Ascenciona Carlos De Gaona
Expediente 551/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 551/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 01/09/2017
Partes del expediente
- Ascenciona Carlos De Gaona
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
VIII. La certificación de cuenta evidencia que la parte quejosa, no se inconformó dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el proveído de uno de agosto de dos mil diecisiete (fojas 140 a 142), en el cual se tuvo por cumplida la sentencia dictada el treinta de mayo de dos mil diecisiete (fojas 86 a 106). En consecuencia, el auto de mérito se tiene por consentido para los efectos legales conducentes. Ahora, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hacen la indicación que el cuaderno principal es susceptible de depuración, pues se concedió el amparo en este juicio (punto vigésimo primero, fracción IV, párrafo primero). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.
- Principal
VIII. De la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en el auto de mérito, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable pretende dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, a fin de establecer el correcto o incorrecto cumplimiento otorgado a la sentencia de amparo, es necesario precisar lo siguiente: El presente juicio se promovió por Ascenciona Carlos de Gaona, contra las siguientes autoridades y actos reclamados: a) De la Legislatura del Estado de México, la aprobación del Decreto que dio vigencia al artículo 95, fracción l, inciso C, rango 6 de la Tarifa, así como fracción ll, rango 6 de la tarifa del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente en 2014. b) Del Gobernador del Estado Libre y Soberano de México, la promulgación del Decreto que origino la vigencia al artículo 95, fracción l, inciso C, rango 6 de la Tarifa, así como fracción ll, rango 6 de la tarifa del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente en 2014. c) Del Director del Instituto de la Función Registral del Estado de México, dicho artículo y las fracción indicadas que son objeto de impugnación el cobro de las cantidades pagadas por concepto de derechos para inscribir ante el Instituto de la Función Registral del Estado de México, la compra venta contenida en la escritura que otorgamos para adquirir un inmueble mediante pago en efectivo, mismo cobro que se realizó con base en el artículo 95, fracción l, inciso C, rango 6 de la Tarifa, así como fracción ll, rango 6 de la tarifa del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente en 2014, por ser inconstitucional del mismo cuerpo normativo. Mediante sentencia de treinta de mayo pasado (fojas 86 a 106), se resolvió el presente asunto en los términos siguientes: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Ascenciona Carlos de Gaona, por derecho propio respecto de los actos reclamados y autoridades responsables precisados en el considerando tercero, por las razones expuestas en el diverso séptimo y para los efectos señalados en la parte final de esta resolución." La concesión del amparo fue para que la Directora General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, realice lo siguiente: a) No aplicar a la quejosa, las tarifas contenida en el artículo 95, fracción I, inciso c), rango 6 de la Tarifa, y fracción II, rango 6 de la Tarifa, del Código Financiero del Estado de México y Municipios, que aquí se reclamaron, en tanto no sean derogados o modificados. b) Dicha protección constitucional, se hizo extensiva al acto de aplicación consistente en el cobro y liquidación de los derechos combatidos que le fueron efectuados a la agraviada, por ende, se debió devolver debidamente actualizada la diferencia entre la cantidad que pagó la solicitante de garantías, por el concepto a que se refiere el recibo oficial ICL50396652907438215, por el pago de derechos con motivo de la inscripción de los actos contenidos en la escritura pública 25,191, (veinticinco mil ciento noventa y uno), respecto del bien inmueble ahí descrito, a saber, compraventa y mutuo con interés y garantía hipotecaria, precisando lo que corresponde al cincuenta por ciento (50%), del recibo de pago exhibido, pues como señala la responsable en la cláusula décimo octava, se estableció que el "FOVISSSTE", pago el restante cincuenta por ciento (50%). c) En la inteligencia que el efecto del amparo no tiene el alcance de liberar totalmente al gobernado del pago de la contribución y obligar al Estado a prestar el servicio registral de forma gratuita, pues, ello implicaría un despropósito; sino que el espectro protector del amparo tiende a desincorporar de la esfera del quejoso la porción normativa estimada inconstitucional; sin que ello implique que no deba pagar por la inscripción de cada acto, lo que, en todo caso, deberá hacer con base en la menor de las tarifas que establece la ley ($1,594.00 -un mil quinientos noventa y cuatro pesos 00/100 moneda nacional-), por ser ese el parámetro mínimo que representa para el Estado el costo del servicio de que se trata, tanto respecto de la inscripción de la compraventa, así como por la que se refiere al mutuo con interés y garantía hipotecaria. Por acuerdo de diecinueve de junio último (fojas 111 y 112), causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió a la Directora General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, el cumplimiento al fallo protector. En atención a ello, mediante oficio presentado el veintiséis de junio del año actual en la oficialía de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, (fojas 117 a 119), la Directora Técnico-Jurídica en representación de la Directora General del instituto de la Función Registral del Estado de