Arturo Trejo García
Expediente 432/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 432/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 30/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Arturo Trejo García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
El treinta de mayo de dos mil diecisiete, la licenciada María Elena Gómez Magaña, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, trascurrió del veintidós al veintiséis de mayo del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de queja contra el auto dictado el doce de mayo de la presente anualidad, en el que por una parte se desechó la demanda promovida por Arturo Trejo García, respecto de los actos reclamados al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad y, por otra, éste órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer de los diversos actos reclamados a la Sala Regional del Centro Norte IV del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, con sede en esta ciudad. Conste. En la misma fecha se da cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, treinta de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de esa propia legislación, contra el auto de doce de mayo del año en curso, en el que por una parte se desechó la demanda promovida por Arturo Trejo García, respecto de los actos reclamados del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad y, por otra, éste órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer de los diversos actos reclamados a la Sala Regional del Centro Norte IV del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, con sede en esta ciudad; luego, toda vez que dicho proveído no fue impugnado por la parte quejosa se declara firme dicha determinación para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, con transcripción del presente auto, remítase el presente sumario al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, a fin de que provea lo que en derecho corresponda respecto a la competencia legal planteada para conocer y resolver el presente juicio, respecto de la sentencia reclamada de la Sala Regional del Centro Norte IV del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, con sede en esta ciudad NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada María Elena Gómez Magaña, Secretaria que autoriza y da fe. Rosy
- Principal
CUENTA. El doce de mayo de dos mil diecisiete, la Secretaria licenciada María Elena Gómez Magaña da cuenta a la secretaria encargada del despacho del juzgado con el escrito registrado con el folio 6299 y cuatro copias que se acompañan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, doce de mayo de dos mil diecisiete. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN. Agréguese los presentes autos para que obre como corresponda el escrito signado por Arturo Trejo García, por el que a fin de dar cumplimiento a las prevenciones formuladas en auto de dos de mayo del año en curso, manifiesta que reclama del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, la ejecutoria de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, dictada en la revisión fiscal 145/2016-5, por lo que revocó la sentencia de quince de junio de dos mil dieciséis, dictada en el juicio de nulidad 658/15-25-01-7, por la Sala Regional del Norte Centro IV del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito La ejecutoria de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, dictada en la revisión fiscal 145/2016-5, por la que se revocó la sentencia dictada en el juicio de nulidad 658/15-23-01-7. De la Sala Regional del Norte Centro IV del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa: La sentencia de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, dictada en el juicio de nulidad 658/15-23-01-7, promovido por Arturo Trejo García, contra Delegación Zacateas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; que se emitió en cumplimiento a la ejecutoria de dieciséis de marzo de la presente anualidad, dictada en la revisión fiscal 145/2016-5. DESECHAMIENTO PARCIAL. En términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha parcialmente la demanda en lo concerniente al acto reclamado del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, al estimarse actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción VI del artículo 61 de la ley reglamentaria en consulta, que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] VI. Contra resoluciones de los tribunales colegiados de circuito; [.]". De la fracción transcrita se advierte que el juicio de amparo indirecto será improcedente contra las resoluciones dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito. Los Tribunales Colegiados de Circuito fueron creados y facultados para desempeñar las diversas atribuciones que tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para terminar con el rezago de asuntos que ésta presentaba, de ahí que las resoluciones dictadas en asuntos de su competencia no son revisables en vía de amparo, porque precisamente al asumir las atribuciones que tenía el Máximo Tribunal es evidente que adquirieron el carácter de verdaderos tribunales terminales, por tanto, las resoluciones que éstos emitan, en su calidad de tribunales de legalidad, son inatacables en la vía de amparo, dado que no existe alguna instancia superior para revisarla. Es así, ya que la función esencial de los Tribunales Colegiados es el control constitucional, vigilando a través de sus resoluciones que no se violen derechos humanos, por tanto, no puede atribuírseles violaciones de derecho. