OBJETIVAMENTE. En virtud de que el derecho tutela bienes jurídicos reales u objetivos, cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir en sus bienes no afectan real y objetivamente éstos, no puede decirse que exista un agravio, jurídicamente hablando. En tal virtud, si las afectaciones constitutivas de un perjuicio deben ser reales para que se estimen en un juicio de garantías deben ser susceptibles de apreciarse objetivamente. En caso contrario, sería difícil que se configurara la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, porque bastaría con la afirmación en ese sentido para tenerse por acreditado tal extremo de que un acto de autoridad causa molestias en sus derechos." Asimismo, es aplicable el criterio sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis consultable en la Página 1803, Tomo XVII, Enero de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que expone: "INTERÉS JURÍDICO EN SENTIDO AMPLIO. INTERPRETACIÓN BASADA EN EL SIGNIFICADO SEMÁNTICO DE DICHA EXPRESIÓN Y EN EL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 4o. DE LA LEY DE AMPARO. De acuerdo con el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, la legitimación para acudir al juicio de garantías está condicionada por la titularidad de un interés jurídico, concepto que debe analizarse a la luz de su significado semántico y de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo. Así, la palabra "interés", de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se identifica con un provecho, utilidad o ganancia, mientras que lo "jurídico" es todo lo que atañe al derecho o se ajusta a él. Por su parte, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo establecen que para acudir al juicio de amparo se requiere la existencia de un agravio o perjuicio. En este sentido, el interés jurídico, en sentido amplio, debe entenderse como la mera afectación a la esfera jurídica de un gobernado, puesto que ni de la Constitución, ni de la Ley de Amparo, se advierten elementos mayores de interpretación de dicho concepto." Por tanto, al no acreditar el quejoso su interés jurídico para promover amparo, en relación a la Ley de Hacienda del Estado vigente a partir del uno de enero del año en curso, por no demostrar la existencia del acto de aplicación de los multicitados artículos, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 76, 77 y 124 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo número 339/2017, promovido por Ashley Martínez Ortega, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, precisadas en el considerando segundo de este fallo, por los motivos indicados en el diverso cuarto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, secretaria que autoriza, hoy seis de septiembre de dos mil diecisiete, que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
Quedan 11 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes
- Arturo Tiscareño García647/2021
- Arturo Tizcareño Gaytán200/2021
- Arturo Trejo García432/2017
- Arturo Trinidad Echevarría131/2022
- Arturo Zermeño Cazola435/2023
- Ascención Macías Vaquera3958/2014
- Asociación Ganadera Local de Sombrerete281/2015
- Assurim Nimrod Sánchez Valenzuela1474/2022
- Atanacio Castro Varela63/2015
- Athena Katherine Alonso de la Torre217/2021
- Atziry Ibarra Hernández1123/2015
- Aurelia Martínez Torres392/2015