México, comunicó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector y remitió copia certificada del cheque 0004827, válido por la cantidad de $21,817.14 (veintiún mil ochocientos diecisiete pesos 14/100 m.n.) de la institución bancaria denominada Scotiabank, en favor de la quejosa Ascenciona Carlos de Gaona. Derivado de lo anterior, en proveído de veintisiete de junio de la presente anualidad (foja 120), se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera dentro del término de tres días. En vista de ello, por escrito recibido el veintinueve de junio pasado en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, la quejosa Ascenciona Carlos de Gaona expresó su inconformidad respecto a la forma en que la autoridad responsable Directora General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, pues adujo que el monto que se devolvía en el cheque 0004827, válido por la cantidad de $21,817.14 (veintiún mil ochocientos diecisiete pesos 14/100 m.n.), no correspondía al señalado en la sentencia concesoria, en virtud de que no estaba debidamente actualizada, además, de que no se advertía la manera en que la responsable aplicó la tarifa mínima más el factor de actualización, esto es, la operación de la que se desprenda que su diferencia corresponde a la cantidad expedida en el cheque de mérito. En ese contexto, por auto de siete de julio del año en curso, este Juzgado se pronunció respecto a la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector, y en atención a las consideraciones expresadas por la quejosa, aunado a que la Directora Técnico-Jurídica en representación de la Directora General del instituto de la Función Registral del Estado de México, no remitió constancia alguna de la que se advierta la operación que realizó para determinar que la cantidad contenida en el cheque expedido a favor de la quejosa, corresponde como resultado de la tarifa mínima más el factor de actualización, se solicitó nuevamente a la autoridad responsable el cumplimiento de la misma, y mediante oficio 227B14000/1151/2017, presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México (fojas 133 a 136), la Directora General del Instituto de la función Registral, dio cabal cumplimiento al fallo protector, en razón de que hizo del conocimiento la operación que realizó para determinar la cantidad que debía devolverse a la quejosa. En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, es de concluirse que la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito, ha quedado cumplimentada en sus términos, habida cuenta que se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía constitucional violada. Lo expuesto encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materia Común, página 301, del contenido siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución."
- Principal
(avisoparte quejosa VIII. De la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en el auto de mérito, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable pretende dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, a fin de establecer el correcto o incorrecto cumplimiento otorgado a la sentencia de amparo, es necesario precisar lo siguiente: El presente juicio se promovió por Ascenciona Carlos de Gaona, contra las siguientes autoridades y actos reclamados: a) De la Legislatura del Estado de México, la aprobación del Decreto que dio vigencia al artículo 95, fracción l, inciso C, rango 6 de la Tarifa, así como fracción ll, rango 6 de la tarifa del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente en 2014. b) Del Gobernador del Estado Libre y Soberano de México, la promulgación del Decreto que origino la vigencia al artículo 95, fracción l, inciso C, rango 6 de la Tarifa, así como fracción ll, rango 6 de la tarifa del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente en 2014. c) Del Director del Instituto de la Función Registral del Estado de México, dicho artículo y las fracción indicadas que son objeto de impugnación el cobro de las cantidades pagadas por concepto de derechos para inscribir ante el Instituto de la Función Registral del Estado de México, la compra venta contenida en la escritura que otorgamos para adquirir un inmueble mediante pago en efectivo, mismo cobro que se realizó con base en el artículo 95, fracción l, inciso C, rango 6 de la Tarifa, así como fracción ll, rango 6 de la tarifa del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente en 2014, por ser inconstitucional del mismo cuerpo normativo. Mediante sentencia de treinta de mayo pasado (fojas 86 a 106), se resolvió el presente asunto en los términos siguientes: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Ascenciona Carlos de Gaona, por derecho propio respecto de los actos reclamados y autoridades responsables precisados en el considerando tercero, por las razones expuestas en el diverso séptimo y para los efectos señalados en la parte final de esta resolución." La concesión del amparo fue para que la Directora General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, realice lo siguiente: a) No aplicar a la quejosa, las tarifas contenida en el artículo 95, fracción I, inciso c), rango 6 de la Tarifa, y fracción II, rango 6 de la Tarifa, del Código Financiero del Estado de México y Municipios, que aquí se reclamaron, en tanto no sean derogados o modificados. b) Dicha protección constitucional, se hizo extensiva al acto de aplicación consistente en el cobro y liquidación de los derechos combatidos que le fueron efectuados a la agraviada, por ende, se debió devolver debidamente actualizada la diferencia entre la cantidad que pagó la solicitante de garantías, por el concepto a que se refiere el recibo oficial ICL50396652907438215, por el pago de derechos con motivo de la inscripción de los actos