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis IX.1o.29 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Febrero de 1999, Materia Común, página 544, Novena Época, con número de registro 194669, del rubro y texto siguiente: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA. Los Tribunales Colegiados de Circuito, son órganos judiciales, cuya función esencial es el control constitucional, vigilando a través de sus resoluciones que no se violen garantías individuales, por lo que es improcedente la demanda de amparo en contra de sus actos, pues no puede atribuírseles violación de garantías al ejercer tal función. El artículo 73 de la Ley de Amparo, al expresar en su fracción I que el juicio de garantías es improcedente contra actos de la Suprema Corte, es aplicable también, tratándose de los Tribunales Colegiados, en virtud de que, por regla general, sus resoluciones no son impugnables; mientras que, la fracción II del mismo dispositivo legal, al establecer que es improcedente el juicio de amparo contra resoluciones dictadas en los juicios de garantías, debe interpretarse en forma extensiva, en el sentido de que es improcedente, contra actos vinculados al trámite del juicio constitucional. Además, ni la Constitución General de la República, ni la Ley de Amparo, se refieren a la procedencia del juicio constitucional, contra actos de los Tribunales Colegiados, como lo hacen tratándose de los Tribunales Unitarios de Circuito o los Jueces de Distrito; y por último, es inadmisible que un Juez de Distrito conozca de un juicio de garantías, en contra de un Tribunal Colegiado, porque éste es superior jerárquico de aquél en materia de amparo". En el caso el quejoso reclama la resolución de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, dictada en la revisión fiscal 145/2016-5, por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad. Así atendiendo al marco normativo citado, cuando en una demanda de derechos se le dé el carácter de autoridad responsable a un Tribunal Colegiado de Circuito, el juez de Distrito debe desecharla. Atendiendo a lo anterior, se considera que el presente amparo indirecto es improcedente, respecto al acto reclamado del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, consistente en la resolución de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, dictada en la revisión fiscal 145/2016-5, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia analizada, SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías promovida por Arturo Trejo García. En otro orden de ideas, respecto al restante acto reclamado de la Sala Regional del Norte Centro IV del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con sede en esta ciudad, consistente en la sentencia de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, dictada en el juicio de nulidad 658/15-23-01-7, se provee: INCOMPETENCIA. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado considera carecer de competencia legal para conocer de la demanda de que se trata, conforme a lo dispuesto por el artículo 47, de la Ley de Amparo, como se pondrá de manifiesto a continuación. El artículo 47, antes invocado, establece: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen autos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda.". Del contenido del precepto legal transcrito, se desprende que cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito, en la que se reclamen actos que se estimen sean materia de amparo directo, se declarará incompetente y mandará remitir al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. Por su parte, el artículo 170 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo". De los preceptos transcritos se desprende que el amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o durante el procedimiento, y con ello se afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, así como contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. De lo anterior se destaca que el amparo directo puede promoverse contra sentencias definitivas que se encuentren como aquellas que deciden el juicio en lo principal. En ese orden de ideas, contra sentencias dictadas en un juicio de nulidad, procede el juicio de amparo directo. Ahora, como se precisó el promovente Arturo Trejo García reclama de la Sala Regional del Norte-Centro IV del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, la sentencia de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, en la que se estimó que no se actualizaba los elementos fundatorios de la pretensión, por lo que se reconoció la legalidad de la resolución impugnada en el juicio de nulidad 658/15-23-01-7. De lo anterior se colige que el acto reclamado lo constituye una resolución que resolvió el juicio de nulidad en lo principal, y, por ello, la competencia para conocer de la demanda de que se trata, se surte en favor del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, residente en esta ciudad, salvo que dicha Superioridad determine lo contrario; por tanto, con fundamento en el citado artículo 47 de la Ley de Amparo, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado se declara legalmente incompetente para conocer de la aludida demanda y se ordena remitir el original de la misma y sus copias, al Tribunal Colegiado de mérito, para los efectos legales a que haya lugar, previo cuaderno de antecedentes que con copia del líbelo se deje en este juzgado. Sirve de apoyo a lo anterior, aplicada en sentido contrario, la jurisprudencia por contradicción de tesis, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada como Tesis P./J. 40/97, consultable en la página 6, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, junio de 1997, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE." Conforme a lo dispuesto en los artículos 158 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales Colegiados de Circuito conocerán del juicio de amparo directo en los términos de lo señalado en el artículo 107, fracciones V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio, entendiéndose, en términos del artículo 46 de la ley de la materia, por sentencias definitivas, las que decidan el juicio en lo principal, y por resoluciones que ponen fin al juicio, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún medio de defensa ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. Por tanto, ante la presentación de una demanda de amparo de la que deba conocer un Juez de Distrito, el Tribunal Colegiado deberá ajustar su actuación a lo previsto por el artículo 47, tercer párrafo, de la referida ley reglamentaria, declarando su incompetencia de plano y remitiendo la demanda de cuenta, con sus anexos, al Juzgado de Distrito correspondiente, no pudiendo, en consecuencia, ni siquiera por economía procesal, desechar la demanda por estimar que ésta es improcedente, habida cuenta de que las cuestiones de procedencia o improcedencia del juicio de amparo corresponde decidirlas únicamente al tribunal competente. Además, si bien es cierto que compete al Tribunal Colegiado conocer del amparo indirecto en grado de revisión, según se advierte de los artículos 83, 84 y 85 de la ley en cita, también lo es que su competencia no es absoluta, pues sólo opera cuando se plantean cuestiones de legalidad, dado que si se controvierten aspectos de constitucionalidad, el conocimiento del recurso compete a la Suprema Corte, de modo que con la alteración de la competencia que implicaría esa facultad para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, el Tribunal Colegiado estaría decidiendo la competencia del máximo tribunal en segunda instancia." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por licencia de la titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial, según oficio CCJ/ST/2123/2017, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada María Elena Gómez Magaña, Secretario que autoriza y da fe. Rosy
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACIÓN DE DOCE DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE (2017), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN. Agréguese los presentes autos para que obre como corresponda el escrito signado por Arturo Trejo García, por el que a fin de dar cumplimiento a las prevenciones formuladas en auto de dos de mayo del año en curso, manifiesta que reclama del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, la ejecutoria de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, dictada en la revisión fiscal 145/2016-5, por lo que revocó la sentencia de quince de junio de dos mil dieciséis, dictada en el juicio de nulidad 658/15-25-01-7, por la Sala Regional del Norte Centro IV del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito La ejecutoria de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, dictada en la revisión fiscal 145/2016-5, por la que se revocó la sentencia dictada en el juicio de nulidad 658/15-23-01-7. De la Sala Regional del Norte Centro IV del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa: La sentencia de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, dictada en el juicio de nulidad 658/15-23-01-7, promovido por Arturo Trejo García, contra Delegación Zacateas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; que se emitió en cumplimiento a la ejecutoria de dieciséis de marzo de la presente anualidad, dictada en la revisión fiscal 145/2016-5. DESECHAMIENTO PARCIAL. En términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha parcialmente la demanda en lo concerniente al acto reclamado del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, al estimarse actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción VI del artículo 61 de la ley reglamentaria en consulta, que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] VI. Contra resoluciones de los tribunales colegiados de circuito; [.]". De la fracción transcrita se advierte que el juicio de amparo indirecto será improcedente contra las resoluciones dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito. Los Tribunales Colegiados de Circuito fueron creados y facultados para desempeñar las diversas atribuciones que tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para terminar con el rezago de asuntos que ésta presentaba, de ahí que las resoluciones dictadas en asuntos de su competencia no son revisables en vía de amparo, porque precisamente al asumir las atribuciones que tenía el Máximo Tribunal es evidente que adquirieron el carácter de verdaderos tribunales terminales, por tanto, las resoluciones que éstos emitan, en su calidad de tribunales de legalidad, son inatacables en la vía de amparo, dado que no existe alguna instancia superior para revisarla. Es así, ya que la función esencial de los Tribunales Colegiados es el control constitucional, vigilando a través de sus resoluciones que no se violen derechos humanos, por tanto, no puede atribuírseles violaciones de derecho. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis IX.1o.29 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Febrero de 1999, Materia Común, página 544, Novena Época, con número de registro 194669, del rubro y texto siguiente: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA. Los Tribunales Colegiados de Circuito, son órganos judiciales, cuya función esencial es el control constitucional, vigilando a través de sus resoluciones que no se violen garantías individuales, por lo que es improcedente la demanda de amparo en contra de sus actos, pues no puede atribuírseles violación de garantías al ejercer tal función. El artículo 73 de la Ley de Amparo, al expresar en su fracción I que el juicio de garantías es improcedente contra actos de la Suprema Corte, es aplicable también, tratándose de los Tribunales Colegiados, en virtud de que, por regla general, sus resoluciones no son impugnables; mientras que, la fracción II del mismo dispositivo legal, al establecer que es improcedente el juicio de amparo contra resoluciones dictadas en los juicios de garantías, debe interpretarse en forma extensiva, en el sentido de que es improcedente, contra actos vinculados al trámite del juicio constitucional. Además, ni la Constitución General de la República, ni la Ley de Amparo, se refieren a la procedencia del juicio constitucional, contra actos de los Tribunales Colegiados, como lo hacen tratándose de los Tribunales Unitarios de Circuito o los Jueces de Distrito; y por último, es inadmisible que un Juez de Distrito conozca de un juicio de garantías, en contra de un Tribunal