contenidos en la escritura pública 25,191, (veinticinco mil ciento noventa y uno), respecto del bien inmueble ahí descrito, a saber, compraventa y mutuo con interés y garantía hipotecaria, precisando lo que corresponde al cincuenta por ciento (50%), del recibo de pago exhibido, pues como señala la responsable en la cláusula décimo octava, se estableció que el "FOVISSSTE", pago el restante cincuenta por ciento (50%). c) En la inteligencia que el efecto del amparo no tiene el alcance de liberar totalmente al gobernado del pago de la contribución y obligar al Estado a prestar el servicio registral de forma gratuita, pues, ello implicaría un despropósito; sino que el espectro protector del amparo tiende a desincorporar de la esfera del quejoso la porción normativa estimada inconstitucional; sin que ello implique que no deba pagar por la inscripción de cada acto, lo que, en todo caso, deberá hacer con base en la menor de las tarifas que establece la ley ($1,594.00 -un mil quinientos noventa y cuatro pesos 00/100 moneda nacional-), por ser ese el parámetro mínimo que representa para el Estado el costo del servicio de que se trata, tanto respecto de la inscripción de la compraventa, así como por la que se refiere al mutuo con interés y garantía hipotecaria. Por acuerdo de diecinueve de junio último (fojas 111 y 112), causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió a la Directora General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, el cumplimiento al fallo protector. En atención a ello, mediante oficio presentado el veintiséis de junio del año actual en la oficialía de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, (fojas 117 a 119), la Directora Técnico-Jurídica en representación de la Directora General del instituto de la Función Registral del Estado de México, comunicó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector y remitió copia certificada del cheque 0004827, válido por la cantidad de $21,817.14 (veintiún mil ochocientos diecisiete pesos 14/100 m.n.) de la institución bancaria denominada Scotiabank, en favor de la quejosa Ascenciona Carlos de Gaona. Derivado de lo anterior, en proveído de veintisiete de junio de la presente anualidad (foja 120), se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera dentro del término de tres días. En vista de ello, por escrito recibido el veintinueve de junio pasado en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, la quejosa Ascenciona Carlos de Gaona expresó su inconformidad respecto a la forma en que la autoridad responsable Directora General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, pues adujo que el monto que se devolvía en el cheque 0004827, válido por la cantidad de $21,817.14 (veintiún mil ochocientos diecisiete pesos 14/100 m.n.), no correspondía al señalado en la sentencia concesoria, en virtud de que no estaba debidamente actualizada, además, de que no se advertía la manera en que la responsable aplicó la tarifa mínima más el factor de actualización, esto es, la operación de la que se desprenda que su diferencia corresponde a la cantidad expedida en el cheque de mérito. En ese contexto, por auto de siete de julio del año en curso, este Juzgado se pronunció respecto a la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector, y en atención a las consideraciones expresadas por la quejosa, aunado a que la Directora Técnico-Jurídica en representación de la Directora General del instituto de la Función Registral del Estado de México, no remitió constancia alguna de la que se advierta la operación que realizó para determinar que la cantidad contenida en el cheque expedido a favor de la quejosa, corresponde como resultado de la tarifa mínima más el factor de actualización, se solicitó nuevamente a la autoridad responsable el cumplimiento de la misma, y mediante oficio 227B14000/1151/2017, presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México (fojas 133 a 136), la Directora General del Instituto de la función Registral, dio cabal cumplimiento al fallo protector, en razón de que hizo del conocimiento la operación que realizó para determinar la cantidad que debía devolverse a la quejosa. En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, es de concluirse que la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito, ha quedado cumplimentada en sus términos, habida cuenta que se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía constitucional violada. Lo expuesto encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materia Común, página 301, del contenido siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución."
- Principal
VIII. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguense a los autos los oficios signados por la Directora Técnico-Jurídica en representación de la Directora General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, a través del cual en cumplimiento al fallo protector comunica que la cantidad consignada en el cheque 0004827, es la total a devolver en estricto cumplimiento a la ejecutoria de amparo, e informa como se llegó al total. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo dése vista al quejoso, con el oficio enviado por la autoridad responsable, por el plazo de tres días, contado legalmente, a fin de que manifieste lo conducente a sus intereses en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, apercibido que de no hacerlo, este juzgado resolverá lo conducente con las constancias de autos. Al caso es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 247 publicada en las páginas 203 y 204 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, Tomo VI, Materia Común del rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)."
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