Colegiado, porque éste es superior jerárquico de aquél en materia de amparo". En el caso el quejoso reclama la resolución de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, dictada en la revisión fiscal 145/2016-5, por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad. Así atendiendo al marco normativo citado, cuando en una demanda de derechos se le dé el carácter de autoridad responsable a un Tribunal Colegiado de Circuito, el juez de Distrito debe desecharla. Atendiendo a lo anterior, se considera que el presente amparo indirecto es improcedente, respecto al acto reclamado del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, consistente en la resolución de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, dictada en la revisión fiscal 145/2016-5, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia analizada, SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías promovida por Arturo Trejo García. En otro orden de ideas, respecto al restante acto reclamado de la Sala Regional del Norte Centro IV del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con sede en esta ciudad, consistente en la sentencia de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, dictada en el juicio de nulidad 658/15-23-01-7, se provee: INCOMPETENCIA. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado considera carecer de competencia legal para conocer de la demanda de que se trata, conforme a lo dispuesto por el artículo 47, de la Ley de Amparo, como se pondrá de manifiesto a continuación. El artículo 47, antes invocado, establece: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen autos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda.". Del contenido del precepto legal transcrito, se desprende que cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito, en la que se reclamen actos que se estimen sean materia de amparo directo, se declarará incompetente y mandará remitir al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. Por su parte, el artículo 170 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo". De los preceptos transcritos se desprende que el amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o durante el procedimiento, y con ello se afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, así como contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. De lo anterior se destaca que el amparo directo puede promoverse contra sentencias definitivas que se encuentren como aquellas que deciden el juicio en lo principal. En ese orden de ideas, contra sentencias dictadas en un juicio de nulidad, procede el juicio de amparo directo. Ahora, como se precisó el promovente Arturo Trejo García reclama de la Sala Regional del Norte-Centro IV del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, la sentencia de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, en la que se estimó que no se actualizaba los elementos fundatorios de la pretensión, por lo que se reconoció la legalidad de la resolución impugnada en el juicio de nulidad 658/15-23-01-7. De lo anterior se colige que el acto reclamado lo constituye una resolución que resolvió el juicio de nulidad en lo principal, y, por ello, la competencia para conocer de la demanda de que se trata, se surte en favor del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, residente en esta ciudad, salvo que dicha Superioridad determine lo contrario; por tanto, con fundamento en el citado artículo 47 de la Ley de Amparo, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado se declara legalmente incompetente para conocer de la aludida demanda y se ordena remitir el original de la misma y sus copias, al Tribunal Colegiado de mérito, para los efectos legales a que haya lugar, previo cuaderno de antecedentes que con copia del líbelo se deje en este juzgado. Sirve de apoyo a lo anterior, aplicada en sentido contrario, la jurisprudencia por contradicción de tesis, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada como Tesis P./J. 40/97, consultable en la página 6, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, junio de 1997, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE." Conforme a lo dispuesto en los artículos 158 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales Colegiados de Circuito conocerán del juicio de amparo directo en los términos de lo señalado en el artículo 107, fracciones V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio, entendiéndose, en términos del artículo 46 de la ley de la materia, por sentencias definitivas, las que decidan el juicio en lo principal, y por resoluciones que ponen fin al juicio, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún medio de defensa ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. Por tanto, ante la presentación de una demanda de amparo de la que deba conocer un Juez de Distrito, el Tribunal Colegiado deberá ajustar su actuación a lo previsto por el artículo 47, tercer párrafo, de la referida ley reglamentaria, declarando su incompetencia de plano y remitiendo la demanda de cuenta, con sus anexos, al Juzgado de Distrito correspondiente, no pudiendo, en consecuencia, ni siquiera por economía procesal, desechar la demanda por estimar que ésta es improcedente, habida cuenta de que las cuestiones de procedencia o improcedencia del juicio de amparo corresponde decidirlas únicamente al tribunal competente. Además, si bien es cierto que compete al Tribunal Colegiado conocer del amparo indirecto en grado de revisión, según se advierte de los artículos 83, 84 y 85 de la ley en cita, también lo es que su competencia no es absoluta, pues sólo opera cuando se plantean cuestiones de legalidad, dado que si se controvierten aspectos de constitucionalidad, el conocimiento del recurso compete a la Suprema Corte, de modo que con la alteración de la competencia que implicaría esa facultad para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, el Tribunal Colegiado estaría decidiendo la competencia del máximo tribunal en segunda instancia."
- Principal
CUENTA. El dos de mayo de dos mi diecisiete, la secretaria licenciada María Elena Gómez Magaña da cuenta a la Juez con lo siguiente: La demanda de amparo promovida por Arturo Trejo García, registrada con el número 5766 y seis copias que se acompañan. Con la circunstancia de que la licenciada Graciela Rodríguez Castañón, no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, ni en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional, ni en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este juzgado. Conste. Zacatecas, Zacatecas, dos de mayo de dos mil diecisiete. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Arturo Trejo García, contra actos de la Sala Regional del Norte Centro IV del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad; por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14 y 16, constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 432/2017 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PREVENCIÓN. El artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, a la letra dice: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: [ . ] II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley;". Por su parte, el numeral 108, fracción IV, de la ley de la materia en consulta, es del contenido siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [ . ] IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;" De los preceptos transcritos se desprende que será motivo de prevención que la demanda de amparo indirecto no cumpla con los requisitos que para tal efecto prevé la Ley de Amparo. Al respecto, el artículo 108 de la citada ley establece como requisito entre otros, el que se exponga de manera clara el acto o actos reclamados que se reclamen de cada autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 871, Tomo III, marzo de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente contenido literal: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS.- De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." Toda vez que el promovente señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Actos reclamados: "a).- Reclamo la revocación de la sentencia dictada en fecha 15 de junio del año 2016, resultando del Recurso de Revisión interpuesto en fecha 25 de julio de 2016 por el Subdirector de lo Contencioso en suplencia por -ausencia- del Titular de la Dirección Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dictada mediante Ejecutoria emitida por el H. Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en fecha 16 de marzo de 2017 dentro del expediente 145/2016-5. La revocación de la ejecutoria emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, por atentar en contra de mis derechos constitucionales, concretamente lo especificado en el artículo 14 Constitucional, que señala que no dará efecto retroactivo a ninguna Ley en perjuicio de persona alguna, lo que acontece al aplicarse una jurisprudencia emanada en fecha posterior: A la demanda interpuesta en contra de las autoridades de ISSSTE, en fecha 21 de octubre de 2015. A la sentencia dictada en fecha 15 de junio de 2016, con fundamento en las jurisprudencias y Ley del ISSSTE vigente: Al Recurso de Revisión Fiscal interpuesto, en fecha 25 de julio del año 2016. La jurisprudencia que sirvió de base a la ejecutoria dictada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, dentro del expediente 145/2016-5 se transcribe a continuación, con lo que se demuestra que ésta jurisprudencia, emanó posterior a la demanda, a la sentencia y al mismo RECURSO DE REVISIÓN FISCAL, esta última acción jurídica, interpuesta por la autoridad demandada, por lo que considero una aplicación RETROACTIVA DE UNA LEY en mi perjuicio, y; atentatoria al principio elemental del respeto a mis derechos Constitucionales. Registro es: 2013595 BONO DE DESPENSA Y PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE, LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS CONFORME AL ARTÍCULO 57 DE LA ABRROGADA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, NO TIENEN DERECHO AL INCREMENTO DE ESAS PRESTACIONES, EN LA MISMA PROPORCIÓN EN QUE LO RECIBAN LOS TRABAJADORES OPERATIVOS EN ACTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. Localización: ¨J*; 10ª Época; Plenos de Circuito; Semanario Judicial de la Federación; PC.IV. A. J /31 A; Publicación: Viernes 03 de Febrero de 2017 10:05 H. Reitero, es de apreciarse, que se me aplica JURISPRUDENCIA DE FECHA 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2017, Ley emanada posterior al dictado de la sentencia que lo fue en fecha 15 de junio del año 2016, ES DECIR, SE ME APLICA, Ley retroactiva en mi perjuicio, violentándose en contra mía lo estipulado por el artículo 14 Constitucional. ."A ninguna Ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." b).- Reclamo que NO se debió Revocar la sentencia de fecha 15 de junio del año 2016, emitida por la H. Sala Regional del Centro Norte IV del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dentro del expediente 658/15-23-01-7, como sucede con la sentencia emitida por la H. Sala del conocimiento en fecha 27 de marzo de 2017, que es el resultado de la Ejecutoria dictada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en fecha 16 de marzo de 2017 dentro del expediente 145/2016-5 de este Tribunal aludido. Para atentar en contra del artículo 14 Constitucional al aplicárseme una Jurisprudencia emanada en fechas posteriores a la demanda interpuesta, a la sentencia emitida y al Recurso de Revisión Fiscal interpuesto. ES NOTORIA DE UNA LEY DE MANERA RETROACTIVA EN MI PERJUICIO. C).- Reclamo del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, en su análisis hecho, NO otorgó valor jurídico y legal al Recurso de Revisión Adhesivo interpuesto por el suscrito, admitido por este Tribunal de Alzada en fecha 26 de agosto de 2016, Recurso del que se desprende la Jurisprudencia que fue base para la interposición de la demanda que nos ocupa". Autoridades responsables: Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad. Sala Regional del Norte Centro IV del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Zacatecas, Zacatecas. REQUERIMIENTO. En consecuencia, se requiere al promovente para qué dentro del término de CINCO días, contado a partir de la legal notificación de este proveído bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: Señale de manera clara y precisa el acto que le atribuye al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, es decir, deberá indicar la fecha exacta de la determinación en la que se concretaron las manifestaciones que refiere en el sentido de que dicho órgano colegiado no le otorgó valor al recurso de revisión adhesivo que interpuso, así como los datos del expediente de donde emana la determinación reclamada; lo anterior, a fin de estar en aptitud de fijar la litis en el presente juicio. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 110 de la ley de la materia en consulta, deberá exhibir cinco copias del escrito aclaratorio, para correr traslado a cada una de las partes, a saber: dos para las autoridades responsables, otras dos para correr traslado a los terceros interesados y la última para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. APERCIBIMIENTO. Se apercibe al promovente que de no dar cumplimiento en los términos indicados dentro del plazo concedido, se proveerá lo conducente respecto a acto reclamado a la diversa autoridad responsable Sala Regional del Norte Centro IV del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad. En el entendido de que la prevención decretada sólo podrá cumplirla el propio quejoso debido a que involucra la expresión de decir verdad inherente al accionante, pues de lo contrario la Ley de Amparo prevé consecuencias penales para quien se conduzca con falsedad, en términos del numeral 261 de la Ley de Amparo, que estipula que se impondrá sanción de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días de salario, al quejoso en un juicio de amparo que al formular su demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el amparo. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. Se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no solo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la quejosa, se tiene únicamente como domicilio para recibir notificaciones e imponerse de los autos a la licenciada Graciela Rodríguez Castañón, toda vez que no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, ni en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional; así como a Guillermo Rodríguez Pérez y como domicilio para tal efecto el ubicado en Avenida Jesús González Ortega, número trescientos tres (303), zona centro de esta ciudad (edificio del Sindicato de Trabajadores de la Educación Sección 34). LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada María Elena Gómez Magaña, Secretaria que autoriza y da fe. Rosy
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